El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, asegura que el Ejecutivo está buscando una fórmula para vincular parte del sueldo de los trabajadores públicos con su rendimiento
Foto: Funcionarios de la Fiscalía de Menores de Oviedo durante su jornada de trabajo.
La Voz de Astrias. 17/11/2010 / Luis Fernández Oviedo
El Gobierno estudia ligar el salario de los funcionarios a su productividad, una intención que ayer fue duramente criticada por los sindicatos. Según las centrales, se trata de un nuevo ataque del Ejecutivo a los empleados públicos, que lo único que quiere es, en su opinión, demonizar la figura de estos trabajadores y convertirlos en los culpables de la crisis. Actualmente, una parte del salario de los trabajadores ya está vinculado a su productividad a través de pluses e incentivos.
El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territoral, Manuel Chaves, aseguró ayer que están “estudiando” una fórmula que permita ligar el salario de los funcionarios a su productividad, y anunció su intención de reunirse con los sindicatos para tratar el asunto. Además, Chaves rechazó la posibilidad de que los empleos públicos no sean de carácter indefinido.
La oposición a las declaraciones del vicepresidente no se hizo esperar y los sindicatos criticaron con dureza la postura del Gobierno. El secretario de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Asturias, Jesús González, afirmó ayer que el objetivo de esa medida es “una rebaja encubierta de los salarios”.
González recordó que “en septiembre de 2009 firmamos un acuerdo con ellos con tres años de duración, que todavía está vigente”, motivo por el que “exigimos que se cumpla lo pactado y rechazamos cualquier negociación en ese sentido”. Además, el responsable de CCOO calificó la intención del Gobierno como “una estupidez que no vamos a permitir”.
El secretario General de USO, Francisco Baragaño, aseguró que “es una vuelta de tuerca más que pretende paliar la incompetencia del Gobierno para reducir el déficit”. El líder sindical asegura que “una vez más buscan la solución fácil, que es la de meterse con funcionarios y pensionista, mientras que siguen sin articular políticas encaminadas a la creación de empleo”. Baragaño definió a Chaves como “un hombre trasnochado en la política” y calificó la propuesta del vicepresidente tercero del Gobierno como “un nuevo parche” En una línea similar se expresó ayer el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos (FST) de UGT Asturias, Luis Ángel Ardura, quien aseguró que “estamos asistiendo a una situación de acoso y derribo contra los empleados públicos”. Ardura advirtió de la dificultad que existe para medir esa productividad y se pregunta “quién va a medirla y de qué manera”. En ese sentido, alertó de la posibilidad de que “se trate de una nueva fórmula para premiar el servilismo a los políticos”. Además, Ardura afirmó que la única intención que persigue el Gobierno con esta medida es la de “convertir a los funcionarios en chivo expiatorio y culparlos de la crisis”.
La secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (Suatea) Beatriz Quirós, se mostró especialmente crítica con la propuesta del Gobierno. En su opinión, “se trata de un nuevo ataque a la independencia de la función pública” y añade que “primero fue la rebaja de los salarios y ahora atacan la estructura de los sueldos de los trabajadores públicos”.
Quirós recordó que “aquí tenemos la mal llamada carrera profesional, que depende de unos baremos arbitrarios que nosotros rechazamos”. La responsable sindical se mostró especialmente preocupada al asegurar que “quieren crear un sistema piramidal donde solo cuatro privilegiados sean los que cobren un buen sueldo, mientras que la inmensa mayoría pague las culpas de la actual situación”. Por último, aseguró que “la intención del Gobierno es volver a hacernos los culpables de la crisis y criminalizar nuestro trabajo”.
El secretario de Acción Sindical de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Asturias, Juan Gavira, no se mostró tan crítico con la propuesta gubernamental, aunque aseguró que, de llevarse a cabo, deberá quedar claramente especificado cuáles son esos criterios de productividad.
Gavira recordó que “desde el año 1984 existe el concepto de productividad en la función pública”, una fórmula que, en su opinión, “sirve para dar a dedo lo que la Administración quiere a quien a ellos les da la gana”. Pese a la crítica, el responsable del CSIF asegura que “no nos negamos a que nos evalúen, no tenemos ningún problema en ese sentido, pero pedimos que se apliquen criterios objetivos, no como ocurre en el Principado”. En su opinión, “es imprescindible que se sepa qué es lo que se pide” y añade que “sería aceptable siempre y cuando se tratase de una partida variable, pero no de la partida mayoritaria del salario, porque eso no ocurre ni en la empresa privada”.
Por su parte, el secretario General del Sindicato Médico del Principado de Asturias (SIMPA), Antonio Matador, tampoco fue tan duro como la mayoría de sus compañeros con la propuesta del Gobierno. Matador afirmó que “siempre que se trate de una medida ligada a objetivos claros, que se puedan medir, nos parece bien”. Desde el SIMPA recuerdan que “una medida parecida ya existía y se suprimió hace 3 ó 4 años” y aseguran que “se trataba de una parte ligada a objetivos que se fue reduciendo con el paso del tiempo hasta desaparecer”. Respecto a cómo funcionaba ese complemento salarial, Matador afirma que “los médicos creamos una comisión mixta donde se dirimía el grado de cumplimiento de esos objetivos”.
Carácter indefinido Durante su comparecencia pública del día de ayer, Chaves descartó terminar con el carácter indefinido del trabajador público, ya que no es partidario de que la Administración Pública “sea una empresa privada”. Además, aseguró que el sector privado no presta mejores servicios ni funciona mejor que el público. Lo que sí reconoció es que se debe mejorar la situación de los funcionarios, su formación y su prestigio ante la sociedad.
Respecto a este asunto, el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Severino García Vigón, volvió a referirse ayer al “alto número de trabajadores públicos que dependen de los presupuestos” y advirtió que si no se estimula la actividad económica y se generan más ingresos públicos el mantenimiento de ese alto número de empleados será insostenible”.
