Achaca la deuda desde abril a que cada factura debe ser autorizada por el Consejo de Gobierno y promete que el nuevo sistema agilizará el pago
06.08.12 - 02:38 - CHELO TUYA | GIJÓN.
«Siempre ha habido retrasos con los pagos a las plazas que ocupan personas con discapacidad y que gestionan entidades sociales debido a que su visto bueno tiene que pasar el trámite del Consejo de Gobierno, pero, a partir de ahora, se agilizará». Jacinto Braña, director general de Políticas Sociales, confirmó ayer los datos adelantados por EL COMERCIO: el Principado no paga desde abril las plazas de centros de día, viviendas tuteladas y residencia dedicadas a personas con dependencia o discapacidad que gestionan las asociaciones del ramo.
Se trata de 1.494 plazas distribuidas en centros de integración, alojamiento temporal, pisos tutelados y residencias, cuyos usuarios sí aportan cada mes la parte que les corresponde por el copago, una cantidad que va directamente a la Administración regional y que ésta no devuelve a las entidades sociales, junto con el resto del coste total del servicio, desde el mes de abril.
Según explicó Jacinto Braña, «desde que cambió la ley de contratos, este tipo de pagos eran cuestionados por Intervención, que requería el visto bueno del Consejo de Gobierno. Eso significaba que la factura de mayo no se pagara hasta junio o julio», una demora que, en esta ocasión, se ha visto agravada por las elecciones autonómicas de marzo pasado.
Para evitar la acumulación de facturas y, sobre todo, para cumplir con la normativa de la Unión Europea, que obliga al contrato de servicios en lugar de la subvención directa, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda dará hoy luz verde al acuerdo marco para la adjudicación de estas plazas, un concurso público al que se han presentado todas las entidades sociales que ofrecen esos servicios a las personas con discapacidad.
En el concurso están plazas residenciales para personas con gran dependencia o discapacidad, así como las destinadas a personas con autismo, sin olvidar que se incluye en la adjudicación la totalidad de la oferta de centros de ayuda a la integración.
Para Braña, una vez solventado «el acuerdo marco, a partir de septiembre se harán de forma automática desde Intervención, en el plazo en que está pagando el Principado, que no supera los 60 días». De los meses pendientes, Braña aseguró que «estamos trabajando para que se paguen cuanto antes».
93 euros al día por residente
En el acuerdo marco, el Principado se compromete al pago de 91 millones en un plazo de cuatro años, los que están fijados para la licitación de las plazas de discapacidad. En las bases del concurso, Bienestar Social establece todas las pautas que deben cumplir las entidades, desde el número de comidas hasta el tipo de servicio o la hora de atención.
También fija los precios, que oscilan entre los 370 y 739 euros al mes para un centro ocupacional -según el grado de discapacidad y los 93 euros al día para las plazas residenciales de personas autistas.
