Y no se le cae la cara de vergüenza

El consejero de Economía suma al sueldo de alto cargo sus trienios de antigüedad
Sindicatos y colectivos de funcionarios critican la subida de casi 650.000 euros de la asignación al Parlamento con respecto al anterior Presupuesto
Lne.es » Asturias Oviedo, J. A. ARDURA
El aumento de las partidas para los diputados y los grupos políticos de la Junta General del Principado, previsto en los Presupuestos regionales para 2013 ha suscitado una ola de indignación entre el personal de la Administración regional. El parlamento había cifrado en un 8 por ciento la reducción de sus costes para el próximo año mientras que los sindicatos y colectivos de trabajadores sostienen que los recursos para los grupos parlamentarios y los diputados crecen casi 650.000 euros respecto al anterior Presupuesto aprobado, el último del Gobierno arecista.
Las cuentas del próximo año prevén incrementos de 298.100 euros en las asignaciones a los diputados, de 281.600 a los grupos políticos y de 70.000 euros en las retribuciones del personal eventual de gabinete, respecto a las partidas presupuestadas en 2011 y prorrogadas para este ejercicio. La diferencia respecto al descenso divulgado semanas atrás por el presidente del Parlamento, Pedro Sanjurjo, obedecería a que la partida prevista para aquel año se modificó al alza tras las elecciones autonómicas, debido la entrada en la Junta de un partido más, Foro Asturias, según indicaron fuentes parlamentarias.
Pese a esa divergencia en las cifras, el malestar en la plantilla del Principado, formada por más de 35.000 trabajadores, ha ido en aumento en las últimas horas, tras la divulgación de un e-mail en el que el Conceyu por otra Función Pública daba cuenta de la variación al alza de las partidas para los diputados y para los grupos políticos en un contexto marcado por los recortes, la supresión de la paga extra y la ampliación de la jornada laboral. La queja generalizada del personal llegó ayer de primera mano al Gobierno durante una mesa general de negociación de la función pública en la que, entre otras medidas, el Ejecutivo detallaba la supresión de 100 puestos de la plantilla, la mayoría de limpiadoras de colegios y de efectivos de la brigada de carreteras. Todos los sindicatos compartieron las críticas al diferente rasero aplicado para el personal y para los partidos políticos de la Junta. «Es lamentable que recorten puestos básicos y que metan "tijera" en los sueldos de los empleados públicos con la excusa de la austeridad y luego los partidos se aumenten sus partidas», manifestó José Antonio Fernández Morán, de CC OO. El representante del Gobierno en esa reunión, José María Gancedo, emplazó a los sindicatos a trasladar su malestar a los grupos políticos de la Junta General, según aseguraron a este periódico diversas fuentes sindicales. «¿Cómo es posible que quien suprime las ayudas al personal con hijos discapacitados al mismo tiempo se autosuba el sueldo o su presupuesto?», planteó Juan Gavira, secretario de Acción Sindical de CSIF, central que calificó de «inmorales, indecentes y vergonzosas» esas previsiones presupuestarias.
El coordinador de USIPA, José Luis González, cargó contra las partidas destinadas a los grupos parlamentarios y a los diputados: «Algunos partidos critican los recortes de cara a la galería; pero mientras cercenan nuestros derechos y nuestros salarios, sí se ponen de acuerdo para subirse las asignaciones a los diputados, a los grupos y a su personal eventual».
El Gobierno regional también admitió en la mesa general las dificultades para adelantar parte de la extra de junio a enero y pidió un posicionamiento a los sindicatos.
Lne.es » Asturias
El consejero de Economía suma al sueldo de alto cargo sus trienios de antigüedad
Oviedo, P. G.
El consejero de Economía y Empleo del Principado, Graciano Torre, suma a su sueldo como consejero los trienios de antigüedad derivados de su puesto como funcionario, según él mismo confirmó durante su comparecencia de ayer en la Junta para explicar el proyecto de Presupuestos del Principado para 2013 relativo a su cartera. La antigüedad es la razón por la que Torre cobra, según aparece consignado en el proyecto de Presupuestos, 70.040 euros brutos anuales, frente a los 63.710 que percibe, por ejemplo, la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz. «Espero que no les importe que cobre mis trienios», añadió con sorna el consejero, diplomado en Magisterio y licenciado en Geografía e Historia, y con plaza en el Instituto «Juan José Calvo Miguel» de Sotrondio.
