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Rodríguez Braga: «El Simpa está secuestrando la sanidad pública»

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El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, acusó ayer a la dirección del Simpa de generar situaciones «inadmisibles» para los ciudadanos, a los que esta organización está haciendo «rehenes» de las sucesivas convocatorias de huelga contra la ampliación de jornada.

El Comercio. 24.11.12 - 00:27 -

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Junta General, Blanco reiteró su «enorme decepción» con la «cúpula» de la organización médica, que, a su juicio, «vive una realidad ajena a la crisis» tras convocar doce días más de huelga en diciembre entre los 4.000 facultativos de la sanidad pública asturiana. Y, asimismo, se declaró «escandalizado» después de que los médicos hablasen de condiciones «esclavistas». Pero no fue el único que cargó contra los facultativos, porque el presidente de la Unión de Consumidores (UCE) de Asturias, Dacio Alonso, aseguró que pretenden garantizar «su status personal», mientras que el secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, los acusó de «secuestrar la sanidad pública asturiana.

Los médicos, liderados por Antonio Matador, volvieron a protestar ayer frente a la Junta General del Principado contra la jornada impuesta por el Sespa. :: MARIO ROJAS

Solo los médicos mantienen la huelga

El resto de los sindicatos sanitarios alcanza un acuerdo con el Sespa, mientras el Simpa emplaza al consejero a reabrir la mesa de negociación

24.11.12 - 00:39 -L. ÁLVAREZ / A. VILLACORTA | OVIEDO.

Primer acuerdo en un conflicto que parecía enquistado. El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y todos los sindicatos sanitarios menos el que agrupa a los médicos, el Simpa, firmaron ayer un acuerdo para poner fin a la huelga en el sector.

Es decir: a estas alturas del enfrentamiento únicamente los médicos mantienen en pie las nuevas jornadas de paro, quedándose solos con sus reivindicaciones frente a la consejería liderada por Faustino Blanco, mientras que el personal de enfermería, auxiliares, celadores y administrativos desconvocaron las movilizaciones, tal y como ya había hecho anteriormente el sindicato UGT (minoritario en Sanidad), que se descolgó de los paros el pasado 22 de octubre.

El compromiso para desconvocar la huelga fue rubricado por la mañana por el Sespa y el resto de sindicatos sanitarios con representación en la sanidad asturiana: Satse, Usae, Sicepa-Usipa y CC OO.

Todos ellos se comprometen, además, a iniciar urgentemente los trámites para reunir a la mesa sectorial de los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud con el objetivo de abordar la aplicación de la jornada laboral en el Sespa en los términos propuestos por la Administración a las centrales en la reunión de celebrada ayer. Asimismo, se llevarán a este organismo los acuerdos incluidos en el protocolo acordado hace un mes entre el Sespa y UGT.

Y mientras que los avances se sucedían entre el personal no médico, los facultativos, a través de su sindicato profesional, emplazaban al Ejecutivo autonómico a la apertura con carácter urgente de la mesa de negociación para llegar a acuerdos que permitan desconvocar la huelga de noviembre y diciembre.

El secretario general y presidente del Simpa, Antonio Matador y Javier Alberdi, respectivamente, mantuvieron una breve entrevista con la secretaria general técnica del Sespa, Angelina Álvarez, y le trasladaron su voluntad de retomar las negociaciones «sin mayor dilación» para evitar los paros que quedan pendientes este mes y las doce jornadas de huelga previstas para diciembre, que los colocarán a las puertas de la Navidad.

Según informó el propio Simpa, la secretaria general técnica del Sespa se comprometió a trasladar la petición a la gerente, Celia Gómez, gerente del Servicio de Salud, aunque de la reunión de ayer no se desprende, advirtieron, «ninguna voluntad negociadora por parte del Gobierno del Principado».

El sindicato quiso, además, salir al paso de las declaraciones del consejero Faustino Blanco, que habló de ’pánico escénico’ del Simpa a la hora de firmar un acuerdo. «Se olvida, voluntariamente, de que este sindicato ha firmado pactos con el Insalud y con las distintas administraciones sanitarias de Asturias desde las transferencias. Cabe pensar, más bien, que las palabras del consejero responden al callejón sin salida en el que los dirigentes de la Administración sanitaria se han metido», zanjó el Simpa.

Vídeo:

La UCE carga contra los médicos

La judicatuasturiana se une a la protesta contra las tasas y la reforma de Gallardónra

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Los profesionales de la región apoyan unos actos sin precedentes celebrados en las principales ciudades del país

El colectivo asegura que la justicia «debe estar llamada a encabezar el discurso público contra la crisis»

La concentración de Mallorca. efe

 Lne.es » Asturias Oviedo, Félix VALLINA

 Medio centenar de jueces y magistrados del Principado se reunió ayer en las dependencias de la biblioteca de la Audiencia Provincial, en Oviedo, para mostrar su apoyo a las manifestaciones de protesta que se registraron en las principales ciudades españolas contra las nuevas tasas judiciales y en rechazo a la reforma de la justicia promovida por el Gobierno central, unos actos sin precedentes en los que hubo voces que solicitaron la dimisión del ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón.

 

El acto en Asturias fue rápido y mecánico. La decana de los jueces de Oviedo, Pilar Martínez Ceyanes, acompañada por otros seis integrantes de las distintas asociaciones de profesionales que existen en la región -María del Sol Rubio, Virginia Chinnici, Rafael Martín, Juan Carlos García, Guillermo Sacristán y Pilar Martínez-, fue la encargada de abrir un acto que consistió en dar lectura al comunicado nacional conjunto del colectivo. Al término del acto, Martínez Ceyanes aseguró que la judicatura está preocupada por no poder «prestar a los ciudadanos la calidad que reclama el sistema constitucional».

 

En dicho comunicado, la comisión interasociativa de jueces y fiscales pide la «retirada inmediata» del proyecto de ley de reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial, al entender que «perjudica la calidad de la justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica». El colectivo reclama la «potenciación» y «autonomía presupuestaria» del órgano de gobierno de los jueces -el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-, la convocatoria anual de 250 plazas de jueces y fiscales y un estatuto judicial. Además, los profesionales solicitan la adopción de medidas para «paliar el abandono y la lamentable situación» en que se encuentran los Juzgados debido a la «ausencia de medios personales y materiales, con especial referencia a la penosidad de las guardias».

 

El escrito también se centra en las tasas judiciales y pide que sean «moderadas», sin que «limiten el acceso» a la justicia, circunstancia que «no se contempla en la actual ley, que las establece claramente desproporcionadas». El decálogo reivindicativo incluye, además, que la justicia debe ser impartida «exclusivamente por jueces y profesionales», y precisa que una vez alcanzada la carga máxima de trabajo «deberán crearse las nuevas plazas judiciales necesarias de forma automática». Asimismo, apuesta por la «eficacia y optimización» de los recursos en el ámbito de la organización judicial.

