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Varapalo judicial conjunto a Foro y PSOE

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El Tribunal Superior repone a César Morís al frente del área del corazón del HUCA, a la que casquistas y socialistas le habían negado el retorno

Foto: César Morís

Lne. 24.04.2013 | 01:24  Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de propiciar un varapalo con destinatario doble: Foro Asturias y el PSOE. La resolución judicial -fechada el pasado lunes- repone a César Morís en la dirección del área del corazón del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Los casquistas le habían denegado el retorno a este cargo y los socialistas habían recurrido una resolución judicial anterior que le daba la razón.


El doctor Morís ocupaba la dirección del área del corazón del HUCA cuando en 2007 fue nombrado director médico del HUCA bajo un Gobierno regional de signo socialista. En 2011, con la llegada de Foro al Ejecutivo, dejó la dirección médica y los casquistas rechazaron su pretensión de retornar a la responsabilidad que desempeñaba en 2007, sólo le permitieron volver a una jefatura de sección que había ocupado con anterioridad.


Fue entonces cuando el cardiólogo acudió a los tribunales y una sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Oviedo del pasado diciembre le dio la razón: debía ser repuesto en la dirección del área del corazón. Sin embargo, esta resolución fue recurrida por el Servicio de Salud del Principado (Sespa), con la singularidad de que para entonces la Administración sanitaria estaba de nuevo dirigida por los socialistas, que eran precisamente quienes habían nombrado en su día al doctor Morís director médico del HUCA. Además, con su recurso las autoridades del PSOE defendían una medida adoptada por las de Foro.


La resolución dictada ahora por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirma en todos sus términos la sentencia anterior. Sostiene que la negativa a reponer a Morís en la dirección del área del corazón del HUCA vulnera tanto el estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud como el plan de ordenación de recursos humanos del Sespa.


«Es innegable el derecho del apelado a retornar desde la situación de servicios especiales, en que cesa, al puesto de trabajo del que procedía, que resulta haber sido obtenido por el mismo sistema que aquél en el que se le concede la reincorporación y que tiene la misma naturaleza temporal en cuanto está igualmente sujeto a evaluaciones cuatrienales a efectos de continuidad», señala la Sala de lo Contencioso, que hace suyos los argumento de Domingo Villaamil, abogado del doctor Morís.


El Gobierno casquista había justificado la negativa a que Morís volviera a su cargo anterior argumentando que éste no era un puesto consolidado. Asimismo, la Consejería de Foro argüía que, en rigor, la plaza que el cardiólogo reclamaba ya no existía, ya que cuando él la dejó para acceder a la dirección médica del HUCA estaba en vigor la denominada área de gestión clínica del corazón, entidad que el Gobierno socialista convirtió, en 2009, en área de gestión clínica de cardiovascular. En marzo de 2012 el Ejecutivo de Foro desgajó de la misma el servicio de cirugía vascular y la sección de radiología vascular intervencionista, con lo que el área recuperó su rótulo inicial. En paralelo, lo que antaño era un puesto de coordinador del área se había convertido en un cargo de director, circunstancia que no ha sido óbice para que tanto el Juzgado como la Sala lo hayan considerado idéntico puesto de trabajo.


Pocas semanas antes de dejar el Gobierno, el equipo casquista publicó en el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA) la convocatoria para la provisión del puesto de director del área de gestión clínica del corazón del HUCA. Se preveía que a la plaza concurriesen, al menos, el propio César Morís y José Luis Rodríguez Lambert, quien había sido nombrado por los responsables de Foro director provisional del área cuando denegaron a Morís el retorno que solicitaba. A fecha de hoy, el proceso no ha dado paso alguno.

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El Tribunal Superior repone a César Morís al frente del área del corazón del HUCA, a la que casquistas y socialistas le habían negado el retorno

Foto: César Morís

Lne. 24.04.2013 | 01:24  Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de propiciar un varapalo con destinatario doble: Foro Asturias y el PSOE. La resolución judicial -fechada el pasado lunes- repone a César Morís en la dirección del área del corazón del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Los casquistas le habían denegado el retorno a este cargo y los socialistas habían recurrido una resolución judicial anterior que le daba la razón.


El doctor Morís ocupaba la dirección del área del corazón del HUCA cuando en 2007 fue nombrado director médico del HUCA bajo un Gobierno regional de signo socialista. En 2011, con la llegada de Foro al Ejecutivo, dejó la dirección médica y los casquistas rechazaron su pretensión de retornar a la responsabilidad que desempeñaba en 2007, sólo le permitieron volver a una jefatura de sección que había ocupado con anterioridad.


