La varicela rebrota en Avilés
En lo que va de año se han registrado 912 casos en la comarca, frente a los 147 de 2011
20.04.12 - 01:04 - FERNANDO DEL BUSTO
«Los brotes de varicela son cíclicos, aunque hace años que no se veía uno tan intenso»
«Es una enfermedad típicamente escolar, si bien ahora se produce primero»La comarca de Avilés sufre en la actualidad un rebrote de varicela, una enfermedad que hasta el pasado 15 de abril ha registrado 912 casos en el Área Sanitaria. En ese mismo periodo en 2011, y contando todo el mes de abril, se contabilizaron 147 casos. Es decir, este año se ha producido un aumento del 520%.
La situación en la comarca supera, además, la incidencia de la enfermedad en toda Asturias, aunque este brote no alarma todavía a los pediatras avilesinos. Al menos es la opinión del doctor José Ignacio Candás, presidente de la Sociedad Asturiana de Pediatría y pediatra en el Centro de Salud de Sabugo. «El brote de varicela se registra en toda Asturias. La situación no es alarmante, es una enfermedad que tiene brotes de forma cíclica, aunque hace años que no veíamos uno tan intenso», explica.
Aunque es una enfermedad que se puede diagnosticar a lo largo de todo el año, suele ser más frecuente en los meses finales del invierno y al inicio de la primavera. Después de un 2010 sin apenas incidencia, en todo el año se formularon 393 diagnósticos, el virus comenzó a dispararse en 2011. En abril de ese año se registró el típico brote de primavera, con 109 casos, para regresar luego a niveles similares a los del año anterior.
En diciembre, volvió a incrementarse el número de enfermos, iniciándose así la actual epidemia. Se pasó de 86 casos en noviembre de 2011 a 229 en el siguiente mes. Justo un año antes la cifra había sido de 19 enfermos. A partir de entonces, comenzó la curva ascendente hasta los 301 casos el pasado mes de marzo. En este mes de abril todo indica que la curva comenzará a disminuir.
La incidencia de la varicela ha sido alta en toda la comarca, con algunas diferencias significativas. Así, centros de salud como Villalegre, Pravia, Castrillón y Luanco que, durante 2011, habían contabilizado una alta cifra de pacientes vieron como a lo largo del presente ejercicio ha disminuido la incidencia. Esto se puede explicar porque la población que podía padecer la enfermedad ya la superó con anterioridad, y por tanto, se encuentra inmunizada ante la circulación del virus.
«Causas naturales»
El doctor Candás no ve ningún elemento extraño en el brote de varicela en la comarca, ya que el virus se encuentra circulando por la naturaleza y eso favorece los contagios. «No es una situación alarmante», insiste el pediatra.
«Es una enfermedad típicamente escolar. Comienza produciendo un catarro y en las gotitas que se expulsan se encuentra el virus, que es muy contagioso, como sucede con la gripe», explica el doctor. Sobre el comportamiento del virus afirma que «el primer y el segundo día es muy contagioso. Posteriormente, las vesículas supuran y también son muy contagiosas. De hecho, si un adulto está en contacto con la varicela y nunca la pasó o no se vacunó, debería recibir la vacuna en un plazo de 24 ó 48 horas. En ese caso, no enfermará o será de forma muy atenuada», comenta José Ignacio Candás.
Por esta razón, colegios y zonas comunes de juegos como parques son espacios habituales para el contagio de la enfermedad. Entre las razones del aumento de casos el pediatra señala que «en la actualidad, los niños se socializan primero y eso puede provocar el contagio. Pero también que se aplican diferentes criterios en la vacunación ante la enfermedad».
En el primer año y medio de vida apenas se producen casos de varicela. Es muy difícil que el bebé se acerque a los lugares de contagio y, además, cuenta con la inmunidad que le transmite la madre si ésta se encuentra vacunada o ha sufrido la enfermedad.
Posteriormente, entre el año y medio y los diez años, la varicela es una enfermedad molesta para el menor, sobre todo cuando se producen las vesículas, pero que no presenta una gran gravedad.
