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El TSJA abre la puerta a que los funcionarios cobren parte de la extra de Navidad de 2012

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El Parlamento regional tendrá que devolver a 28 trabajadores el 25% de la paga por aplicar con carácter retroactivo el ajuste del Gobierno

Lne. 25.02.2014 | 05:20 Oviedo, J. A. ARDURA 

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha abierto la puerta a que los funcionarios del Principado puedan cobrar una parte de la paga extra de Navidad de 2012, que habían perdido en cumplimiento de las normas de estabilidad presupuestaria dictadas por el gobierno central. Una sentencia de ese tribunal, que aún no es firme, obliga a la Junta General del Principado a abonar a 28 trabajadores del parlamento autonómico, que recurrieron a través de los servicios jurídicos del sindicato Usipa, una cuarta parte de esa paga extra, que ya había sido devengada de sus nóminas mensuales cuando entró en vigor el decreto de medidas extraordinarias aprobado por el ejecutivo de Mariano Rajoy, en julio de 2012.

Los empleados del parlamento autonómico basaron su recurso en tres reclamaciones diferentes: los empleados ya habían visto devengadas de sus nóminas cantidades correspondientes a la mensualidad de junio y a media mensualidad de julio al entrar en vigor el decreto de medidas extraordinarias; la Mesa de la Cámara eliminó la paga extra sin que hubiera negociación con los sindicatos y ese recorte no era de aplicación al personal del parlamento regional. La sala de lo Contencioso Administrativo estimó parcialmente el recurso presentado por el letrado Eduardo Rueda, de los servicios jurídicos de Usipa, sólo en lo referente a la devolución de los devengos practicados a esos 28 trabajadores en un mes y medio de sus nóminas y rechazó el resto de argumentos.

El TSJA establece que las «pagas extras» suponen «una manifestación del llamado salario diferido» pues «se devengan día a día aunque su vencimiento tiene lugar en distintos meses del año». En concreto, la paga «extra» de Navidad remunera a los empleados públicos servicios prestados cada día en los seis meses comprendidos entre el 1 de junio de 2012 y el 30 de noviembre de 2012. El decreto de medidas extraordinarias para garantizar la estabilidad presupuestaria, en el que se basó la Mesa de la Junta General para suprimir la extra de sus empleados, fue aprobado 14 de julio, fecha en la que, por lo tanto, a los empleados públicos ya se les había devengado de sus nóminas 44 días para la paga navideña. «La norma suprime la paga extraordinaria de diciembre, pero referida a la paga extraordinaria no devengada», precisan los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Es decir, el real decreto ley dictado por el gobierno de Rajoy, no tiene carácter retroactivo, «no afecta a la paga extraordinaria que en el momento de entrar en vigor la norma ya se había devengado paulatinamente con su acumulación día a día» y por lo tanto ese dinero ya forma parte «de la esfera de los derechos económicos» de los trabajadores de la Junta General «pendiente únicamente de su ulterior abono», concluye la sentencia, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

El sindicato Usipa valora positivamente el fallo del Tribunal Superior de Justicia y confía en que el pago de las cantidades devengadas en ese mes y medio «se generalice, en primer lugar a los 80 empleados del parlamento autonómico y, posteriormente, a todos los trabajadores de la administración regional», según manifestó su coordinador, José Luis González. «Lo lógico es que esos abonos se empiecen a regularizar lo antes posible y no haya que esperar a una campaña electoral», valoró el representante sindical. La supresión de la «extra «de Navidad a los empleados públicos marcó un punto de inflexión en las movilizaciones del colectivo. Las denuncias de los funcionarios contra las dietas que cobraban los diputados autonómicos acabaron provocando una revisión del sistema retributivo de la Junta General: los parlamentarios asturianos son los únicos de España que tributan por la totalidad de su salario.

Sanidad quiere negociar el aumento de actividad con "los líderes clínicos"

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En la lista de espera se dará prioridad a la gravedad del paciente, y en segundo término al tiempo de demora

 Lne. 25.02.2014 | 01:46 

 Faustino Blanco, en pleno fragor con Albano Longo. | nacho orejas

 Oviedo, Pablo ÁLVAREZ "Déjenos hablar con los líderes clínicos tranquilamente, empezando por los responsables de traumatología y cirugía cardíaca". Así se pronunció ayer el consejero de Sanidad del Principado, Faustino Blanco, en alusión al proyecto de su Departamento de aumentar la productividad de los centros sanitarios en materia de intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas.