A través del comunicado, la judicatura quiere realizar un «nuevo llamamiento» a los responsables de Justicia para que ésta «no pueda ser vista como un problema», ya que «debe estar llamada a encabezar el discurso público contra la crisis». Para el colectivo, es necesario conseguir «una justicia centrada en las personas, en la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos». En ese sentido, el comunicado aboga por «una justicia ágil, favorecedora de la seguridad jurídica y de la reactivación económica».

 En el acto que tuvo lugar ayer en Oviedo no hubo una presencia destacable de los fiscales, un colectivo que sí se echó a la calle en otras ciudades españolas.

 Lne.es » Asturias

La judicatura asturiana se une a la protesta contra las tasas y la reforma de Gallardón

 Aunque las protestas se repitieron a lo largo de todo el país -los magistrados, fiscales, abogados y trabajadores de la justicia salieron a la calle en ciudades como Pamplona, Palencia, León, Cáceres, Palma de Mallorca, Barcelona y en comunidades autónomas como el País Vasco o Andalucía-, en Madrid se centraron las principales concentraciones. Allí, al grito de «Gallardón, dimisión» y «Qué pasa con las tasas», los concentrados cortaron la calle de San Bernardo, donde está la sede del Ministerio, durante 20 minutos. El portavoz de la asociación de jueces «Francisco de Vitoria», José Luis Armengol, leyó el mismo manifiesto que se hizo público en Asturias. Respecto a si los jueces y fiscales van a ir a la huelga si Gallardón no atiende sus demandas, González Armengol indicó que ésta es una posibilidad que «está encima de la mesa». Añadió que «la semana que viene, muy probablemente el lunes o el martes, se adoptarán las medidas».

Fotos de la noticia

La irrupción sin ambages del negocio, con su ánimo de lucro y beneficios privados, en la sanidad pública: Madrid.

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600 jefes de servicio rechazan el cambio del régimen de hospitales de Madrid

En una carta enviada al consejero afirman que tienen “todas las razones” para dudar de la efectividad de las medidas

Emilio de Benito, Madrid, en El País.

El cambio de la decisión de la Consejería de Sanidad de Madrid sobre el destino del hospital de La Princesa no basta. Así lo piensan más de 600 jefes de servicio y unidad de los centros públicos de la comunidad que han enviado una carta al consejero Javier Fernández-Lasquetty al respecto. En la misiva, los firmantes afirman que quieren mostrar su “profunda preocupación por los cambios propuestos” en el plan, que incluye el cambio de orientación del Carlos III y la privatización de la gestión de seis centros, y solicitan “su retirada”.

Los firmantes afirman que “el plan ha sido desarrollado sin ningún contacto con los que se verán más afectados por sus previsibles consecuencias, los ciudadanos, ni con los profesionales implicados”, lo que, según ellos, “demuestra una falta de consideración y respeto hacia los profesionales”.

Pero no se trata de una cuestión de formas. Los profesionales, tras reiterar el nivel de calidad alcanzado en los centros, afirman que “el cambio radical” en el modelo de gestión que se propone “no tiene evidencia previa ni garantía de que vaya a suponer un ahorro real para los ciudadanos”. “Tenemos todas las razones para mantener dudas sobre la efectividad de esta medida, que nos parece aventurada, por incierta y arriesgada”, dicen.

Por ello, reiteran “el rechazo al conjunto de medidas del plan”, y piden diálogo “antes de que se generen nuevas tensiones”.

La mayoría de los trabajadores de La Princesa abandonan el encierro ante el acuerdo con Sanidad

Sólo una pequeña parte del personal mantiene los turnos de permanencia en el salón de actos del hospital. El resto apoya la lucha de sus compañeros de otros centros pero considera que su problema ya está solucionado

PÚBLICO, Madrid.

Después de 21 días de encierro y protestas continuadas, los trabajadores del hospital La Princesa de Madrid consiguieron demostrar ayer que, a veces, las movilizaciones sí sirven para algo. El consejero de Sanidad de la Comunidad, Javier Fernández-Lasquetty, aún no ha hecho oficial su compromiso de mantener el edificio como un centro de atención general, pero ya lo ha hecho público; señal suficiente para que el personal sanitario empezara a fiarse de su palabra.

"El acuerdo anunciado ayer está a un abismo de las buenas intenciones que había anunciado la Consejería en ocasiones anteriores", señala Juan Pedro Iglesias, uno de los trabajadores y representante sindical de La Princesa. "Aún falta ver plasmadas estas promesas [una menor reducción del presupuesto y el mantenimiento de los servicios de urgencias, investigación, docencia y las especialidades, entre otras cuestiones] en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, pero creemos que lo responsable es abandonar ya el encierro", continúa Iglesias, de CSIT.

No obstante, un "grupo no representativo" de trabajadores que no acataron la decisión mayoritaria propuesta por los sindicatos presentes en el hospital, continúa con la lucha iniciada hace ya 21 días. Al ser menos en el salón de actos donde se lleva a cabo la protesta, esta tarde se extendieron ciertos rumores de un posible desalojo a través de las redes sociales. Varias fuentes del centro han desmentido a Público esta cuestión y han asegurado que el motivo de sus reclamaciones, a partir de ahora, es "seguir luchando contra la privatización de la Sanidad".

Ese objetivo lo perseguirá también el resto de sus compañeros, que, aunque no permanezcan encerrados, continuarán apoyando la lucha de los sanitarios madrileños. "A los que permanecen encerrados aquí [en la Princesa] no queremos que les pase nada y, con los profesionales de otros centros, seguiremos luchando juntos contra el desmantelamiento de la Sanidad Pública", explica Juan Pedro. "Además, intentaremos ser más proactivos y apoyarles en sus respectivas luchas, ahora que nuestro problema ya puede darse por solucionado", asegura.

Ya son 19 los centros sanitarios de la comunidad donde, debido a diferentes causas, se llevan a cabo protestas y encierros como los de La Princesa. Los motivos son variados, pero convergen en un objetivo común: solicitar la retirada del Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario público, anunciado por el presidente de la región, Ignacio González, el pasado 31 de octubre. 

Además de estas protestas individuales, médicos, enfermeros, auxiliares y técnicos de toda la comunidad conformaron el #tsunamiblanco que inundó las calles de la capital el pasado domingo. Asimismo, los representantes sindicales de toda la comunidad sanitaria han convocado paros en el sector en dos vertientes paralelas: una de cuatro días (26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre), convocada por todos los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Sanidad (SATSE, CC.OO., Amyts, CSIT-UP, UGT y USAE); y otra, indefinida, convocada por los representantes de los médicos. En este segundo caso, los servicios mínimos serán similares a los establecidos durante el pasado 14 de noviembre, día de huelga general.

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Monago pagará la extra a los funcionarios con dinero que Aznar quiso quitar a Ibarra

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EL DRAMA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

El Tribunal Constitucional declara legal un impuesto a los bancos aprobado en 2001

María Fabra 22 NOV 2012 - 13:49 CET286

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, en una imagen de archivo. / BERNARDO PÉREZ

El Gobierno de Extremadura ingresará 240 millones de euros de un impuesto bancario que trató de aplicar Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 2001 pero que el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, paralizó al recurrirlo al Tribunal Constitucional.

