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Los médicos temen por su integridad tras la supresión del servicio de seguridad

Los trabajadores del área sanitaria presentaron el pasado año 40 denuncias por agresiones en centros médicos, de las cuales tres llegaron ante el juez

23.05.2013 | 02:29

 Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, mediando en una disputa en el Hospital San Agustín el pasado año.
Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, mediando en una disputa en el Hospital San Agustín el pasado año. ricardo solís

Myriam MANCISIDOR La supresión del servicio de seguridad en los centros de salud del área sanitaria avilesina ha puesto en jaque a los profesionales, que temen tanto por su integridad como por la de otros usuarios de los consultorios. De ahí que los trabajadores, sin ánimo de generar alarma, reclamen a la consejería de Presidencia que restituya dicho servicio. Argumentan que los profesionales sanitarios y también los no sanitarios sufrieron el pasado año más agresiones físicas y verbales que nunca, muchas de ellas producidas durante el periodo de huelga que protagonizó el Sindicato Médico (Simpa) a finales de 2012.


Según datos a los que ha tenido acceso este diario, los trabajadores de los centros de salud del área sanitaria avilesina presentaron a lo largo del pasado año un total de cuarenta denuncias por agresiones, de las cuales tres llegaron a los tribunales con sentencia firme. De acuerdo a un informe presentado recientemente por la Organización Médica Colegial (OMC), en 2012 se notificaron a nivel estatal 416 agresiones a médicos; en un 18 por ciento de los casos hubo lesiones y en un 15 por ciento conllevaron baja laboral. La mayoría de las agresiones, según dicho documento, se dieron en el ámbito de la atención primaria (68 por ciento), frente al hospitalario (18 por ciento). De ellas, el 65 por ciento se produjeron en consulta o internamiento y el 22 por ciento en urgencias.


La junta de personal del área sanitaria avilesina salió hace días en contra de la supresión del servicio de seguridad en los centros de salud. El sindicato Simpa y también UGT adoptaron la misma postura. «Cualquiera que reflexione se da cuenta de que este recorte no va sólo contra los profesionales sanitarios y no sanitarios sino también contra los usuarios, porque en ocasiones algunos de estos los altercados dañan bienes públicos como sillas u ordenadores», explicó un portavoz del sindicato UGT con representación en el área sanitaria, que incidió en que la supresión del servicio de vigilancia ha dejado incluso sin servicio las «alarmas antipánico», unos dispositivos que había en algunas consultas de ciertos centros de salud.


«El montaje existe pero ahora no hay conexión», explicó. A día de hoy, la vigilancia y la seguridad están restringidas al Hospital y a la unidad de tratamiento de toxicomanías. «Si el personal de seguridad del San Agustín se debe desplazar a los centros de salud por un altercado es evidente que no llegará a tiempo», concluyeron los afectados.

Asturias supera por vez primera los 9.000 perceptores de salario social

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La consejera de Bienestar advierte de que la partida de 45 millones «se queda corta», mientras da luz verde a los 26 del plan concertado municipal

23.05.13 - 00:13 -

Más de 9.000 asturianos cobran hoy el salario social. La paga destinada a las personas con ingresos inferiores a los 530 euros al mes -es decir, destinada a quienes viven en el umbral de la pobreza- supera una barrera histórica en la región. Nunca hasta ahora se había llegado a una cifra tan alta de beneficiarios que, sin embargo, se queda aún corta respecto a la demanda. Porque sólo en abril se recibieron 501 peticiones nuevas de ayuda, con lo que son 6.300 los expedientes que aún están pendientes de tramitación.

Es decir, si los tiempos burocráticos fueran los legales -en dos meses debe darse respuesta a cada petición-, podrían ser más de 15.000 los asturianos a nómina de la renta básica -que oscila entre los 465 y los 767 euros, según el número de integrantes de la familia- y más de 37.500 los beneficiarios reales, puesto que los expertos calculan que de cada nómina de salario social viven 2,5 personas.

