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La mayor parte de esta deuda con proveedores, en el caso del Principado, corresponde a gasto sanitario
El Gobierno asturiano espera pagar a los proveedores a partir de mayo
El pasado martes se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la petición de 250 millones del préstamo del Estado para este fin
Foto: Reunión del Consejo de Política Fiscal, presidido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
08.03.12 – EFE, OVIEDO, en El Comercio.
El Principado de Asturias solicitará unos 250 millones de euros del mecanismo habilitado por el Gobierno central para que las administraciones autonómicas puedan hacer frente a su deuda con proveedores, lo que permitirá comenzar a realizar estos pagos a partir del mes de mayo.
Esta medida, convalidada ayer por el Congreso, fue aprobada en la reunión que el pasado martes celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que el Gobierno asturiano votó a favor de la propuesta del Ministerio de Economía de fijar el límite de déficit de las comunidades autónomas para 2012 en el 1,5% del PIB.
Según ha informado hoy el consejero de Hacienda y Sector Pública, Ramón del Riego, la mayor parte de esta deuda con proveedores en el caso del Principado corresponde a gasto sanitario y los criterios que se aplicarán para fijar el orden del pago será la aplicación de quitas a la deuda, la presentación antes de final de 2011 de demandas judiciales y el orden cronológico de los impagos.
Para Del Riego, esta medida y el establecimiento del límite máximo de déficit en el 1,5 por ciento del PIB para este año, dos décimas más de lo inicialmente previsto, permite "aligerar" durante 2012 las medidas de contención del gasto que tendrá que aplicar el Principado.
El consejero ha justificado así su voto a favor de esta medida a pesar de que el jefe del Ejecutivo regional, Francisco Álvarez-Cascos, había pedido horas antes al Gobierno central que no trasladase a las demás administraciones "lo que uno no practica".
Así, ha apuntado que las comunidades autónomas "más beligerantes" contra este acuerdo como Andalucía, la única que votó en contra, había respaldado seis meses antes que el déficit de este año no superar el 1,3 por ciento y ha advertido de que "lo importante" es que esta cifra se reduzca al 1 por ciento al final de 2013.
Según Del Riego, esta afirmación no reflejaba ningún "recelo" por parte del Gobierno asturiano a esta limitación de los márgenes de déficit atribuible, a su juicio, a la necesidad de hacer frente a gastos desplazados "y ocultos" que no habían sido incorporados a las contabilidades oficiales de las distintas comunidades autónomas.
Para el titular de Hacienda, el Gobierno, frente a la "irresponsabilidad" de la oposición, optó por hacer "aflorar" ese conjunto de gastos no presupuestados antes de que finalizase el pasado ejercicio lo que permitirá a los proveedores que tenían contratos con la administración empezar a cobrar sus deudas.
El consejero ha evitado además cuantificar el recorte que será necesario aplicar en las cuentas públicas del Principado para este año para cumplir este objetivo a la espera de conocer la previsión de ingresos para las comunidades autónomas que fije el Estado en su proyecto de presupuestos para 2012.
No obstante, ha apuntado que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno central estimó que las aportaciones del Estado a las comunidades con cargo al vigente sistema de financiación autonómica serán similares a las de 2011.
Cascos pide 250 millones para pagar a proveedores
Del Riego dice que la mayor parte corresponde al gasto sanitario y que no cubre toda la deuda
09/03/2012, PILAR CAMPO, OVIEDO, en La Voz de Asturias
El Gobierno regional se acogerá al mecanismo extraordinario de financiación habilitado por el Estado para disponer de una partida superior a los 250 millones de euros con la que pretende pagar parte de la deuda que tiene contraída con los proveedores, ya que esta cuantía no cubrirá todos los impagos pendientes, “porque hay más deudas”, tal y como reconoció ayer el consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego.
El titular de Hacienda admitió estos impagos, que había adelantado LA VOZ, a pesar de que el Ejecutivo lo había negado durante sus primeros meses de gobierno y confirmó ayer que en su mayor parte se corresponden con el gasto sanitario.