El pago de los tributos llegará casi a la vez que el Gordo de Navidad, antes del 6 de enero, según las previsiones del Gobierno extremeño, que destinará los ingresos a la recuperación de la extra de los funcionarios extremeños, al cumplimiento del objetivo del déficit o talleres de empleo, según ha explicado el propio presidente, José Antonio Monago. "Se dijo que era una medida coyuntural y ahora se puede solventar", ha señalado el presidente sobre el restablecimiento de la paga extraordinaria a los empleados públicos. El caso es que lo que Monago pretende es adelantar la paga de junio a enero para así "burlar" la suspensión de esta paga extra que dictó el Gobierno de Mariano Rajoy…(leer más)

El tiempo medio para lograr el diagnóstico de un especialista es de 82 días

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Un estudio de la OCU sobre las listas de espera en la sanidad pública refleja la diferencia entre autonomías

 Lne.es » Sociedad y Cultura Madrid

 El tiempo medio que tarda un paciente español en recibir un diagnóstico de un especialista en la sanidad pública es de 82 días. La cifra se obtiene sumando lo que se tarda en ser recibido por el especialista en la primera visita más lo que se demora la prueba diagnóstica correspondiente y la segunda visita al especialista para obtener un diagnóstico. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó ayer un estudio sobre las listas de espera en España, tras realizar 16.000 preguntas a pacientes de centros sanitarios de 56 ciudades de las 17 comunidades autónomas.

 «Treinta días es un plazo lógico y coherente para la primera visita al especialista y como mucho 60 para tener el resultado y un tratamiento; 82 días no es de recibo», indicó ayer la portavoz de la organización, Iliana Izverniceanu.

 Las especialidades analizadas son las más solicitadas, como cardiología, cirugía general, dermatología, digestivo, ginecología, neurología, oftalmología, otorrinolaringología, traumatología y urología. Las pruebas diagnósticas son la ecografía, electromiograma, endoscopia, resonancia magnética y el TAC.

 El estudio aprecia, en la mayoría de las comunidades, un descenso en los tiempos de espera para la primera consulta con el especialista, 47 días de media -10 días menos que en 2008 y 18 menos que en 2004-, pero en algunas autonomías esos plazos han ido a peor, como Castilla-La Mancha (54 días), Extremadura (81) y, en menor medida, Valencia (48), Navarra (52), Galicia (82) y La Rioja (49). El caso de Canarias merece especial atención, ya que, según el estudio, aunque la situación ha mejorado, sus plazos medios son los más largos: 105 días para la primera visita al especialista, 118 para la segunda y 140 para la tercera.

 Tras Canarias, se sitúan en cuanto a los plazos para la primera visita Galicia (con 82 días de espera), Extremadura (81) y Cantabria (68), una posición muy distinta de la de Baleares o Navarra, con sólo 20 días de espera de media.

 De las especialidades, las de cardiología y neurología son las que tienen más retraso en la primera cita, 56 y 55 días de media, y la más lenta para la segunda es también neurología, 66 días de media desde la anterior.

 Las consultas de traumatología son las que tienen los tiempos de espera más bajos, una media de 42 días.

La flexibilidad del SIMPA se simplifica en una frase: no estamos dispuestos a recuperar ni un minuto de jornada ordinaria… ya no hace falta disfrazarlo con sesiones clínicas, cambios de turnos o mejora de la continuidad asistencial.

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El Sindicato Médico convoca doce días más de huelga en diciembre

RTPA

El Sindicato Médico (SIMPA) ha anunciado hoy la convocatoria de doce días más de huelga en diciembre entre los 4.000 facultativos de la sanidad pública asturiana ante la falta de acuerdo con el Gobierno regional sobre el modelo de aplicación de la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37 horas y media semanales.

La nueva convocatoria de huelga ha sido programada para los días 5, 7, 10, 11, 12, 13, 4, 17, 18, 19, 20  21 de diciembre que, de no alcanzarse un acuerdo, se sumarán a las 21 jornadas de paro de los meses de octubre y noviembre que, según los responsables del SIMPA, han llevado a que haya miles de personas que se encuentren en la lista de espera quirúrgica de más de seis meses cuando antes del conflicto apenas había pacientes en ella.

Sólo en el HUCA hay ya más de 650 pacientes en la lista de espera quirúrgica de más de seis meses, según el SIMPA, que ha alertado también de que la "pésima gestión" del Servicio de Salud (SESPA) está suponiendo "el ahorro de muchísimo dinero porque no se están poniendo prótesis de cadera".

Según ha anunciado hoy el portavoz del SIMPA, Antonio Matador, el comité ejecutivo del sindicato ha adoptado la decisión de convocar nuevos paros por unanimidad tras constatar en la última reunión celebrada ayer con los responsables del (SESPA) la "intransigencia e inmovilismo" del Gobierno regional en este conflicto.

SIMPA y SESPA habían reanudado ayer las negociaciones con la confianza de llegar a un acuerdo o preacuerdo que permitiese desconvocar las cuatro jornadas de huelga que aún quedan pendientes de las 12 programadas en noviembre en protesta por las condiciones de trabajo plantadas para el colectivo médico por el Ejecutivo.

No obstante, las diferencias sobre el cumplimiento de la jornada ordinaria de los facultativos bloquearon la negociación e impidieron un acuerdo que hubiera permitido poner fin al conflicto laboral que vive la sanidad pública asturiana.

"Los descansos tras la guardia son irrenunciables para nosotros y todos los médicos, que nos dicen que no se puede ceder ni un milímetro", ha señalado hoy Matador en la rueda de prensa en la que ha anunciado la prolongación de la huelga y en la que se ha mostrado convencido de que "el acuerdo aún está lejano".

De hecho, ya ha anunciado que a finales de diciembre se celebrará otra reunión del comité ejecutivo del SIMPA para convocar más días de huelga en enero si no se alcanza antes un acuerdo sobre los descansos tras las guardias.

El responsable de atención especializada del SIMPA, Ángel Colmeiro, ha asegurado que mañana se cumple el decimoctavo día de huelga en un mes y medio con lo que este conflicto se ha convertido ya en el "más duro y largo" desde que se transfirieron las competencias sanitarias en 2002.

Tras asegurar que el SIMPA no se jacta del daño que está produciendo la huelga en el sistema, Colmeiro ha incidido en que a día de hoy la sanidad pública asturiana se encuentra en una situación "crítica" y que si se sigue en esta situación "puede ser irrecuperable con unas listas de espera que aumentan de forma dramática".

Colmeiro ha asegurado que los médicos no van contra los pacientes, sino que sólo quieren unas condiciones laborales "que no rayen con el esclavismo" y que, en su opinión, es lo que plantea la Consejería de Sanidad para el colectivo.

Así, ha afirmado que esta nueva concocatoria de huelga "no es ninguna ruptura ni ningún desafío" a la administración, sino una salida a lo que plantea la Consejería a la que ha acusado de haberse movido sólo lo justo para cambiar la cadena de cincuenta centímetros con la que les quería amarrar por una de dos metros.

