Mas de 40 Mil personas defienden la sanidad pública en otra ‘marea blanca’ en Madrid

 

 

Los organizadores cifran en más de 40.000 los asistentes a la marcha contra los planes privatizadores del Gobierno regional

EFE Madrid 21 ABR 2013 - 13:39 CET

Manifestación de la Marea Blanca en la calle de Alcalá. / CLAUDIO ÁLVAREZ

 Varios miles de personas —entre 40.000 y 50.000 según fuentes sindicales; la policía no ha dado cifras—han recorrido esta mañana la distancia entre la plaza de Cibeles y la Puerta del Sol en contra de la privatización de la Sanidad madrileña. La marea blanca, la quinta de este año en Madrid, ha llegado sobre la una de la tarde a la sede del Gobierno madrileño, que ha publicado ya los pliegos de condiciones para que empresas privadas se hagan con la gestión de seis hospitales y 27 centros públicos de salud públicos...(leer más)

Una nueva "marea blanca" toma las calles de Madrid

"El PP está montando un chiringuito para especuladores con la sanidad"

La marea blanca vuelve a tomar la calle en defensa de la Sanidad

Las agresiones al personal sanitario se elevaron durante el año de la huelga médica

 

309 trabajadores, de los que 134 eran enfermeras y 92 facultativos, fueron agredidos por pacientes en 2012.

Los casos de violencia física se duplican

Foto: JUANJO DÍAZ

El Comercio. 22.04.13 - 02:47 - LAURA FONSECA | GIJÓN.

El malestar entre pacientes aumenta y con ello las agresiones perpetratadas contra el personal sanitario. En 2012, año de la huelga médica, hubo más casos de usuarios supuestamente disconformes o disgustados con el trato recibido que recurrieron a la amenaza, el insulto o, incluso, la agresión física contra médicos y enfermeras. En ese año, 309 trabajadores del Servicio de Salud del Principado (Sespa) fueron víctimas de situaciones de este tipo, lo que supone un 15% más de casos que en 2011. El incremento de la agresividad por parte de usuarios descontentos coincide con el año en el que el Principado vivió uno de los conflictos más tensos y duros en materia sanitaria como fue la huelga que durante 96 días protagonizaron los médicos del Sespa.

La Consejería de Sanidad, que facilitó los datos estadísticos a petición de EL COMERCIO, se resiste a relacionar el incremento de las agresiones con el conflicto laboral que paralizó la sanidad pública en los últimos cuatro meses de 2012, cuando muchos enfermos quedaron a las puertas de los quirófanos o vieron anuladas sus consultas y pruebas diagnósticas. La consejería prefiere vincular el aumento con el propio desarrollo del plan del Sespa contra situaciones de violencia, gracias al cual, asegura, cada vez son más los trabajadores que se animan a denunciar. De ahí, el aumento, razona.

El caso es que durante 2012 se notificaron 309 situaciones de insultos, amenazas, agresiones físicas o intentos de agresión por parte de pacientes y familiares hacia trabajadores del Sespa. Son 39 más en comparación con 2011, cuando el Informe de Prevención y Actuación frente a Potenciales Situaciones Conflictivas en Centros Sanitarios apuntó 270 casos.

Hubo un 15% más de conflictividad entre pacientes y profesionales del Sespa, pero sobre todo, hubo más casos graves, los que corresponden a la violencia física. En 2012, fueron 67 los pacientes que decidieron hacer justicia por su cuenta recurriendo directamente a la agresión. Dicho de otra forma: 67 trabajadores del Sespa, muchos de ellos enfermeras y médicos, fueron atacados por usuarios (golpes y empujones se llevan la palma). Son exactamente 40 casos más de los que se habían notificado en 2011 e, incluso, en 2010.

Un caso cada 28 horas

A lo largo de 2012, la sanidad registró una agresión cada 28 horas. Es decir, cada día y poco, un trabajador sanitario es amenazado, insultado o, incluso, golpeado. Las amenazas son las que se llevan la palma. El pasado año, de las 309 agresiones notificadas, 185 correspondieron a amenazas. Otras 67 denuncias fueron por agresiones físicas, a las que se suman 51 por insultos y otras seis por intentos de agresión.

Las enfermeras son el colectivo más castigado. Casi la mitad de las agresiones (134) tuvieron al personal de enfermería como blanco principal. Le siguen luego los médicos, con 92 casos, los auxiliares de enfermería, con 61; los adminitrativos con 12 y los celadores, con 8.