Por ese motivo, la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, alertó ayer de que la partida reservada para esta renta, de 45 millones de euros, «se va a quedar corta». Y eso que es la más elevada aprobada por el Gobierno regional desde que dio luz verde a la Ley del Salario Social, en diciembre de 2005.

En su opinión, es «preocupante» que, tal y como adelantó EL COMERCIO, en el primer trimestre del año la media de peticiones fuera de 400 al mes y, más aún, que en abril se superara el máximo histórico «de 501 peticiones».

Las declaraciones de la consejera llegaron tras su reunión con la Procuradora General, Antonia Fernández Felgueroso, quien le transmitió su preocupación «porque cada vez hay más gente que no tiene prestaciones por desempleo y que lo está pasando muy mal».

Liquidez para los consistorios

Para dar cobertura a las personas afectadas por la crisis económica, el Principado dio ayer luz verde al plan concertado de Bienestar Social, el que financia los servicios sociales municipales básicos y que dará liquidez a los consistorios. Porque el Gobierno regional aporta 26,7 millones de los 48 que supone hacer frente a las peticiones de teleasistencia, ayuda a domicilio, becas de comedor y, sobre todo, ayudas de emergencia.

Este último aspecto, el de las ayudas de urgencia, ha pasado de ser una partida testimonial a protagonizar las cuentas municipales, debido al atasco que suma la Consejería de Bienestar Social y Vivienda en la tramitación del salario social.

A ese incremento de la demanda de ayudas de emergencia suman los ayuntamientos el tener que hacerse cargo, tal y como les obliga el Principado este año, de la ayuda a domicilio a personas con dependencia, novedades que pusieron en pie de guerra a los consistorios de PP y Foro. Los socialistas reclaman la firma del plan para tener «liquidez».

Bienestar Social, que se ha comprometido a evaluar el plan, recuerda que aporta 600.000 euros más para paliar el recorte del 70% aplicado por el Gobierno central.

El Principado aprueba el plan de empleo local para 1.300 parados de larga duración

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El Ejecutivo calcula que los trabajadores, 700 de ellos mayores de 45 años, podrán ocupar sus nuevos puestos a partir del 1 de julio

Graciano Torre y Guillermo Martínez, tras el Consejo de Gobierno

Lne. 23.05.2013 | 07:40Oviedo, Álvaro FAES

El Ejecutivo asturiano aprobó ayer la puesta en marcha del nuevo plan de empleo local, que facilitará el acceso a un puesto de trabajo durante un año a 1.300 parados de larga duración, 700 de ellos mayores de 45 años. El consejero de Economía, Graciano Torre, lo anunció así ayer entre los acuerdos del Consejo de Gobierno, reunido en la sede de Presidencia. Según sus cálculos, los beneficiarios del plan, que llega con cinco semanas de retraso sobre las previsiones iniciales, podrán incorporarse a sus nuevos trabajos «a partir del 1 de julio». Hoy mismo, Torre deberá responder en el Pleno de la Junta a sendas interpelaciones, de IU y de UPyD, grupos que sostienen al Gobierno socialista en minoría, en las que piden explicaciones por la demora en su aplicación.


Los ayuntamientos recibirán 14.400 euros por cada contratación que realicen. El cambio respecto a anteriores convocatorias viene dado por el procedimiento de acceso de los municipios a las ayudas. Las administraciones locales deberán participar en una convocatoria competitiva, tras la que se les otorgará el número de plazas que pueden ofertar a sus vecinos. La convocatoria se publicará en los próximos días en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA), según informó Graciano Torre. Será entonces cuando se conozcan las condiciones de acceso de los ayuntamientos a las ayudas y los puestos que a cada uno le corresponden. Fuentes de la Consejería de Economía apuntan que se atenderá a criterios como el número de desempleados del municipio, sus habitantes y la situación económica del Consistorio en cuestión.


