Asturias tendrá que afrontar este año un recorte de más de 500 millones de euros
Montoro agradece el compromiso de las comunidades de no superar el 1,5% y advierte que pedir «proporcionalidad» al Gobierno es «absurdo»
Oviedo / Madrid, J. A. A. / P. G. / Módem Press, La Nueva España
El Principado tendrá que afrontar durante 2012 un importante recorte del gasto público para no superar, a fin de año, el límite de déficit del 1,5 por ciento del PIB aprobado ayer por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este ajuste supondría un recorte de 450 millones en el gasto para 2012, lo que equivale a un 10% del Presupuesto prorrogado actual. En la reunión celebrada ayer en Madrid, el consejero de Hacienda del Gobierno regional, Ramón del Riego, de Foro Asturias, votó a favor del objetivo de déficit marcado por el Gobierno central. Aun así, por la mañana, el presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, había acusado al jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, de «falta de lealtad institucional», al considerar que el déficit del Estado, con un límite que pasa del 5,1 al 4 por ciento del PIB, se corregía cargando contra las autonomías, a las que se impone un límite menor y, por tanto, un recorte mucho más estricto.
El nuevo límite del déficit, englobado dentro del programa de estabilidad presupuestaria diseñado por el Ejecutivo central, implica que el Principado tendrá que reducir su déficit, actualmente del 3,64 por ciento del PIB asturiano, en 2,34 puntos. Sólo Andalucía, gobernada por el PSOE, votó en contra de ajustarse a esta cifra máxima, mientras que los consejeros de Cataluña y Canarias se abstuvieron. Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el resultado del Consejo es «muy positivo», porque envía «un claro mensaje de confianza», al demostrar que todas las administraciones españolas se han comprometido a reducir el saldo negativo de las cuentas públicas.
El presidente asturiano ejemplificó su idea de que el Estado quería corregir su déficit a costa de las autonomías con decisiones como la de recortar las partidas de los fondos mineros. «Suprimir 1.100 millones de los fondos mineros supone trasladar el déficit del Estado al Principado de Asturias», aseguró Cascos. A su juicio, esa decisión del Gobierno central «no es aceptable desde el punto de vista político y social, pero desde el jurídico y constitucional tampoco encaja».
Cascos calificó de contradictoria la estrategia del Gobierno central, al pedir mayor flexibilidad en Europa y no rebajar el grado de exigencia con las autonomías. «Pedir a los demás lo que uno no practica no parece una política muy ejemplar, y trasladar a los demás las soluciones de los problemas propios no es asumible», reprochó Cascos. Aun así, el líder de Foro Asturias aseguró que el Principado «va a cumplir, con toda seguridad», el límite de déficit que fije el Gobierno central de Rajoy priorizando «la sanidad, la educación y el bienestar social».
El encuentro de los consejeros con el Ministro comenzó a las cuatro y media de la tarde. Antes de entrar, Del Riego -que acudió a la reunión acompañado por el director general de Presupuestos, Arturo Palacio-, afirmó que sentían «interés y curiosidad» por las explicaciones que pudiera dar el Ministro, sobre todo en lo relacionado con la «proporcionalidad» del ajuste entre el Estado y las autonomías, a las que se les exige un recorte de 15.600 millones. Según el consejero, Foro no sería el responsable del aumento del déficit asturiano, «lo único que hemos hecho ha sido aflorar el déficit existente, para que todos los asturianos sepan qué dejó encima de la mesa el Ejecutivo anterior».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal, Montoro respondió que pedir «proporcionalidad» en el reparto de la carga entre el Estado y las regiones era «un debate absurdo, inconveniente, inútil y altamente inoportuno». Para el Ministro, el verdadero debate debe ser ver «cómo atajamos el déficit estructural que hay en España».
La consejera de Hacienda andaluza, Carmen Martínez Aguayo, la única que se opuso al límite de déficit, lamentó que el Ejecutivo central trate de cargar el peso de la reducción del déficit a las autonomías cuando son éstas las que asumen el 60% del gasto estructural del Estado. El consejero catalán, Andreu Mas-Colell, que antes de entrar al Consejo afirmaba no tener una posición cerrada, optó por abstenerse, al igual que el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad de Canarias, Javier González Ortiz.