Sin embargo, la situación se complica a partir de los diez años de edad. Desde esa edad, la varicela es una enfermedad «muy peligrosa», señala el doctor Candás. «El calendario oficial del Ministerio recoge la vacuna a los diez años si antes no se ha tenido la varicela. La Asociación Española de Pediatría aconseja adelantar la vacunación al año y medio y los 18 meses, con una segunda dosis de refuerzo entre los dos y los tres años», describe el pediatra avilesino.
Entre ambos criterios se mueven los profesionales sanitarios. De ahí la divergencia entre los pediatras. Además, las familias se encuentran con el dilema de que si adelantan la vacunación deben asumir el coste total del producto. lo que no sucede cuando se cumple el calendario oficial.
El propio Candás es partidario de respetar el calendario oficial del Ministerio en un contexto como España donde cada autonomía ha fijado su propio programa de vacunas. «Supongo que cuando se unifiquen los calendarios vacunales se adelantará la edad al año y medio», comenta.
Vacuna sin riesgos
En todo caso, la vacuna a los niños de año y medio no presenta ningún riesgo para la salud de los menores. «La controversia existente es un debate científico sobre aspectos de salud pública, no sobre la seguridad de la vacuna, que lo es», explica el doctor Candás.
De hecho, durante su experiencia profesional nunca ha visto reacciones graves a la vacuna ni ha conocido esa situación en compañeros de su profesión. «Las vacunas que se comercializan advierte como efecto adverso una posible varicela atenuada, en la que se producirían hasta unas 30 vesículas en todo el cuerpo. Pero es muy raro. Yo nunca la he visto. Todo lo más que se produce es un pequeño bulto en el lugar del pinchazo», explica.
Además, el debate sobre la vacuna de la varicela alimenta las dudas que comienzan a generalizarse sobre la necesidad de cumplir todo el calendario vacunal. Un tema que preocupa a los pediatras y donde el doctor Candás advierte de la necesidad de respetar el calendario fijad, por la salud de los menores y de la propia población.
«Para muchas personas hablar de enfermedades como el sarampión, la polio, la difteria o la tosferina les resulta muy difícil porque nunca las han conocido, pero están ahí, en la naturaleza», explica el doctor.
Por ese motivo, existe «un riesgo real de no vacunarse para los niños, ya que se trata de enfermedades muy graves». Uno de los temas más polémicos es el rechazo a la vacunación frente al sarampión. Aunque no se han registrado casos en Avilés, existen familias que defienden que su hijo enferme para que se inmunice de forma natural. «Es un gran error. En su momento hubo una polémica sobre la seguridad de la vacuna del sarampión, pero se ha demostrado que es segura. En cambio, los riesgos de enfermedad son mucho mayores: una neumonía o una encefalitis, que se da en uno de cada 1.000 casos», explica.
Contra viento y marea, absortos, insensibles ante la población y obedientes a los intereses de mercado que exigieron este trozo de la tarta
Veleidad para tararear con la música de Celtas Cortos de su canción (hoy muy oportuna) 20 de Abril:
“20 de Abril dos mil doce
nos joden la sanidad
la educación la derriban
no nos podemos callar…”
Hoy se aprueba el ahorro en Sanidad y Educación
El Consejo de Ministros dará luz verde a las medidas de ahorro propuestas esta semana por el Ejecutivo
Viñenta: Tira y afloja de La Nueva España.
EFE / MADRID
El Consejo de Ministros ratificará esta mañana las medidas que permitirán ahorrar 10.000 millones de euros en educación y sanidad. Además, según han señalado fuentes del Ejecutivo, en la reunión se aprobará previsiblemente un Real Decreto de medidas urgentes en materia de medio ambiente que supondrán la modificación de leyes como la de aguas o la de residuos.
Durante la reunión, el Consejo de ministros dará el visto bueno a varios decretos que permitirán aplicar las medidas previstas por el Ejecutivo para ahorrar cerca de 10.000 millones de euros en los ámbitos sanitario y educativo.
De esos 10.000 millones, 7.000 saldrán de la sanidad, y entre las medidas previstas destaca el "copago farmacéutico" de los medicamentos en función de las rentas, una medida de la que sólo estarán exentos los parados sin prestación.
En materia educativa, y para tratar de ahorrar 3.000 millones de euros, el Gobierno impulsará un paquete de medidas, entre las que destaca la de subir temporalmente un 20 por ciento el máximo de alumnos por clase de la educación obligatoria y fijar la carga lectiva del profesorado en un mínimo semanal de 25 horas en infantil y primaria y 20 en el resto de enseñanzas no universitarias.