Nada cambia para los aspirantes a conseguir un empleo en su Ayuntamiento respecto a anteriores convocatorias. Los parados de larga duración deberán aguardar a las correspondientes convocatorias en sus localidades de origen. Los contratos tendrán un año de duración desde que se formalicen.


Hasta ahora, la costumbre en el Gobierno del Principado era la de formalizar este tipo de planes de empleo a través de convenios con los ayuntamientos. Sin embargo, un reparo de la Intervención General, al hilo de la normativa vigente en Europa, hizo al Ejecutivo variar el proceso y encaminarlo hacia el concurso entre los ayuntamientos.


Graciano Torre señaló este cambio que solicitó el órgano fiscalizador como el motivo de un retraso «de 37 días» en la puesta en marcha del plan de empleo local, «sobre lo que teníamos previsto», dijo el consejero. «Que se apruebe ahora es la demostración de que estábamos en ello, estas cosas no se tramitan en dos o tres días. No sé de dónde salió que el retraso nos llevaría hasta octubre, me extrañó que se dijera eso», añadió. El portavoz de IU en la Junta General, Ángel González, había atribuido al gobierno esa previsión. González interpelará hoy a Torre al respecto, al igual que Ignacio Prendes, de UPyD. «Ese choque entre legalidad y eficacia es una absoluta falacia, porque se puede actuar con respeto a la legalidad y con la celeridad que exige el problema del paro», afirmó ayer en una rueda de prensa.


Además de estos dos planes (para mayores y para menores de 45 años), el consejero de Economía anunció la que subvencionará cuarenta contratos para los denominados agentes de desarrollo local o de igualdad. Los ayuntamientos también deberán acudir en concurrencia competitiva. Además, según avanzó Torre, el Principado apoyará «hasta con 3.000 euros» cada uno de los 400 contratos correspondientes a los planes de empleo joven en el ámbito municipal, además de 40 euros equivalentes a la cotización del joven. Según el ejecutivo, su aportación corresponde al 60 por ciento del salario.


En total, el Principado invertirá en todas estas medidas para el empleo 22 millones de euros.

El procedimiento .  Asturias

Apoyos para la salida de las pymes al exterior .  Asturias

Colaboración con cuatro centros de integración .  Asturias

Comienza la reparación del argayo de Illas .  Asturias

«El Principado quiere restar importancia al mercurio», dicen los afectados de Imsa

Los intoxicados afirman que Salud miente al ver normal 10 microgramos por litro en sangre: «Dábamos 2 antes de todo esto»

22.05.2013 | 00:00

 El doctor Valentín Rodríguez, durante la charla sobre el mercurio en Asturias que ofreció la semana pasada en Avilés.
 
 

S. FERNÁNDEZ

 La gestión de la crisis del mercurio por parte de la dirección general de Salud Pública del Principado vuelve a estar en entredicho. «Quieren mentir a los asturianos. El doctor Valentín Rodríguez quiso diluir el accidente diciendo que lo que pasa es que comemos mucho pescado, que lo normal es que los que vivimos en Asturias tengamos 10 o 12 microgramos de mercurio por cada litro de sangre. Pues quiero decirlo claramente: mienten. Nosotros, los intoxicados en el accidente de la planta número 4 de tostación de Asturiana de Zinc, tenemos más de treinta analíticas fechadas en junio pasado, antes del accidente de noviembre, que indican que dábamos entre 2 y 4 », aseguró Víctor Calota, portavoz de buena parte de los trabajadores envenenados por mercurio.


El doctor Valentín Rodríguez puso en duda la existencia de los informes que aducen los afectados la pasada semana en Avilés, durante una charla que ofreció en el palacio de Valdecarzana. Y lo negó porque, según su criterio, los medidores sólo atienden a medidas superiores a tres microgramos. «¿En qué se basan para decir esto? ¿En el estudio de los cordones umbiliacales de los bebés? No es verdad que los asturianos tengamos que dar entre 10 y 12 microgramos. Y no es verdad porque ellos, los de Salud, lo achacan al consumo de pescado. ¿Quién tiene dinero para pagar atún rojo o pez espada?», se preguntó Francisco Gallardo, otro de los afectados por el mercurio.