Como se ha observado en años anteriores, las situaciones conflictivas entre pacientes y trabajadores de la sanidad tienen un claro sesgo de género. Tanto por las víctimas, en la mayoría de los casos profesionales mujeres, como por el que agrede, ya que la mayoría son hombres. Las estadísticas revelan que el 85% del personal que resultó agredido, insultado o amenazado eran mujeres. La tónica se repite en todas las categorías laborales. El perfil del agresor violento, el que acaba por pegar, es también masculino. Ocho de cada diez pacientes que recurren a la violencia física son pacientes varones. Oviedo y Gijón son las áreas con mayor número de agresiones.

Demoras en la asistencia y negativas a bajas médicas lideran la conflictividad  

 

El Comercio. 22.04.13 - 02:44 - L. FONSECA | GIIJÓN.

 

¿Qué lleva a un paciente a insultar, amenazar o agredir al médico de una consulta o al administrativo que está detrás del mostrador de un centro de salud? Muchos son los motivos que se esconden detrás de los casos de agresiones al personal sanitario, pero existen situaciones que figuran a la cabeza de la conflictictividad. La negativa a facilitar o prolongar una baja médica es uno de ellos, pero no el único. Hay usuarios que reaccionan de manera airada cuando se encuentran con que la cita con el especialista no se producirá hasta dentro de cuatro meses o que no encajan de buen agrado cuando el facultativo se niega a suministrale el tratamiento que exigen. El Sespa carece de un estudio pormenorizado al respecto pero el registro que desde septiembre de 2006 tiene en activo para notificar los casos de agresiones permiten avanzar cuales son los principales motivos que subyacen detrás de estos comportamientos.

Asturias fue una de las primeras comunidades en disponer de un registro de agresiones a personal sanitario. Sin embargo, a diferencia de lo que hacen otras autonomías que sólo contabilizan los casos que acaban en denuncia judicial, el Sespa apunta todos y cada uno de los casos declarados por los trabajadores de hospitales y centros de salud. Desde insultos hasta agresiones físicas.

Desde la administración se insiste, no obstante, que la agresión sigue siendo la excepción. Recuerda, en este sentido, que en el Servicio de Salud se registran del orden de los 9 millones de actos sanitarios al año, un volumen frente al cual las 309 agresiones parecen minúsculas. Pero minúsculas o no, el caso es que el incremento de la agresividad de los pacientes preocupa a los profesionales. Los colegios de médicos y de enfermería, así como el resto de colectivos que trabajan en la sanidad, llevan años concienciando a su personal sobre la necesidad de hacer visible este problema. En ocasiones, los propios profesionales agredidos tienen que continuar viendo o atendiendo al paciente o al familiar con el que tuvieron el problema, lo que no les anima a denunciar. En muchas ocasiones, el Sespa opta por cambiar al usuario de consulta o centro.

El mayor número de conflictos se registra en Primaria. Ello se debe a que es un ámbito donde hay mucha más cercanía entre usuarios y trabajadores. Los servicios de urgencias, también están entre los primeros. El Sespa dispone de un Plan de Prevención para abordar potenciales situaciones conflictivas, que incluye formación para el manejo de casos de riesgo, protección a los trabajadores, apoyo institucional y asistencia letrada y psicológica a las víctimas.

76 usuarios fueron llevados a juicio por insultar o pegar

22.04.13 - 02:44 -

 

En los dos últimos años, 76 pacientes de la sanidad pública asturiana fueron llevados a juicio por una enfermera, un médico, un administrativo, un auxiliar o un celador agredido. Según informó la Consejería de Sanidad del Principado, en 2011, los trabajadores víctimas de agresiones presentaron 32 denuncias por la vía judicial, cifra que se elevó a 44 en 2012. Pegar, insultar o amenazar a un trabajador sanitario puede resultar muy caro. Hasta el momento, el grueso de las resoluciones judiciales han sido «favorables a los trabajadores». Agredir a un médico o una enfermera está considerado como un delito de atentado a funcionario público, lo que conlleva una pena de hasta 4 años de prisión. Las agresiones sufridas por personal del Sespa quedan apuntadas en un registro regional, que acumula ya siete años de andadura. Cada uno de los casos es comunicado a la gerencia del área y de ahí a los servicios centrales del Sespa.

Una actuación que “ solo responde a los intereses de algunas empresas y algunas personas que buscan su beneficio personal a costa de la salud de la población”.