Por otra parte, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció la aprobación del Real Decreto de medidas urgentes en materia de medio ambiente y que permitirá, entre otras cosas, reforzar las competencias del Estado en materia de aguas y mejorar la coordinación con las confederaciones hidrográficas.
Dada la situación de sequía, dijo recientemente el ministro, se revisará del plan especial del Alto Guadiana con "nuevas fórmulas para cesión de derechos de agua entre particulares".
Médicos y pacientes, contra los recortes
El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha dice que la subida a los pensionistas «solo son cuatro cafés al mes»
El Consejo de Ministros dará luz verde hoy al copago farmacéutico
20.04.12 - E. C. | GIJÓN, en El Comercio.
Ahorrar 7.000 millones a costa de recortar el acceso a los medicamentos, como hoy aprobará el Consejo de Ministros, no gusta en Asturias. Pensionistas y farmacéuticos ya alzaron su voz el miércoles y ayer le tocó el turno a médicos y pacientes. Todos contra los recortes, pese a que, como aseguró el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, y también secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, a los pensionistas el copago les supondrá «solo son cuatro cafés al mes».
Sus declaraciones, realizadas a la cadena COPE, generaron amplia polémica ayer, con quejas oficiales tanto del PSOE como de la Federación de Consumidores Facua, desde donde se consideró «una burla a los pensionistas con 400 euros de jubilación».
Porque la norma que hoy aprobará el Consejo de Ministros supone que los jubilados pagarán entre 8 y 18 euros por los medicamentos y que los trabajadores en activo aporten hasta un 60% del coste del medicamento, en lugar del 40%, como ocurre hasta hoy.
De su eficacia, en Asturias dudan tanto médicos como pacientes, tal y como exhibieron ayer sus representantes. Así, el secretario general del Sindicato Médico de Asturias (Simpa) dejó claro que «no estamos muy de acuerdo en poner parches en función del momento». En declaraciones a Onda Cero, afirmó Antonio Matador que lo necesario es «un pacto de Estado. Deberían reunirse todos los grupos políticos y hacer un análisis de lo que tenemos y de lo que podemos hacer».
17 sistemas diferentes
Porque, en su opinión, «sería tremendo que, por poner una media como esta, se aumentase la burocracia y se aumentasen los gastos. No sabemos cómo se va hacer y tenemos muchas dudas».
No tantas tiene la presidenta del Colegio de Médicos de Asturias, Carmen Rodríguez, quien explicó que «no estamos ante un copago, sino de un repago». Porque, como recordó, «todos pagamos ya impuestos con los que se financia el sistema de salud».
Como Matador, Rodríguez plantea que, antes de tomar decisiones, «sobre recortes o copagos», los grupos políticos deberían sentarse y analizar la situación, «para ajustar las grietas de un sistema» dañado por 17 formas diferentes de dirigirlo: las de las 17 comunidades autónomas.
Enfado con el ministerio
En el otro lado del estetoscopio, el acuerdo que hoy tomará el Consejo de Ministros no se ve mucho mejor. Susana Pérez-Alonso, portavoz de la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública y Privada del Principado, lamentaba el silencio ministerial «con el que hemos intentado ponernos en contacto con ellos, para que nos explicaran todo lo que no ha quedado claro, pero no fue posible».
Considera Pérez-Alonso que en la información oficial hay un carácter «evaperonista» y recuerda que la sanidad española «no se ha financiado de una semana para otra» y la solución del copago que plantea el ministerio «es absolutamente despreciable: ¿Un diferencial del 10% entre el que gana 18.000 euros y el que gana 100.000 es normal?», se pregunta.
Como tampoco le parece lógico que «existan médicos de ambulatorios ganando 7.000 euros al mes». Ante las políticas de hechos consumados, pide «movilización».
El camino incierto de la tarjeta sanitaria electrónica
20.04.12 - DANIEL ROLDÁN | MADRID, en El Comercio.
La tarjeta sanitaria electrónica se ha convertido en uno de los conceptos más repetidos por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en estos primeros meses de legislatura. Ana Mato quiere que se aplique en toda España, pero las dificultades para que entre en vigor entonces son enormes.