El consejero volvió a culpar de esta situación a la herencia recibida de la anterior administración socialista, a la que acusó por su “clara irresponsabilidad y voluntad obstruccionista”. Una actuación que, según dijo, contrastaba con la política de “transparencia” que practica el actual gabinete de Foro Asturias al hacer aflorar toda la deuda “oculta” y trasladar al Ministerio la relación de “todos los pasivos”.
Del Riego está convencido de que sin las medidas puestas en práctica por su Ejecutivo para contener el gasto público, el endeudamiento hubiese alcanzado “los mil millones de euros”, lo que situaría a Asturias entre las “más deficitarias”. Su análisis se producía apenas unos minutos después de la celebración del Consejo de Gobierno donde se anunció que en el cuarto trimestre de 2011 se formalizaron créditos a corto plazo por valor de 426 millones, a los que hay que sumar los 178 millones aprobados por el Consejo de Gobierno de la semana pasada.
El recorte, sin cuantificar Del Riego especificó que los criterios que se seguirán para fijar el orden de pago serán la aplicación de quitas a la deuda, la presentación antes de final de 2011 de demandas judiciales y el orden cronológico de los impagos. Los proveedores que tengan derechos de crédito nacidos antes del 31 de diciembre pasado podrán empezar a cobrar a partir del mes de mayo. No obstante, la operación financiera no saldrá gratis. Habrá un plazo de devolución de diez años con dos años de carencia.
El consejero de Hacienda comparecía ayer en rueda de prensa para explicar los acuerdos alcanzados el pasado martes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que el Principado votó a favor de la propuesta del Ministerio de Economía de fijar el límite de déficit de las comunidades autónomas para 2012 en el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB).
Del Riego rechazó que el presidente regional, Francisco Álvarez-Cascos, hubiera mantenido ese mismo día por la mañana “una actitud de recelo” al pedir al gobierno de Mariano Rajoy que no trasladase a las demás administraciones “lo que uno no practica” y por la tarde él votara a favor. A su juicio, esta decisión de elevar el déficit del 1,3 % previsto inicialmente al 1,5% aprobado para este año “permitirá aligerar” las medidas de contención del gasto que tendrá que aplicar el Principado. Una postura que contrasta con el posicionamiento, que calificó como “beligerante”, de Andalucía -que votó en contra- o Cataluña -que se abstuvo- . No obstante, Del Riego recordó que “lo importante” es que al cierre de 2013, las comunidades no tengan un déficit “superior al 1%”.
El consejero evitó cuantificar el recorte que será necesario aplicar en el Principado este año para cumplir este objetivo a la espera de conocer la previsión de ingresos para las autonomías que fije el Estado en su proyecto de presupuestos que no se conocerá hasta el 30 de marzo.
El Principado pedirá más de 250 millones al Estado para pagar a sus proveedores
La Consejería de Hacienda tendrá que rehacer el cálculo del déficit de 2011 para incorporar la «deuda oculta» del ente de comunicación
Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España
El Principado necesitará una cantidad superior a los 250 millones de euros para afrontar los pagos a los proveedores por las facturas pendientes a fecha 31 de diciembre de 2011. El consejero de Hacienda, Ramón del Riego, cree que esas facturas podrán empezar a pagarse a partir del próximo mes de mayo dentro del plan puesto en marcha por el Gobierno central, dotado de 10.000 millones de euros, para el conjunto de las autonomías.
El Gobierno asturiano tendrá hasta el 15 de abril para recopilar todas las facturas pendientes con proveedores cuyos derechos de crédito sean anteriores al 31 de diciembre pasado. Luego, tendrá dos semanas más para presentar un plan de ajuste en el que detalle cómo pretende amortizar ese crédito en un plazo máximo de diez años con dos de carencia. La cifra de más de 250 millones que Asturias pedirá al Estado es una estimación. Ramón del Riego precisó que la cantidad final dependerá del reparto que haga el Estado tras recibir las solicitudes del conjunto de las autonomías, a excepción de Madrid, que no necesitará recurrir a ese mecanismo, según recordó ayer el titular de la cartera de Hacienda.
