Debate de la ley para reducir el déficit público
Los sindicatos exigen que se suprima el gasto superfluo antes de reducir los sueldos
Trece centrales expresan en la Junta General su «rechazo rotundo» a las medidas del Principado para ahorrar 210 millones del presupuesto regional
La Nueva España. Oviedo, J. A. ARDURA
Todos los sindicatos de la función pública proclamaron ayer su rechazo rotundo al «tijeretazo» de sueldos que el Gobierno regional planea para los más de 35.000 empleados públicos del Principado. Los representantes sindicales exigieron a Vicente Álvarez Areces que suprima gastos superfluos, tales como los 60 millones de euros del nuevo contrato para la privatización de los servicios informático o las partidas millonarias para que la TPA retransmita las carreras de F-1 o la Liga, que ya pueden verse en otros canales de televisión generalistas, o el gasto en asesores, antes que reducir los salarios de los empleados públicos. Las centrales sindicales pidieron al PP y a IU que no apoyen el proyecto de ley del Gobierno regional para la contención del déficit, que prevé recortar en 210 millones el presupuesto regional para cumplir el decreto dictado en mayo por el Gobierno central.
Los sindicatos hicieron oír su voz en el parlamento asturiano, a donde fueron llamados por los grupos parlamentarios del PP e IU. Los diputados populares pidieron disculpas públicas a Otecas, el sindicato de la enseñanza concertada, por no haberles citado pese a que también se verán afectados por el recorte. Los sindicatos consideran que tanto el ejecutivo central como el de Areces han optado por el «camino más fácil» para conseguir ese ahorro presupuestario: hacer caer la dureza del ajuste sobre el colectivo de los trabajadores públicos sin apretar antes el cinturón de sus respectivas administraciones. Estas son las principales posiciones de los sindicatos:
UGT. Mar Celemín manifestó la «oposición rotunda» de su sindicato a la reducción salarial a los funcionarios y empleados públicos y destacó que el Gobierno socialista ha dado « un cambio radical en el rumbo económico y social, con medidas erróneas, injustas y estériles» que lastrarán el crecimiento económico y los servicios públicos. Además, calificó las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno asturiano de «necesarias pero insuficientes» y defendió que hace falta una «reforma fiscal profunda».
CC OO. Gilberto García Buelga manifestó que las pérdidas salariales de los empleados «son difíciles de asumir y contribuirán a la reducción del consumo». Coincidió con UGT en la necesidad de una reforma fiscal y reprochó al PSOE que «es necesario recuperar impuestos que suprimieron alegremente este gobierno y otros anteriores». Calificó las medidas fiscales que plantea el gobierno regional de «escasas, timoratas y demagógicas» y criticó con dureza la nueva subida del canon de saneamiento: «poco tiene que ver el canon del agua, que ha subido un 36 por ciento en los últimos años y ahora se plantea un 10 por ciento más con una medida de carácter progresivo».
SIMPA. El sindicato médico reprochó que «es más fácil tirar de la tijera en administraciones que no son un ejemplo de austeridad», a través del médico José Manuel Martín, quien aseguró que el Gobierno regional «realizó mal los cálculos en la propuesta de ajuste que presentó en la Mesa General, donde ya la rechazamos». También aseguró que «desde hace tres años los médicos de Asturias no cobramos productividad, pero los cargos del SESPA sí y en el resto de autonomías sí lo cobran».
SATSE. Margó Marqués, del sindicato de enfermeros, acusó al ejecutivo asturiano de promover «un claro ataque» a su colectivo, y destacó que «se nos discrimina por partida doble: la carrera profesional se nos reduce en un 11% cuando al resto de empleados públicos ese ajuste es del 5%».Y añadió que el recorte en el salario de los enfermeros es superior al de colectivos con una titulación similar.