Durante una comparecencia en la Junta, Blanco se refirió a dos de las especialidades que sufren demoras más preocupantes. Lo hizo en el marco de sus réplicas al PP y a Foro, cuando éstos sacaban a colación algunos de los argumentos esgrimidos por el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA). Esta última organización ya ha puesto de relieve que si lo que pretende Sanidad es "dar una nueva vuelta de tuerca" a un modelo organizativo "basado en el nombramiento de capataces", la Administración sanitaria se topará con un nuevo conflicto con la clase médica. "El SIMPA tiene sus datos y su espacio, pero no resume el conocimiento en sanidad de la región", indicó el consejero.

Por enésima vez en lo que va de mandato socialista, el titular de Sanidad tuvo que comparecer en la Cámara autonómica para explicar -en este caso a petición de Foro- la situación de las listas de espera. No faltó, por supuesto, el agrio debate de turno entre el consejero y el diputado casquista Albano Longo. Sin embargo, en medio de un intercambio de puyas que van adquiriendo solera parlamentaria, Blanco puso sobre la mesa algunas propuestas novedosas que, de algún modo, vienen a desarrollar el plan para "incrementar la producción de nuestros hospitales y de nuestros centros" expuesto días atrás por el nuevo gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Tácito Virgilio Suárez.

Según el consejero, "el análisis de los datos disponibles señala que nuestro sistema sanitario dispone de más capacidad por sí mismo, sin recurrir a medidas extraordinarias". Las autoridades sanitarias se disponen -prosiguió- a "monitorizar la productividad que se presupone exigible a cualquier servicio público, respetando la ordenación de jornada legalmente establecida".

¿Qué criterios se aplicarán en la gestión de las listas de espera? El factor prioritario para todo paciente pendiente de una operación, una consulta o una prueba diagnóstica será "la prioridad clínica que determine el facultativo responsable". De acuerdo con "las mejores evidencias", los enfermos serán clasificados en urgentes, preferentes y normales. El segundo criterio será "el tiempo total de permanencia en la lista de espera".

Faustino Blanco puso de relieve que en esta estrategia se aprovechará "el uso de recursos en red de las ocho áreas sanitarias para ofertar a los pacientes la posibilidad de ser derivados y atendidos en otro centro que no sea el suyo de referencia, cuando se garantice la atención en un menor tiempo".

Acerca de las derivaciones a otros hospitales, el consejero señaló que de los 1.228 pacientes a los que el año pasado se ofertó operarse en un hospital distinto al suyo, sólo 108 aceptaron el planteamiento. "Es un dato muy a tener en cuenta por lo que tiene de revelador sobre el tipo de patología que abordamos cuando hablamos de las listas de espera", indicó Blanco. En esta misma línea, Blanco indicó que de los 53 enfermos de corazón a los que se ofreció ser operados en el hospital santanderino de Valdecilla, sólo 8 respondieron afirmativamente.

Entre tanto, Albano Longo subrayó que sólo con la ampliación de jornada de dos horas y media semanales decretada por el Gobierno central "no es suficiente para terminar con las listas de espera". Victoria Delgado, del PP, aseguró que la sanidad "es un motivo de preocupación para los asturianos". El consejero destacó que la red pública cerró el año 2013 con un 4,6 por ciento de aumento de las operaciones programadas (55.477 frente a las 52.999 del año anterior). Un aumento logrado "sin recurrir a horas extraordinarias, las conocidas como "peonadas"".

De otro lado, y en respuesta a una pregunta de la diputada Delgado, el consejero de Sanidad anunció que su Departamento cuenta con la veintena de trabajadores de la Asociación de Minusválidos Asturcón para explotar los aparcamientos del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), tarea que ya desempeñan en el actual complejo hospitalario.

Ceses y nombramientos en las áreas sanitarias del SESPA en el BOPA de hoy…

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AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERÍA DE SANIDAD

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

Nombrados director y Subdirector Económico y de RR.HHdel Area III

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de don Fernando Mancheño Villarejo como Subdirector de Gestión del Área Sanitaria III-Avilés. [Cód. 2014-03376]
Texto de la disposición   PDF de la disposición (152 Kb)  

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de don Eduardo Segovia Martínez-Salinas como Director de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área Sanitaria V-Gijón. [Cód. 2014-03374]
Texto de la disposición   PDF de la disposición (152 Kb)  

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de don José Manuel Díaz Alonso como Director de Enfermería del Área Sanitaria VI-Arriondas. [Cód. 2014-03378]Texto de la disposición   PDF de la disposición (152 Kb)  

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a don Fernando Mancheño Villarejo Director Económico y de Recursos Humanos del Área Sanitaria III-Avilés. [Cód. 2014-03362]
Texto de la disposición   PDF de la disposición (153 Kb)  