Fue entonces cuando el cardiólogo acudió a los tribunales y una sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Oviedo del pasado diciembre le dio la razón: debía ser repuesto en la dirección del área del corazón. Sin embargo, esta resolución fue recurrida por el Servicio de Salud del Principado (Sespa), con la singularidad de que para entonces la Administración sanitaria estaba de nuevo dirigida por los socialistas, que eran precisamente quienes habían nombrado en su día al doctor Morís director médico del HUCA. Además, con su recurso las autoridades del PSOE defendían una medida adoptada por las de Foro.


La resolución dictada ahora por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirma en todos sus términos la sentencia anterior. Sostiene que la negativa a reponer a Morís en la dirección del área del corazón del HUCA vulnera tanto el estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud como el plan de ordenación de recursos humanos del Sespa.


«Es innegable el derecho del apelado a retornar desde la situación de servicios especiales, en que cesa, al puesto de trabajo del que procedía, que resulta haber sido obtenido por el mismo sistema que aquél en el que se le concede la reincorporación y que tiene la misma naturaleza temporal en cuanto está igualmente sujeto a evaluaciones cuatrienales a efectos de continuidad», señala la Sala de lo Contencioso, que hace suyos los argumento de Domingo Villaamil, abogado del doctor Morís.


El Gobierno casquista había justificado la negativa a que Morís volviera a su cargo anterior argumentando que éste no era un puesto consolidado. Asimismo, la Consejería de Foro argüía que, en rigor, la plaza que el cardiólogo reclamaba ya no existía, ya que cuando él la dejó para acceder a la dirección médica del HUCA estaba en vigor la denominada área de gestión clínica del corazón, entidad que el Gobierno socialista convirtió, en 2009, en área de gestión clínica de cardiovascular. En marzo de 2012 el Ejecutivo de Foro desgajó de la misma el servicio de cirugía vascular y la sección de radiología vascular intervencionista, con lo que el área recuperó su rótulo inicial. En paralelo, lo que antaño era un puesto de coordinador del área se había convertido en un cargo de director, circunstancia que no ha sido óbice para que tanto el Juzgado como la Sala lo hayan considerado idéntico puesto de trabajo.


Pocas semanas antes de dejar el Gobierno, el equipo casquista publicó en el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA) la convocatoria para la provisión del puesto de director del área de gestión clínica del corazón del HUCA. Se preveía que a la plaza concurriesen, al menos, el propio César Morís y José Luis Rodríguez Lambert, quien había sido nombrado por los responsables de Foro director provisional del área cuando denegaron a Morís el retorno que solicitaba. A fecha de hoy, el proceso no ha dado paso alguno.

«Me mantiene mi padre, de 93 años, porque mi paga se quedó en 278 euros al mes»

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Rafa Funes, tetraparesio de El Entrego con el máximo grado de dependencia, dice que «el problema de esta ley es que nadie creyó en ella»
Foto: Rafael Funes, en su silla de ruedas acompañado de su padre, Antonio, de 93 años. :: JUAN CARLOS ROMÁN
El comerecio. 24.04.13 - 00:23 - CH. TUYA | GIJÓN.
«Mi padre está para que le cuiden a él. De hecho, debería vivir en una residencia, para recibir la atención profesional que necesita, pero, claro, si él se va yo quedo con 278 euros al mes...¿y de qué vivo? Su pensión se la come la residencia».

A sus 54 años, Rafael Funes es el paradigma de la Ley de la Dependencia. Para casos como el de este vecino de El Entrego, el de un tetraparesio -dolencia que le impide controlar el movimiento de sus extremidades -con nulo nivel de autonomía personal, dependiente de sus padres para las actividades básicas de la vida diaria -necesita quien le vista, silla de ruedas para moverse, una grúa para acostarse y apoyo para el aseo personal- nació la ley.

Recogía el texto aprobado en diciembre de 2006 que Funes, y el resto de españoles con máximo nivel de la dependencia o con mínimo nivel de autonomía personal, tendrían derecho a diferentes servicios -plaza residencial, ayuda a domicilio, centro de día, de integración y, sobre todo, asistente personal- o prestaciones económicas, tanto para buscarse en la red privada la atención necesaria como para pagar a un familiar por cuidarles.

Sin embargo, cinco años después de su entrada en vigor, este entreguino, el primero en solicitar ayudas en la región, aquel 23 de abril de 2007, confiesa que «estoy peor que antes de que la aprobaran». Lo dice porque, pese a carecer de toda autonomía personal, pese a que necesita ayuda para comer, para asearse, para levantarse o acostarse, para ir al baño «para todo, hasta que no me sientan en la silla, yo no puedo hacer nada», como beneficiario de la Ley de la Dependencia en su máximo nivel recibe «278 euros al mes». Sin más.

