Adiós al modelo sanitario y para encima teniendo que soportar el cahondeo del secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del PP (Consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha)
Entre el «desmantelamiento» y el «atentado»
La oposición, salvo el Gobierno catalán, carga contra el copago y ve la medida injusta e ineficiente
Madrid, Agencias.
La oposición, salvo el Gobierno de Cataluña, cargó ayer contra el copago sanitario anunciado por el Ejecutivo central, que considera injusto e ineficiente. El PSOE acusó al PP de buscar el desmantelamiento del sistema público de salud e IU calificó sus medidas de atentado contra los pensionistas.
La secretaria de política social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha tachado de injustas, improvisadas e ineficientes las medidas de ajuste y ha calculado que el ahorro será de unos 1.000 millones y no 3.000 millones como dice el Gobierno, «muy pequeño» en comparación con el coste administrativo y lo complejo de su aplicación. Jiménez advirtió de que se requerirán modificaciones legislativas para que el Sistema Nacional de Salud tenga los datos sobre la renta que ahora sólo obran en poder de la Agencia Tributaria.
El Gobierno, a su juicio, ha planteado medidas que deteriorarán progresivamente la calidad de la asistencia y que buscan «desmantelar» el sistema público modificando el modelo de acceso a los fármacos, que estaba consolidado.
Jiménez ha dejado claro que el PSOE mantendrá su «más frontal rechazo» a cualquier tipo de iniciativas en el ámbito del sistema público de salud que suponga una pérdida de calidad en la asistencia y que genere inseguridad. Entre las alternativas que se pueden escoger, la ex ministra apuntó la subida de los impuestos en alcohol y tabaco.
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, calificó el copago farmacéutico de «atentado» contra los pensionistas y cree que se trata de una medida que va en la línea de «castigar más» a la mayoría social y de «premiar» a los más ricos. El líder de IU señaló que lo que él califica como «repago» sanitario, puesto que la sanidad ya se sufraga vía impuestos, es una medida que «viola» el compromiso del PP con la ciudadanía. Explicó que no ve necesario el copago sanitario cuando existe margen para aumentar los impuestos a los más pudientes y, en este sentido, dijo que la carga impositiva en España está ocho puntos por debajo de la media europea.
Cataluña aplaude la medida, y ahora la Generalitat tendrá que decidir la próxima semana si finalmente retira el proyecto de la tasa del euro por receta, que tenía previsto implementar en junio, después del anuncio del Gobierno central.
El conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, resaltó la necesidad de analizar la letra pequeña del anuncio de la ministra e insistió en que es «absolutamente insuficiente» respecto al ajuste de 7.000 millones de euros requerido a nivel estatal.
El consejero de Salud del Gobierno vasco, Rafael Bengoa avisó de que el copago va a afectar a los pacientes crónicos y no será la «solución» a los problemas que actualmente tiene la sanidad española.
Bengoa instó a la ministra a que en próximas reuniones se «escuche» a las comunidades y se decida «con ellas, y no sobre ellas».
El “cachondeo”:
Un consejero del PP: el copago a pensionistas "son cuatro cafés"
La Generalitat mantendrá el pago adicional de un euro por receta al considerar "Insuficientes" las medidas del Gobierno
El secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echáinz, ha comparado el precio que tendrán que pagar los pensionistas por sus recetas con lo que cuestan "cuatro cafés".
"Al pensionista que más le van a costar las medicinas al mes van a ser ocho euros; eso son cuatro cafés, un café a la semana, 0.20 céntimos al día", ha comentado ante las críticas de la oposición sobre esta.
En una entrevista con la COPE, el también consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha ha señalado que esta medida, que mañana se aprobará en el Consejo de Ministros, se incorpora al sistema sanitario en "unos momentos tremendamente difíciles".
Desde el punto de vista recaudatorio, ha puntualizado que con su aplicación se obtiene un 1,5% del gasto farmacéutico total, es decir, unos 200 millones de euros.
Triple pago en Catalunya
El gobierno catalán mantendrá el pago de un euro por receta que la Generalitat ya había introducido en el sistema sanitario de Cataluña, ya que considera que las medidas adoptadas por el gobierno del Estado de pagar las medicinas según la renta "no son suficientes" para garantizar la viabilidad del modelo.
Según ha indicado en una rueda de prensa el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, "es ridículo" que el gobierno español "diga que no habrá copago sanitario, porque ya lo hay, y hay que decir las cosas por su nombre".
Homs ha asegurado que la Generalitat mantendrá del denominado "tique moderador" en las recetas que se expidan en la seguridad social, después de apuntar que "no es sostenible estar en la cola en copago cuando resulta que estamos arriba de todo en nivel de endeudamiento". "Los países europeos de referencia, como Alemania, Bélgica o Francia, ya lo tienen", ha subrayado
En opinión del portavoz del ejecutivo catalán, las medidas que ha adoptado el gobierno español "no son suficientes para garantizar el estado del bienestar" ni para mantener la viabilidad del sistema sanitario, por lo que le ha pedido "que se fije en lo que se está haciendo en Europa y después haga lo que tiene que hacer".