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a D. Juan José Fernández Álvarez Subdirector Económico y de Recursos Humanos del Área Sanitaria III-Avilés. [Cód. 2014-03373]
Texto de la disposición   PDF de la disposición (153 Kb)  

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a doña Beatriz López Ponga Subdirectora de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área Sanitaria IV- Oviedo. [Cód. 2014-03371]
Texto de la disposición   PDF de la disposición (152 Kb)  

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a doña Laura Muñoz Fernández Directora de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área Sanitaria V-Gijón. [Cód. 2014-03369]
Texto de la disposición   PDF de la disposición (153 Kb)  

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a doña Noelia Varela Aller Directora de Gestión de Cuidados y Enfermería del Área Sanitaria VI-Arriondas. [Cód. 2014-03364]
Texto de la disposición   PDF de la disposición (152 Kb)  

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a doña Silvia Quemada Hernández Subdirectora de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área Sanitaria VI-Arriondas. [Cód. 2014-03366]
Texto de la disposición   PDF de la disposición (153 Kb)  

El fraude en los cursos de la patronal madrileña supera los 15 millones

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Un juzgado investiga la multiplicación de falsos alumnos para obtener más subvenciones

El principal sospechoso es el empresario cordobés José Luis Aneri

ÁLVARO DE CÓZAR / PILAR ÁLVAREZ Madrid 24 FEB 2014 - 00:00 CET

Un juzgado investiga la multiplicación de falsos alumnos para obtener más subvenciones. Lo defraudado duplica hasta ahora el caso de los cursos de formación del sindicato UGT en Andalucía. ,,,(leer más)

Empleo destituyó al alto cargo que ayudó a la policía en el ‘caso Aneri’

 El grifo de la formación

 Madrid investigará los cursos de formación de sindicatos y patronal

Lo público y lo privado

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Es alarmante, muy alarmante, que quienes gobiernan el país sean tan blandos en la defensa de lo público.

Víctor Moreno Escritor y profesor

nuevatribuna.es | 23 Febrero 2014 - 09:52 h.

O, para ser más precisos, de lo público que tiene como finalidad incidir en la mejora del bienestar de los ciudadanos sin exclusión por razones de su sexo, edad y religión. Porque hay dinero público que se invierte en cierta esfera privada confesional y que jamás se cuestiona cuando suenan los maitines de recortar presupuestos, subvenciones y ayudas. Estas menguas económicas solo se plantean y se ejecutan en el ámbito de las necesidades públicas generales...(leer más)

Las mareas ciudadanas toman el centro de Madrid

Miles de personas protestan contra las reformas del Gobierno en una manifestación en la que participan 41 organizaciones

 

Las mareas ciudadanas toman el centro de Madrid

Varios miles de personas han tomado el centro de Madrid para protestar contra las reformas del Gobierno en una manifestación organizada por la Coordinadora 25S y en la que han participado un total de 41 organizaciones ciudadanas, entre ellas las mareas blanca, verde y violeta o los trabajadores de Coca Cola.

"Queremos reivindicar todas las libertades ciudadanas que están en peligro en una fecha que no es casual", ha explicado Julio Rodríguez, portavoz de la Marea Ciudadana, refiriéndose a que hoy, 23F, se cumple el primer aniversario de la primera manifestación que reunió a todas las mareas y también hace 33 años del intento de golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero.

"Hace un año todas las mareas nos movilizamos para protestar contra el golpe de Estado financiero impuesto por la Troika y que todos estamos sufriendo", ha recordado Rodríguez, quien también ha indicado que la manifestación se está desarrollando en otros puntos de España como Valencia, Alicante, Málaga, Almería, Segovia o Gijón.

Buen ambiente

El buen ambiente entre los participantes y el sol -en una mañana casi primaveral en Madrid- han protagonizado la marcha, que, sin incidentes, ha recorrido el tramo comprendido entre la Puerta del Sol hasta la Plaza de Neptuno, donde se ha leído un manifiesto.

Gritos como "la voz del pueblo no es ilegal", "no nos representan" o "sanidad pública" han acompañado a las mareas, que portaban pancartas con lemas de todo tipo en contra de la reforma de la ley del aborto, la nueva ley de seguridad ciudadana, la privatización sanitaria o contra el ERE de Coca Cola en la Comunidad de Madrid.

En primera fila de la manifestación, personas con camisetas de todos los colores en representación de sus respectivas mareas han portado la pancarta de la protesta, en la que se podía leer: "Por nuestros derechos y libertades. Contra el golpe a la democracia. No a la represión". Precisamente en la cabecera se encontraba Lucía Mazarrasa, ataviada con la camiseta violeta de la marea contra la ley del aborto, quien ha calificado esta reforma legal como "un atentado y una tragedia para las mujeres".