De ese dinero, entiende el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el ente que gestiona la Ley de la Dependencia, «que yo tengo que sacar para contar con una persona a mi lado 24 horas al día». Una persona que sí tiene, pero porque la paga su padre, con su pensión de 1.360 euros al mes, algo que enrabieta a su hijo «es su pensión, como los 598 euros que le dan por tenerme. No es mi dinero. Él me mantiene y yo no puedo hacer nada».

Pero sí hace. Socialista militante, ha estado siempre en los comités de discapacidad de su partido «hasta lograr que San Martín sea un municipio accesible», y ahora dirige el centro social de El Entrego, un cargo «sin remuneración, claro». Desde su militancia, es el primero en reconocer que «el problema de esta ley es que nadie creyó en ella», ni siquiera su partido, que la impulsó e implantó hace cinco años. «Era una ley muy ambiciosa, tenía que ser la mejor ley aprobada nunca en España, pero la han asfixiado».

El joven Funes mira al Funes senior. Ambos lloran la muerte de la madre y esposa, Consuelo. «Ellos siempre lo dieron todo por mi y yo sigo sin poderles dar nada a ellos».

Dos de cada cien asturianos son dependientes, pero el 40% no recibe ningún tipo de ayuda

La Ley de la Dependencia cumplió ayer cinco años de implantación en Asturias, con 25.448 casos y sólo 15.566 prestaciones concedidas

El Comercio. 24.04.13 - 00:27 - CHELO TUYA ctuya@elcomercio.es | GIJÓN.

2 de cada 100 asturianos son dependientes. 25.448 personas cuentan con un certificado de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda que acredita que su escasa autonomía personal les convierte en beneficiarios de la Ley de la Dependencia. Sin embargo, sólo 15.566 reciben una ayuda. Es decir, el 40% se ha quedado sin cobertura económica. De ellos, 3.459 porque están en el denominado ’limbo’, es decir, ya saben que tienen derecho a la ayuda, pero aún no la reciben debido al atasco en la gestión. El resto, porque los cambios introducidos en la ley el pasado verano por el Gobierno central les han dejado a la espera.

La Ley de la Dependencia cumplió ayer su primer lustro de andadura envuelta en polémica y marcada por los recortes. El 23 de abril de 2007 Asturias era la primera comunidad del país en poner en marcha una norma nacida para equiparar en derechos a las personas con escasa autonomía personal. El carácter pionero del Principado es un demérito del resto de comunidades, incluida la asturiana, ya que la ley debería haber comenzado a aplicarse el 1 de enero anterior. No sería hasta el verano cuando se diera por implantada en todo el país.

Estos trompicones iniciales ya apuntaban un difícil desarrollo de una norma compleja que obligaba las administraciones a ofrecer a las personas con dependencia todo tipo de servicios -residencia, centro de día, de integración, ayuda a domicilio, teleasistencia y, sobre todo, asistente personal- o ayudas económicas, tanto para pagarse en el sector privado la plaza que no encontraran en la red pública o, en menor medida, para pagar a un familiar como cuidador. Cinco años después, esa paga, calificada de excepcional, la cobran en Asturias 8.647 personas, casi la mitad de los beneficiarios.

Mientras los dependientes critican los retrasos que acarrea la ley y los recortes aplicados -no es posible compatibilizar servicios, las pagas al cuidador familiar se han rebajado, al igual que las prestaciones- la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, defiende los cambios realizados porque, dice, con ellos «ahora el Sistema de Atención a la Dependencia es transparente», con «132.000 nuevos beneficiarios en un año». Según explicó ayer en el Senado, la ley «es hoy más sostenible que hace un año». Pero no que hace cinco.

En el marco del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que se conmemora el próximo día 28 de abril… los tres sindicatos harán una manifestación en Oviedo este jueves 25.

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Asturias, segunda comunidad autónoma con mayor índice de siniestralidad laboral

Foto: De izquierda a derecha Ángel Suárez (USO), Esther Iglesias (UGT) y José Antonio Iglesias (CC.OO.).

RTPA

En Asturias, uno de cada 26 trabajadores sufrió un accidente laboral en 2012, situando a la región, por quinto año consecutivo, como la segunda comunidad autónoma con mayor índice de incidencia de accidentes laborales siendo la media en España uno de cada 37. 

Es uno de los datos ofrecidos hoy por los sindicatos con motivo del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que se celebra el próximo 28 de abril.