"El descanso tras la guardia es irrenunciable", ha insisto Colmeiro, al igual que Matador, que ha asegurado que no se está hablando de recortes salariales sino de una agresión a los médicos y de la ruptura de un pacto tácito que había con los gobiernos socialistas para que no se tocase el descanso posterior a las guardias que se adoptó hace años.

Matador se ha preguntado también si detrás de esta huelga no se esconde un interés por ahorrar gastos sanitarios poniendo a los paros convocados por el SIMPA como coartada.

La nota de ayer del SESPA:

El Servicio de Salud lamenta que el Simpa siga negándose a negociar el cumplimiento de la jornada anual de los médicos que hacen guardias

La gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Celia Gómez, lamenta que la cúpula de Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) siga encontrando dificultades para alcanzar acuerdos y se niegue a negociar el cumplimiento de la jornada ordinaria, justo cuando se vislumbraba alguna posibilidad de poner fin a la huelga en la sanidad asturiana.

El Simpa ha rechazado de plano la propuesta de buscar un acuerdo conjunto para el cumplimiento de la jornada anual de los médicos que hacen guardias y han sido tan inflexibles que no han sopesado ninguno de los puntos incluidos en la propuesta. Su única alternativa en este punto es mantener la situación actual, cuando entendemos que el recorrido y las ideas desarrolladas hasta ahora eran equilibrados en relación al esfuerzo solicitado a todos y cada uno de los colectivos afectados por la aplicación de las medidas en discusión.

La huelga médica se alarga hasta Navidad

Los facultativos dicen que la situación de las demoras «es dramática» y reiteran su rechazo a tener que recuperar el descanso de la guardia: «Por ahí no pasamos»

El Simpa parará otros 12 días en diciembre. «Estaremos en conflicto el tiempo que haga falta», advierten.

23.11.12 - LAURA FONSECA | OVIEDO, en El Comercio.

La huelga médica se tensa y alarga, convirtiéndose ya en un auténtico y triste récord de conflictividad en la sanidad pública desde que el Principado asumiera en 2002 las competencias sanitarias. La protesta contra el nuevo modelo de jornada del Servicio de Salud (Sespa), que acumula ya mes y medio de deriva, llegará hasta la antesala de las Navidades y puede, incluso, que Asturias estrene 2013 con servicios mínimos en sus hospitales, puesto que los facultativos ya sopesan continuar con la movilización, incluso, durante enero. «Estaremos en conflicto el tiempo que haga falta», advirtió ayer el secretario general del Sindicato Médico (Simpa), Antonio Matador, que ve «lejana» la posibilidad de un pacto con Salud.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, habrá huelga médica también en diciembre lo que hará que a la Consejería de Sanidad se les atragante el turrón, cuando menos. El Simpa lo hizo oficial ayer, después de que el Comité Ejecutivo adoptara esta decisión «por unanimidad». Serán doce días más: desde el miércoles 5 al viernes 21. Según el calendario avanzado por el sindicato, los médicos volverán a parar 24 horas los días 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 21. Lo hacen, explicaron, «porque no nos queda otro camino ante la agresión desmedida del Principado hacia los facultativos» y en respuesta a la «intransigencia e inmovilismo» del Gobierno regional en el conflicto. Esta cuarta convocatoria, la de diciembre, se suma a los 21 días de paralización que desde el pasado 8 de octubre ha venido convocando el Simpa, que aún tenía por delante cuatro días de huelga en noviembre: hoy, y el lunes, miércoles y viernes de la próxima semana.

Cadena al cuello

La cúpula del Simpa dejó claro, sin lugar a ningún tipo de dudas, que no aceptará tener que devolver horas a cuenta del descanso tras la guardia. Los médicos no quieren recuperar ni 3 horas por guardia ni tampoco que se fije un tope de 9 horas al mes, como les propuso el Sespa en la última reunión celebrada el miércoles y que finalizó sin acuerdo. Los facultativos no están dispuestos a recuperar horas a cuenta de la salida de guardia, ni tan siquiera 15 minutos. «Por ahí no pasamos», insistieron en rueda de prensa.

Precisamente, sobre la propuesta del Sespa de ponderar aún más el tiempo de descanso tras la guardia, fijando un máximo de horas a devolver de 9 horas al mes (el equivalente a tres guardias), Ángel Colmeiro, responsable de Atención Especializada del Simpa, respondió: «Es como si te ponen al cuello una cadena de 50 centímetros y luego pasan a otra de dos metros para que te sientas más libre. No se puede entender que cuanto más se trabaje más horas debes. Por ahí no pasamos», volvió a señalar, indicando que se trata de «una línea roja».

Aceptan el modelo de tardes

Los dirigentes del Simpa rechazaron, tal y como dice el Principado, que no se muevan de su planteamiento inicial. Colmeiro desveló que en las reuniones de negociación los médicos se mostraron dispuestos a renunciar a su petición de media hora diaria como fórmula para ampliar 2,5 horas la jornada semanal. A cambio aceptarían los módulos de tarde de 2,5 horas semanales o tramos de 4 horas cada quince días que plantea el Sespa. También estarían por la labor de firmar una merma en los módulos de exención de guardias para los mayores de 55, sobre todo a cuenta de frenar nuevas incorporaciones, siempre y cuando se respetara a los facultativos que ya los disfrutan. «Nosotros si que nos hemos movido. Lo que dice el Sespa es mentira», precisó Colmeiro.

Los médicos señalaron que la protesta está provocando un daño importante en la sanidad pública y dieron ejemplos. «No nos jactamos de ello, es más, lo lamentamos y pedimos por ello disculpas a los pacientes», indicó el secretario general del Simpa. Dicho esto, aseguró que «la situación de las demoras y de las listas de espera es dramática». Tal y como ya señalara este periódico, más de un millar de pacientes, 650 en el HUCA, acumulan demoras por encima de los seis meses para operarse. También se han disparado las jornadas de estancia media, que en el Central creció en dos días «algo terrible». «La situación se agravará aún si persiste el conflicto y puede que sea irrecuperable», indicaron los facultativos.

Posible acuerdo con el resto

Mientras el conflicto médico encalla y se enquista, el del resto de los sindicatos, parece encaminarse. Tras semanas de silencio, el Sespa apuró ayer un encuentro con CC OO, Satse, Usae y Sicepa-Usipa. El Principado modificó parte de su última oferta, la que llevó a estas centrales a no sumarse al acuerdo de jornada que sí firmó UGT, y a convocar cuatro días de huelga en noviembre. La administración acepta ahora reconvertir plazas de eventuales en interinos. Un 20% en 2013 y un 10% en 2014. Los sindicatos lo debatirán con las bases.

Los médicos justifican otros doce días de huelga para evitar el «esclavismo»

El SIMPA impulsa un tercer mes de paros por el descanso postguardia, pese a admitir que la sanidad «está en un abismo que puede no tener retorno»

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

Médicos abocados a una situación laboral «que raya en el esclavismo»; una sanidad pública «en una situación crítica que, si continúa así, va a ser irrecuperable»; varios miles de pacientes que llevan esperando más de seis meses para operarse; «una agresión a todos los médicos, incluidos los MIR»; una Administración sanitaria que está «jugando» a no realizar determinadas operaciones para ahorrar; un Gobierno regional que sólo pretende «doblegar al médico a cualquier precio, incluso aunque ese precio sea la caída de la sanidad»...