Fue en el turno de preguntas que siguió a la exposición del Consejero cuando los portavoces del Grupo Popular preguntaron a qué se debía el aumento en la partida de personal de la Consejería. Fue la secretaria general técnica, María José Varela, la que explicó que el incremento se debía «a la antigüedad del Consejero, y de mí misma». «Los anteriores tenían mucha menos antigüedad», añadió. Que un consejero, además del sueldo asociado a su cargo, cobre también la antigüedad como funcionario se dio también en el anterior Gobierno regional, de Foro, con los consejeros de Hacienda y Cultura; o en los gobiernos de Vicente Álvarez Areces, con el titular de Educación.

El Tribunal Constitucional (TC) detiene el pago de la paga extra de Navidad acordada por el Ejecutivo autonómico en funciones, según fuentes del organismos. El pleno del Constitucional ha admido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la medida de Vitoria. Esto supone que la media queda en suspenso, hasta que el tribunal resuelva el conflicto de constitucionalidad. El Constitucional deberá ratificar esta suspensión en un plazo no superior a los cinco meses, o, en su caso, levantar la suspensión del pago.
El Ejecutivo vasco dió ayer la orden de pago de la extra navideña a sus 69.000 funcionarios, justo un día antes de que el TC abordara el recurso contra el abono de la misma. Pero La suspensión de la decisión del TC tiene fecha del 5 de diciembre, que fue cuando el Consejo de Ministros interpuso el conflicto de competencias contra la decisión del Ejecutivo de Vitoria. Esto es, la fecha es anterior al momento en el que el País Vasco inició los trámites administrativos para que sus funcionarios pudiesen cobrar la extra. El tribunal ha dado traslado de la demanda al Gobierno Vasco para que en el plazo de veinte día presente sus alegaciones.
El País Vasco es una de las comunidades, junto con Extradura, que se ha rebelado contra la medida de Rajoy de eliminar la paga extra de Navidad para los funcionarios, acordada en julio dentro del paquete de medidas de ajuste. La portavoz del Gobierno vasco en funciones, Idoia Mendia, ha afirmado, antes de que se conociera la decisión del TC, que su ejecutivo no puede hacer "otra cosa" que abonar la paga extra de Navidad a sus funcionarios, y asegura que ya se han cumplido "todos los trámites" para que sea pagada.
Mendia ha señalado que la razón "asiste" al Gobierno vasco y ha precisado que se ha "firmado" la orden para el abono de la paga. "Tenemos razones fundadas en derecho y una absoluta seguridad jurídica en la decisión que hemos tomado", ha defendido. Sobre el recurso de competencias del Consejo de Ministros ha declarado que se trata de un conflicto "preventivo" porque, según ha explicado, ni siquiera se ha "requerido" al Gobierno documentación que acredite que existe un acto administrativo que "pueda ser recurrido".
(Seguirá ampliación)
La Comisión de Presidencia, Justicia e Interior del Parlamento de Navarra ha aprobado abonar al personal funcionario durante el año 2102 un complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo de cuantía equivalente al importe de la paga extra cobrada en el mes de julio. Así lo recoge el anexo dos del informe aprobado por la ponencia que ha trabajado en el Parlamento la supresión o no de la extra de diciembre. Dicho complemento, recoge, se realizará antes de finalizar este año mediante un solo abono. Han votado a favor de este punto PSN, NaBai, Bildu e I-E, mientras que UPN y PPN lo han hecho en contra.
Además, se ha aprobado otro anexo en el que se recoge que las Administraciones Públicas de Navarra podrán, con cargo a los Presupuestos de 2013, efectuar en los primeros días de enero un pago al personal equivalente al importe de una paga extra. Asimismo, se incluye que las Administraciones públicas podrán anticipar a los primeros días de enero y julio el abono de las pagas extra del personal. En este caso, han votado a favor PSN, NaBai, Bildu e I-E, UPN se ha abstenido y PPN se ha mostrado en contra.