Según Homs, "si por la vía del gasto no podemos recortar más, entonces (los gobiernos) tienen que tomar medidas que vayan por otras vías", entre las cuales figura precisamente, ha dicho, la de "incrementar los ingresos".
Sanidad quiere ahorrar 7.000 millones con una plataforma conjunta de compra de fármacos y la aplicación de dosis exactas para cada mal
El Gobierno aprobará mañana que los jubilados paguen entre 8 y 18 euros por sus medicamentos
19.04.2012 - DANIEL ROLDÁN, MADRID, en El Comercio.
La sanidad española entró este miércoles en una nueva etapa. La necesidad imperiosa de recortar 7.000 millones para cumplir con el objetivo de déficit desembocó en un copago farmacéutico o «reordenamiento» de los servicios existentes, como lo denominó Ana Mato. La ministra explicó a los consejeros en la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) -entre ellos, el asturiano José María Navia-Osorio- las líneas maestras del real decreto que aprobará el Consejo de Ministros el viernes y que tiene como objetivo último el ahorro de esos millones de euros a través de la flexibilización de los recursos humanos, consolidar una central de compras o poner fin al turismo sanitario. Y una de las trazas del proyecto es acabar con la gratuidad de los medicamentos para los pensionistas españoles. Todos ellos, unos ocho millones de españoles, tendrán que pagar algo por los fármacos que consuman.
El proyecto, que acordaron Ejecutivo y comunidades, establece que cerca de ocho millones de pensionistas - en Asturias, 296.592 son los que perciben pensiones contributivas- que ganan menos de 18.000 anuales pagarán al mes un 10% de sus fármacos, con un máximo de 8 euros por sus medicamentos. Aquellos que perciben más de 18.000 euros, tendrán que abonar 18 euros. Si los usuarios gastan más que esos dos topes, la administración abonará la diferencia. Uno de los mecanismos elegidos para devolver el dinero es la tarjeta electrónica, a través de un chip que recoge todos los datos del paciente, aunque todavía no está implantada en todas las regiones.
Compras conjuntas
También tendrán que pagar la inmensa mayoría de la población activa, algo más de 7,9 millones de personas que ganan menos de 100.000 euros al año. Ahora abonarán la mitad del precio del medicamento, en vez del 40% como hasta ahora. La subida alcanzará el 60% para las 250.000 personas que superan los seis dígitos de renta anual. Quedan exentos de pagar los parados de larga duración y las personas más necesitadas. En cambio, los enfermos crónicos seguirán pagando una décima parte de sus medicamentos.
La ministra de Sanidad, en una comparecencia rodeada de consejeros de todos los colores políticos, pidió «disculpas» por esta decisión pero recalcó que era necesaria para mantener la gratuidad de la «asistencia sanitaria a todos los españoles». Además, la ministra rechazó que esta medida tuviera afán recaudatorio. «Puede suponer 1,5% más», comentó, para añadir que si hubieran querido llenar las arcas públicas hubieran puesto una tasa de un euro a las recetas, como hizo la Generalitat de Cataluña. En ese caso, la administración hubiera recaudado unos 800 millones.
La necesidad de apretarse el cinturón ha sido la espada de Damocles que ha presidido la maratoniana reunión con la ministra de Sanidad. De ahí ha salido el compromiso formal de poner en marcha de verdad la plataforma centralizada de compras y evitar situaciones kafkianas como que todas las autonomías hacían 17 pedidos diferentes para el mismo medicamento. Con excepciones, eso sí, porque Asturias desde el año pasado viene practicando la compra conjunta de algunos fármacos junto con algunas autonomías. Este centro de compras será el encargado de hacer la adquisición para todos y repartirlas según las necesidades de cada comunidad autónoma. La ministra estableció el ahorro entre mil y 1.500 millones y anunció que la plataforma no solo se encargará de comprar medicamentos, sino que también contratará servicios y tecnología. El objetivo, insistió Mato es el «ahorro», palabra que repitió de forma constante en la comparecencia de prensa. Por el momento, este centro ya ha realizado la compra de la vacuna de la gripe. «Nos hemos ahorrado 6 millones», apuntó Mato sobre esta adquisición, a la que se adhirieron 14 comunidades (todas salvo País Vasco, Navarra y Cataluña, que ya había cerrado el acuerdo de compra).
Las siguientes compras serán la de la vacuna infantil. Otro de los objetivos del Gobierno es la industria farmacéutica. Quiere que ajuste mucho más las medicaciones que se dan a los pacientes y que no se tire ni una sola pastilla sobrante a la basura. Mato explicó que en el último año se destruyeron 3.700 toneladas de medicamentos pagados porque habían caducado o por el caso que fuera no se habían utilizado.
El coste fue de 1.200 millones, dinero que se podía haber ahorrado, según la titular de Sanidad, si se hubiera dado a los enfermos «el medicamento justo» con un envase adecuado a la duración estimada del tratamiento. También se aprobó en el CISNS la elaboración de un nuevo sistema de actualización del Nomenclator (listado informatizado de rectas médicas), que permitirá un ahorro de 400 millones y el impulso al uso de genéricos y fármacos a menos precio, que facilitará un ahorro adicional de unos 250 millones.
