Es decir lo mismo que los jueces se equivocan.

Migoya defiende su política de personal a pesar del reiterado varapalo judicial

«Todos los gobiernos han usado la libre designación», afirma la Consejera

 

Oviedo, P. G.

Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas, defendió ayer la política de personal que está llevando a cabo su departamento a pesar de las sentencias en contra que se ha venido acumulando en los últimos años. Migoya se centró en una de las últimas sentencias en contra de la política de recursos humanos de la Administración regional, en la que el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) anuló por cuarta vez en año y medio el sistema de libre elección para cubrir 299 puestos de alto funcionario. Migoya aseguró que «lo estamos haciendo conforme a lo que establece la ley de Función Pública vigente».

La también portavoz del Ejecutivo regional, que preside el socialista Vicente Álvarez Areces, subrayó que «todos los gobiernos han optado para el nombramiento de los jefes de servicio por la vía de la libre designación». La responsable del personal del Principado, que cuenta con más de 35.000 funcionarios, abundó en su defensa de la libre designación dada la responsabilidad de los cargos que ocupan. «Estamos hablando de elegir a funcionarios para un puesto de responsabilidad al que concurren los que están interesados, y es la Administración quien decide qué persona es la más idónea para ocupar este puesto», aseguró Migoya. La Consejera reforzó su argumento afirmando que ésta es una práctica que se realiza en el ámbito de las administraciones públicas todo el país. «Esto es así en numerosísimas administraciones, en casi todas. Es un sistema perfectamente legal y establecido en nuestras normas», insistió.

En cuanto a los varapalos judiciales que ha recibido la política de personal diseñada desde su Consejería, Migoya se limitó a recalcar que «el Gobierno ha respetado la ley y los procedimientos». Frente a esto se encuentran las últimas sentencias emanadas desde distintos frentes judiciales contra la manera en la que el Principado afronta la selección de los trabajadores públicos que deben ocupar los puestos más altos del escalafón funcionarial. En una de las últimas sentencias que se ha conocido contra el Principado, el magistrado encargado de redactarla acusó a la Consejería responsabilidad de Migoya, entre otras cosas, de desoír varios autos similares «desafiando la más elemental prudencia» y de seguir adelante con selecciones de personal a sabiendas de que no cumplen con la legalidad y que ante una reclamación serán anuladas por la Justicia.