El representante de UPN, Javier Caballero, ha dicho que el informe de la ponencia "se ha aprobado muy a nuestro pesar" y ha considerado que se "ha perdido una ocasión para dar seguridad jurídica a los funcionarios". Según ha expuesto, el Decreto ley del Estado es "claro" y ha indicado que el abono de una paga en diciembre es "fraude de ley". "Estamos afectando a la seguridad jurídica de los funcionarios, existe un riesgo claro por mantener unas posturas voluntaristas", ha indicado.
El socialista Roberto Jiménez ha señalado que "la mayoría parlamentaria que ha aprobado el informe no quita la paga extra a los funcionarios ni los pone en riesgo". "Esa eventual responsabilidad de que los funcionarios pudieran quedarse sin paga es solamente de PP y UPN (que se abstuvo) porque ustedes aprobaron en julio el Decreto", ha dicho, para señalar que "son ustedes los que quieren dejar sin paga a los funcionarios". Ha defendido que "la extra es un derecho laboral" y que "si no se paga en diciembre hay una pérdida de poder adquisitivo para los funcionarios". Además, Jiménez ha señalado que "hay un ataque a la foralidad", a las "competencias propias de Navarra". Ha afirmado que si el Gobierno foral "paga" se retirará en el pleno en el anexo dos. Por su parte, Patxi Zabaleta, de NaBai, ha defendido el "derecho" de los funcionarios y los trabajadores públicos, "tienen derecho a percibir de forma completa su salario". "Tenemos una obligación prioritaria con los funcionarios porque es a nosotros a quienes nos toca administrar", ha dicho.
El BOPA publicó ayer la ejecución de la sentencia del TSJA que desmonta y deja sin efecto el I Plan de Evaluación
Más de 8.000 docentes de Asturias dejan de cobrar los incentivos de productividad daniel turrado
Lne.es » Sociedad y Cultura Oviedo, E.G./ P. R.
El cobro de los pluses de productividad que venían cobrando más de ocho mil maestros y profesores de la enseñanza pública asturiana quedó suspendido ayer tras la publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) de la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por la cual «se anula y deja sin efecto por estimarse no ajustado a derecho» el I Plan de Evaluación Docente, acordado en marzo del pasado año por el Consejo de Gobierno. Eso significa que los maestros cobrarán 132 euros menos al mes y el profesorado de Secundaria 206.
La publicación en el BOPA es consecuencia directa de la sentencia ganada por el sindicato SUATEA, uno de los cinco con representación en la Junta de Personal Docente. SUATEA había recurrido este plan de evaluación, por el cual los profesores de Primaria y Secundaria que en su día quisieron -después se cerró el grifo para todos- accedieron a unos complementos mensuales tras pasar un «examen» de productividad.
El acuerdo de marzo de 2011 contaba con el visto bueno de dos de los sindicatos de dicha Junta de Personal (ANPE y FETE-UGT), pero SUATEA lo recurrió porque a su juicio no se había negociado en el seno de la Mesa Sectorial de Educación ni había pasado por el filtro del Consejo Escolar del Principado. La sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA le da la razón y abre la puerta a la necesidad de un reinicio de todo el proceso.
La Consejería de Educación no ha perdido tiempo. Ayer tuvo lugar una primera reunión de la Mesa Sectorial, y mañana tendrá su continuación. Se pretende llegar a un acuerdo lo más rápido posible con los sindicatos aunque es muy poco probable que ese acuerdo sea unánime. ANPE, uno de los sindicatos que avaló el I Plan de Evaluación, aseguró ayer que seguirá dando su apoyo al proyecto porque «lo que nos parecía bien hace un año nos sigue pareciendo muy bien ahora», afirma Gumersindo Rodríguez.
Tanto ANPE como UGT consideran que el Plan sigue siendo válido y que la sentencia se refiere a un defecto de forma. «Intentaremos volver a negociar el plan para presentarlo de nuevo, en esta ocasión con todos los preceptos», asegura Daniel Rodríguez, de UGT.
Por su parte Beatriz Quirós, responsable de SUATEA, cree es el momento de hacer «borrón y cuenta nueva». Y añade: «Este es el momento de modificar la ley para acabar con las discriminaciones y que se pague a todo el mundo». Según Quirós hay un colectivo numeroso que se acerca al 40% de profesores - los que no sea apuntaron al Plan, los que llegaron por concurso de traslado, los que no tienen los cinco años de antigüedad que exigía la ley y los interinos, entre otros- que no pueden cobrar el plus.