Esta enumeración de declaraciones es solamente un botón de muestra de la durísima rueda de prensa que ayer ofrecieron los responsables del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) para justificar la convocatoria de un mes más de huelga, el tercero consecutivo. Se plasmará en doce días de paros: 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 21 del próximo mes de diciembre.

El motivo monográfico de este nuevo órdago es el descanso posterior a las guardias nocturnas de los facultativos. La organización sindical quiere que esa mañana subsiguiente sea de descanso, mientras que la Consejería de Sanidad pretende que los profesionales se vayan a casa, pero que deban recuperar una serie de horas realizando actividad por las tardes. Sanidad ha cedido sobre lo que era su postura inicial reduciendo la cifra de horas que los médicos deben «devolver», pero en este terreno el SIMPA se muestra inflexible: la libranza debe ser total. «En todo lo demás hemos cedido», argumentó Ángel Colmeiro, responsable de atención especializada del sindicato.

Esta docena de jornadas de huelga previstas para diciembre se suman a las nueve de octubre y a las doce de noviembre (de estas últimas aún restan hoy, además del lunes, el miércoles y el viernes de la próxima semana). Si nadie lo remedia, el año 2012 concluirá con un total de 33 días de paro en el intervalo que media entre el 8 de octubre y el 21 de diciembre.

Antonio Matador, secretario general del SIMPA, explicó que esta nueva vuelta de tuerca es la consecuencia de «la intransigencia e inmovilismo del Gobierno del Principado», constatados tras el fracaso de la negociación de anteayer, miércoles. «La gestión de esta Administración es nefasta, y están llevando a la sanidad a un abismo que no sabemos si tendrá retorno», advirtió Matador.

La organización sindical ha convocado para las doce del mediodía de hoy una nueva concentración ante la Junta General del Principado, que irá seguida de una manifestación hasta la sede del Servicio de Salud (Sespa), en la plaza del Carbayón. Ayer, en su página web, el SIMPA calentaba el ambiente con un tono inusualmente retador: «La evolución del conflicto depende de ti. ¡Acude! ¿O esperas que los demás te solucionen tus problemas? Secunda mañana especialmente la huelga y acude a la concentración», arengaba el portal del sindicato.

Una llamada a filas que tiene bastante sentido si se considera que el gran interrogante que se plantea en este momento es si la directiva del SIMPA cuenta con el apoyo de sus bases para llevar a efecto este nuevo desafío al Gobierno asturiano. La respuesta del secretario general es rotunda: «El descanso posterior a la guardia es irrenunciable para nosotros y para todos los médicos, y el mandato que nos están dando en las asambleas es que no cedamos ni un milímetro».

¿Se ajustan a la realidad las palabras de Matador? Las cifras de huelguistas y manifestantes de hoy serán la primera respuesta. Mientras tanto, una advertencia a Sanidad: «Mucho nos tememos que la colaboración de los médicos con el Sespa va a ser como mínimo complicada». Y una aseveración; las cajas de resistencia que se organizan en cada hospital para compensar económicamente a los facultativos que hacen huelga «tienen más fondos que nunca».

La plana mayor del SIMPA está haciendo notables esfuerzos para implicar en el conflicto a los médicos de primaria, quienes han comenzado a trabajar una tarde a la semana (dos horas y media) como consecuencia de la ampliación de la jornada laboral. Javier Alberdi, presidente del sindicato y médico de un centro de salud, aseveró ayer que, pese a que el seguimiento de la huelga en los centros de salud es mínimo porque la repercusión de los paros es infinitamente menor a la de los hospitales, «el malestar de los profesionales es inmenso».

Esto de tener derechos sólo si puedes pagarlos enseguida llegará también al del ejercicio del voto… así, de paso, ya garantizan no perder nunca unas elecciones.

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Nuevas tasas judiciales o el adiós al derecho a la tutela judicial efectiva… (otro más que cae, y van...)

Las tasas de Gallardón sublevan a la justicia

El encarecimiento del acceso a los tribunales no se aplicará hasta dentro de “unas semanas” Nace con la oposición de partidos, sindicatos y profesionales del sector

V. GUTIÉRREZ CALVO / María Fabra, Madrid, en El País.

Las nuevas tasas judiciales —que a partir de ahora pagarán todos los ciudadanos, no solo ciertas empresas como en la actualidad, y que disparan su cuantía— fueron publicadas ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrarán en vigor “en unas semanas” (no hoy mismo, como sería preceptivo, porque la gestión del cobro no se puede practicar). Nacen con la oposición de todo el sector de profesionales de la justicia —jueces, fiscales, secretarios judiciales y abogados—, de todos los partidos políticos salvo el PP y de los sindicatos.

La jurisdicción penal —que supone el 72% del total— queda exenta de las tasas, así como ciertos pleitos referidos a derechos fundamentales y algunos de los que tienen que ver con causas de familia y menores. Tampoco se pagará tasa en la primera instancia de los pleitos de lo social (por ejemplo, una demanda por despido). Para el resto, las cuantías van de los 100 euros en un procedimiento monitorio (una reclamación por una deuda) a los 1.200 euros de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y eso es solo la tasa fija: luego hay otra variable que resultará de multiplicar por 0,5% el dinero que se reclame en el pleito; si no se reclama dinero o no está cuantificado, la tasa variable serán 90 euros.

El PSOE ha anunciado que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional al entender que la nueva norma vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y rompe con la igualdad que proclama la ley fundamental. De momento, jueces y letrados aprovecharán las concentraciones ya convocadas para este viernes ante el Ministerio de Justicia y ante todas las sedes judiciales para manifestarse en contra de la medida.

Sin embargo, el Gobierno no teme el recurso del PSOE: considera que el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado en varias ocasiones avalando la legitimidad de las tasas “si respetan el principio de proporcionalidad en función de la capacidad económica de los ciudadanos”. El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, aseguró ayer que “el diseño de esa nueva ley de tasas respeta ese principio”.

Pero los críticos sostienen justo lo contrario: las nuevas tasas, según consideran jueces, fiscales, abogados y partidos de la oposición, dividirán a los ciudadanos entre “ricos” —los que podrán seguir acudiendo a los tribunales porque podrán pagarlo— y “pobres”, para quienes el acceso a la justicia se encarece de forma notable.

El Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, replica con tres argumentos: que “los pobres” seguirán sin pagar tasas porque tienen derecho a la justicia gratuita; que la jurisdicción penal también sigue exenta y es el grueso de la actividad judicial; y que algún mecanismo disuasorio había que adoptar para acabar con la “excesiva litigiosidad” que hay en España (nueve millones de asuntos entraron en los juzgados el año pasado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial). “Hay que plantearse si es justo que un servicio público que se usa de forma muy esporádica y que al Estado le cuesta mantener lo pague solo el conjunto de los contribuyentes, sin ninguna contribución del usuario”, afirma un alto cargo del Ministerio, que subraya también que muchos recurrentes alargan los pleitos con sucesivos recursos, ahora gratuitos, solo por ganar tiempo. Y concluye recordando: “Mucho más se paga por el abogado y el procurador que por estas tasas”.