USIPA. «Nos bajan el sueldo sin haberse apretado antes el cinturón en su enorme gasto», criticó Francisco Menéndez, quien sostuvo que «con los sobrecostes del Musel, el HUCA o las retransmisiones del fútbol y la Fórmula 1 por la TPA se ahorrarían mucho más dinero que con el tijeretazo a los funcionarios». La mayoría de los empleados públicos, aseguró, «ganan mil euros al mes; esto es un atraco a mano armada».
SAE. El sindicato de los auxiliares de la enfermería acusó al ejecutivo regional de «ir a por los más débiles, el personal funcionario, el estatutario y los laborales». María José Fernández, portavoz de este sindicato, planteó que «los funcionarios no podemos ser los paganinis de la mala gestión del Gobierno» e instó al Gobierno regional a recortar gastos en el Instituto Adolfo Posada «un saco sin fondo donde se gastan millones y que no saca nada adelante».
ANPE. Gumersindo Rodríguez afirmó que el ajuste supondrá un recorte salarial del 5,75% para los maestros y del 7% para los profesores de Secundaria. «Más de once mil docentes tendrán un rebaja salarial media de 160 euros al mes», precisó el representante sindical, que cuestionó a los sindicatos mayoritarios por los acuerdos alcanzados en la Mesa General y que «se gaste el dinero público en retransmisiones de la TPA, sobrecostes del Musel o en el parking de la calle Uría. Exigimos al Gobierno que rectifique».
CSI-CSIF. Juan Gavira destacó que «es la primera vez en la historia de la democracia que se recortan el sueldo a los empleados públicos», censuró los sobrecostes del puerto de El Musel o el HUCA así como «el dinero público se que destinan a asesores, entes y empresas pública solapadas». Cargó contra el ejecutivo asturiano «porque aunque Zapatero no se atrevió a bajar el sueldos a las limpiadoras, e Areces tiene la desfachatez de quitarles el 5%» y tachó de «farragosa» la ley de contención del déficit que debatirá la Junta.
SUATEA. El sindicato mayoritario en la educación aseguró que el ajuste supondrá un recorte de unidades y el despido de personal interino. Beatriz Quirós auguró «un caos en el mundo educativo» y cargó también contra el funcionamiento del Instituto Adolfo Posada.
CSI. Marco García sostuvo que el ajuste supone «una amenaza de despido para miles de compañeros interinos», reprochó que se recorte empleo público para «desviar la atención del despilfarro en la administración y sus chiringuitos» y que se gasten 60 millones en el departamento informático mientras más de medio centenar de funcionarios están de brazos cruzados».
USO. «Hay que eliminar gasto suntuario y superfluo, reducir el número de asesores y altos cargos, que está sobredimensionado y apostar por el software libre en vez de gastar cientos de millones», indicó José Manuel Martínez.
SIPLA. Jesús Villa, del sindicato de policías locales, tachó la ley de «injusta, recaudatoria y confiscatoria» y aseguró que antes de recortar los salarios de los empleados públicos y las pensiones «hay que suprimir el gasto innecesario».
Los sindicatos piden a Areces que ahorre en «gastos superfluos» en vez de bajar sueldos
Dicen al Gobierno que «se le tenía que caer la cara de vergüenza» con sobrecostes como los del HUCA o El Musel
24.06.10 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Trece sindicatos asturianos acudieron ayer a la Junta General para escenificar su «frontal» rechazo a la decisión de los gobiernos socialistas de recortar el sueldo a los empleados públicos. Las centrales convocadas, sin excepción, atacaron sin piedad a la Administración, a la que acusaron de «tomar el camino más fácil» y perjudicar a los trabajadores, en lugar de eliminar «muchos gastos superfluos» que, en su opinión, «son el verdadero origen del problema», e impiden un ahorro muy superior al que se va a obtener con el tijeretazo en las nóminas de los funcionarios. En relación con este punto, no fueron uno ni dos los sindicatos que aludieron directamente a los sobrecostes que acumulan determinadas obras que, sin embargo, «no hacen que se le caiga la cara de vergüenza a nadie».