El principal problema para expandir y unificar la tarjeta sanitaria es que cada comunidad ha comenzado este camino a diferente ritmo (algunas ya lo han terminado y otras ni se lo plantean) y con diferentes formatos tecnológicos. Unas vías que la ministra Mato ha planteado cerrar. Tras anunciar el copago farmacéutico, continuó con las explicaciones del real decreto que aprobará hoy el Consejo de Ministros. La ministra incidió, en Onda Cero, en que su departamento y las comunidades habían optado por la opción de copago más simplificada: los que no tienen obligación legal de declarar la renta y los que estarían por encima de 18.000 euros.
Cuando apelan a la herencia en el caso de sanidad que se refieren a la de La Ley General de Sanidad que creó el Sistema Nacional de Salud? … porque otra cosa no sólo es absurda sino ridícula y esperpéntica a estas alturas.
Mato asegura que el copago farmacéutico es ´equitativo´
La ministra de Sanidad se propone acotar el "abuso" que hacen los extranjeros del sistema público español
19/04/2012, Europa Press
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha señalado que la reforma acordada este miércoles con las comunidades autónomas, encaminada a implantar por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Salud (SNS) el copago de medicamentos para los ciudadanos con pensiones, "es una reforma justa y equitativa".
"La reforma es justa y equitativa. Ojalá no hubiéramos tenido que hacerla, pero la herencia que hemos recibido hace que sea inviable no hacerla", ha afirmado en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press.
En contra de las críticas, ha destacado que para su desarrollo ha primado la renta y se ha tenido en cuenta a los pensionistas, porque "el hecho de ser mayor hace que se utilicen más medicamentos", además de a los crónicos, que tienen también "más necesidad" de medicamentos. Asimismo, que "los mileuristas seguirán pagando lo mismo que hasta ahora".
Las decisiones tomadas este miércoles en el Consejo Interterritorial de Sanidad han tratado de evitar comprometer la situación económica de las personas con rentas más bajas. Pero, "la sanidad no es gratuita", ha advertido, tras señalar el "gasto descontrolado y la deuda terrible" generada por el Gobierno socialista.
"Garantizamos que la asistencia sanitaria siga siendo gratuita. Hemos tomado la decisión más justa, la que menos perjudica a los ciudadanos", ha destacado, para posteriormente señalar que el Gobierno, "al final, ha apretado las tuercas más a la eficiencia y a la eficacia de sistema sanitario y a las industrias que prestan los servicios que a los ciudadanos".
Cómo acotar el "abuso" que hacen los extranjeros de la sanidad en España, ha sido otra de las medidas de discutidas ayer con las comunidades autónomas. Al respecto, ha destacado que, hasta ahora, los extranjeros emigrantes y la UE se aprovechaban de la sanidad, pero "esto se va a modificar", ya que "no se puede sostener que vengan a España, se empadronen, pidan la tarjeta sanitaria y se operen".
Respecto a la posibilidad de reducir los envases farmacéuticos que muchas veces nos e ajustan al tratamiento genérico, Mato ha afirmado que van a pedir a laboratorios y a la industria farmacéutica "que hagan envases ajustados al número concreto de pastillas adecuadas a la duración de tratamientos habituales".
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La solitaria voz a favor del presidente del Consejo General de Enfermería, a favor ¿no será porque les han prometido devolverles lo de la colegiación obligatoria en la sanidad pública?
El coste del repago farmacéutico
Las asociaciones para la defensa de la sanidad pública auguran que el gasto de gestión de cambiar la tarjeta sanitaria será superior a los ingresos previstos
Foto: Susana Pérez Alonso, Presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanidad y Enfermos Crónicos, que tacha la medida de “despreciable”.
Oviedo, M. S. M. / Agencias, en La Nueva España
El anuncio del repago farmacéutico realizado el miércoles por la ministra de Sanidad, Ana Mato, no parece haber dejado a nadie indiferente. Desde el mismo momento en que se anunciaron las medidas con las que Sanidad quiere ahorrar más de tres mil millones de euros no han parado de sucederse declaraciones a favor y en contra del recorte.