Unos pliegos que colaboran al deterioro de la sanidad pública madrileña

Por Sergio Fernández Ruiz, Vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

nuevatribuna.es

Acaba de hacerse público el borrador de los pliegos del concurso para privatizar la parte pública de los 6 hospitales PFI (iniciativa de financiación privada) siguiendo el plan privatizador que puso en marcha la Comunidad de Madrid en octubre de 2012.

Aparte de los problemas que tiene la privatización sanitaria, si miramos lo que se ha hecho público hay algunos comentarios que es necesario hacer.

En primer lugar se trata de un borrador que aún tiene muchos aspectos por desarrollar que pueden ser decisivos a la hora de hacer una valoración final y en el que se propone un contrato por 10 años lo que parece claramente excesivo y condiciona durante un tiempo muy dilatado el funcionamiento del servicio sanitario, más aún cuando se permite que una única empresa sea concesionaria de 3 centros (4 si se trata de Parla-Aranjuez). Un hecho curioso es que se produce la adscripción en bloque de los hospitales de Aranjuez y Parla lo que no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que están situados a 39 km de distancia.

En cuanto a las condiciones económicas llama la atención que las cuantías a percibir por las concesionarias están infravaloradas porque se da la circunstancia de que en el mismo pliego (página 64) se establece una revisión de los precios:

“Actualización de la prima per cápita. Para asegurar la correcta financiación de las prestaciones sanitarias gestionadas por la concesión, se establece que, con carácter anual el pago capitativo se actualizará automáticamente con el menor de los siguientes Índices:

- 85% de la variación experimentada por el Índice General de Precios al Consumo del Estado español.

- 85% de la variación experimentada por el l Índice General de Precios al Consumo de la Comunidad de Madrid conforme a lo establecido en el artículo 90.3 de la TRLCSP.

Lo que significa que las empresas adjudicatarias tienen garantizada una actualización de las cuotas independientemente de los previsibles recortes de fondos de los centros públicos (conviene recordar que los hospitales públicos madrileños tuvieron una disminución presupuestaria promedio del 9,5% en 2011, el 1,5% en 2012 y el 16,19% en 2013), es decir se pretende seguir incrementando los fondos de los centros privados y disminuyendo los de los centros públicos. Por otro lado no se entiende que si se establecen asignaciones per cápita para los centros hospitalarios no hay ninguna justificación para una diferencia que alcanza los 45,22 € por habitante y año y que no se justifican en la documentación hecha pública por la Consejería.

Por otro lado las llamadas “compensaciones interhospitalarias” (es decir las cuantías que se detraen por la derivaciones a los centros de la red pública) muy probablemente seguirán sin funcionar, como sucede hasta ahora, favoreciendo la rentabilidad de los centros privatizados y su selección de riesgos.

Se dice también en la nota de la Consejería que se mantendrá el personal actual, pero no queda claro el tipo y tiempo de contratación de eventuales e interinos y además se señala que el personal estatutario fijo (página 23) que: “podrá optar por permanecer en el hospital objeto de concesión, bajo la dependencia funcional de la sociedad concesionaria y orgánica del Servicio Madrileño de Salud, percibiendo sus retribuciones a cargo de los presupuestos del Servicio de Salud”, lo que supone otra subvención encubierta a las empresas privadas.

La garantía de los derechos de los usuarios y en particular el derecho de libre elección (página 18) se garantizan en teoría porque la práctica de los demás centros privatizados en la Comunidad de Madrid demuestra que existe una reiterada actuación de las empresas concesionarias para impedir este derecho (por medio de las citaciones, los call-center, etc) y la calidad asistencial aunque se habla de garantizar la calidad asistencial (pagina20) en cinco dimensiones, se hará según unos indicadores que no se aportan lo que hace sospechar que no se producirá esta garantía en la práctica.

Además se ponen a disposición de las contratas centros de especialidades (Arganda, Federica Montseny, Vicente Soldevilla, Parla, Alcobendas, y 3 centros de salud mental) lo que entendemos es ilegal porque se trata de patrimonio de la Seguridad Social.

Se prevé también la posibilidad de subcontratar servicios (que solo pueden ser clínicos porque los otros servicios están en manos de las empresas que construyeron los hospitales) y de cesión a terceros (páginas 57 y 58).