La postura contraria a la andaluza la defendieron los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP. Todos han respaldado, sin fisuras, el objetivo del déficit del 1,5 por ciento para 2012, tras la reunión para fijar posturas que los mismos consejeros mantuvieron, horas antes del Consejo, con la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Además de votar a favor del límite del déficit, algunas regiones como Baleares o Castilla y León admitieron que habrá que hacer «más ajustes» para conseguir el equilibrio presupuestario que busca el Gobierno central.
Más allá de las consecuencias de este nuevo límite, Montoro agradeció el apoyo a un «objetivo exigente». El Ministro se mostró confiado en que, pensando en el futuro nacional, a nadie le dará «pereza» reducir las desviaciones.
Las autonomías tendrán también un plan para pagar a los proveedores las deudas pendientes
Madrid, Agencias, en La Nueva España
En su reunión de ayer, el Consejo de Política Fiscal y Financiera dio también luz verde al mecanismo para financiar las deudas pendientes con proveedores. Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se trata del mecanismo «más ambicioso» que se ha puesto en marcha en la historia de España para cubrir deudas comerciales derivadas de ejercicios anteriores ya cerrados.
El mecanismo para financiar estas deudas autonómicas se ha aprobado por unanimidad y es «muy parecido», explicó Montoro, al que se diseñó para los ayuntamientos. Eso significa que el proyecto para las comunidades autónomas también estará condicionado a los planes de saneamiento que diseñen las diferentes administraciones regionales, aunque empezará a funcionar un poco más tarde.
Lo que Montoro no explicó es si, como ocurre en el caso de las administraciones locales, las comunidades se verán obligadas a lograr un «déficit cero», es decir, a que sus gastos no superen sus ingresos, algo que puede llevar a los consistorios a no poder afrontar ningún tipo de inversión a largo plazo. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que asistió también a la reunión con los consejeros autonómicos celebrada ayer, explicó tras el Consejo de Política Fiscal que cada comunidad transformará la deuda pendiente con sus proveedores en deuda financiera, de forma que no computará a efectos de endeudamiento que financia el déficit, sino como deuda. Aun así, Beteta no explicó de qué forma se transformaría esta deuda, ni a través de qué líneas de crédito podrían obtener los fondos necesarios.
Asturias tendrá que afrontar este año un recorte de más de 500 millones de euros
El nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo día 25 deberá tomar medidas para reducir el déficit al 1,5% del PIB
07.03.12 - CÉSAR CALVAR | MADRID, en El Comercio.
El Gobierno desoyó ayer las peticiones de flexibilidad lanzadas por varias comunidades autónomas -sobre todo Andalucía y Cataluña- e impuso a los ejecutivos regionales un objetivo común de déficit del 1,5% del PIB para 2012. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó claro al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que los objetivos fijados son inamovibles y «lamentó» los obstáculos planteados por los territorios descontentos. Es el momento, afirmó, de lanzar un mensaje «claro» de que «todas las administraciones están comprometidas con la corrección del déficit». En el caso del Principado, la decisión obligará a introducir recortes por una cuantía que rondará los 500 millones de euros.
De poco sirvió a los responsables de las finanzas andaluzas y catalanas quejarse antes de la reunión de la dureza del escenario de consolidación fiscal planteado, ni apelar de forma velada a una eventual quiebra del Estado de Bienestar. El voto en contra de la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, y las abstenciones de sus homólogos de Cataluña y Canarias, Andreu Mas-Colell y Javier González Ortiz, no impidieron el acuerdo global que compromete a todos los territorios a acometer un ajuste de 15.000 millones de euros para reconducir su déficit desde el 2,9% registrado al cierre de 2011 hasta el 1,5% fijado para este ejercicio. Es la parte que les toca a las comunidades del ajuste de 29.000 millones que tendrá que hacer todo el sector público para reducir sus números rojos, que alcanzan al 8,51% del PIB.