A su izquierda estaba una profesora de secundaria, Paloma Cros, quien ha criticado las decisiones tomadas por el ejecutivo en materia educativa, acusando al Gobierno de "destrozar la Educación". "No vamos a parar hasta que no se acabe de verdad con la privatización sanitaria", exclamaba Mari Nieves Lozano, representante de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP) unos metros más allá, para después recordar que actualmente la sanidad madrileña tiene un nuevo frente abierto con la protesta de los trabajadores de su Centro de Transfusiones de Sangre. "Exigimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid que cancele el convenio que ha establecido con Cruz Roja y que privatiza el servicio de extracción de sangre en los puntos de calle", ha explicado Deli Edreira, una de las trabajadoras del Centro, luciendo camiseta roja.

También de rojo y al frente de la marcha se encontraban los trabajadores afectados por el ERE de Coca Cola que, en palabras de Marcelo Álvarez, secretario del comité de empresa de la planta de Fuenlabrada, han reivindicado su "derecho a trabajar", además de considerar muy positiva la unión entre todas las mareas ciudadanas para la ocasión.

Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y el Instituto Nacional de Silicosis (INS)

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“El Hospital Universitario Central de Asturias, a través de los medios técnicos del Instituto Nacional de Silicosis, se compromete a elaborar todos aquellos informes de valoración sobre patología profesional de origen cardiorrespiratorio, tanto para determinar la contingencia como para la graduación de la repercusión funcional, solicitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social”.

PUBLICADO EN EL BOPA DE AYER…

La Seguridad Social encarga al Instituto de Silicosis la valoración de las patologías profesionales respiratorias

El Instituto elaborará informes técnicos relativos a esta patología

Redacción Médica, Oviedo.

El Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y el Principado de Asturias han firmado un convenio marco de colaboración para la realización en el Instituto Nacional de Silicosis (INS), centro adscrito al Hospital Universitario Central de Asturias, de informes técnicos relativos a esta patología profesional de origen respiratorio.

El convenio, publicado este sábado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), fue suscrito el pasado 30 de diciembre por la directora general del INSS, María Eugenia Martín, y por el consejero de Sanidad de la Comunidad, Faustino Blanco.

En virtud del convenio, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), a través de los medios técnicos del Instituto Nacional de Silicosis, se compromete a elaborar todos los informes de valoración de esta patología profesional que le solicite el Instituto Nacional de Seguridad Social, y a remitírselos en un plazo de 15 días desde la recepción de la solicitud.

Además, con el fin de fomentar el mejor conocimiento y manejo, a la hora de valorar la incapacidad del trabajador provocada por patologías respiratorias, las instituciones que participan en el acuerdo podrán organizar conjuntamente cursos, jornadas y otras actividades formativas.

Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación del convenio de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Sanidad y el Instituto Nacional de Silicosis para la realización en el Instituto Nacional de Silicosis de informes técnicos relativos a la patología profesional de origen cardiorrespiratorio de los trabajadores. 

PDF de la disposición

«La Ley de la Dependencia es un fraude»

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El Comercio. 23.02.14 - 01:47 - CHELO TUYA | GIJÓN.

 Necesita asistencia para todas las actividades de la vida diaria, pero el nuevo copago la obligó a renunciar a la atención a domicilio pública

Diplomada en Empresariales. Experta en orientación laboral y en declaración de la renta. Actualmente, desempleada. Además de sus extensos conocimientos en informática, en el currículo de Marimar Álvarez aparece marcada la casilla de discapacidad. Esta gijonesa, de 41 años, tiene reconocido el máximo grado de dependencia, el III, debido a su atrofia espinal.

Se trata de una dolencia que sólo le permite un mínimo control de sus manos, con las que maneja el mando de la silla de ruedas eléctrica o el ratón del ordenador. «Pero cada vez menos. Estoy pensando otras opciones, como el control bucal o de mentón». Para el resto de las actividades básicas -es decir, para levantarse, asearse, vestirse o comer- necesita ayuda.

Sin embargo, vive con su madre viuda «sin ningún tipo de ayuda». Batalladora contra las barreras arquitectónicas -de su lucha, en 1996, para lograr culminar sus estudios en la desaparecida Escuela de Empresariales, con el aula en el segundo piso y sin ascensor, dio buena cuenta EL COMERCIO-, lo tiene claro: «La Ley de la Dependencia es un fraude. A mi no me ha reportado ninguna de las ayudas que prometía».