El documento plante la inclusión de los profesionales en el accionariado, (página 35) no tiene sentido alguno y solo pretende captar algunas voluntades que por otro lado solo podrán tener una presencia testimonial en las empresas.

Por fin los criterios de adjudicación son básicamente economicistas al situar la oferta económica con el 50% de los puntos para la adjudicación.

En resumen se trata de unos pliegos incompletos, que no garantizan ahorros en el gasto sanitario, ni tampoco la calidad de la atención. Esta privatización es profundamente negativa para el funcionamiento de la sanidad madrileña porque empeora el funcionamiento de los centros sanitarios e incrementa los costes de la atención sanitaria y solo responde a los intereses de algunas empresas y algunas personas que buscan su beneficio personal a costa de la salud de la población.

La inmensa mayoría de los ciudadanos y de los profesionales de la sanidad madrileña hemos mostrado reiterada y mayoritariamente nuestro rechazo a este proceso privatizador que pone en grave riesgo la calidad de la atención sanitaria.

La Consejería de Sanidad ha sido incapaz de mostrar argumentos razonables para sus intentos privatizadores que, aparte de los intereses personales y empresariales, solo responden a una ideología neoliberal que antepone los intereses económicos a los derechos de las personas.

Por todo ello hay que rechazar estas medidas privatizadoras, exigir la paralización del proceso y llamar a ciudadanos y trabajadores de la sanidad a movilizarse contra el proceso privatizador y a expresar su rechazo masivamente en todas las convocatorias que se produzcan.

VER EL BORRADOR DE PLIEGOS EN ELDIARIO.ES

«A mi padre le denegaron un fármaco de cáncer pese a cumplir criterios clínicos»

El hijo de un enfermo oncológico acusa al HUCA de rechazar la petición de 'Ipilimumab', terapia que según Foro está siendo restringida por su elevado precio: 60.000 euros

Foto: Acelerador lineal del Hospital Universitario Central de Asturias. :: M. ROJAS

El Comercio. 21.04.13 - 02:48 - LAURA FONSECA | GIJÓN.

En el último año, el Central desautorizó su dispensación en al menos tres ocasiones

Jove y Jarrio lo tienen aprobado mientras que Cabueñes está a la espera de lo que decida el centro

La polémica surgida entorno a los tratamientos oncológicos en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que, según el partido de Álvarez-Cascos, Foro Asturias, están sufriendo recortes debido a su elevado coste, se mantiene abierta. Apenas tres días después de que el propio complejo sanitario por boca de su director, Antonio Álvarez, negara tal circunstancia y defendiera que las decisiones sobre las terapias oncológicas se adoptaban en base a criterios científicos y no económicos, el hijo de un paciente ha salido a denunciar todo lo contrario. «A mi padre le denegaron un fármaco de cáncer pese a que cumplía los criterios clínicos», asegura. Este joven, que pide preservar la identidad de su padre «aunque el caso es bien conocido por el Sespa», aclara, se refiere a la decisión del HUCA de no autorizar un tratamiento a base de 'Ipilimumab'. Se trata precisamente del fármaco que según el diputado Albano Longo su uso están siendo «prohibido» por ser caro: el precio ronda los 60.000 euros. Este medicamento, de reciente aprobación por parte del Ministerio de Sanidad, está aconsejado para determinados casos de cáncer de piel.

Al padre de este usuario le diagnosticaron el pasado año un melanoma que acabó en metástasis. El oncólogo que le lleva en el HUCA decidió incluirle entre los contados casos suceptibles de recibir este novísimo y al parecer codiciado fármaco, ya que «nos dijo que cumplía con los criterios que se exigían para su utilización clínica». El enfermo tenía y tiene un buen estado general y se encontraba ya en la segunda fase de tratamiento tras haber pasado por quimioterapia. No obstante, «el médico ya nos advirtió que el hospital lo había denegado más veces porque era muy caro». Y así fue. El petitorio fue rechazado por la comisión permanente del HUCA, organismo que estudia cada uno de los casos de autorización o negativa de fármacos cuando éstos no han sido incluidos aún en la Guía Farmacoterapéutica del centro. En su respuesta el hospital no habla de razones económicas, como afirmó en su día Antonio Álvarez y el propio consejero de Sanidad, Faustino Blanco, sino que aduce que el 'Ipilimumab' no le reportará al afectado un gran beneficio frente a la alternativa clínica que aconseja el HUCA.

