El Principado planta cara a los funcionarios

 

El Gobierno desoye la amenaza de paro y mantiene el rechazo al modelo de negociación que reclaman once sindicatos del sector público

Oviedo, Marcos PALICIO .- La Nueva España .-

El modelo de negociación laboral de los funcionarios divide. Separa a los sindicatos de su patrono, el Gobierno del Principado, pero también a unos sindicatos de otros. Once organizaciones sindicales han forzado hasta la amenaza de huelga su petición de que se constituyan las mesas sectoriales de sanidad, justicia, educación y administraciones públicas. Mientras, el Ejecutivo se enroca, planta cara a la amenaza funcionarial y mantiene su defensa de la mesa general única para todos los sectores con el asentimiento de UGT y CC OO (salvo su rama de Educación).

 

El Gobierno apuntaló ayer su postura negativa a la negociación por sectores parapetándose tras la legislación, remitiéndose al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que prevé pero no exige constituir mesas sectoriales. UGT y CC OO (excepto la Federación de Educación) consideran que si la empresa, el Principado, es única, también debe serlo el ámbito negociador. Enfrente, diez sindicatos sectoriales y la Federación educativa de CC OO defienden sus espacios específicos de discusión. Así se hace, dicen, en todas las comunidades autónomas salvo en Asturias, y así debe hacerse, consideran, para que los asuntos particulares de cada tipo de profesional los negocien quienes los conocen mejor y no se gobierne en conjunto a un personal muy variopinto.

 

En esas mesas se sirven estas discrepancias que han articulado dos frentes a los dos lados de una controversia que tiene convocada una manifestación para el lunes y ha llamado a la huelga a los 35.000 funcionarios de la Administración regional. El artículo 34 del EBEP lanza el conflicto donde establece que «por acuerdo de la mesa general podrán constituirse mesas sectoriales». Y el 27 de abril, en la mesa general no hubo acuerdo. Votó en contra UGT, no se pronunció CC OO y los sindicatos sectoriales representados -los sanitarios CEMSATSE y USIPA- se quedaron solos frente a la Administración y los mayoritarios. Son éstos los que convocan las movilizaciones junto a ANPE, CSIF, la rama educativa de CC OO, SICEPA, USAE, SIMPA, STAJ, SUATEA y CSI.

 

Acusan al Gobierno regional de intentar «diluir» y «falsear» la representatividad de las centrales sectoriales. Se trata de que «no se traten los asuntos de sanidad con los de los bomberos», resume gráficamente Margot Marqués, secretaria general en Asturias del Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE). El modelo actual impide, a su juicio, que «asuntos inherentes a la actividad de los trabajadores sean tratados por los representantes que ellos han elegido» y responde al motivo legislativo del Gobierno con una particularidad de su sector. «Como personal estatutario que somos», afirma, «el estatuto marco obliga a negociar en mesas específicas».

 

José María Alejo, portavoz en Asturias del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), acude a un razonamiento similar. Porque también ellos tienen, dice, «un estatuto propio, integrado en la ley orgánica del Poder Judicial, que tiene rango superior al EBEP y establece que los empleados públicos de justicia deben negociar sus condiciones laborales con sus organizaciones sindicales representativas». A su juicio detecta que hay «dos sindicatos beneficiados, CC OO y UGT, que están perdiendo fuerza en el colectivo de empleados públicos y tal vez consideran que una forma de recuperar esas posiciones es vender al trabajador y ser ellos los únicos con capacidad negociadora».

 

Desde la enseñanza, Lucas Álvarez (CSIF) censura el «café para todos» del Principado, porque, «como docente, yo no sé cómo se organizan las guardias de una uvi».

 

En la otra trinchera, Luis Ángel Ardura, secretario de acción sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, sustenta su postura contraria a las mesas sectoriales recordando que la ley no las exige y que en la general «no se desvirtúa ninguna negociación. Es mentira que no se aborden asuntos específicos, porque dentro de ella se forman mesas técnicas para tratar cuestiones sectoriales». A su juicio, hablando de dinero, «el pastel es el que hay y todo lo que se negocie para un grupo de trabajadores tendrá repercusión en el resto».

 

Por el mismo camino avanza Manuel Nieto, responsable de Administración pública en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO. El problema, para él, «no es el nombre de la mesa, sino lo que se negocie. La ley establece que haya un ámbito único y nada impide que ahí se hable de cualquier tema específico». Sin salir de CC OO, José Ángel Piquero, responsable de la Federación de Educación, ilustra las visiones divergentes en el sindicato cuando valora la negativa a las mesas sectoriales como «un desbarajuste democrático. Por eso hemos pedido por registro que este asunto se incluya en el orden del día de la mesa general para que se vuelva a votar».