Los jueces no descartan convocar una huelga en otoño por el recorte salarial

 HISTÓRICAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

En septiembre se celebrarán juntas de magistrados y fiscales en toda España para decidir qué medidas de presión se adoptan

12.08.12 - 18:42 -EFE | MADRID

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha anunciado que en septiembre se celebrarán juntas de jueces y fiscales en toda España para decidir qué medidas de presión se adoptan ante el recorte salarial en el sector público, entre las que no descartan la convocatoria de una huelga.

En una entrevistae, Bosch considera que las medidas emprendidas por el Gobierno para paliar el déficit suponen "el desmantelamiento del Estado social" y hacen que las consecuencias de la crisis financiera recaigan sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.

Un punto de vista compartido, según el portavoz de JpD -de corte progresista-, por todas las asociaciones de jueces y fiscales, que "de manera unitaria" han rechazado los recortes en el sector público y por lo que el próximo 21 de septiembre está previsto que se celebren juntas de forma simultánea en todo el país. "Es una medida no habitual que anuncia cierta presión", apunta Bosch, que indica que entre las opciones que se están valorando -aún no planteadas formalmente- estudian realizar concentraciones a las puertas de los sedes judiciales, la suspensión de señalamientos de juicios, paros parciales o la convocatoria de una huelga.

Considera que en el contexto actual se dan las circunstancias para ejercer esos derechos "con cierta firmeza", ya que "en muy pocos meses" el Ejecutivo ha puesto en marcha medidas que limitan los derechos fundamentales "con una gravedad que no tiene precedente en las últimas décadas". Y esto, a su juicio, supone estar pasando "de un sistema que refleja cierto igualitarismo a un modelo de enormes desigualdades sociales", en el que se rompe con criterios de protección social y se protegen los intereses de "determinadas minorías, como pueden ser las entidades bancarias y las grandes empresas".

Para Bosch, a estas minorías no se les exigen los mismos sacrificios que se están reclamando a otras capas de la población que ven recortados sus derechos reconocidos legalmente. "Ante esto solo caben dos alternativas: aceptar estos recortes de derechos de forma resignada o ejercer de forma crítica una serie de derechos como el de manifestación, libertad expresión y en última instancia el de huelga", defiende el portavoz de JpD, que también censura que el Gobierno "no aporte alternativas a esta situación".

Crítica a las reformas del Código Penal

Por otra parte, Bosch ha criticado también las reformas legislativas del Código Penal anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, como la cadena perpetua revisable, el endurecimiento del vandalismo callejero, la multirreincidencia o la modificación de la ley del aborto. "Se trata de reformas propias del populismo punitivo que no atajan los problemas reales y que lo que buscan realmente es distraer a la sociedad a través de golpes de efecto y de titulares", ha opinado.

El grado de dureza de la legislación penal española es "más que suficiente" y lo demuestra, según JpD, el hecho de que con una de las más bajas tasas de delincuencia de la Unión Europea, España tiene uno de los mayores porcentaje de población reclusa.

Como ejemplo, cita Bosch, los desórdenes públicos que se puedan cometer en actos de protesta, que "ya tienen respuesta" en el Código Penal, y cree que su endurecimiento y tipificar como delito medidas pacíficas de protesta, muestra la intención del Ejecutivo. "En vez de intentar convencer a la población sobre la hipotética bondad de las medidas anunciadas, el Gobierno pretende silenciar las formas críticas de protesta y endurecerlas para disuadir al ciudadano de que participen en determinadas manifestaciones", apunta.

Sin embargo, Bosch echa de menos que en casos como los de la delincuencia económica haya una "respuesta penal más clara" ya que generan graves daños a la sociedad, y en cambio sí se actúe sobre otras acciones que requerirían una intervención social para poder evitarlas, como los delitos contra la propiedad intelectual. "El modelo genérico del Gobierno en estos asuntos parece que es el paso del Estado social a un Estado penal de forma que se criminaliza la pobreza", ha concluido.