Así, y mientras su padre comenzaba tratamiento con 'Fotemustina' «un fármaco que no está aprobado para fases de segunda línea, como es el caso de mi padre», este joven decidió recurrir la resolución del hospital. «En el HUCA me conocen muy bien», indica. Allí fue recibido por la entonces director médica, Isabel Palacio, casualmente, oncóloga. También envió cartas al Ministerio de Sanidad y se personó en el Servicio de Salud del Principado (Sespa).

Dos años de vida

El joven se documentó, se entrevistó con especialistas y continúo adelante con su recurso. «No puede ser que por dinero te quiten dos años de vida, así, por decreto. Si es un fármaco aprobado, tendrán que darlo», dice. Y lo afirma y lo piensa porque entre los beneficios que sitúan al 'Ipilimumab' por delante de otras medicinas oncológicas está el hecho de que «un 24% de las personas que fueron tratadas con él alcanzaron una supervivencia de dos años, y un 19% superó los tres años». El Ministerio de Sanidad también ha hecho sus cálculos y estima que en España son cerca de 200 personas las que podrían llegar a ser tratadas con este terapia. «Unos cuatro casos al año en Asturias», detalla.

El caso es que hace poco el HUCA acabó dándole la razón y decidió rectificar su rechazo inicial aprobando el uso de 'Ipilimumab' para su padre. El problema es que como ya comenzó un tratamiento previo con otro fármaco «que de momento va bien», los médicos aconsejan no modificar la terapia. Fuentes sanitarias del HUCA consultadas confirmaron paso a paso lo ocurrido con este paciente. Pero el caso de este enfermo oncológico no ha sido el único, afirman. Entre diciembre de 2011 y octubre de 2012 «hubo otras tres denegaciones de 'Ipilimumab'», constatan.

En su defensa, la Consejería de Sanidad pone como contrapunto al Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac), que recientemente se entrevistó con Faustino Blanco y que, según el consejero, ha puesto a Asturias como ejemplo de autonomías en el acceso a tratamientos oncológicos.

¿Cuestión de precio?

La polémica sobre este medicamento, al que se suma también el 'Acetato de Abiraterona' (para el cáncer de próstata), y cuya inclusión en el catálogo de prestaciones fue demorada un año por el Ministerio de Sanidad, surge un tiempo después de que el HUCA estuviera empleando uno de ellos. Es el 'Ipilimumab' que tal y como ya adelantó EL COMERCIO, llegó a utilizar sin restricciones. El HUCA lo empleó entre julio y diciembre de 2011 bajo la modalidad de ensayo de uso expandido: una fórmula promovida por los laboratorios que surten el medicamento de manera gratuita a determinados hospitales hasta tanto se acuerda el precio oficial del mismo. Una vez que Ministerio de Sanidad y la industria fijaron el coste del fármaco (60.000 euros por un tratamiento de cuatro ciclos), algo que ocurrió en octubre de 2012, el uso expandido y por tanto, gratuito, quedó suspendido. Durante el tiempo en que el suministro fue gratis se trataron 9 pacientes en el HUCA.

En Asturias no existe un criterio unificado, ya que la decisión de autorizar o denegar la dispensación de un fármaco hospitalario muchas veces queda en manos de las comisiones de farmacia de cada centro. Estos meses se está dando la circunstancia de que hospitales como Jove y Jarrio lo están autorizando sin mayores dificultades cuando la petición parte de un especialista, mientras que Cabueñes, que aún no ha tenido solicitudes, está a la espera de lo que decida el hospital. Sin embargo, el gran debate que subyace bajo esta polémica y sobre la que aún no hay una opinión formada en España es si la sanidad pública podrá seguir financiando en tiempos de crisis tratamientos de 60.000 euros por enfermo. En otros países europeos el debate ya está sobre la mesa.

“Para escraches, los nuestros”

Un día con médicos y pacientes de la Clínica Dator de Madrid, primer centro privado autorizado para practicar abortos

La decisión más dolorosa

Acto contra el aborto en la puerta de la Clínica Dator.

Luz Sánchez-Mellado Madrid 21 ABR 2013 - 00:15 CET

Hermano Gárate, 14.

—Eso es la clínica Dator.

—Sí. ¿La conoce? ¿Lleva a muchas pasajeras allí?

—A bastantes. A mi hija, sin ir más lejos. Entran llorando y salen llorando. Pobrecitas mías.