Con lo que salga en la Mesa Sectorial de Educación se convocará el Consejo Escolar, cuya responsabilidad es meramente consultiva. En la Mesa Sectorial, los votos de la Administración junto al de los dos sindicatos «aliados» también conforman una amplia mayoría.
El problema es que la sentencia al procedimiento 1004/2011 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desmonta sin paliativos la legalidad de todo el acuerdo tomado el Consejo de Gobierno y que venía a compensar, con esos complementos retributivos de lo que se dio en llamar la carrera profesional docente, el histórico desfase salarial de los profesores de la red pública asturiana en relación con los de la mayoría de las otras comunidades autónomas.
Todo hace indicar que se va a tener que repetir el proceso, a la espera de que los servicios jurídicos de la Consejería de Educación lean la letra pequeña y saquen conclusiones.
El Plan de Evaluación es consecuencia de la Ley de Evaluación Docente aprobada en su día por la Junta General. Aquella ley era difícilmente recurrible, pero el Plan dejó muchos flancos abiertos, más de forma que de fondo. Y nuevo batacazo judicial al Principado, para seguir con la tradición. Los pluses del mes de diciembre están asegurados, según afirmaban ayer fuentes sindicales, pero los de enero quedan en suspenso a la espera de los acontecimientos. ¿Se podrán cobrar con efecto retroactivo el próximo año, una vez desbloqueado el proceso? Es una pregunta aún sin respuesta.
Representantes de asociaciones y profesores de filosofía participaron ayer en un acto en la Biblioteca Asturias, en Oviedo, en homenaje a la Filosofía y en protesta por la reforma que propone el nuevo proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que arrincona y debilita los estudios filosóficos. Organizado por la Sociedad Asturiana de Filosofía (SAF), en el acto participaron -de izquierda a derecha- Caterina Pons (SAF); Armando Menéndez Viso, director del departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo; Román García Fernández, presidente de la SAF y Belén Laspra, de Filosofía para Niños.
La medida supondría inyectar 35 millones de euros en la economía asturiana en las fechas navideñas, cuando el comercio hace una quinta parte de la facturación anual
Oviedo, María José IGLESIAS
El Gobierno del Principado estudia el posible adelanto a enero de la mitad de la paga extra de junio para compensar a los 35.000 empleados públicos autonómicos por la pérdida de la extra de Navidad, una medida ordenada por el Ejecutivo de Rajoy. Este posible anticipo salarial, sujeto a disponibilidad de liquidez económica en las arcas públicas regionales, supondría una inyección de unos 35 millones de euros en los bolsillos de los funcionarios y, por extensión, en la economía asturiana, en unas fechas en las que el comercio fía buena parte de su facturación anual...(leer más)
Los recortes de sueldo a los funcionarios no pueden imponerse a la empresa privada, según el Supremo
Destaca que la reducción salarial unilateral a los empleados públicos, como la de 2010, no puede trasponerse sin acuerdo al sector privado
ANDRÉS MUÑIZ, Madrid, en Público
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del acuerdo de una empresa privada de limpieza de Aragón, que trabaja para 40 centros sanitarios públicos, de imponer a sus empleados a partir de julio de 2010 el recorte del 5 por ciento del sueldo de los funcionarios que había aprobado el Gobierno de Rodríguez Zapatero un mes antes.
La sentencia, tras examinar los correspondientes convenios, concluye que "como la reducción salarial fue impuesta por Ley, no por acuerdo, a funcionarios públicos, personal estatutario y personal laboral de ciertas empresas públicas, no cabe aplicar el recorte al personal laboral de empresas privadas, cual es la empresa recurrente".
En una reunión de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Limpieza de hospitales públicos de Aragón, la patronal del sector propuso a los sindicatos en julio de 2010 una reducción general del suelo del 5 por ciento, lo que fue rechazado por las centrales.
La empresa de limpieza ISS Facility Services S.A. impuso esa bajada de sueldo a sus empleados --que trabajan en 40 hospitales y centros de salud de Zaragoza y Huesca-- a partir del 1 de julio de 2010, atendiendo a que el Gobierno aragonés había reducido el salario en la misma proporción al personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud (SALUD).