La mayor parte de esos 250 millones que pedirá Asturias será para atender facturas pendientes del sector sanitario, si bien el Consejero no precisó ayer la cuantía exacta. Cabe recordar que el presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, denunció el pasado mes de agosto una «deuda oculta» de 211 millones de euros pendientes de contabilizar e imputar al Presupuesto regional correspondiente al ejercicio 2011, una partida que el Ejecutivo anterior, de Vicente Álvarez Areces, ha venido definiendo como «gasto desplazado», correspondiente en casi su totalidad al ámbito sanitario. Del Riego añadió que el Principado también destinará recursos propios a abonar otros derechos pendientes de cobro de pasados ejercicios. «El nuevo mecanismo habilitado por el Gobierno central no es un regalo, es un préstamo a largo plazo que los asturianos tendremos que devolver en un plazo de diez años», advirtió el consejero de Hacienda, que también comentó que los criterios para abonar las facturas a los proveedores serán la aplicación de quitas a la deuda, la presentación de demandas judiciales antes de finales de 2011 y el orden cronológico de los impagos, respectivamente.
Por otra parte, el consejero de Hacienda comentó que tendrá que rehacer el cálculo del déficit del Principado, que hizo público la pasada semana el Gobierno central, para incorporar la «deuda oculta» del ente público de comunicación, la RTPA, que asciende a unos siete millones de euros, según el Ejecutivo de Cascos. Asturias cerró 2011 con un déficit de 845 millones de euros, que supusieron un porcentaje del 3,64 por ciento sobre el PIB regional. Esta misma semana, el viceconsejero del Sector Público, Luis de la Vallina, aseguraba que el Gobierno acababa de conocer el balance económico de la radiotelevisión regional, que arrojaba una deuda total, a 1 de enero pasado, de cerca de 19 millones. Como quiera que las transferencias retenidas por el Gobierno de Cascos a la TPA suponían alrededor de 11,3 millones de euros, «existe una deuda oculta de ejercicios anteriores de cerca de siete millones». De computarse esa cifra, el déficit definitivo de 2011 se situaría en torno a los 852 millones de euros.
El consejero de Hacienda calificó de «precipitado» el cálculo de 500 millones de euros para el recorte que tendrá que afrontar el Principado en las cuentas de este año al objeto de cumplir el límite de déficit del Consejo de Política Fiscal para el presente ejercicio: «Este Gobierno no comparte esa estimación, que me parece precipitada y con la que se pretende cierta sensación de alarma. Son cábalas hasta que se conozca el Presupuesto del Estado», concluyó Del Riego.
V Reunión Asturiana de Hematología y Hemoterapia que se inicia hoy en Gijón
La Sociedad de Hematología celebra en la Laboral su encuentro anual
La Nueva España
La Sociedad Asturiana de Hematología, presidida por Ana Pilar González, celebra hoy y mañana su reunión anual en la Universidad Laboral de Gijón. Dentro del programa de actividades de esta reunión médica se incluye la intervención del director médico del Registro Español de Donantes de Médula Ósea/Fundación Internacional Contra la Leucemia «José Carreras», Enric Carrera i Pons, que hablará sobre el trasplante hematopoyético y los 50 años de progresos registrados en la historia de la hematología.
Profesionales del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), del Hospital Reina Sofía, del San Agustín, del Clínico de Valencia, de La Paz y del Hospital Universitario de Salamanca abordarán diferentes estrategias sobre el uso de componentes sanguíneos, así como varios casos clínicos vinculados a la hematología. Las ponencias comienzan hoy, a las 16.30 horas. Mañana, sábado, el catedrático Carlos López Otín.
“Este año, la V Reunión Asturiana de Hematología y Hemoterapia está acreditada con 1,47 créditos por la Comisión de Acreditación de la Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias y con 6,5 créditos CME por la Asociación Europea de Hematología (EHA) .
Para acceder a la acreditación es necesario asistir al menos al 80% de la actividad formativa. Durante la reunión, se facilitará la información necesaria para poder acceder a los créditos a través de la página web de la EHA www.ehaweb.org"
A un lado PP, CIU, UPN y Foro, y en el otro todos los demás
El Congreso convalida la reforma laboral con el apoyo de PP, CiU, UPN y FAC
MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS)
El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto de reforma laboral que garantiza mayor flexibilidad a la hora de fijar salarios y jornadas y que crea un nuevo contrato indefinido para empresas de menos de 50 trabajadores que contraten a menores de 30 años, con el apoyo de 197 diputados del PP, CiU, UPN y FAC.