Ayer mismo se ha sabido que la medida que obligará a los pensionistas a pagar sus medicamentos requerirá una inversión de 470 a 900 millones de euros en el cambio de las tarjetas sanitarias de todos los españoles.
De hecho, según estas estimaciones de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el gasto de gestión será superior a los ingresos previstos «al menos durante el primer año», afirmó la entidad, censurando que con este nuevo copago se «penaliza a los más enfermos y los más pobres». La FADSP también tiene dudas de la devolución de dinero a los pensionistas que superen los topes mensuales, ya que esa gestión es «complicada», y temen que «el plazo previsible de la misma seguramente se prolongara mucho tiempo», sobre todo cuando «hay demoras en el pago a proveedores que superan el año».
A las críticas de los defensores de la sanidad se oponen los que, como el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, consideran que las medidas son «necesarias, correctas y razonables», pero, al mismo tiempo, «claramente insuficientes por sí solas» para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
González Jurado aseveró que «resulta imprescindible tomar urgentemente medidas respecto a ámbitos como la gobernanza, la equidad y la eficiencia», porque el sistema sanitario no es «ni sostenible ni eficiente», y no cumple «con principios de la ley General de Sanidad ni de la ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud».
Ante esta realidad, considera «necesario y urgente» poner en marcha reformas estructurales que corrijan las «importantísimas deficiencias» que existen y «permitan garantizar la sanidad para todos los españoles, y dotarla de la fortaleza necesaria para que cuente con plenas garantías de futuro».
El secretario nacional de sanidad y asuntos sociales del PP, José Ignacio Echániz, se sumó ayer al debate con unas declaraciones polémicas. A su juicio, imponer el copago farmacéutico supone para los pensionistas «sólo cuatro cafés al mes». En una entrevista con la COPE, el también consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha señaló que la medida, que hoy aprobará el Consejo de Ministros, se incorpora al sistema sanitario en «unos momentos tremendamente difíciles». «El pensionista al que más le van a costar las medicinas al mes pagará ocho euros; eso son cuatro cafés, un café a la semana, 0,20 céntimos al día», comentó.
Echániz cree que la puesta en marcha de los nuevos baremos para pagar los medicamentos en función de la renta va a ser «muy ágil y rápida», y ha dicho que se incorporará fácilmente a la tarjeta sanitaria.
Las palabras del dirigente del PP fueron respondidas ayer mismo por la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, que calificó de «cruel» y «muy poco inteligente» que el responsable de Sanidad de Castilla-La Mancha haya dicho que el copago de los medicamentos para los pensionistas «son cuatro cafés».
Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares también aseguró ayer, en Oviedo, que la puesta en marcha de un sistema recaudatorio para cobrar los medicamentos a los ciudadanos en función de sus rentas tendrá un mayor coste para las arcas públicas que las cantidades que se obtengan. Llamazares anunció una pregunta de su grupo parlamentario al Gobierno sobre el coste de implantar un aparato de recaudación y gestión del que carece la administración sanitaria.
A su juicio, las explicaciones de la ministra de Sanidad suponen «un monumento a la hipocresía» y tratan de ocultar que el Gobierno ha puesto en marcha un impuesto añadido «a los débiles: los enfermos, los crónicos y los ancianos».
En Asturias, la presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanidad y Enfermos Crónicos, Susana Pérez Alonso, se mostró ayer contraria a las medidas anunciadas. A su juicio, «pedir que el jubilado abone las recetas es absolutamente despreciable y una medida falta de cualquier rigor económico». También pide aclaraciones de cómo va a gestionarse la medida en lo que se refiere a los crónicos, ya que, a su juicio, «en España no existen enfermos crónicos, sino fármacos de precio minorado que son los que deciden quién es enfermo crónico o no».
El plan de telemedicina de Jarrio evitó que el 85% de los pacientes fueran al hospital
El programa, aplicado en oftalmología, logró en dos años un ahorro de 60.000 euros. Ayer fue presentado en Bruselas
El Comercio. 20.04.12 - 00:59 - R. O. | COAÑA.
El equipo asturiano que desarrolló en el área sanitaria I un programa piloto de teleoftalmología para la detección de la retinopatía diabética presentó ayer en Bruselas, ante el Comité de las Regiones, los resultados de esta iniciativa desarrollada con la Consejería de Sanidad y la Federación Asturiana de Concejos, dentro del proyecto comunitario Red de Salud y Telemedicina en las Zonas Rurales.