Según UGT, CCOO y USO, la negativa coyuntura económica ha determinado que la prevención de accidentes laborales "pase a segundo plano" a lo que se añade la precarización de las condiciones de trabajo derivadas de las últimas reformas que lleva incluso a que se oculten las bajas ante el riesgo de ser despedido.

En rueda de prensa, el secretario de Salud Laboral de CCOO de Asturias, José Antonio Iglesias,  ha señalado que la reforma laboral ha determinado también que se transfiera a las mutuas la potestad de decidir un alta dado que, cuando las aprueban, un facultativo debe denegarla para que no se haga efectiva mientras hasta ahora era el médico el que debía firmarla para llevarla a cabo.

Iglesias ha incidido en que, con la crisis, la prevención de riesgos laborales vuelve a verse como un coste y no como una inversión y ha recordado que en 2012 se registraron en Asturias 32 accidentes diarios en este ámbito y 15 fallecimientos mientras que, en lo que va de año, la cifra de muertos se eleva ya a seis.

En este sentido, su homóloga de UGT, Esther Iglesias, ha señalado que el descenso en las cifras de siniestralidad está directamente ligado al incremento dado que ambos parámetros evolucionan en magnitudes similares a lo que se añade el hecho de que muchos accidentes graves se computan como leves y que estos últimos se ocultan ante las "presiones" de las empresas a los trabajadores.

La dirigente ugetista ha apuntado además que, en el caso de los siniestros mortales, los sindicatos han constatado que sólo se incorporan a las estadísticas los casos en los que el trabajador fallece en las 48 horas posteriores al accidente.

Para el responsable de Acción Sindical de USO, Ángel Suárez, a estas circunstancias se añade además el hecho de que se han reducido las políticas de formación en las empresas a los trabajadores, fundamentalmente para los que tienen contratos temporales.

Así, el perfil del operario siniestrado en Asturias corresponde a un hombre de entre 35 y 39 años que trabaja con un contrato temporal desde hace menos de un años en una empresa del sector industrial con menos de cincuenta empleados.

3.490 accidentes en 2012

CCOO, UGT y USO advierten de que Asturias es la segunda comunidad que presenta un mayor índice de accidentalidad laboral

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS)

Los portavoces de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO), José Antonio Iglesias; la Unión General de Trabajadores (UGT), Esther Alonso; y la Unión Sindical Obrera (USO), Ángel Suárez, han advertido este martes de que Asturias es la segunda comunidad autónoma que presenta un mayor índice de accidentalidad laboral, en cinco años consecutivos.

Por ello, han convocado una manifestación para el jueves 25 de abril en contra de las reformas y los recortes del Gobierno en materia de seguridad y prevención laboral.

La marcha partirá a las 12.30 horas desde la plaza América y concluirá en la plaza España con la lectura de un manifiesto conjunto. Bajo el lema 'Las reformas y los recortes del gobierno hacen peligrar la seguridad y la salud en el trabajo', los sindicatos denuncian los recortes de más del 40 por ciento del presupuesto destinado a políticas públicas en prevención de riesgos laborales.

Según han indicado los sindicatos en rueda de prensa en CCOO, en el Principado se han registrado un total de 3.490 accidentes en 2012, mientras que la media nacional se sitúa en 2.795. En cuanto a la tasa de mortalidad por causas laborales se han contabilizado un total de 15 muertes, el pasado año, y seis hasta febrero de 2013.

Los portavoces de los sindicatos han advertido que la crisis conlleva a la "relegación" de la prevención laboral a un segundo plano de interés. "Se incrementa proporcionalmente la posibilidad y riesgo de sufrir accidentes, así como, de contraer enfermedades en el trabajo que no siempre son consideradas con un origen laboral" indican.

La secretaria general de Salud Laboral de UGT, Ester Alonso, ha indicado que "la crisis está sirviendo de excusa para relegar a un segundo plano la prevención de riesgos laborales". Por lo que, Alonso ha advertido de que se "está volviendo" a las condiciones laborales de hace 20 años.

En referencia los recortes en materia de prevención de riesgos laborales, así como de Sanidad, la portavoz los considera "inhumanos" e indica que "se está jugando con la salud y la vida de los trabajadores y ciudadanos".

Por otro lado, Alonso ha apuntado que el paro y la siniestralidad están "directamente relacionados", argumentado que en 2012 disminuía un 21 por ciento la siniestralidad, mientras que el paro se incrementaba un 26 por ciento. Mientras que, hasta febrero de 2013 el Instituto de Estadística contabilizaba hasta un 8,4 por ciento en aumento del paro, frente a un 8,8 de descenso en la siniestralidad.

