ElPrincipado dejará de ingresarle a 14.000 trabajadores públicos los complementos a cuenta.

Asturias

El Principado dejará de abonar el plus de la carrera profesional y se ahorrará 21 millones

«Han ganado algunos sindicatos a costa de los trabajadores», dice Migoya

El Principado no recurrirá la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la carrera profesional, un sistema ideado por la Administración regional para aumentar los emolumentos de los empleados públicos en función de su productividad. Este régimen, que llevaba dos años funcionando, «carece de soporte legal», tal y como determinaron por unanimidad los once magistrados-juez de la sala de lo Contencioso-Administrativo. Pese al revés jurídico el Gobierno «lamenta los recursos, acata el fallo, y no va a recurrirlo, porque llevar ese proceso al Tribunal Supremo perjudicaría aún más a los trabajadores», según valoró ayer Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas.

Si el alto tribunal analizase el conflicto «nos arriesgamos a que termine obligando a devolver las cantidades que en estos dos años han ido recibiendo aproximadamente 14.000 trabajadores públicos», argumentó Migoya. Ese era ayer precisamente uno de los temores que recorría al funcionariado. Existen unos 4.000 profesores de instituto que, por ejemplo, llevan ingresados 6.250 euros gracias a complementos vinculados a la carrera profesional. La sentencia del TSJA establece la «anulabilidad» de esos pluses, «pero no dicen que sean nulos de pleno derecho», matizó Migoya. «Eso nos permite que lo cobrado hasta ahora no habrá de devolverse», aclaró.

El 1 de junio será firme

Pero la reacción del Principado tiene otra consecuencia. Marca una posición que, presumiblemente, seguirán también los otros seis codemandados y cinco demandantes con derecho a recurrir el fallo del TSJA. Sin recursos en contra, el próximo 1 de junio la sentencia será firme. A partir de esa fecha, el Principado dejará de ingresarle a 14.000 trabajadores públicos los complementos a cuenta. ¿Cuánto dinero ahorrará esa medida a las arcas públicas? Según las cifras que ayer manejaba Ana Rosa Migoya, el monto ronda los 21 millones.

Para el Principado sólo hay un responsable de esta pérdida de poder adquisitivo. «Aquí es paradójico que la sentencia que han ganado algunos sindicatos la han perdido los trabajadores». Así lo valoró Migoya, quien advirtió contra «la confusión» que, en su opinión, tratan de extender ahora los sindicatos CSI, CSIF, Suatea y USO, promotores de la denuncia que ha terminado anulado la carrera profesional. « Dicen que pedían extender los complementos salariales a todos los trabajadores, a los fijos, a los interinos... Pero eso es confundir: en todos y cada uno de sus recursos que presentaron lo que se pide es la anulación de la carrera. Eso es lo que dicta el tribunal y la anulación significa dejar de recibir complementos».

Pagos «de buena fe»

Así, y para el Ejecutivo regional, «la sentencia no va sólo contra el Gobierno, los más perjudicados son los trabajadores».

Pero, ¿cómo llegó el Principado a promover una resolución «huérfana del desarrollo legal indispensable», según reprocha el fallo del TSJA? La versión que ayer defendió la consejera de Administraciones Públicas admite que «sabíamos que teníamos una cierta debilidad jurídica, pero también sabíamos que la resolución favorecía a nuestros empleados públicos».

La carrera profesional fue una manera de ser «sensible y acceder a una petición de los sindicatos mayoritarios», esgrimió Migoya, quien sacó conclusiones al recurso interpuesto luego por cuatro sindicatos y la consiguiente decisión de los magistrados-juez: «No se puede actuar sólo de buena fe, a partir de ahora iremos por el libro».

Ese «ir por el libro» supone que el Principado no recuperará la carrera profesional hasta que no cuente con las normas que lo respalden. Para alcanzar esa situación hacen falta la Ley de Función Pública del Principado de Asturias y el Estatuto Básico del Personal Docente. La primera depende del Principado, y dará cobertura a 6.000 funcionarios. La segunda influirá en 8.000 docentes, pero su desarrollo es misión de un Ministerio de Educación que de momento no ha convocado a los agentes sociales para negociarlo.

«Nosotros estamos en disposición de presentar la Ley de Función Pública en la Junta General», anunció Ana Rosa Migoya. Pero luego matizó que el Gobierno no dará ese paso. El motivo: su ley «arregla una parte del problema, la más pequeña; nuestra intención es que las dos normas vayan en paralelo para que no se produzcan disfunciones entre dos colectivos que pertenecen al Principado», informó Migoya. «Si dependiera de nosotros, el problema ya hubiera estado resuelto», abundó .

«Todos los recursos pedían anular la carrera, eso acaba con los complementos»

«Sabíamos que había una debilidad jurídica, pero beneficiaba a nuestros trabajadores»