«El Principado claro que miente, sobre todo los responsables de Salud Laboral, que parecen más papistas que el Papa. Ya está claro: una causa y un efecto. ¿La causa? El escape de mercurio. ¿El efecto? 50 personas envenenadas, las únicas reconocidas oficialmente. ¿A qué cuento ir otra vez con el pescado? Los quelantes recetados han confirmado que los ex trabajadores de Imsa tenían más mercurio en el cuerpo que lo que los análisis demostraban. Nos da rabia a los de Comisiones Obreras (CC OO) que los responsables de la Salud Pública intenten minimizar los efectos. No es admisble -aunque, en cierto modo, comprensible- que lo haga la empresa, pero los de Salud Pública... O tienes o no tienes mercurio», se lamentó Javier Vázquez, el secretario de Salud Laboral de la Federación de Industria de CC OO.


«Estamos hasta las narices de que la director de Salud Pública y el Principado piensen que los asturianos somos tontos y que se nos puede engañar como a un niño. Vamos a ver, ¿nos van a tener que analizar a todos los españoles? No se contaminó un señor que comía pescado en un bar de Avilés, fueron 50 tipos de Imsa que fueron a trabajar dentro de Azsa. ¿Qué pasa? ¿Los de Imsa comen más pescado que el resto de los mortales? Desde luego que el Principado gestiona esto con unos criterios que tienen poco que ver con la realidad».


El doctor Rodríguez sustentó sus ponencia en estudios referidos a mujeres y sus hijos españoles. Para Rodríguez estos datos son universales, es decir, también son aplicables a los hombres.

La recepción regional será hoy en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo a las 12:00h…

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El Hospital de Cabueñes recibe a los 53 residentes que inician su formación en el área sanitaria

GIJÓN/OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS)

 

El Hospital de Cabueñes recibe este martes a los 53 licenciados en Ciencias de la Salud que inician su formación en el Área Sanitaria V, con cabecera en Gijón. El acto de bienvenida se ha celebrado en el salón de actos del centro sanitario y ha contado con la presencia del equipo directivo, encabezado por la gerente, Montserrat Bango.

Los residentes han recibido una guía básica de orientación con información esencial sobre el funcionamiento del centro y los profesionales que desarrollan allí su labor, según indica el Gobierno del Principado en nota de prensa.

Las plazas convocadas este curso han sido ocupadas por 14 residentes de enfermería, (tres matronas, uno de pediatría, cuatro de salud mental y seis de atención familiar y comunitaria), 16 residentes de medicina familiar y comunitaria (cuatro más que en la última convocatoria), dos de salud mental (un psiquiatra y un psicólogo), 20 residentes de diferentes especialidades hospitalarias y uno de medicina del trabajo. Este año se incorpora por primera vez a Cabueñes un enfermero interno residente de pediatría.

En total, los hospitales públicos y concertados del Principado de Asturias reciben este año a 191 profesionales sanitarios, 148 de ellos licenciados en Medicina. La oferta incorpora las tres nuevas plazas acreditadas en 2012 en la especialidad de enfermería pediátrica, una en Cabueñes y dos en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

 

JORNADA DE RECEPCIÓN

Además, la Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) celebran este miércoles en Oviedo una jornada de recepción a todos los residentes que inician su formación sanitaria especializada en centros de la comunidad autónoma.

El consejero, Faustino Blanco, inaugurará el encuentro, que será clausurado por la directora gerente del Sespa, Celia Gómez, y en el que también participará el director general de Innovación Sanitaria, Enrique González.