«Quiero asistente personal»

Sin elevar el tono ni perder la sonrisa, confiesa que le ha costado volver a recurrir al periódico. De hecho, fueron sus amigos los que dieron el primer paso. «Me dijeron ’Marimar, con lo que tú eras, cómo no lo cuentas’, pero les digo que estoy mayor», bromea.

Es muy rotunda al asegurar que no entiende «todo lo relativo a esta ley. Nada es como se dice». Porque, a pesar de que su caso fue tramitado «con mucha rapidez, tengo el certificado desde 2007», lo cierto es que nunca obtuvo «el servicio que yo quería». Porque Marimar buscaba «el asistente personal», la llamada a ser figura estrella de la Ley de la Dependencia, pero que su alto coste ha limitado, en el caso de Asturias, a sólo tres expedientes aprobados. «Desde el principio nos dijeron que no lo podría pagar, por lo que decidimos continuar con lo que teníamos: la ayuda a domicilio municipal. No quisimos la paga al cuidador familiar».

Pese a que su madre, Ángeles Pastur, es la auténtica «asistente personal que hemos tenido mi hermana y yo». Porque la historia de ambas incluye a un padre, Ramón, albañil fallecido hace dos años, «que trabajó muy duro», y a una hermana, Mariángeles, fallecida a los 21 años por la misma dolencia.

«Mi madre no quiso cobrar»

«Durante toda la vida, mi madre fue la que tiró de nosotras. Primero en silla de ruedas doble, luego, por separado. Con seis escalones que salvar, pese a vivir en un bajo. Y sin más sueldo que el de mi padre. Cuando llegó la Ley de la Dependencia, no quiso cobrar, ella quería que yo tuviera el servicio profesional».

La suya es una historia que pocos en el gijonés barrio de La Calzada desconocen, ya que, si por algo se caracterizaron tanto Mariángeles como Ramón «fue por llevar a nuestras hijas a todas partes. Nunca las escondimos, tenían derecho a lo mismo que los demás», asegura Mariángeles.

Y así, cuando en el colegio «nos dijeron que nos querían», llegaron los profesores en casa. «Hasta que me harté», dice Marimar, que se confiesa: «El momento más feliz era cuando íbamos a hacer los exámenes: veía a los amigos».

La realidad evidenció rápidamente que la madre necesitaba ayuda. Así llegó el servicio municipal «de ayuda a domicilio, hace doce años». Una hora de atención diaria «para lo más duro, que es el momento de levantarse, asear y poner el corsé». Una coraza ortopédica que impide, directamente, «que me ahogue, porque mi torso no aguanta y me doblo». Poner el corsé son «45 minutos de trabajo».

Según explica Ángeles, «es una operación muy delicada, en la que Marimar no puede ayudar, por eso tardamos mucho». Tanto que la madre decidió, por su cuenta, «contratar un servicio propio de ayuda a domicilio, para compatibilizarlo con el público. Porque con una hora al día no es suficiente».

Ese doble servicio acabó en agosto. Marimar renunció «a la ayuda a domicilio que, supuestamente, me cubre la Ley de la Dependencia», porque llegó el copago y con él «la imposibilidad de mantener dos asistentes. Son casi 400 euros al mes, a lo que el Principado me cobraría otros tantos».

Desde agosto, Marimar es una dependiente severa «sin ayudas a la dependencia». Un grado III que renunció «a lo que tengo derecho, por el copago». Desde diciembre, negocia con el Principado la vuelta al servicio «porque me dicen que será más barato, pero no supe más».

«Me niego a que me metan en la cama a las seis de la tarde»

 El Comercio, 23.02.14 - 01:42 -

 «No entiendo por qué no podemos tener asistente personal. Es la figura perfecta, la que nos permite la autonomía que queremos». Marimar Álvarez mantiene el espíritu reivindicativo que la llevó a pleitear con un decano «que decía que la tradición era que la clase de segundo de Empresariales estuviera en el segundo piso», sin atender la falta de ascensor, o que le lleva a lamentar que «todavía hoy pasen cosas como que no conozco las tumbas de mi padre y hermana, porque en el cementerio de Jove hay escalones».

Por eso, reclama para los dependientes «un servicio que nos garantice la autonomía». El público de ayuda a domicilio «te mete en la cama a las seis de la tarde. Y yo me niego. Tengo vida propia, amigos y quiero salir». Además, recuerda el caso de una ’profesional’ «que me trataba tan mal que no podía dormir pensando que iba a venir. Fue sólo una, pero fue terrible». Exige «residencias para jóvenes y rehabilitación. Gracias a Cocemfe tengo una hora a la semana, cuando necesitaría una hora al día. Pero, claro, son 30 euros a la hora».