Tanto PSOE, Izquierda Plural, PNV, UPyD y el resto del Grupo Mixto, hasta un total de 142 diputados, han rechazado el decreto, que además abarata y facilita el despido y que acaba con la ultra-actividad (prórroga automática) de los convenios colectivos.
Una vez convalidado el Real Decreto, los grupos han aceptado por unanimidad su tramitación como proyecto de Ley. A partir de ahora, se abrirá un primer plazo de enmiendas a la totalidad, que debería ir acompañada de un texto alternativo, y parciales.
Los socialistas ya tienen anunciada su propia propuesta alternativa que, según han avanzado, se basará en la reforma realizada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y contra la que se convocó una huelga general, y en el acuerdo alcanzado por los agentes sociales a finales de enero en relación con la moderación salarial y la negociación colectiva.
Una vez se vea qué cambios acepta el Gobierno, que ya ha avanzado que no modificará el eje central de la reforma, los socialistas decidirán si presentan un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), una opción que la Izquierda Plural quiere adoptar ya contra el propio decreto ley, pero que requiere reunir al menos 50 diputados.
Además, tanto CiU como los partidos catalanes de izquierdas (PSC,ICV-EUiA, ERC y SI) han presentado sendas solicitudes ante el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña para que estudie si la reforma invade competencias en materia de autoridad laboral.
BÁÑEZ LLAMA AL DIÁLOGO SOCIAL Y CON LOS GRUPOS.
Durante su intervención en el debate para la convalidación del real decreto, Báñez La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha apostado por "el diálogo social, el diálogo permanente y el diálogo hasta el final" y ha reiterado hasta en tres ocasiones que la reforma laboral se ha gestado con la participación de los agentes sociales (¿…?). Tampoco ha dejado pasar la oportunidad para dejar clara la constitucionalidad de la norma.
Asimismo, la ministra de Empleo pidió al PSOE que "abandone las movilizaciones y las pancartas" y que sea "leal" como, según aseguró, lo fue el PP ante la reforma laboral del Gobierno socialista en 2010, que provocó la última huelga general.
En este sentido, le instó a la bancada socialista a realizar "propuestas concretas" durante la tramitación parlamentaria de la reforma y recordó que los 'populares' presentaron hasta 71 enmiendas a la suya. "Construyan, colaboren y ayuden", les espetó.
Y es que los sindicatos han convocado durante las últimas semanas todo un calendario de movilizaciones contra la reforma, y aún debaten si convocan una huelga general, algo que podrían desvelar mañana, tras la reunión de sus órganos directivos.
Las centrales han elaborado además un documento de alternativas a la reforma laboral que han remitido al Gobierno para abrir un proceso de diálogo (reiterado en dos cartas enviadas al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy) y que, hasta este momento, no ha recibido respuesta.
Anulado un despido en la Xunta durante una baja maternal
Una fundación de Economía echó a una trabajadora a pocos días de dar a luz
El País. Diana Mandiá Santiago de Compostela 7 MAR 2012 - 22:18 CET
Foto: La anterior gerente de la Fundación, Covadonga Toca. / ANXO IGLESIAS
Casi un año después de perder su empleo, la justicia ha dado la razón a la trabajadora de la Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, un organismo dependiente de la Consellería de Economía, que en mayo de 2011, solo dos semanas después de dar a luz, fue despedida “por razones objetivas de productividad y económicas”. Una sentencia del juzgado de lo social número 3 de Santiago considera discriminatorio el cese de la empleada, que realizaba labores de periodista para el Plan Galego de I+D+i y que tendrá que ser readmitida en sus tareas. La Fundación deberá, además, abonarle a la demandante los salarios correspondientes al período durante el que estuvo fuera de la Fundación, desde la fecha del despido hasta la de readmisión. La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza.
Este no es el primer varapalo judicial que recibe en los últimos años el organismo público, dirigido en el momento en el que se materializó el despido por Covadonga Toca, nombrada secretaria general del Igape en diciembre de 2011. La Fundación tiene pendientes seis procesos judiciales por cesión ilegal de trabajadores y en 2009 tuvo que readmitir a otra empleada a la que había despedido estando embarazada. En este tiempo, el ente se evitó además dos juicios al indemnizar a otras dos trabajadoras a las que echó a la calle a los pocos días de volver al trabajado después de su baja por maternidad. Según las estimaciones de la CIG, este ente público se ha desembolsado “más de un millón de euros” en indemnizaciones y asesorías jurídicas en los últimos cuatro años.