En ese marco, el doctor Martín Caicoya pronunciará la ponencia 'El sistema sanitario del Principado de Asturias' y el profesor Vicente Ortún, de la Universitat Pompeu Fabra Vicente, ofrecerá la charla 'Los MIR en la encrucijada'.

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Madrid da prioridad en las ofertas de trabajo a los desempleados que cobran prestaciones

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Los sindicatos acusan al Gobierno autonómico de buscar recortes de gasto 

 Asturias prima a los parados más precarios y a los jóvenes, afirma Torre

Lne. 22.05.2013 | 00:00 Oviedo, Marián MARTÍNEZ

La polémica ha saltado en Madrid, al conocerse que el Gobierno regional ha ordenado que en oficinas del Servicio Público de Empleo se dé prioridad en las ofertas de trabajo a los parados que cobran prestación, y a los que tienen Bachillerato y entre 20 y 45 años. Según los sindicatos, el objetivo es reducir, así, el gasto en prestaciones con una medida que además discrimina a los desempleados más precarios.


El planteamiento y directrices que ha pautado el Gobierno popular de Madrid es contrario al que se aplica en Asturias, donde la prioridad se centra en los parados mayores de 45 años que no cobran prestación y los jóvenes, para facilitar su acceso al mercado laboral, según las medidas que figuran en el pacto de concertación entre el Gobierno regional, la patronal, FADE, y los sindicatos UGT y CC OO.


La Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid explica en un documento que las prioridades responden a un «plan piloto» que se aplica sólo en cuatro oficinas y que se inició en febrero, según la Cadena Ser. El Ejecutivo regional matizó que se trata de probar una «herramienta para modernizar la gestión de las oficinas», y que si el «programa experimental sale bien se aplicará a todos los parados antes de julio». También añadió que dar prioridad a unos parados de determinado perfil no significa desatender a los demás.


La política que se sigue en Asturias contra el desempleo da prioridad a los colectivos más desfavorecidos, según explicó ayer el consejero de Empleo, Graciano Torre. «Lo que decidió el Principado no es reducir el número de prestaciones, sino dar atención a los que están en peor situación y necesitan ayuda con más urgencia. Para eso se utilizan el marco del pacto de concertación y los planes de empleo joven».


Por un lado, se da prioridad a los mayores de 45 años sin prestaciones a través de los planes locales de empleo. Por otro, se está siguiendo un programa específico destinado a los jóvenes menores de 30 años, que, a su vez, se subdivide en tres proyectos diferentes: información y orientación, formación y primera experiencia profesional.


El próximo lunes se reforzará el personal de las oficinas de empleo en la región, con la incorporación de 49 técnicos orientadores.

La reforma laboral del PP discrimina a los parados

ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL Principado de Asturias EN MATERIA DE COMPENSACIÓN PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN CENTROS DE TRABAJO OBJETO DE CIERRE OBLIGATORIO

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Boletín Nº 117 del miércoles 22 de mayo de 2013

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Acuerdo de 8 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias en materia de compensación para el personal que presta servicios en centros de trabajo objeto de cierre obligatorio.

El artículo 37.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP), señala las materias que serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda, señalando como tales las que recoge en su apartado m), a saber: Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.

Texto de la disposición   PDF de la disposición (171 Kb)  

Simplemente un buen artículo…

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Una cruzada contra la libertad reproductiva

Debemos respetar los valores sobre el aborto del ministro Gallardón mientras se limite a aplicarlos en su vida privada; pero no es de recibo que ponga el aparato coercitivo del Estado al servicio de la moral católica

Por Jesús Mosterín (*)

21.05.13 en TRIBUNA de El País.