La decisión del Consejo de Política Fiscal supone todo un reto para el Gobierno asturiano que salga elegido de las urnas el próximo día 25. Obliga a un recorte del orden de los 500 millones de euros, el derivado de reducir el actual déficit del Principado, del 3,64%, hasta el 1,5% decidido ayer. Esa cifra de ajuste, pendiente de la concreción a la que pueda llegar la Consejería de Hacienda y Sector Público, sale de calcular esa minoración del déficit en un 2,14% sobre un Producto Interior Bruto fijado en 22.704 millones, según la cifra de 2010, la última cerrada, aportada por el INE. El dato redondo serían 485 millones, aunque es previsible que sea algo superior en función de la aplicación de una serie de variables adicionales.
Por cierto que el consejero asturiano de Hacienda, Ramón del Riego, se sumó a la mayoría que votó a favor de fijar en el 1,5% el déficit para el cierre de 2012. En la reunión, el consejero pidió al Gobierno que explicara «la proporcionalidad existente entre los nuevos límites de déficit que se ha otorgado a sí mismo el Estado y el que simultáneamente nos ha concedido a las comunidades autónomas». Señaló asimismo que el déficit de Asturias «ya existía» y que el Ejecutivo que lidera Francisco Álvarez-Cascos «lo único que ha hecho ha sido aflorarlo» para que los ciudadanos conozcan «al centímetro» la herencia recibida.
Montoro ya había avisado al inicio de la reunión de que no daría a las comunidades facilidades adicionales para afrontar el ajuste. El único paño caliente será la puesta en marcha del nuevo mecanismo financiero que permitirá a las autonomías acceder -junto a los ayuntamientos- a préstamos por un importe total de 35.000 millones para saldar deudas pendientes con proveedores. Acceder a esa facilidad obliga a cumplir los objetivos fijados y a presentar los correspondientes planes de saneamiento.
Andalucía, única ’rebelde’
El ministro «lamentó» la oposición del Gobierno de Andalucía, que atribuyó a la estrategia del gabinete que preside José Antonio Griñán de cara a las elecciones autonómicas del 25 de marzo. A su juicio «Andalucía está votando contra la austeridad necesaria para salir de esta crisis y crear puestos de trabajo». «Y no valoramos positivamente», añadió, la abstención de Cataluña. En todo caso, el Ejecutivo calificó el resultado global de la reunión de «muy positivo» y apeló a la responsabilidad de los territorios díscolos.
Por lo que respecta al País Vasco y Navarra ambos territorios aceptan el límite del 1,5% y firmarán hoy sendos acuerdos bilaterales con la administración del Estado, tal y como establece la normativa foral. El Gobierno navarro quiso, sin embargo, fijar su posición en la reunión y votó a favor del acuerdo.
Fijada la meta común, corresponde ahora a las comunidades decidir dónde meten la tijera. El responsable de Hacienda rechazó recetar medidas concretas para llegar al 1,5% de déficit pactado. Avanzó, no obstante, que existe un grupo de trabajo en el seno del CPFF que se ocupa de analizar toda la gama de servicios a cargo de las administraciones autonómicas y las reformas que pueden poner en marcha.
El ministro afirmó que todos los gobiernos autonómicos «saben perfectamente lo que han de hacer en casa». Y subrayó que no era «materia» de la reunión dictar las partidas que sufrirán las peores consecuencias de la austeridad fiscal. También rechazó las quejas de los consejeros que aseguran que debe de ser el Estado el que asuma el mayor recorte. «Es un debate inútil e ineficaz», señaló Montoro, porque «la desviación está donde está», dijo en alusión a las comunidades.