La justicia considera que el despido es nulo porque en él se aprecian “indicios suficientes de discriminación, ya que la demandante había formulado declaración previa y posterior demanda por cesión ilegal y declaración de relación laboral indefinida”. “Se le retiraron cometidos laborales, instrumentos de trabajo y el plus de responsabilidad, que luego se le reintegró. […]El 29 de noviembre de2010 formuló denuncia en la Inspección de Trabajo contra la empresa, estando ya en un estado de embarazo avanzado, siendo despedida el 26 de mayo de 2011, cuando el 10 de mayo de 2011 había dado a luz a su hijo”, expone la sentencia.
Según la CIG, el ente ha gastado un millón se euros en indemnizaciones
“No se justifica por la demandada la elección de la trabajadora, máxime cuando había estado embarazada y acababa de dar a luz y se le había privado de diversos cometidos que hasta entonces había venido desempeñando, eran propios de su formación y especialización”, prosigue la sentencia, que da por probado que la trabajadora fue desplazada de sus funciones sin razón justificada. La Fundación dejó de recibir encomiendas por parte de Economía e Industria en 2009, pero “sigue manteniendo proyectos europeos en materia de comunicación”, expone la sentencia. Para llevar a término estas tareas, la Fundación echó mano de trabajadores de otros proyectos, pese a mantener en plantilla a la demandante, aunque con una carga de trabajo “de una hora al día de media”.
La Fundación para o Fomento da Calidade industrial redujo su plantilla de los 255 trabajadores con los que contaba en marzo de 2009 a los 128 actuales. Junto a la empleada a la que tendrá que readmitir en su puesto fueron despedidos en mayo del año pasado otros 10 trabajadores, tres de los cuales aceptaron el acuerdo económico propuesto por la empresa para no llegar a juicio. Según el comité de empresa, detrás de los recortes de personal está el plan de la Fundación de reclutar “a personal afín a la gerencia” para la recién creada Axencia Galega de Innovación. El nuevo organismo, creado por decreto el 12 de enero de este mismo año, será el encargado de gestionar todas las encomiendas sobre I+D+i. “Supondrá la extinción de esta Fundación, dado que todo lo relativo a la I+D pasa a la Axencia, para evitar duplicidades”, explican representantes de los trabajadores.
Como diríamos en mi pueblo: o aquí pagamos todos o no paga ni dios
La Iglesia Católica recibe del Estado directamente o por la vía de las exenciones de impuestos, más de diez mil millones de €, al año.
El PSOE plantea por primera vez en el Congreso la revisión de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede
Se trata de un texto presentado como enmienda a una iniciativa del BNG en el que los socialistas reclaman que se establezca un tratamiento fiscal de las distintas confesiones religiosas, igual que el del resto de instituciones que asegure el pago de impuestos en igualdad de condiciones.
nuevatribuna.es
El PSOE ha presentado en el Congreso, por primera vez de forma expresa, una iniciativa pidiendo la revisión de los acuerdos de 1979 entre el Estado y la Santa Sede, que justifica concretamente en "el objetivo de asegurar y defender la laicidad del Estado español".
Se trata de un texto presentado como enmienda a una iniciativa del BNG en el que los socialistas reclaman dicha revisión como "elemento consustancial" a la idea de libertad e igualdad y como condición 'sine qua non' para una convivencia armónica en España, teniendo como objetivo la revisión de los diferentes elementos que lo articulan: legales, educativos, económicos y sobre presencia religiosa en las fuerzas armadas.
LIBERTAD DE CONCIENCIA
Además, el PSOE quiere que el Gobierno impulse una Ley de libertad de conciencia y religiosa que evite privilegios y discriminaciones por razón de convicciones y creencias, y que garantice a su vez la neutralidad religiosa en los espacios públicos y actos públicos, para que no exista confusión entre lo público y lo religioso, superando el marco definido por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980.