ACCIDENTES

Los accidentes laborales registrados se enmarcan en las categorías de leves, graves o mortales. La portavoz de UGT ha advertido de que las empresas "ocultan" parte de los accidentes leves porque reciben bonus o descuentos para la Seguridad Social. También se atribuye el no reconocimiento de estos accidentes por el temor de los trabajadores a perder su puesto de trabajo.

También, ha advertido sobre aquellos accidentes que se inscriben como leves y sobre los incidentes mortales. Ante este último, ha destacado el caso del trabajador fallecido días después de la explosión de una caldera, de la empresa Reny Picot de Navia.

Respecto a este fallecimiento, la portavoz ha advertido que este suceso no está registrado en el Instituto de Estadística como "accidente laboral" ya que su muerte aconteció diez días después del incidente, por la gravedad de sus heridas.

Según ha apuntado, el perfil general del accidentado laboral es un hombre entorno a los 35 y 39 años, que lleva menos de un año en la empresa con un contrato temporal. La entidad suele tener menos de 50 trabajadores y, normalmente, pertenece al sector Industrial.

Ante la pregunta de los medios sobre el accidente de la asturiana de zinc, los responsables sindicales han indicado que "no hubo una política adecuada de prevención". Asimismo, consideran que es lamentable que haya tenido que haber un accidente grave para que se investigue.

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OPE FEAs SESPA, en el BOPA de hoy…

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Fecha y el procedimiento a seguir para la elección de plazas y relación de estas en la especialidad de Psiquiatría…

Consejería de Sanidad

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace pública la relación de plazas a adjudicar en el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de Facultativo Especialista de Área en la especialidad de Psiquiatría del Servicio de Salud del Principado de Asturias, y se fija la fecha y el procedimiento a seguir para la elección de plazas por los aspirantes que hayan superado los citados procesos selectivos. 

PDF de la disposición

«No son buenos tiempos para ser médico»

Alejandro Braña (Oviedo, 1950) se estrena como presidente del Colegio de Médicos de Asturias, aunque este cirujano, que dirige el servicio de Traumatología del HUCA desde hace una década, es un gran conocedor de la organización, en la que se mantuvo como secretario los últimos doce años. Braña, que dice tener una vocación visceral por la medicina («no podía haber sido otra cosa que médico», confiesa), se ofrece a dialogar con la Administración, pero recuerda que «los médicos ya hemos perdido mucho». Es un gran madrugador (se levanta todos los días, incluso los fines de semana, a las 5.20 de la mañana), un dibujante aficionado y un lector empedernido. Está viudo y tiene seis hijos.

-En el Colegio de Médicos se ha vuelto a presentar una sola candidatura, en este caso, la suya. ¿Qué ocurre? ¿Nadie quiere este puesto o es que el Colegio se está quedando solo?

-No, no, de solo, nada. El Colegio de Médicos es una entidad muy potente, con casi 6.000 colegiados y gran una afluencia. Si no hubo otra candidatura será porque o bien están conformes con lo que hacemos, o bien, pese a ser otra opción, consideran que no cuentan con el apoyo suficiente.

-Los recortes afectan cada vez más a la sanidad y Asturias acaba de salir de uno de los conflictos sanitario más tensos que se recuerdan. ¿Son malos tiempos para ser médico?

-No son buenos tiempos para ser médico. Ahora mismo, un facultativo joven tiene por delante el peor futuro de los últimos 35 años.

-¿Qué le aconsejaría a alguien que piensa en estudiar Medicina?

-La Medicina es vocación, pero hay que poder ejercerla. Lo que le diría es que valore cuán fuerte es su vocación, porque habrá un porcentaje importante de médicos que no tendrán la posibilidad de ejercer o que lo harán en malas condiciones laborales.

-Su antecesora, Carmen Rodríguez, discrepó con todas las administraciones. ¿Seguirá su estela?

-Soy un gran defensor del diálogo constructivo y de tender la mano. A mí me van a encontrar siempre dispuesto a llegar a acuerdos que beneficien a los médicos.

-¿Y si le llaman para pedirle que arrime el hombro por los tiempos difíciles en los que estamos?

-Ese un mensaje fácil de decir, pero que puede esconder también un problema de gestión. Las administraciones no pueden plantear permanentemente la idea de que como esto está mal, hay que solucionarlo con el hombro de los demás.

-Da la impresión de que, tanto en materia judicial como en el día a día, los médicos siempre ganan.

-No es que los médicos siempre ganan, es que siempre tuvimos razón.

-Eso en lo judicial, pero, ¿y en el día a día? Hay otros colectivos que tampoco lo están pasando bien.

-Los facultativos no somos unos privilegiados como nos quieren hacer ver. En los últimos tiempos hemos perdido mucho. El problema es que la Administración nos mira con recelo pensando que tenemos intereses espurios y que siempre estamos buscando nuestro propio interés.