Los taxistas de Madrid, como este afable cincuentón que nos cuenta su vida, están acostumbrados a llevar a mujeres a esta dirección. Las miran y remiran por el retrovisor presumiendo saber a lo que van. Todos están al tanto de que aquí se practican abortos desde que, en 1985, la Dator, como la conoce todo el mundo, fuera la primera clínica privada autorizada para realizar interrupciones de embarazo después de que el Gobierno de Felipe González lo despenalizara mediante la conocida como Ley de los tres supuestos. Desde entonces, decenas de miles de mujeres han puesto fin a una gestación no deseada en este centro situado en los bajos de un bloque de vecinos de un barrio bien de la capital. Lo que pocos taxistas saben, salvo el que nos ha tocado, es lo que se vive dentro...(leer más)

La línea dura del PP gana posiciones en la reforma del aborto

Sanidad solicita la licencia para abrir el nuevo hospital de Mieres

La mejora de los servicios sanitarios de la comarca

Gispasa aún licitó en el último mes la compra de equipos valorados en 3,8 millones para el centro de Santullano

Foto: El nuevo Hospital Comarcal Álvarez-Buylla, ubicado en Nuevo Santullano. | j. r. silveira

 Lne. 21.04.2013 | 02:46 Mieres del Camino, Pablo CASTAÑO

 

El Gestor de Infraestructuras Sanitarias del Principado (Gispasa) ya ha presentado en el Ayuntamiento de Mieres la solicitud de licencia para la apertura del nuevo hospital Álvarez Buylla, construido en Nuevo Santullano. No obstante, desde la Consejería de Sanidad no esperan tener listo todo el equipamiento hasta septiembre y la última fecha dada para iniciar la atención a pacientes es el mes de noviembre.

Gispasa aún tiene abiertos varios concursos para equipar el nuevo centro sanitario comarcal. El Gobierno regional presidido por Vicente Álvarez Areces había asegurado que todos los equipamientos del centro estarían licitados antes de la conclusión de la obra civil del hospital, que el propio Areces dio por concluida en junio de 2011. Sin embargo, en aquel momento, prácticamente la totalidad de los equipamientos estaban sin licitar y Areces no se arrugó a la hora de afirmar que el centro podría abrir en un año, es decir en junio de 2012. No fue hasta el segundo trimestre de ese año cuando Gispasa comenzó a poner en marcha el grueso de los concursos públicos de los equipos. El anterior Gobierno presidido por Francisco Álvarez-Cascos negó que la obra civil del hospital hubiera acabado en junio de 2011 y dio por concluidos los trabajos en enero de 2012, cuatro años después de su inicio con un presupuesto de 56 millones. Además, retrasó la fecha de apertura del centro hospitalario hasta finales de 2012 o principios de 2013 y paralizó algunos concursos para readaptar los listados de necesidades y ajustar presupuestos.

El actual Gobierno regional de Javier Fernández ha vuelto a modificar los calendarios del hospital y el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, en una comparecencia en la Junta señaló que estaría concluido en septiembre de 2013 y que iniciaría la atención a pacientes en noviembre. De momento, el pasado 25 de marzo, Gispasa ya presentó en el Ayuntamiento de Mieres la solicitud de licencia de apertura para el nuevo Álvarez Buylla. No obstante, el centro aún no cuenta con todos sus equipamientos.

En el último mes, Gispasa aún abrió la licitación para adquirir equipamientos para el Servicio de Anatomía Patológica (por un importe de 129.330 euros), mobiliario general (1.597.611 euros), suministro e instalación de cámaras frigoríficas y congeladores (89.685 euros) y suministro e instalación de equipamientos diversos para farmacia (2.060.630 euros). Son contratos que superan los 3,8 millones de euros.

La contrarreforma sanitaria del PP a nivel estatal cumple un año este 20 de abril

VER UNA RECOPILACION DE LO MAS SIGNIFICATIVO DE LO ACONTECIDO EN NUESTRA SECCION “CONTRARREFORMA NO”

Un año de sanidad menos pública

Han pasado 365 días desde que la vorágine reformista de Ana Mato comenzó con un 'tijeretazo' de 7.000 millones de euros y con ello, la disolución paulatina -pero demoledora- del Sistema Nacional de Salud.

MARTA RODRÍGUEZ, MADRID, en Público.