Los sindicatos UGT y CC.OO. recurrieron contra esa decisión y ganaron el caso, en junio de 2011, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La empresa no se dió por satisfecha y apeló al Supremo, argumentando que el convenio colectivo del sector, de 2005, establece la equiparación del sueldo de sus trabajadores al personal laboral y estatutario público incluso cuando se trate de revisiones a la baja de las retribuciones por causa de la crisis económica.
El alto tribunal responde, primero, que "en el espíritu de la norma está ampliar las conquistas salariales del personal estatutario al personal laboral, máxime cuando en aquél momento no era imaginable una crisis financiera que obligara a recortes salariales de los empleados de la función pública.
Y segundo, explica que la extensión al personal laboral de las condiciones salariales reconocidas al personal estatutario sólo afecta a las logradas en virtud de pacto y acuerdo con los trabajadores, lo que no fue el caso del recorte del año 2010, ya que se impuso por Ley a los funcionarios.
VER TEXTO INTEGRO DE LA SENTENCIA EN NUESTRA WEB
VISITA NUESTRA SECCION DEDICADA A SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA DE INTERES EN NUESTRO SECTOR
El Gobierno ahorra 392.000 euros al retirar a 68 personas el complemento por haber sido directivos
La cúpula tampoco tendrá paga extra de Navidad
Lne.es » Asturias Oviedo, José A. ORDÓÑEZ
El Gobierno regional anunció ayer la supresión del complemento del alto cargo, un plus que cobran en la actualidad sesenta y ocho funcionarios de la Administración del Principado que ocuparon en su día un puesto de alto cargo y cuya eliminación supondrá un ahorro de 392.566 euros anuales a las arcas autonómicas, según indicó ayer el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, tras el Consejo de Gobierno. En la reunión también se acordó la supresión de la paga extraordinaria de Navidad para los sesenta y ocho altos cargos del Gobierno regional, una medida que, de acuerdo con lo expuesto por Martínez, permitirá un ahorro adicional de 190.489 euros.
El complemento de destino del alto cargo forma parte de la nómina de todos los funcionarios, hasta el fin de su vida laboral, que han ocupado cargos de responsabilidad en el Principado. El plus es de 1.151 euros, si bien el líquido a percibir está en función de la categoría del funcionario. Tomando como base los datos ofrecidos ayer por Guillermo Martínez, cada uno de los sesenta y ocho empleados que se verán afectados por la medida cobraba una media de 481 euros al mes por este concepto.
El Ejecutivo de Javier Fernández anunció la supresión del complemento del alto cargo un día antes de que la Junta General aborde una propuesta en el mismo sentido presentada por el PP. Según explicó Guillermo Martínez, la medida está incluida en el anteproyecto de ley de actuaciones urgentes en materia de personal, tributaria y presupuestaria, una norma en la que se harán efectivas las acciones recogidas en el plan económico y financiero y en la legislación estatal.
El portavoz del Ejecutivo añadió que en los próximos días se darán a conocer otra serie de medidas incluidas en un anteproyecto de ley que será tramitado en las mesas de la Función Pública y del Consejo Económico y Social, antes de ser remitido al Parlamento regional.
El Consejo de Gobierno también aprobó una batería de medidas de apoyo a la creación de empleo y a la actividad empresarial, por una cuantía total de 10,2 millones. Además, dio luz verde a un gasto de 4,9 millones destinado a la concesión de subvenciones para trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo de la región, así como al pago de 1,2 millones para diversos servicios de atención a personas con discapacidad. Martínez precisó que esta última partida permite desbloquear unos abonos que se habían retrasado a consecuencia de la prórroga de los Presupuestos del Principado, por los ajustes del Gobierno de Mariano Rajoy y, también, por los reparos de la Intervención a la fórmula de pago.
A preguntas de los periodistas, el portavoz del Ejecutivo aseguró que el Gobierno «sigue trabajando» para conseguir una financiación de 423 millones de entidades bancarias y advirtió de que «agotará todas las vías de trabajo en esta línea», toda vez que, según indicó, se trata de una alternativa preferible al Fondo de Liquidez Autonómico, del que, según reconoció, el Ejecutivo no conoce «ni detalles ni condiciones». Martínez añadió que las negociaciones en marcha precisan de «discreción y prudencia» y que van «según los plazos previstos», confiando en obtener «respuestas positivas en próximas semanas».