-¿Y no es así?

-En absoluto. El médico está muy implicado con el sistema público, y el que trabaja en la privada, con la privada. El gran error de las administraciones ha sido prescindir del facultativo a la hora de tomar decisiones.

-Tras lograr su Colegio echar abajo lo de la exclusividad obligatoria, el Principado anuncia ahora otra normativa con la que pretende que los cargos intermedios de la sanidad pública no puedan ejercer en la privada. ¿Qué le parece?

-No estamos de acuerdo con ese planteamiento en absoluto. El Principado hace un uso incorrecto de ese asunto planteando la actividad pública contra la privada y dando a entender que uno es bueno y lo otro, malo.

-El HUCA ha intentado, sin éxito, implantar turnos de tarde entre los médicos. El servicio de Traumatología que usted dirige es uno de los que se plantó. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieren trabajar por la tarde?

-Lo primero que me gustaría aclarar es que los médicos no nos oponemos a trabajar por la tarde. Nadie rechaza que los hospitales puedan funcionar por la mañana y por la tarde. A mí me parece genial, pero debe hacerse de manera racional y planteando bien las cosas, no con improvisaciones.

-¿Qué pasó en el HUCA, entonces?

-Traumatología tiene una gran carga asistencial, al igual que otros servicios del hospital. La única manera de hacer que el trabajo de tarde no grave la actividad de la mañana es mediante la contratación de profesionales para el horario vespertino. En un servicio es tan importante operar como las consultas, pasar visita a los pacientes ingresados o atender las urgencias... Lo que no se puede hacer es querer conseguir más actividad sin implementar los medios necesarios.

-¿Había acuerdo con su servicio?

-Nuestro acuerdo estaba vinculado a la contratación de personas.

-La consejería dice que en junio se acabará con las demoras de más de seis meses. ¿Es factible?

-Tal y como está la situación ahora, sólo es factible derivando pacientes.

-¿Las heridas del último conflicto médico están cerradas?

-No. Los médicos siguen descontentos, pero no por la pérdida de poder adquisitivo o porque tengan que trabajar más horas (que entendemos que deba ser así en tiempos de crisis), sino porque se sienten maltratados.

Este próximo viernes 26 de abril de 2013, en el Salón de actos del Hospital San Agustín de Avilés, con inscripción gratuita hasta completar aforo…

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Seminario: Nuevos retos en Seguridad

El día 26 de abril de 2013 se celebra en el Salón de actos del Hospital San Agustín de Avilés un Seminario: Nuevos retos en Seguridad. La seguridad activa/pasiva en el nuevo escenario de gerencia única.

 

Objetivos

  • Analizar los riesgos potenciales que pueden afectar a un normal funcionamiento de las Infraestructuras Sanitarias, tales como hospitales, Centros de Salud, Sistemas de Información y Comunicación Sanitarios
  • Impulsar el papel y responsabilidad en adoptar los estándares de buena práctica en estas áreas, mediante el uso y aplicación de metodologías para una gestión efectiva de la seguridad.
  • Orientar las acciones sobre las medidas necesarias para aumentar la seguridad hospitalaria.
  • Debatir sobre procedimientos que ayuden a prevenir, controlar y minimizar los peligros y riesgos potenciales, inherentes a las distintas áreas de los Centros Sanitarios.

 

Coordinador

D. Félix Amoría Adán.

 

Inscripción

(Gratuita hasta completar aforo)

 

Hoja de inscripción

 

serviciosgenerales.area3@sespa.princast.es

 

Información

www.hsa.es

 

Lugar

Salón de actos del Hospital San Agustín de Avilés

 

Programa

 

9:00h. Presentación del Seminario:

D. Félix Amorín Adán. Jefe de Servicios Generales. Área Sanitaria III.

 

9:30h. Inauguración:

Dña. Celia Gómez González. Gerente Servicio de Salud Principado de Asturias.

D. Enrique González Fernández. Director General de Innovación Sanitaria. Consejería de Sanidad Principado de Asturias.

Dña. Begoña Martínez Arguelles. Gerente Área Sanitaria III.

D. Fernando Mancheño Villarejo Subdirector de Gestión Área Sanitaria III.

 

10:00h. La protección de datos personales y la seguridad de la información en los centros sanitarios:

Moderador: D. Enrique González Fernández. Director General de Innovación Sanitaria.

 

PONENCIA: La Administración de Justicia – La Administración Sanitaria Responsabilidad Jurídica vs Responsabilidad Servicio Sanitario.

Ponente: D. José Luis Niño Romero. Juez. Decano de los Juzgados de Avilés.