Este sábado se cumple un año desde que la vorágine reformista de Ana Mato comenzara la disolución paulatina -pero demoledora- del Sistema Nacional de Salud (SNS), al menos, tal y como se conocía hasta ahora. Las consecuencias de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS han supuesto un punto de inflexión para el bienestar de los españoles. El tijeretazo de 7.000 millones de euros que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad puso en marcha hace ya un año ha llevado al abismo a las prestaciones sanitarias públicas, según denuncian las diferentes asociaciones y usuarios que conforman la marea blanca. El copago en farmacia, transporte no urgente y en ortoprótesis; los recortes en investigación, prevención de sida y trasplantes; la retirada de la tarjeta a los sin papeles, y el rodillo privatizador que arrastra a pacientes, trabajadores e infraestructuras de los centros y hospitales públicos a los concertados y privados han sido algunas de las consecuencias de las políticas sociales del PP en 365 días.

Mientras los afectados por el decretazo de Mato se cuentan a miles, los beneficiados siguen siendo unos pocos. Los facultativos y usuarios no han cejado en su intento por sacar a la luz de la opinión pública los resultados de la "externalización" progresiva de las clínicas españolas. El cierre de salas, la reducción del número de camas y de trabajadores eventuales, y en consecuencia, el aumento de listas de espera y la derivación de pacientes a centros concertados y privados están siendo los primeros silenciosos pasos que algunas Comunidades Autónomas –como la de Madrid– ya están dando en su camino hacia la privatización, alegando que ellas recortan porque les obliga el Gobierno central.

"Externalizar" la sanidad no sólo es más caro para la Administración pública, sino que mantener los centros públicos tal y como están, es rentable. Al menos, así lo denuncia CAS-Madrid en su informe, en el que argumenta que las empresas propietarias "no sólo han recuperado ya el 100% de la inversión, sino que en 2012 ya sumaron"150 millones de euros de ganancias. 

Aunque ya no sólo se trata de los usuarios y pacientes, sino también de los profesionales que han visto modificado su estatus laboral. La reforma sanitaria del Gobierno ha puesto en peligro a un colectivo de 4.000 trabajadores –entre médicos, enfermeros y matronas– que pueden perder sus derechos como funcionarios estatales, en la mayoría de los casos adquiridos desde hace más de 30 años.

No obstante, los españoles no han sido los únicos que se han visto afectados por las medidas del Decreto-Ley. También los inmigrantes han pagado las consecuencias de las directrices conservadoras del PP. Los extranjeros en situación irregular han perdido la tarjeta sanitaria. Hecho que, según la ONG Médicos del Mundo, vulnera un "derecho humano esencial". 

Se estima que en nuestro país  hay 459.909 inmigrantes en situación irregular, de los cuales entre 2.700 y 4.600 estarían infectados por VIH. Aproximadamente un 80% de éstos estarían recibiendo un tratamiento adecuado, según un estudio de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). El otro 20% corre grave peligro para su salud y todo por una medida que no es rentable, ni siquiera en un corto periodo de tiempo.

"La aplicación del Real Decreto supondrá un ahorro económico muy inferior al esperado a corto plazo e impactará negativamente en la salud pública de nuestro país, y muy especialmente en la de los pacientes infectados por el VIH que queden desatendidos, aumentando los gastos sanitarios a medio-largo plazo y alejándonos de los objetivos de salud internacionalmente asumidos", subrayan las conclusiones de los expertos autores del informe, José A. Pérez-Molina y Federico Pulido Ortega.

Los pensionistas, uno de los colectivos que se había mantenido al margen del copago hasta la entrada en vigor del decretazo, han tenido que empezar a sufragarse una parte de los medicamentos por primera vez en la historia del SNS. Los jubilados ya abonan un 10% del precio de los fármacos con receta hasta un máximo de 18 euros mensuales. Bajo la justificación de la "eficiencia", la titular de Sanidad asegura que el fin de esta medida es "crear un efecto disuasorio para que no se tiren las 3.700 toneladas de fármacos que acumuló el punto de recogida el año pasado y que supone un gasto de 1.100 millones de euros", recalca Mato. En consecuencia, el 16,8% de los pensionistas ha dejado de tomar algún medicamento por no poder hacer frente al pago de los mismos, según un informe publicado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Por su parte, los pacientes de cáncer –la enfermedad que más vidas se lleva en los países occidentales– han sufrido en mayor medida el impacto de la reforma sanitaria. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), elaboró un informe en el que ponía de manifiesto que los casos más vulnerables podrían llegar a interrumpir el tratamiento debido, por ejemplo, al coste que supone el desplazamiento en ambulancia hasta el hospital. Concretamente, para una mujer con cáncer de mama –uno de los más comunes– en ocho meses de tratamiento, podría invertir hasta 1.500 euros de "transporte no cubierto" por el actual Sistema Nacional de Salud.