La secretaria de Acción Sindical de UGT, Mar Celemín, fue la encargada de abrir las intervenciones de los trece sindicatos convocados. Cada uno de ellos dispuso de cinco minutos para exponer su punto de vista sobre el proyecto de ley para la contención del déficit presentado por el Gobierno regional. Los discursos fueron cortados por el mismo patrón. Todos mostraron su rechazo frontal a unas medidas que calificaron de «cobardes», «injustas» y en muchos casos «discriminatorias». «Han tomado el camino más fácil», reprochó Gilberto García, representante de CC OO. Él, como muchos de sus compañeros, advirtió de que los recortes tendrán un efecto negativo en la economía, puesto que perjudicarán el consumo al bajar el poder adquisitivo de trabajadores que, en muchos casos, «son mileuristas», tal y como subrayaron la mayor parte de los intervinientes ante la Comisión de Economía del Parlamento asturiano.
No es el caso de la mayoría de los médicos que, no obstante, se sienten igualmente perjudicados con una iniciativa, en su opinión, mal desarrollada en comparación con otras comunidades que también han aplicado el 'decretazo' de Zapatero. José Manuel Martín y Fidel González, que intervinieron en nombre del Simpa, acusaron a las autoridades de hablar «sin tener ni idea».
Igual de contundente se expresó Margot Marqués, del Sindicato de Enfermería (Satse), que advierte de que algunos profesionales de su sector verán rebajado su sueldo hasta un 11%. «Los profesionales sanitarios están mal pagados y la enfermería aún más», dijo, antes de pedir al Gobierno una mejor gestión de los recursos. No fue la única. El Sindicato de Auxiliares de Enfermería, representado por María José Fernández, aseguró que hay «mucho donde recortar». En concreto, al igual que hicieron otros intervinientes, puso el acento en el Instituto Adolfo Posada y la TPA. Desde su punto de vista, el servicio cada vez es peor y eso «no preocupa al Gobierno del Principado».
Sin duda uno de los más críticos en su intervención fue Francisco Menéndez, de Usipa. Quiso dejar claro que los funcionarios «no son los culpables del desaguisado» que han provocado los gobernantes, e hizo mención a los sobrecostes «que se pueden ver en muchas obras de esta región». Precisamente a las autoridades señaló el representante de ANPE como los culpables de que se haya «demonizado» la imagen de los funcionarios en España.
Los sindicatos, que acusaron al Gobierno central de «romper» los acuerdos firmados, creen que los políticos «nunca han valorado ni han defendido el trabajo de los empleados públicos». Esta reflexión fue de Juan Gavira, de CSI-CSIF, que pidió a IU que se pronunciara con claridad rechazando el proyecto de ley antes de advertirla de los riesgos electorales que tendría el apoyo a la propuesta socialista.
Beatriz Quirós, del Suatea, calificó de «ilegal» la medida y expresó su confianza en que «no siga adelante», antes de pedir que las competencias sobre el profesorado recaigan en Educación y no en Administraciones Públicas. Otra de las voces más beligerantes contra el Gobierno fue la de Marco García. El portavoz de CSI lamentó la «prepotencia» del PSOE y la «brutalidad» de una medida «cobarde». Aseguró que la palabra de los gobernantes asturianos «no tiene ningún valor» y propuso a Migoya que dimita. «Hipotecan nuestro futuro como ciudadanos», aseveró. José Manuel Martínez, de USO, no bajó el tono y trasladó sus propias propuestas para ahorrar, como reducir el número de asesores o disminuir los altos cargos. El último en intervenir fue Jesús Villa, secretario general del Sipla, que recordó que ésta «es la primera vez que se recorta el salario a los trabajadores». Los grupos parlamentarios agradecieron la intervención de los sindicatos, con especial mención a los populares, que han utilizado en su labor de oposición muchos de los argumentos usados ayer en la comisión. Esta seguirá hoy, con la presencia de los consejeros Ramón Quirós, Iglesias Riopedre y Jaime Rabanal.