PONENCIA: Binomio: Seguridad informática / Seguridad de la información.

Ponente: Francisco Palomera Rico. Ingeniero Superior en Informática. Jefe de Proyectos de Prosegur.

PONENCIA: Aspectos éticos de la información y la confidencialidad.

Ponente: D. Sergio Manuel Gallego Riestra. Médico y Abogado. Consejería de Sanidad.

 

11:30h. Café

 

12:00h. Seguridad integral en centros sanitarios

Moderador: D. Gabriel Redondo Torres. Jefe de la Unidad de Urgencias Hospital San Agustín.

 

PONENCIA: Relación de la Seguridad del Hospital con la Seguridad Pública y los medios técnicos.

Ponente: D. Enrique Pavón Hernández. Jefe Actual de la Unidad de Policía del Principado

PONENCIA: Planes de Emergencia y Evacuación: Desarrollo y Aplicación.

Ponente: D. César Álvarez Avello. Gerente de la Entidad Pública 112 Asturias.

PONENCIA: La arquitectura Sanitaria ante las necesidades de seguridad.

Ponente: D. Jesús Menéndez Fernández. Arquitecto. Jefe de la Unidad de Obras. Consejería de Sanidad .Pdo de Asturias.

 

13:30h. Conclusiones:

D. Fernando Mancheño Villarejo Subdirector de Gestión Área Sanitaria III.

 

14:00h. Clausura:

D. José Luis Villaverde Amieva Director General de Justicia e Interior:

Dña. Begoña Martínez Arguelles. Gerente Área Sanitaria III

D. Fernando Mancheño Villarejo Subdirector de Gestión Área Sanitaria III

El círculo de expolio social que padecemos…

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Desahucios y recortes: la violencia “democrática” del poder financiero

Por Jorge Fonseca, Profesor de Economía Internacional y desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Científico de ATTAC

La esencia de la democracia es “tomar en cuenta lo que el pueblo quiere y no quiere”, decía Hobsbawm. El incumplimiento del gobierno de su programa electoral, aplicando medidas económicas y sociales contrarias al mismo, y mayoritariamente rechazadas, implican la violación gubernamental de dicha esencia. Los objetivos económicos oligárquicos son cada vez más visibles gracias a la protesta social, forzando al gobierno a exponer su antes velada violencia, en una deriva autoritaria creciente. Para imponer sus normas  apela cada vez más a la represión policial, a la criminalización goebbeliana de quienes defienden los derechos sociales y la democracia real (PAH, 15M, activistas sindicales, de partidos de izquierda y del conjunto del movimiento social). También pretende trasladar la regresión absolutista al plano jurídico,  imponiendo un modelo judicial del siglo XIX que para dar privilegios a unos pocos, viola derechos de la mayoría, legitimando el expolio social y convirtiendo en delito duramente castigado el simple ejercicio de defensa de derechos.

En 2011 el bloque político neoliberal  reformó la Constitución de urgencia y con “agosticidad”,  para dar privilegios a banqueros y especuladores acreedores, cuya deuda e intereses usurarios tendrán “prioridad absoluta”, por delante de la salud, la educación o las pensiones. Deuda mayoritariamente ilegítima, pues fue provocada por la gradual estatización de la descomunal deuda privada de bancos y grandes empresas (que ronda 280% del PIB, casi el triple que la pública) mediante los sucesivos regalos a la banca (“rescates”), verdadera causa del aumento de la prima de riesgo y los intereses. La deuda también aumentó por la fuerte caída de recaudación fiscal provocada por los recortes que destruyeron masivamente fuentes de trabajo, convirtiendo  el superávit de 2,2% del PIB de 2007 en un déficit de más del 11% en 2009 y que aún hoy ronda el 8%. Esto hizo que la deuda pública pasara del 36% del PIB en 2007 a casi 100% del PIB actual, (incluyendo el último “rescate” bancario). Déficit y deuda pública  son  usados como pretexto para cargarse los derechos sociales del 99% de la sociedad y favorecer al poder financiero, que tiene una deuda tres veces superior a la pública. Los 40 mil millones anuales de intereses que reciben los acreedores de la deuda  son a costa de sanidad, educación y pensiones públicas, que, cuando se privatizan, en una genial “bicicleta financiera”, son compradas por los especuladores con el mismo dinero nuestro que el gobierno les regala.

