La lista de espera de la ley de dependencia toca techo
El número de personas que no reciben prestaciones pese a tener reconocido el derecho casi se ha duplicado en el primer semestre
5.777 asturianos siguen pendientes de las ayudas
La Voz de Asturias. 23/08/2011 / Pablo Zariquiegui Oviedo
Casi 6.000 asturianos están pendientes de recibir las prestaciones incluidas en la ley de dependencia. Son todos ellos ciudadanos que tienen reconocido el derecho pero que todavía no reciben ni un servicio social ni una ayuda económica. El dato figura en el último informe del Imserso, actualizado a 1 de agosto de 2011. El análisis estadístico de los últimos años revela, además, que el número de asturianos que engrosan la lista de espera ha aumentado hasta tocar techo tras haber experimentado una reducción en los meses anteriores.
Así, a 1 de enero de 2010 esta lista de espera, resultante de la resta entre las personas con el derecho reconocido y las que realmente reciben prestaciones, la integraban 5.420 asturianos. El número fue bajando ligeramente hasta situarse en 4.179 personas a 1 de agosto de 2010 y todavía más hasta las 3.015 a 1 de enero de 2011, uno de los mejores resultados en la gestión del sistema de atención a la dependencia para Asturias.
La evolución del primer semestre de 2011 arroja, en cambio, los peores resultados de la todavía corta historia de la ley. El número de integrantes de la lista de espera se ha incrementado en los seis primeros meses del año hasta llegar casi a duplicarse. Ha pasado de poco más de 3.000 hasta los 5.777.
La atención a la dependencia será precisamente uno de los caballos de batalla más importantes a los que deberá enfrentarse el nuevo Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos. Falta por ver si el nuevo Ejecutivo optará por favorecer las prestaciones económicas frente a las sociales como vienen haciendo otras Administraciones conservadoras.
Público contra privado Queda por saber también si el Gobierno de Cascos favorecerá los conciertos con centros sociales privados --algo que parece más que probable-- en vez de incrementar las plazas públicas. El partido que sustenta al Gobierno ya incluía en su programa de legislatura fomentar la colaboración entre la iniciativa pública y privada en materia de servicios sociales. Las residencias privadas llevan años clamando por una actualización de las tarifas que les permita afrontar el futuro con mayor optimismo. De momento, la nueva consejera de Bienestar Social e Igualdad, Paloma Menéndez, tendrá un duro trabajo por delante. Deberá encontrar soluciones para los casi 6.000 asturianos en lista de espera.
La gestión de la ley de dependencia --por el volumen de actividad y de complejidad--ha sorprendido a todos. A 1 de agosto de este año y sólo por lo que se refiere a Asturias se habían presentado en la comunidad autónoma más de 34.600 solicitudes; se realizaron casi 30.000 dictámenes, cerca de 20.000 personas vieron reconocidos sus derechos y sólo poco más de 14.000 reciben una prestación, ya sea social o económica. La tramitación de la norma estatal, aprobada por el Ejecutivo de Zapatero, es complicada. En Asturias, exige pasar varias cribas. Primero, la solicitud; después la valoración de los expertos; más tarde, el dictamen con el grado y nivel de dependencia; luego, el reconocimiento de la prestación y, finalmente, la prestación. El proceso entero puede superar, con creces, el año.
Concepto flexible El concepto de lista de espera aplicado a la ley de dependencia es flexible. En sentido estricto debería aplicarse sólo a las personas que, con el derecho reconocido, no reciben prestaciones, casi 6.000 en Asturias. Con un criterio más amplio, el número ascendería notablemente, por encima de las 15.000 personas en espera, si se contabilizara a quienes tienen emitido un dictamen pero no reciben todavía las prestaciones.
En Asturias, debido fundamentalmente a Izquierda Unida, que ha gestionado el sistema de atención a la dependencia en los últimos años, se ha intentando favorecer las prestaciones sociales sobre las económicas. Con la última actualización ofrecida por el Imserso, correspondiente a 1 de agosto de este año, ambas están casi al 50%. Así, del total de prestaciones, el 46% son para las ayudas económicas a los cuidadores familiares y el 54% restante para la provisión de servicios sociales.
Las comunidades autónomas gestionadas por el Partido Popular, en cambio, han priorizado las prestaciones económicas sobre las sociales. Un caso paradigmático es el de Murcia donde el pago a cuidadores familiares supone un 67% sobre el total de las prestaciones, de acuerdo con el Imserso.
En Asturias, de las 15.479 prestaciones reconocidas a 14.062 personas, algo más de la mitad se destinan a servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día o residencias de mayores.