En otro orden de cosas, Martínez aseguró que el Ejecutivo de Rajoy tiene la «obligación» de dar solución al problema de la tarifa eléctrica. «Esperamos que no se tome ninguna decisión perjudicial para los asturianos», subrayó. Por lo que se refiere a la situación laboral en Arcelor, apuntó que el Principado hará «todos los esfuerzos necesarios» para que haya un clima de «acuerdo social» en la compañía. Sobre el Museo de Fernando Alonso y las «novias» que podría tener fuera de Asturias, reconoció que ya ha habido contactos con la familia del piloto y con su Fundación.
El Comercio. 13.09.12 - 14:50 -EFE | | OVIEDO
El Gobierno asturiano suprime el plus y la paga de Navidad de altos cargos
El Ejecutivo sigue intentando conseguir una financiación de 423 millones de euros a través de entidades bancarias
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la supresión del complemento de destino a los funcionarios del Principado en activo que hayan desempeñado su labor en un puesto de alto cargo y la paga extra de Navidad de 2012 para aquellos directivos que lo ocupen ahora.
Así lo anunciado hoy el portavoz del Gobierno de Asturias, Guillermo Martínez, que ha señalado que esta medida se contempla en el borrador de anteproyecto de ley de medidas urgentes en materia de personal, tributaria y presupuestaria recogidas en el Plan Económico Financiero y derivadas de la legislación estatal.
Ha apuntado que la supresión del plus a los empleados públicos que ocuparon un alto cargo afecta a 68 personas y supone un ahorro de 392.566 euros al año.
Por su parte, la retirada de la paga extra de diciembre a altos cargo en 2012 del Gobierno del Principado afectará en 58 personas y supondrá un ahorro de 190.489 euros anuales.
El grupo parlamentario del PP ha presentado en la Junta General del Principado para su debate en el pleno que se celebra entre hoy y mañana una proposición no de ley para la supresión de la consolidación del complemento de destino para estos empleados públicos en activo que ocuparon un alto cargo en la administración regional.
A preguntas de los periodistas sobre esta situación, Martínez ha subrayado que "el Gobierno regional ha tomado la iniciativa en este caso".
Los populares ven inaceptable el pago de un extra durante toda su vida laboral a los funcionarios que estuvieron en el Gobierno
Lne.es» Asturias Oviedo, P. GALLEGO
La Junta General recuperará, pasado mañana, la actividad tras el verano, con el primer Pleno ordinario tras el celebrado el pasado viernes con motivo del Día de Asturias. Será el último antes de que, definitivamente los próximos días 9, 10 y 11 de octubre, se celebre el debate de orientación política, conocido como debate sobre el estado de la región. En el Pleno del próximo jueves, entre otros asuntos, se tratará una propuesta del Grupo Popular para «erradicar» el cobro del complemento de destino de «alto cargo», un plus que forma parte de la nómina de los funcionarios -hasta el fin de su vida laboral- que han ocupado dichos cargos en el Gobierno regional. Un plus que, según explicó ayer la presidenta del PP, Mercedes Fernández, ronda los 1.100 euros. «Nos parece inaceptable y queremos erradicar ese tipo de prácticas», aseveró.
Para que su propuesta, en forma de proposición no de ley, salga adelante tendrá que contar con el respaldo de otros grupos parlamentarios. De momento, Foro, a través de su portavoz, Cristina Coto, no ha adelantado cuál será su postura. Foro llevará al Pleno propuestas sobre la tarifa eléctrica, la sanidad y la educación.
Para Mercedes Fernández -que anunció que el Pleno también discutirá su propuesta para que el conocido como «tique del autónomo» se resuelva favorablemente-, prácticas como el cobro de un plus después de abandonar un cargo «colaboran a que la ciudadanía se sienta distante de sus representantes, porque tienen privilegios que no tienen el resto de los ciudadanos». El presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, afirma que su deseo es que la actividad parlamentaria se desarrolle con la máxima «transparencia» posible para los ciudadanos.