A su vez, solicita una reforma de la Ley Hipotecaria de 1946, reformada en 1998, sin llevar el debate al Congreso de los Diputados, que permite a la Iglesia Católica el registro de inmuebles y terrenos equiparándola a las administraciones territoriales y corporaciones de derecho público, al mismo tiempo que emitiendo sus propios certificados de dominio en ausencia de título escrito de dominio.
El PSOE cree en este sentido que hay que acabar con este privilegio "carente de justificación", al mismo tiempo que estudiar las vías para la devolución de los inmuebles y terrenos reclamados por municipios y otros potenciales titulares.
UNA RESOLUCIÓN DEL 38 CONGRESO DEL PSOE
Con esta enmienda, el PSOE traslada al Parlamento el contenido de una resolución que aprobó en su reciente 38 Congreso Federal, incluso la concreta, puesto que el texto aprobado en el cónclave sólo hace una mención al señalar que "los acuerdos de cooperación con las distintas confesiones" deben adecuarse a la no discriminación y a la neutralidad religiosa, "incluida la revisión de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979".
La petición de que se revisen los acuerdos con la Santa Sede es una enmienda 'clásica' en los Congresos del PSOE, pero nunca había salido adelante, hasta ahora. El texto se aprobó después de que el recién elegido secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo propusiese en su discurso de candidato frente a Carme Chacón.
Rubalcaba había planteado el asunto en condicional, advirtiendo de que el PSOE estudiaría "seriamente" pedir la revisión de los acuerdos si el Gobierno insistía en "retroceder 30 años" en derechos ciudadanos, especialmente con la reforma de la ley del aborto. Él mismo explicó después en rueda de prensa que los socialistas querían ver en qué se traducía la reforma antes de tomar iniciativas concretas.
La Iglesia Católica española vive en un paraíso fiscal
“Ilegítimo e ilegal”, denuncia Europa Laica que acusa a la Conferencia Episcopal de "mentir" por "mezclar Cáritas de forma torticera para desviar la atención de la ciudadanía".
nuevatribuna.es
Europa Laica, presidida por elexdiputado Francisco Delgado, viene denunciando, desde hace años, los privilegios fiscales, entre otros muchos (simbólicos, económicos jurídicos, políticos…), de los que disfruta la Iglesia Católica, "al recibir un trato privilegiado que el Estado le concede, consecuencia, por un lado, de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, pero también por un trato de favor político, que va mucho más allá, vulnerando principios constitucionales básicos".
La IC en España, es propietaria, a través de sus más de 40.000 instituciones (…diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones, fundaciones, etc.) de un enorme patrimonio, consistente en bienes inmobiliarios rústicos y urbanos (de uso para el culto o para otros muchos menesteres), entre ellos un incalculable número de pisos alquilados a terceros, todo este patrimonio, en todos los ámbitos, está exento del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y de otros, como obras, sociedades, etc, explican.
Europa Laica tenía calculado, en su informe anual sobre financiación de la IC que se hizo público en abril de 2011 (en estos días en revisión, de cara a la próxima Campaña sobre el IRPF) que, de los datos conocidos, los Ayuntamientos españoles dejaban de ingresar algo más de mil millones de euros, al año. Pero hay otros datos que están conociéndose estos días, que se cifran entre los 700 y los casi 3.000 millones de euros, hecho lógico dada la opacidad de la Iglesia Católica.
Por ello, "reiteramos, una vez más, nuestra exigencia de que el Estado haga un censo de inmuebles rústicos y urbanos propiedad de la Iglesia católica en España", subrayan.
También Europa Laica propone revisar qué entidades, fundaciones, etc. están exentas de este impuesto en cada ayuntamiento, no ya sólo por las exenciones que prevé la actual Ley de haciendas locales, sino -también- a través de la compleja maraña de normas y disposiciones que se han ido produciendo en estos últimos años y que restan ingresos por valor de miles de euros, a los Ayuntamientos, en estos momentos de profunda crisis y que puede estar vulnerando el principio de igualdad que exige la Constitución española.
Europa Laica denuncia que el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, "miente y demuestra su analfabetismo social y normativo, al mezclar Cáritas, de forma torticera, para desviar la atención de la ciudadanía".