En las conclusiones que plantearon dentro del seminario ’e-Salud: ¿qué soluciones se plantean para el futuro de los territorios rurales europeos?’, destaca que el 85% de los 952 pacientes incluidos en este programa pudo realizar las pruebas necesarias en sus respectivos centros de salud, lo que evitó su desplazamiento al Hospital Comarcal de Jarrio para someterse a revisión.
La metodología para detectar la retinopatía diabética, primera causa de ceguera en los diabéticos de entre 25 y 65 años, es simple. Un equipo médico acude, periódicamente, al centro de salud con un retinógrafo. Toma fotografías del fondo del ojo a los pacientes programados para revisión y, una vez obtenidas las imágenes, las evalúa el médico de Primaria, que si detecta indicios de dolencia, remite las fotografías por internet a los especialistas del hospital para una nueva evaluación. La fiabilidad alcanzó el 100% y, en los dos años de funcionamiento, ahorró en costes 60.000 euros. En Jarrio, la prueba está presupuestada en 172 euros y se redujo hasta los 98,7.
El hospital de Jarrio expone en Bruselas el éxito de su programa de telemedicina
LA VOZ DE ASTURIAS pone fin a 89 años de periodismo y servicio a todos los asturianos
Una de las primeras portadas de La Voz, junto a la última(leer más)
Las cosas están tan claras que sólo cabe ¡¡¡¡indignación y compromiso para parar esto!!!...
La FADSP acusa al Gobierno de ser “valiente” con los débiles y “cobarde” con las multinacionales
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública advierte de que el copago farmacéutico introducido por el Gobierno favorecerá el no cumplimiento de los tratamientos y una mayor utilización de urgencias, así como un aumento de las tasas de hospitalización.
nuevatribuna.es
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) denuncia la introducción del copago farmacéutico impuesto por el Gobierno y critica el hecho de que las nuevas medidas adoptadas “se han vendido ante la opinión pública como un ajuste necesario para sostener la sanidad pública”, sin contar con los inconvenientes.
En este sentido, la FADSP recuerda que en España los jubilados tienen unas pensiones muy bajas (el 8,51% cobra menos de 300 euros y el 54,02% menos de 650 euros) “lo que les colocara en la tesitura de optar entre pagar los medicamentos y comprar alimentos, con lo que, cualquier decisión que tomen será muy negativa para su salud”.
La asociación considera que establecer copagos distintos según tramos de renta tiene algunas dificultades y costes que no se han tenido en cuenta. Entre las dificultades, el hecho de que la renta es variable y que en España el fraude fiscal es muy elevado y de difícil control “con lo que los defraudadores seguirán muy probablemente sin pagar y se penalizará a las personas que viven de un salario, una pensión o la prestación por desempleo”.
Por otro lado, las medidas introducidas por el Gobierno obligarán a cambiar las tarjetas sanitarias de toda la población (47 millones de personas), dependiendo de la complejidad que se quiera incorporar a las mismas la estimación de coste, según la FADSP, es de entre 470 y 900 millones euros, un gasto que supera a los ingresos previstos, al menos durante el primer año,
También subrayan que la experiencia de introducir el copago en otros países ha demostrado que los copagos en medicamentos “favorecen el no cumplimiento de los tratamientos, una mayor utilización de urgencias y mayores tasas de hospitalización, por lo que además de producir problemas de salud habrá que contar con este aumento de los costes”.
Sobre la cartera de servicios, lo anunciado hasta el momento, hace temer a la asociación “que se avance en la línea del recorte de prestaciones por parte del Sistema Nacional de Salud, porque las prestaciones que se han mencionado no producen un gasto significativo y entran en el terreno del marketing demagógico”.
En cuanto al control del “turismo sanitario”, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública asegura que se trata de “un serio problema no de normativa como de recogida de datos y control por parte de los centros sanitarios y las administraciones autonómicas” y que el ahorro que se calcula “es sumamente improbable”.