Y el último mazazo de Mato llegó a principios de este mes: España cerró el 2012 liderando el ranking internacional de trasplantes por vigésimo primer año consecutivo, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).  Sin embargo, Ana Mato presentó el pasado 11 de abril un recorte de 500.000 euros en el presupuesto para estas partidas, un 20% menos que en 2012. "Lo importante es hacer menos con más y es lo que estamos haciendo en este Gobierno, no se trata de recortar como se dice a veces, sino de buscar fórmulas para que podamos seguir avanzando más todavía, utilizando los recursos de manera más eficaz", aseguró entonces la ministra.

Para los promotores de la campaña de "desobediencia civil" y organizadores de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, "el modelo anterior era universal, es decir, el acceso a la sanidad estaba garantizado a toda la población sin excepciones. Ahora, sólo las personas aseguradas podrán tener garantizado el acceso a algunas prestaciones básicas".

José Luis Ruiz-Giménez, uno de los coordinadores de la plataforma,  asegura para Público que el 20 de abril de 2012 será recordado como "el día en que el sistema sanitario español dejó de ser universal y solidario para convertirse en excluyente e inhumano. El día en que nuestras autoridades decidieron que hay unas personas que merecen tener protegida su salud y otras que no", recalca.

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El Sespa aumenta las derivaciones a la privada para atajar sus demoras quirúrgicas

En lo que va de año, el HUCA y el Valle del Nalón enviaron 300 pacientes de traumatología al Centro Médico y la Clínica Asturias

El Comercio. 20.04.2013 - LAURA FONSECAGIJÓN.

El envío de pacientes de la sanidad pública para que sean operados o se sometan a una prueba diagnóstica en la medicina privada se ha incrementado en los últimos meses. En su afán por meter en cintura a sus listas de espera, las cuales se dispararon por culpa de la última huelga médica de finales de 2012, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha aumentado las derivaciones a centros concertados y privados. Según fuentes sanitarias consultadas por EL COMERCIO, en lo que va de año el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el Valle del Nalón remitieron 300 pacientes de traumatología para que sean intervenidos en la Clínica Asturias y al Centro Médico, ambos en Oviedo. Se trata, fundamentalmente, de enfermos pendientes de una cirugía de prótesis de cadera o de rodilla, operaciones que en los hospitales públicos mantienen demoras por encima de los cuatro meses. Además, se da la circunstancia de que el grueso de los casi 2.000 enfermos que en Asturias sufren esperas quirúrgicas superiores a los seis meses corresponden a casos de traumatología.

20.850 pacientes en la lista

Las mismas fuentes precisaron que los hospitales de Cabueñes y San Agustín también están derivando más enfermos a la privada. Sobre todo para pruebas radiológicas. Cerca de 2.000 personas residentes en Gijón y Avilés han sido citadas en centros privados para la realización de ecografías, resonancias y escáneres. Para este tipo de exámenes la espera en el Sespa supera los 130 días. En el caso de las resonancias magnéticas es todavía peor: ya que el tiempo medio de demora supera los seis meses.

Las últimas cifras dadas a conocer por el Sespa, las correspondientes al mes de marzo, recogían que eran 20.850 las personas que estaban pendientes de ser intervenidas en hospitales públicos. De ese total, 1.946 llevaban esperando más de 180 días (medio año). El compromiso de la Consejería de Sanidad es que a fecha del próximo mes de junio no haya ningún pacientes con demoras de seis meses. Los centros hospitalarios del Sespa se encuentran trabajando en la reducción de estas demoras, pero la erradicación de las ’peonadas’ está dificultando la realización de operaciones y de pruebas diagnósticas en horario de tarde en la sanidad pública, como se solía hacer hasta antes de que estallara el conflicto sanitario en octubre pasado. Esto ha llevado a que Sanidad incrementara las derivaciones a la privada que, según los médicos, «su coste es más elevado que si se hicieran en la pública». Asimismo, el HUCA mantiene el envío de enfermos coronarios a Santander ante la dificultad para aumentar las operaciones de corazón en el complejo hospitalario.

DATOS OFICIALES DE LA LISTA DE ESPERA QUIRURGICA DE MARZO 2013

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