El preámbulo de la norma publicada ayer señala que esta “pone todo el cuidado” en que la regulación de tasas judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social “no afecte al derecho a acceder a la justicia”.

En 1986 el Gobierno del socialista Felipe González anuló las tasas judiciales, derogando así una ley de 1959. El pago se reintrodujo en 2003, con el Gobierno de José María Aznar, pero solo para grandes empresas. A partir de ahora todos los ciudadanos habrán de pagar por presentar una demanda civil o un recurso contencioso administrativo. Justicia prevé ingresar 306 millones de euros por esta vía (el 10% de su presupuesto, menos que en otros países europeos).

El Consejo General de la Abogacía Española y representantes de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, entidad integrada por las principales asociaciones de magistrados y fiscales, han optado por aunar esfuerzos con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de esta ley.

Por otro lado, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró la iniciativa de Gallardón como “un retroceso más” en el “sistema de derechos y libertades” y acusó al PP de utilizar la crisis “como coartada para imponer un cambio muy profundo y cargado de ideología”. “La derecha española nunca se había atrevido a tanto”, agregó el dirigente socialista.

Según la asociación de consumidores Facua, esta ley “abre la puerta a que las empresas se nieguen a acatar las decisiones del sistema de arbitraje, al obligar a los consumidores a pagar un mínimo de 200 euros para exigir su cumplimiento”. Y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) se quejó de la nueva Ley de Tasas que, según consideran, les convierte en “meros recaudadores” y va “contra la ciudadanía”. Los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y USO rechazaron también las nuevas tasas judiciales.

La ley fue publicada ayer por el BOE y, por tanto, las nuevas tasas deberían entrar en vigor hoy. Pero finalmente no será hasta dentro de “unas semanas” cuando los ciudadanos que acudan a los juzgados empiecen a notarlo en su bolsillo. La aplicación de la norma se ha retrasado porque el Ministerio de Hacienda aún no ha publicado el impreso de pago, con el que los usuarios deben hacer efectivas las tasas antes de presentar las demandas y recursos que han dejado de ser gratuitos.

El subsecretario de Justicia señaló que el retraso no se ha producido por la presión de los colectivos críticos sino porque la propia ley señala que Hacienda debe publicar la orden para regular el procedimiento. Bravo comunicará hoy a los secretarios judiciales que, de momento, no se cobre ninguna tasa.

El PSOE recurrirá las nuevas tasas porque «crean ciudadanos de segunda»

Rubalcaba alerta en Facebook de que "la norma divide entre los que tienen dinero y pueden hacer efectivos sus derechos y los que los tienen restringidos por carecer de medios"

21.11.12 - AGENCIAS | MADRID

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha justificado la decisión de los socialistas de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la ley que eleva las tasas judiciales ya que a su juicio establece dos categorías de ciudadanos, los que tienen dinero y los que no lo tienen.

En un comentario publicado en Facebook, el líder de los socialistas ha afirmado que la norma divide a los ciudadanos entre "los que tienen dinero y pueden hacer efectivo su derecho a la salud, a la educación, y ahora a la Justicia, por un lado; y, por otro, los que carecen de medios y, como ciudadanos de segunda categoría, tienen restringidos sus derechos".

Rubalcaba ha calificado la ley, que entrará en vigor mañana tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), como "un retroceso más en nuestro sistema de derechos y libertades", una norma que la "derecha española" ha aplicado "escudándose tras argumentos económicos falsos", ha dicho. Además, ha lamentado que el PP "utilice la crisis como coartada para imponer un cambio muy profundo y cargado de ideología".

Ayer, la portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, anunció que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales, que prevé una subida generalizada de entre 50 y 750 euros para poder recurrir una resolución en los tribunales.

Rodríguez confirmó que el PSOE ha tomado esta decisión ya que, en su opinión, esta subida de tasas vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva e impedirá a los ciudadanos defender sus derechos.

 

Casos prácticos que eran gratis y por los que habrá que pagar

Un divorcio costará 300 euros y una denuncia por preferentes 940 euros

La principal novedad de la Ley de Tasas es que estas se extienden a toda la población

V. G. C. / M. F., Madrid, en El Comercio.

La principal novedad de la Ley de Tasas que ayer publicó el BOE no es que suban las cuantías —que suben mucho— sino que se extienden a toda la población. Hasta ahora solo pagaban las empresas que facturaban más de ocho millones de euros al año; ahora lo harán todas las empresas y cualquier ciudadano que presente una demanda civil (pleitos entre particulares), contencioso-administrativa (contra la Administración) o social (pleitos laborales). Pagará en primera instancia (salvo en lo social) pero, sobre todo, en segunda: al recurrir.

El Ministerio de Justicia sostiene que, aun así, las tasas solo se aplicarán finalmente a una minoría, que cifra en “más o menos el 20% de los litigios”: porque está exenta la jurisdicción penal (el 72% del total) y la primera instancia de lo social; porque están exentos ciertos pleitos sobre derechos fundamentales o de familia, o los relacionados con menores; y porque quienes se acogen a la justicia gratuita (actualmente, los que ingresan menos de 14.000 euros brutos al año, aunque ese umbral se va a subir) seguirán sin pagar.

Para justificar el copago que se impone al resto, fundamentalmente en la segunda instancia, los responsables del ministerio se apoyan en una estadística del Consejo General del Poder Judicial: “El 75% de los recursos los pierde el recurrente, el 90% en caso de llegar hasta el Supremo. Es decir, mucha gente recurre aun sabiendo que es muy probable que pierda el recurso. Hay que evitar ese abuso”, sostienen fuentes de Justicia. Disuadir apelando al bolsillo.

El ciudadano recuperará el dinero de las tasas si al concluir el pleito el tribunal le da la razón, siempre y cuando haya condena en costas para la otra parte. Es decir, la Administración no devolverá el dinero en ningún caso, pero la parte condenada en costas asumirá también la tasa que pagó el demandante inicialmente, con lo que este la recuperará. En la jurisdicción contencioso-administrativa siempre hay condena en costas, pero en la civil y la social puede haberla o no, según fuentes del ministerio. Así que ahí el recurrente recuperará el dinero... o no.

Estos son algunos casos prácticos en los que se verá la subida de las tasas judiciales:

» Divorcio, 300 euros más el porcentaje sobre los bienes. Los asuntos de familia están exentos de tasa, pero no todos: solo aquellos que impliquen a menores o a “procesos matrimoniales sobre guarda y custodia de menores y pensión por alimentos”, o los referidos a filiaciones (reconocimientos de paternidad), entre otros. Un divorcio ordinario conllevará una tasa de 300 euros (más la variable, resultante de multiplicar 0,5% por el valor de los bienes que se reclamen). Si la demanda de custodia y pensión se presenta dentro del divorcio, pagará tasa; si se presenta de forma separada, no.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, aseguró ayer que esta tasa perjudicará a las mujeres maltratadas porque, aunque la demanda por malos tratos no pagará tasa (es un proceso penal), sí lo hará el hecho de “romper el último lazo con el agresor recurriendo al divorcio y repartiendo los bienes del matrimonio”. Será “un obstáculo para que las mujeres víctimas de la violencia sigan adelante con los procesos judiciales”, afirmó, según informa María R. Sahuquillo.