En lo que sí hubo unanimidad fue en la puesta en marcha del mecanismo financiero para pagar a proveedores. Esta facilidad, similar a la ya aprobada en Consejo de Ministros para ayuntamientos, obliga a las regiones a solicitar su inclusión antes del 1 de abril y a remitir antes del 15 de ese mes el listado de las facturas pendientes de pago emitidas antes del 31 de diciembre de 2011. Después, los territorios tendrán hasta el 30 de abril para enviar a Hacienda sus planes de ajuste, que deberán recibir el visto bueno antes del 15 de mayo.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, explicó que el Gobierno espera que los proveedores puedan empezar a cobrar a partir de esa última fecha. En el caso de los ayuntamientos, el día previsto para la puesta en marcha es el 1 mayo.
Cascos hinca la rodilla ante Rajoy y acepta rebajar el déficit
El Principado vota a favor de rebajar su endeudamiento pese a criticar la medida
07/03/2012, P. á. R / Agencias, Oviedo / Madrid, en La Voz de Asturias
Por la mañana todo eran críticas, pero por la tarde la situación giró 360 grados. Asturias, que a través de su presidente, Francisco Álvarez-Cascos, había cargado contra la exigencia del Gobierno central de reducir el déficit al 1,5% mientras el Estado se salta las prerrogativas de la Unión Europea, transformaba su opinión y ordenaba el voto a favor en el encuentro de ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Por tanto, el consejero de Hacienda del Principado, Ramón del Riego, trae importantes deberes para Asturias. La región ya sabe que deberá rebajar su endeudamiento del 3,6% con el que se cerró 2011 al 1,5% pactado ayer por todas las comunidades autónomas. Solo Andalucía votó en contra, mientras que Cataluña y Canarias se abstuvieron.
Cascos había comentado por la mañana -en alusión a Rajoy- que pedir a los demás un esfuerzo sobre el déficit que uno no practica “no parece una política muy ejemplar”. “Eso de pedirle a los demás lo que no practica uno no parece que sea una política muy ejemplar y trasladarle a los demás la solución de los problemas propios no es asumible y no lo es para Asturias en el caso concreto de los fondos mineros”, precisó. De todos modos, como ya hiciera con la investidura del actual presidente del Gobierno de España, votó a favor de la iniciativa del PP.
Reacción de Montoro
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, consideró “muy positivo” el resultado del CPFF porque manda un “claro mensaje de confianza” al demostrar que todas las administraciones españolas se han comprometido a reducir el saldo negativo de las cuentas públicas.
Según el ministro, la votación manda un buen mensaje a ciudadanos, agentes económicos, socios europeos e inversores internacionales. “Todas lo han entendido menos una”, precisó Montoro, tras lamentar la votación de Andalucía.
El titular de la cartera de Hacienda tampoco valoró positivamente la abstención de Canarias y Cataluña que, según Montoro, se ha abstuvo porque quiere conocer primero el Presupuesto del Estado que aprobará el Gobierno el 30 de marzo que será sin duda “austero” y marcará la línea de las cuentas que tiene que preparar las comunidades.
Montoro aseveró que no ha tratado con las comunidades medidas concretas para reducir el déficit y ha recordado que hay un grupo de trabajo formado para plantear este tipo de iniciativas.
Desde el Principado, no se quiso hacer valoración alguna de la reunión. Portavoces del Ejecutivo regional ni siquiera fueron capaces de confirmar el sentido de un voto que el propio ministro de Hacienda desveló en una rueda de prensa multitudinaria al asegurar que solo Andalucía se posicionó en contra.
Proveedores
Por otro lado, el CPFF dio luz verde al mecanismo para financiar las deudas pendientes con proveedores. Según Montoro, se trata del mecanismo “más ambicioso” que se ha puesto en marcha en España para cubrir deudas comerciales derivadas de ejercicios anteriores. Esta vía se aprobó por unanimidad y es “muy parecida” a la que se diseñó para los ayuntamientos, de forma que también estará condicionado a los planes de saneamiento que diseñen las diferentes comunidades autónomas, aunque empezará a funcionar un poco más tarde.
En este sentido, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, explicó que cada comunidad autónoma transformará la deuda pendiente en deuda financiera, de forma que no computará a efectos de endeudamiento que financia el déficit, sino como deuda.