 

El primer ministro de India, el sij Manmohan Singh, siempre luce turbante. Los sijs piensan que los cabellos forman parte de nuestra naturaleza, que crecen por la gracia de Dios y que no hay razón alguna para cortarlos. No se los cortan nunca, sino que los arremolinan sobre la cabeza y los cubren con el turbante. En resumen, los sijs prohíben cortarse el pelo, pero se lo prohíben a sí mismos, no a los demás. El sijismo es una religión tolerante. Y Singh es uno de los líderes políticos más respetados del mundo actual. Aunque es el jefe del Gobierno, y aunque él no se lo corta, no se le ocurriría prohibir el corte de pelo al resto de los indios ni imponer el turbante a golpe de decreto. Singh es un auténtico demócrata, que no pretende abusar del monopolio legal de la violencia que ejerce el Estado para imponer las opiniones y valores de su secta a los ciudadanos que no las comparten.

 

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que tantas cosas hizo mal, hizo bien algunas, como la ley orgánica de 2010 que despenaliza la práctica voluntaria del aborto durante las primeras 14 semanas del embarazo. Con esta ley tan moderada y poco original, no hacía sino adaptar la legislación española a lo que es normal en toda Europa (con la excepción de Irlanda y Polonia, bloqueadas por la tremenda interferencia eclesiástica) y en casi todo el mundo desarrollado, desde Estados Unidos y Canadá hasta China y Japón, pasando por India, Rusia, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, etcétera.

 

En su gestión al frente de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón sobresalió como el alcalde más derrochador de España, acumulando los mayores déficits y los más abultados impagos a proveedores, multiplicando la deuda de la ciudad por cuatro y haciéndola seis veces mayor que la de Barcelona. Es sorprendente que un Gobierno como el de Rajoy, enfocado en la reducción del déficit, lo premiase nombrándolo ministro. Y es asombroso que le permita desviar la atención política desde la resolución de la grave crisis económica actual hacia las anacrónicas reivindicaciones episcopales sobre el aborto. En cuanto tomó posesión de su cargo, Gallardón anunció una cruzada contra las mujeres que quisieran ejercer su libertad reproductiva. Las decisiones sobre el embarazo no las deben tomar las embarazadas, sino los obispos, como en Irlanda, donde las mujeres se van a abortar a Inglaterra. Más adelante, y en plan displicente, indicó que no iba a meter en la cárcel a las mujeres que quisieran abortar (aunque no aclaró si les pagaría el viaje a Inglaterra), pues en realidad eran víctimas. Desde luego, si se cumplen sus planes, serán víctimas de Gallardón. Todos debemos respetar las ideas y valores católicos fundamentalistas del ministro mientras se limite a aplicarlas en su vida privada o en el entorno de sus correligionarios, como hace Singh en India. Lo que no es de recibo es que pretenda poner el aparato coercitivo del Estado al servicio de la imposición de la moral católica a los no católicos.

 

En nuestra especie, el desarrollo uterino dura unas 39 semanas, las primeras ocho de las cuales constituyen el periodo embrionario, en el que más de un tercio de los embriones abortan espontáneamente, sin que la madre ni siquiera se entere. La mayoría de los abortos inducidos (en Inglaterra, el 70%) se producen también durante el periodo embrionario. A partir de la novena semana, el embrión pasa a llamarse feto. El feto, que inicialmente pesa unos ocho gramos, va creciendo y desarrollándose todo el tiempo hasta el nacimiento. Las conexiones tálamo-corticales del cerebro, que son esenciales para el posterior desarrollo de percepciones y sentimientos, no empiezan a formarse hasta las 28 semanas. Por eso es seguro que en las primeras 14 semanas no hay posibilidad alguna de actividad psíquica o vida personal. Naturalmente, el embrión es un ser vivo, pero también lo es el mosquito e incluso las bacterias. La mayoría de las mujeres embarazadas quieren llevar a término su embarazo y parir un bebé sano; ese bebé es lo más importante del mundo para ellas. El aborto siempre es un trauma y ninguna mujer lo realizaría a la ligera. La creación de un nuevo ser humano es un milagro maravilloso, pero la elección del momento oportuno para producir milagros en el vientre de una mujer debe realizarla esa mujer, no el ministro u obispo de turno. Por eso casi todos los países desarrollados han adoptado leyes de plazos como la española actual. No hay razón alguna para variarla.