» Multas de tráfico: 200 euros por una multa de 100. Una demanda en procedimiento abreviado contra la Administración por una multa de tráfico serán 200 euros. En este caso se produce la paradoja de que, por ejemplo, si la demanda es contra una multa de tráfico de 100 euros, el ciudadano pagaría mucho más en tasas (el doble) que lo que aspira a recibir si le dan la razón y le anulan la multa. E infinitamente más si la sentencia es adversa y él recurre ante el Tribunal Superior (800 euros) o incluso llega hasta el Supremo (1.200 euros). Se podría producir así un efecto perverso, según todos los colectivos que critican la ley: que el ciudadano desistiese de pelear en los juzgados contra una sanción de la propia Administración, que es la que le disuade imponiendo la tasa.

En Justicia responden que, aunque en efecto este es un caso muy llamativo y real, “ese ciudadano se gasta bastante más en pagar al abogado y al procurador”, y que si finalmente el tribunal le da la razón recuperará el dinero de la tasa. Aducen, además, que muchos de los recursos por multas de tráfico constituyen uno de los ejemplos de “abuso” de quienes utilizan los juzgados sin pensar “en lo que cuestan al Estado”.

»Pleito por una deuda: 100 euros... o hasta 1.200. El recurso más común en España (650.000 asuntos el año pasado) es el monitorio, en el que se reclama una cantidad de dinero, por ejemplo, por deudas entre particulares. Presentar una demanda en procedimiento monitorio tendrá una tasa inicial de 100 euros; si se recurre la sentencia, 800 euros o hasta 1.200 euros (en caso de que llegue al Supremo).

» Denuncia contra el banco por preferentes: 940 euros. El Consejo General de la Abogacía facilitó ayer este ejemplo práctico: un jubilado que denuncie la pérdida de sus ahorros por las preferentes, si no prosperara la vía penal y tuviera que acudir a la vía civil, tendría que pagar 940 euros (los 300 de tasa fija más la variable) para reclamar una cuantía de 128.000 euros.

» Recurso por despido: 500 euros, aunque paga más la empresa. La jurisdicción de lo social estaba excluida hasta ahora de las tasas que pagaban las empresas. Ahora sigue excluida en primera instancia, pero no en segunda. El recurso contra una sentencia de despido ante el Tribunal Superior costará 500 euros en tasas; el segundo, ante el Supremo, 750 euros. En realidad, el PP accedió a cambiar este punto durante la tramitación parlamentaria de la ley (ante la avalancha de críticas recibidas en un momento en el que se multiplican los procedimientos de despido), de modo que queda así: si es el trabajador el que recurre, solo pagará el 40% de esa cuantía; la empresa sí pagará el 100%, así como el comité de empresa en casos de demandas colectivas por expedientes de regulación de empleo (ERE).

UN ANALISIS DE URGENCIA DEL IMPACTO EN LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO EFECTUADO POR SEVACH

El acuerdo con los médicos vuelve a fracasar y la huelga se prolongará a diciembre

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El descanso tras la guardia sigue siendo el principal escollo. El Sespa quiere que esas horas se recuperen trabajando en sábado

A la derecha, los representantes del Sindicato Médico, frente a los responsables del Servicio de Salud del Principado. :: JESÚS DÍAZ

El Comercio, 22.11.12 - 00:36 -LAURA FONSECA | OVIEDO.

No hubo acuerdo con los médicos, por lo que el conflicto sanitario que ayer entró en su jornada 43 sigue adelante bajo la amenaza de extenderse también a diciembre. La nueva reunión entre el Servicio de Salud (Sespa) y el Sindicato Médico (Simpa) finalizó una vez más sin pacto. Hubo aproximaciones, pero fueron insuficientes para que las partes en conflicto anunciaran fumata blanca. Habrá que seguir esperando o, más bien, aguantando, en el caso de los pacientes que en estos dos meses han visto cancelada su operación, prueba o consulta.

La modificación del descanso tras la guardia sigue siendo el principal escollo. La Administración quiere que los facultativos devuelvan parte de las horas de la libranza trabajando durante los sábados o realizando actividad asistencial que hasta ahora se pagaba como 'peonada'. Los médicos se niegan en rotundo y luchan para que la salida de guardia siga funcionando como hasta el pasado mes de septiembre, cuando las siete horas de descanso se descontaban del cómputo anual de jornada y, por tanto, no tenían que ser ni devueltas ni recuperadas.

El Simpa ya había advertido de que la libranza tras la guardia era su «línea roja». De poco sirvieron las peticiones que el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, había hecho 24 horas antes en Gijón, instando a la cúpula del Sindicato Médico a que flexibilizara su postura y que interpretara el acuerdo como un asunto global que incluía muchos más aspectos, además del descanso tras la guardia. Tampoco calaron los mensajes catastrofistas sobre procesos de privatización que se viven en otros servicios públicos de salud, con Madrid a la cabeza.

El caso es que aunque ambas partes llegaron al encuentro de ayer mostrando su anhelo por enterrar el hacha de guerra, el acuerdo no llegó y a día de hoy parece cada vez más lejano. De hecho, no hay fecha para un próximo encuentro. «Está todo en suspenso», reconocía, pasadas las nueve de la noche de ayer, la gerente del Servicio de Salud, Celia Gómez, quien lamentó que el Simpa «no se mueva en lo más mínimo».

No hay por tanto reunión negociadora en el horizonte cercano. Aunque con el conflicto sanitario que Asturias vive desde el pasado 8 de octubre nunca se sabe. Médicos y Administración igual no se hablan en quince días que celebran cuatro encuentros en una semana.

El Sespa mostró ayer su intención por avanzar hacia un pacto, pero el paso dado «resultó insuficiente», a tenor del resultado del encuentro que se inició a las seis de la tarde y concluyó dos horas después. La nueva oferta de ponderación del descanso tras la guardia, que reduce el volumen de horas a devolver, no ha convencido al Simpa. Incluso, a pesar de que el Servicio de Salud puso un tope máximo de horas de devolver al mes de tan sólo nueve horas.

Pero la lectura que hacen los facultativos de esa oferta de ponderación es menos complaciente. Entre otras cosas, «porque quieren que las recuperemos trabajando en la mañana de los sábados, algo que creíamos ya olvidado y superado», indicó Ángel Colmeiro, responsable de la Sección de Atención Especializada del Simpa.