En suma, la FADSP muestra su rechazo a tales medidas porque “son muy regresivas y van a penalizar a los más enfermos y los más pobres, generando desigualdades intolerables a la hora del acceso a las prestaciones sanitarias. El Gobierno ha optado por usar la valentía de la que presume con las personas más débiles y desprotegidas y su cobardía a la hora de tocar los intereses económicos de las multinacionales”.
“Estas medidas –añaden- van a tener una efectividad muy limitada y muy inferior a la prevista por el Ministerio” y recuerdan que desde la FADSP se ha propuesto una serie de medidas que sin suponer copagos ni exclusión de prestaciones lograrían un ahorro de casi 10.000 millones euros, tal y como publicó recientemente nuevatribuna.es.
Por evidente estímulo contrario a la recuperación del empleo y favorable a la generación de desempleo, además de que se ven minorados los derechos constitucionales de los trabajadores a la protección frente al desempleo
Un juez lleva al Constitucional la reforma laboral por las condiciones del despido Después de la reforma
El magistrado José Ángel Folguera considera que el tratamiento de los salarios de tramitación estimula el desempleo y vulnera el derecho a las prestaciones
Madrid, Agencias
El juez José Ángel Folguera Crespo, adscrito al Juzgado de lo social número 30 de Madrid, ha elevado cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP a raíz del caso de tres trabajadores que fueron despedidos de su empresa por causas disciplinarias y que recurrieron a los tribunales por entender que sus despidos eran improcedentes.
El juez argumenta su cuestión de inconstitucionalidad en la posible vulneración de la tutela judicial del trabajador frente al despido (artículo 24 de la Carta Magna), del derecho a la igualdad (artículo 14) y del derecho constitucional a la asistencia y prestaciones sociales, especialmente en desempleo (artículo 41).
Las dudas del juez sobre la constitucionalidad de esta norma surgen, sobre todo, a raíz de la nueva regulación que da la reforma a los salarios de tramitación (aquellos dejados de percibir desde el despido hasta la sentencia judicial), que sólo son abonables en los casos en los que, tras declararse improcedente el despido, el empresario opta por readmitir al trabajador. Si, por el contrario, opta por indemnizarle en lugar de readmitirle, el trabajador no tiene derecho a percibir los salarios de tramitación.
Puesto que es el empresario el que puede elegir entre ambas opciones y en la de readmisión tendría que abonar los salarios de tramitación, mientras que dejando al trabajador en la calle se los ahorra, el juez señala que eso constituye «un evidente estímulo contrario a la recuperación del empleo» y un «efecto incentivador del desempleo».
El juez Folguera subraya que cuando se declara un despido improcedente se entiende que el empresario es «autor de un acto ilícito», pero al eliminar los salarios de tramitación es como si percibiera una «subvención pública». El juez denuncia que son los trabajadores los que asumen el período de espera del proceso judicial con cargo a sus prestaciones por desempleo, mientras que el empresario queda eximido de costes, «cuyo importe se ahorra lisa y llanamente».
Y concluye el juez: «Ello constituye no sólo un evidente estímulo contrario a la recuperación del empleo y favorable a la generación de desempleo, sino que se ven minorados esencialmente los derechos constitucionales de los trabajadores a la protección frente al desempleo». La reforma laboral podría vulnerar, según esta visión, el derecho constitucional a la asistencia y prestaciones sociales.
Se suprime la fórmula exprés y los salarios de tramitación dependen de lo que falle el juez sobre el despido. Si es declarado improcedente, el empresario puede elegir entre readmitir al trabajador o indemnizarlo, como ya ocurría hasta ahora. Pero sólo pagará los salarios de tramitación en caso de que opte por la readmisión. Según los expertos en derecho laboral, este aspecto de la ley supone de hecho un estímulo para la no readmisión del trabajador en el supuesto de despido improcedente.
Las claves
Salarios de tramitación
Son los salarios dejados de percibir por el trabajador desde que es despedido hasta que los tribunales se pronuncian sobre su caso. En caso de recurso, puede tratarse de los salarios de un año o más.
Antes de la reforma
El empresario estaba obligado a abonar los salarios de tramitación si el despido era declarado improcedente. No obstante, la reforma laboral de 2002 (con el PP en el Gobierno) creó el «despido exprés», que permitía al empresario ahorrarse los salarios de tramitación reconociendo de inmediato la improcedencia del despido en el Juzgado.