Con el mismo pretexto del déficit, la deuda y la estabilidad financiera, el partido del gobierno aprobó el jueves en el Congreso el proyecto de ley hipotecaria a pesar del  rechazo de todos los grupos  parlamentarios. Esta ley deja de lado las principales demandas de los afectados (dación en pago retroactiva, paralización de desahucios, alquiler social) apoyadas masivamente por la sociedad. Nueva  imposición en favor de privilegios a banqueros y especuladores y  en perjuicio de cientos de miles de familias deudoras expulsadas de sus hogares y empujadas a la marginación y muchas veces al  suicidio. La injusticia de estas medidas va más allá de la no concesión de esas demandas mínimas, pues los desahucios forman parte inseparable del expolio social a favor del capital financiero. La burbuja  inmobiliaria fue creada por la especulación con el suelo y la rebaja de tipos de interés, (por la abundancia mundial de capital especulativo y la creación del euro), pero también por la banca española, con la complicidad del Banco de España y demás autoridades: se endeudó internamente colocando “preferentes” y otros ‘productos tóxicos’ a ahorristas confiados y en el exterior con la banca (particularmente alemana). Esto le permitió otorgar créditos masivos al sector inmobiliario: con  condiciones abusivas a familias (cláusulas suelo, sobretasaciones, etc.) y con ligereza a empresas promotoras obteniendo beneficios records: 23 mil millones solo en el año 2007. Pero el pinchazo de la burbuja en ese año dejó un millón de viviendas sin compradores solventes y una deuda inmobiliaria de más de un billón de euros (equivalente a todo el PIB de España).

Los sucesivos recortes de salarios, empleo, pensiones y demás gasto social, realizados con el pretexto del déficit, han multiplicado el desempleo, la morosidad general y la del crédito a promotoras inmobiliarias en particular. La mora real  de éstas ronda casi el 50% (160.000 millones de euros, en torno al 15% del PIB)  y representa el 75% de todos los créditos morosos de empresas. En cambio, la morosidad del crédito a familias para compra de viviendas es de sólo el 2,8%, lo que muestra la falacia de la propaganda oficial y la injusticia de su política. Si el gobierno hubiese querido evitar el drama de los desahucios bastaba una ínfima proporción del dinero regalado a la banca. Unos 600 millones de euros en una año prestados a las familias para que pagasen sus cuotas de la hipoteca,  hubiesen evitado  el crimen social de dejar sin hogar y empujar a la calle a casi 500.000 familias (incluyendo niños y ancianos), mientras se acumulan tres millones y medio  de viviendas vacías, y a la vez también hubiesen permitido cobrar a la banca. Esto que se negó a las familias se dio generosamente a promotoras: la banca refinancia los créditos que no pueden pagar y les permite la dación en pago, a costa nuestra, pues el gobierno regala a la banca  el dinero de todos, convirtiendo deuda privada en deuda pública, que pretende que paguemos a costa de nuestra miseria y la de generaciones futuras, mediante una violencia económica descomunal que vulnera derechos básicos.

Entre desahucios y daciones de empresas, la banca acumula casi un millón de viviendas, que ofrece con incentivos en el mercado,  hundiendo más los precios. Esto perjudica aún más a las familias desahuciadas, ya que el precio de subasta de sus pisos se aleja cada vez más del valor al que compraron y por el que contrajeron deuda. De modo que después de entregar la vivienda y haber pagado buena parte del crédito siguen debiendo elevadas cantidades al banco. Estas viviendas pasarán al Sareb, mal llamado “banco malo”, pues será muy bueno para la gran banca privada que tendrá mayoría del capital y obtendrá elevados beneficios gracias al despojo de hogares a las familias, ganando así también en la crisis que provocó. Esto cierra el círculo de expolio social mediante la violencia de instituciones “democráticas”, convertidas en ‘brazo armado’ del poder financiero, intentando ocultar el fin económico de dicha violencia. Pero digámoslo alto y claro: los crímenes sociales no pueden quedar impunes. Es necesaria la verdad, reparación y justicia. Y la deuda no la pagamos. Porque es imposible. Y porque no es nuestra, es ilegítima.

El rescate a la banca eleva el déficit público al 10,6%, el mayor de la UE

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La deuda pública española es la que más rápido crece en los últimos meses entre los Veintisiete

Alemania fue el único país de la Unión Europea que acabó con superávit presupuestario

Alejandro Bolaños Madrid 22 ABR 2013 - 11:16 CET

La lucha contra el déficit público, la prioridad del Gobierno en 2012, se salda con un resultado agridulce. Las pérdidas contabilizadas por ayudas públicas a la banca que no se confía en recuperar elevan el desfase de las cuentas del año pasado al 10,6% del PIB, según acaba de certificar Eurostat, la agencia estadística de Bruselas. Es el mayor agujero presupuestario en toda la Unión Europea, solo cercano al de Grecia (10%)...(leer más)