Nuevos días de paro

El Comité Ejecutivo del Simpa celebrará hoy una reunión para decidir nuevos paros a lo largo del mes de diciembre. La decisión se adopta cuando aún no ha finalizado la tanda de doce jornadas de huelga de noviembre, que finalizarán el viernes, día 30. A esto se suma los cuatro días de paro convocados por Satse, Usae, CC OO y Sicepa-Usipa, que harán que la red sanitaria, en especial, los hospitales, funcionen a medio gas en lo que queda de mes.

El Simpa lamentó ayer que en la reunión con el Sespa «no haya sido posible cerrar un acuerdo que facilite una salida satisfactoria al conflicto». El sindicato de facultativos emplazó a la Administración «a realizar un esfuerzo negociador para acabar con la huelga» e insistió en que no aceptará ninguna propuesta que plantee la recuperación de las horas del descanso tras la guardia. Como contrapartida, los médicos proponen que los profesionales que salen de guardia «realicen una sesión clínica con los que entran en servicio para evaluar los pormenores de la atención y mejorar la continuidad asistencial». La concesión por parte del Simpa es más bien poco, ya que lo que proponen para el cambio de guardia es algo que ya realizan todos los servicios hospitalarios que disponen de personal de guardia.

La devolución de 9 horas al mes es lo que mantienve vivo un conflicto de ya 43 días

«Hemos hecho una propuesta de mucho avance, pero el Simpa no se mueve un ápice de su postura inicial», lamenta Celia Gómez

22.11.12 - 00:23 -L. FONSECA | OVIEDO.

Nueve horas de trabajo al mes es lo que actualmente mantiene abierto el conflicto médico. El Servicio de Salud del Principado presentó ayer al Simpa una nueva propuesta de ponderación de las horas de descanso tras la guardia. La Administración está dispuesta a ponderar por encima del 50% y fijar un máximo de horas a recuperar al mes. En total, nueve horas mensuales como tope, que serían destinadas bien a realizar lo que hasta ahora se consideraba actividad extraordinaria ('peonadas') o a trabajar durante la mañana de los sábados, lo que retrotrae a los hospitales a los tiempos del Insalud.

La gerente del Sespa lamentó la postura «inmovilista del Sindicato Médico», máxime porque «hemos hecho una propuesta de mucho avance», consideró. Celia Gómez confía en que la cúpula del Simpa «reflexione y no eche en saco roto el camino avanzado» en estos últimos días. En todo caso, Gómez insistió en que «si el acuerdo no ha sido posible es porque el Sindicato Médico no se ha movido ni un ápice de su postura inicial». Sobre el resto de asuntos aseguró que «hubo acercamiento y posibidad real de pactar».

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El descanso posterior a la guardia paraliza el acercamiento del Sespa y los médicos

El Principado y el SIMPA manifiestan su voluntad de continuar las negociaciones, pero no fijan una fecha para la próxima reunión

 Los representantes del Sindicato Médico (SIMPA) y del Servicio de Salud, al inicio de su reunión de ayer.

Los representantes del Sindicato Médico (SIMPA) y del Servicio de Salud, al inicio de su reunión de ayer. nacho orejas

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

 La negociación ha encallado y está resultando difícil desatascarla. Los representantes del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) coincidieron en que la reunión celebrada ayer por la tarde -de dos horas y media de duración- no dio lugar a avance alguno. El descanso de las mañanas posteriores a las guardias nocturnas continúa siendo el gran escollo. Ambas partes precisaron que en modo alguno puede decirse que las negociaciones estén rotas. Cabe incluso aventurar que ni a la Administración ni a los facultativos les haga demasiada gracia que el conflicto se extienda a diciembre, un mes singular por diversos factores. Con todo, ayer no quedó acordada la fecha del próximo encuentro.

 

En definitiva, continúa la huelga de médicos convocada por el SIMPA, a la que le restan cuatro días: mañana viernes, y lunes, miércoles y viernes de la próxima semana. Paralelamente, están desarrollándose, en términos ya muy mitigados, los paros impulsados por los sindicatos Comisiones Obreras, Sicepa-Usipa, SATSE y USAE, programados justamente para los huecos que deja el calendario de los facultativos: hoy jueves, y el martes y el jueves de la semana que viene. Ambas movilizaciones tienen como denominador común la protesta contra la aplicación en la sanidad asturiana de la ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos.

 

Tal como ayer adelantó LA NUEVA ESPAÑA, los dirigentes del Sindicato Médico acudieron a la cita de ayer con el descanso del día posterior a las guardias de noche como «línea roja» irrenunciable. Hasta el momento, los médicos se marchaban al terminar su trabajo nocturno, a las ocho de la mañana. El Sespa acepta que los facultativos se marchen, pero les pide que «recuperen» parte de las siete horas que dejan de trabajar esa mañana. Inicialmente, la Administración impuso que parte de esa recuperación consistiera en descontarles la remuneración de la primera parte de la guardia, que pasaría a ser jornada ordinaria, y que el resto de las horas las «devolvieran» con trabajos vespertinos. Recientemente, el Servicio de Salud aceptó renunciar al citado descuento de las primeras horas de la guardia (que en las nóminas de octubre ya se ha aplicado), pero no a los trabajos de tardes para actividad asistencial en función de las necesidades de cada servicio o unidad.

 

Sin embargo, el SIMPA considera imprescindible que no se exija a los facultativos la devolución de las horas restantes. Ayer, puso sobre la mesa una contrapropuesta: «Que los facultativos que salen de guardia realicen una sesión clínica con los médicos que entran en servicio para evaluar los pormenores de la atención y mejorar la continuidad asistencial». Una idea que no parece haber entusiasmado al Principado.

 

En un comunicado posterior a la reunión, el SIMPA urge a la Administración a que valore este planteamiento «para tratar de lograr una salida pactada al conflicto», y «lamenta que el Servicio de Salud no se haya comprometido a fijar fecha y hora para una nueva reunión». La organización médica considera «absolutamente necesario llegar a acuerdos, en el plazo de tiempo más breve posible, que eviten males mayores».

 

Por parte del Sespa, se planteó una cierta flexibilización en el cómputo de las horas de recuperación de las tardes derivadas de la libranza posterior a las guardias. Se trataría de contabilizarlas teniendo en cuenta peculiaridades de cada servicio o prolongaciones de jornada imprevisibles a priori. En el comunicado del Principado, la gerente del Sespa, Celia Gómez, expresa su contrariedad porque «la cúpula de SIMPA siga encontrando dificultades para alcanzar acuerdos y se niegue a negociar el cumplimiento de la jornada ordinaria, justo cuando se vislumbraba alguna posibilidad de poner fin a la huelga en la sanidad asturiana». Según Gómez, «el recorrido y las ideas desarrolladas hasta ahora» por la Administración «eran equilibrados en relación con el esfuerzo solicitado a todos y cada uno de los colectivos afectados».

 

La reunión de ayer estuvo monográficamente dedicada a la libranza posguardia. Sin embargo, el SIMPA señala en su nota que «la sección de atención primaria del sindicato entiende que, de persistir la imposición de la Administración de realizar en horario de tarde el incremento de jornada en los centros de salud urbanos, la negociación se cerrará en falso y la conflictividad continuará durante el tiempo que resta de legislatura».