 

Especialmente inquietantes son los anuncios de Gallardón de que quiere obligar a los padres que han tenido la desgracia de concebir un feto con graves malformaciones a llevar a término el embarazo, condenándolos a ellos, al hijo y a la sociedad a incontables sufrimientos inútiles y sin esperanza. Un gran progreso del mundo civilizado ha consistido en que las madres se enteren por adelantado de si han tenido la mala suerte de concebir un embrión malformado que no ha abortado espontáneamente (como suele suceder) y así puedan provocar su aborto inducido. Como declaraba recientemente una madre valenciana que acababa de abortar un feto con síndrome de Down y varias otras malformaciones, “prefiero llorar un mes que llorar toda la vida”. Desde luego, los padres que decidan llevar a término el embarazo del feto defectuoso y que deseen sacrificar sus vidas por criarlo, merecen respeto y apoyo, aunque no suele ser eso lo que elige la mayoría de la gente razonable en ningún país del mundo. Los padres que prefieran tener hijos capaces de vivir una vida humana en plenitud también tienen derecho a abortar cuando los dados genéticos les hayan sido desfavorables y a ensayar una nueva partida. La reproducción y la gestación de un hijo son algo demasiado importante para dejarlo al albur del azar. En cualquier caso, es a los padres, y no a Gallardón, a quienes corresponde decidir.

 

Tanto el partido republicano de Estados Unidos como el PP de España son conglomerados, que, junto a conservadores y liberales, incluyen una facción de extrema derecha cristiana, monotemáticamente obsesionada por su oposición a la libertad reproductiva de las mujeres y por su celebración de la enfermedad y la malformación de los fetos como pruebas a las que Dios nos somete para hacernos sufrir en este valle de lágrimas; esta inversión en sufrimiento será recompensada en ultratumba al ciento por uno. Dios nos libre de estos asesores en inversiones escatológicas y de su timo de la estampita. Los republicanos estadounidenses han perdido las dos últimas elecciones en parte por la ultraderecha cristiana, que atrae a votantes extremistas en las primarias, pero provoca rechazo entre la mayoría moderada de los electores.

 

Sarah Palin, compañera de candidatura del republicano Cain en las elecciones de 2008, siempre ha presumido de negarse a abortar su feto Trig con el síndrome de Down, lo que le valió una gran popularidad entre los fanáticos antiabortistas, pero al final quitó votos a Cain, que perdió las elecciones. En los últimos comicios (en 2012), el ultraderechista cristiano Rick Santorum estuvo a punto de arrebatar la candidatura republicana a Mitt Romney, al que acorraló con su retórica, obligándolo a adoptar posiciones más extremas y menos atractivas para el público que las que habitualmente había defendido. El programa de Santorum se reduce a una glorificación demencial del sufrimiento, la enfermedad y la malformación. No solo se opone (sin éxito) a todo aborto, incluso tras una violación, sino que incluso ha dedicado su propia vida a tan extraño empeño. Su hijo Gabriel era un feto inviable que nació prematuramente (a las 20 semanas) y murió de inmediato. No obstante, Santorum y su mujer se empeñaron en dormir con el cadáver en el hospital, lo llevaron a casa y lo presentaron a sus otros hijos como su “hermano Gabriel”. En 2008, y contra la opinión de los médicos, se empeñó en que naciera su hija Isabella, con malformaciones tan graves como la letal trisomía 18 (tres copias del cromosoma 18). Esa pobre criatura ha pasado su breve vida en quirófanos. De todos modos, tanto Palin como Santorum son belicistas acérrimos, defensores de todas las guerras y partidarios a ultranza de las armas de fuego y de la Asociación Americana del Rifle.

 

(*) Jesús Mosterín es filósofo y autor de La naturaleza Humana (Espasa) y El reino de los animales (Alianza, 2013).