La Iglesia Católica percibe (puntual y religiosamente) para la financiación del culto, el clero, la publicidad y el proselitismo religioso, casi 250 millones/año y para asociaciones religiosas de interés social más de 100 millones de €, procedentes del IRPF de todos los contribuyentes. Europa Laica está preparando la Campaña del IRPF de 2011, para exigir que desaparezca la casilla del impreso de la renta y la asignación a la IC por esta vía. La IC recibe del Estado directamente o por la vía de las exenciones de impuestos, más de diez mil millones de €, al año.
Una iglesia sin vergüenza
Por Mercè Rivas Torres, Periodista y escritora
nuevatribuna.es
La iglesia católica española no siente ninguna vergüenza de no aportar nada a la actual situación económica. Sólo piensan en ellos, a pesar del mensaje del Evangelio. Pero la culpa no es sólo suya sino de que los diferentes partidos políticos, que han gobernado España, se lo han consentido.
Tanto la UCD, como el PSOE o el PP han cedido siempre a las presiones- chantajes de la Iglesia católica. Desde la firma del primer Concordato en 1753 por Fernando VI hasta nuestros días, los supuestos representantes de Cristo en la tierra han presionado todo lo que han podido para mantener sus privilegios tanto en el mundo de la religión como de la enseñanza y de la sanidad.
A pesar que la Constitución proclama la libertad religiosa, la realidad es que las demás religiones no han recibido un trato igualitario. La religión debería ser algo que se ejerciese y se financiase desde la intimidad de las personas. Se trata de una creencia personal que no debería tener flecos en el mundo de la economía ni en el de la política, pero eso no es así.
Por eso recibimos con alivio que alguien tan poco sospechoso como el Presidente italiano Monti, por su catolicidad, haya decidido que la Iglesia en ese país pague el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Eso que pagamos anualmente todos los ciudadanos afortunados de poseer una vivienda.
La ley aprobada en Italia es muy moderada y sólo obliga al Vaticano a pagar el impuesto de aquellos edificios que no se dediquen al culto religioso, por lo tanto se refiere a colegios, universidades, asociaciones, conventos transformados en hoteles o pisos alquilados a empresas que nada tienen que ver con la religión y que hasta ahora han estado exentos de impuestos.
La decisión se queda corta pues debería obligar también a los centros de oración, pero por algo se empieza. Pero tampoco va a ser una tarea fácil ponerla en práctica, ya que no existe un catálogo de propiedades. El único trabajo realizado al respecto, pertenece al Partido Radical italiano, que cifra el número de inmuebles en 50 mil.
Con esta medida la Hacienda italiana espera ingresar dos mil millones de euros.
Pero en nuestro país eso es casi impensable. Cada año, el Estado financia con más de 7.000 millones de euros las actividades educativas, sociales, sanitarias y de culto de la Iglesia católica. Sólo en centros escolares, se ceden más de 3.500 millones, más otros 600 destinados a pagar a los profesores de Religión u otros docentes en centros concertados. Hay estudios que hablan de 10 mil millones.
A ello hay que añadirle los casi 250 millones que la Conferencia Episcopal obtuvo de la última declaración de la Renta, los que van a parar a las ONG católicas a través de la otra casilla del IRPF, y las exenciones que, pese a lo que dice la ley, aún mantiene la institución.
Y a pesar de estas cifras que hacen temblar a cualquier ciudadano, dicen que no son unos privilegiados. Un colegio privado laico paga IRPF sobre beneficios y la parte salarial de sus empleados, IVA sobre sus compras e IBI en caso de propiedad. Uno de la Iglesia, no.
El IBI no pagado asciende a 4´86 millones de euros. De momento Izquierda Unida ha propuesto al Congreso un recorte del 20% en subvenciones a la Iglesia de la misma forma que ha hecho con patronal, sindicatos y partidos políticos.
Pero la dirección de la Iglesia católica no debería necesitar propuestas de nadie sino hacerlo por propia voluntad. Pero ni lo hace ni lo hará por muy mal que vayan las cosas. No tienen la menor vergüenza en seguir actuando como una agencia de calificación al estilo Moody ´s o Standard and Poors que juzgan a los demás pero ellos campan a sus anchas, sin que nadie les controle.
