A 24 h. de la manifestación

Un taller de coches de Gijón estrena la reforma laboral

La empresa propone aumentar 5 horas la jornada y reducir salarios en un 15%

18/02/2012, E. G. Bandera, Gijón, en La Voz de Asturias.
Alrededor de 300 delegados sindicales de CCOO de Asturias se reunían ayer en el Ateneo de La Calzada para tomar conciencia de las movilizaciones que se inician mañana, también en Gijón a las 12 horas, contra una reforma laboral que otorga “carta blanca” al empresario y que “abarata, favorece y facilita el despido”. El secretario general de CCOO en Asturias, Antonio Pino, auguraba ayer que serán muchas las “tropelías” que, en nombre de esta reforma, podrán cometerse, sobre todo, en las pequeñas y medianas empresas.
“Más de 35.000 empresas en Asturias tienen menos de seis trabajadores y no tienen representación sindical”, advirtió. Y algunas, añadió, ya están intentando aprovechar esta reforma. Además de Rioglass, “en donde será más difícil”, aseguró que un taller de vehículos situado en Gijón y de mediano tamaño ya le ha propuesto a sus trabajadores hacer un convenio colectivo en el que se incrementa la jornada laboral y se bajan los salarios.
“Vamos a ver muchos casos como éste”, indicó. El secretario de CCOO de Gijón, Juan Sánchez, fue más concreto sobre este primer caso al avisar de que priman los convenios de empresa. Así, explicó que el taller, cuyo propietario es “un hijo de un antiguo colaborador de Aznar en Castilla y León”, propone a los trabajadores negociar un convenio en el que la jornada laboral pasa de 35 a 40 horas, los sueldos bajan un 15% y desaparece el fondo de garantía para enfermedades, además de “estar dispuesto a negociar la nochebuena y la nochevieja”.
Pino y Sánchez insistieron en la necesidad de movilizarse contra la reforma más “agresiva” de las 52 que se han implantado en España. “En nuestra cabeza está la huelga general, pero hace falta estrategias para proyectar fuerza en la calle y saber qué fuerzas tenemos”, aseguró Pino, que durante la asamblea fue desgranando las medidas más desfavorables para los trabajadores de un decreto que “se carga la negociación colectiva”.
Despido por baja médica
Se generaliza el despido procedente, mantiene los salarios de tramitación sólo para el despedido que sea readmitido o ve motivo de despido una baja médica de nueve días en un periodo de dos meses.
Pino también insistió en que la reforma del PP condena a los jóvenes a trabajos empobrecidos y salarios de miseria, además de que establece que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) sólo cubra la extinción de contratos por despido procedente. La reforma, además, subvenciona la contratación de quienes están en el paro y cobran la prestación, con lo que según Pino se discrimina a los desempleados que ya ni siquiera la cobran.
“Aboca a favorecer el despido y a la sustitución de plantillas”, añadió, reiterando la crítica a que el Gobierno no haya dado oportunidad al diálogo social y se haya “pasado por la entrepierna” el acuerdo sobre la negociación colectiva. Por todas estas preocupantes razones, Pino conminó a dar una respuesta masiva en la marcha de mañana, que parte a las 12 horas de la plaza del Humedal. El PP ha retrasado el trámite parlamentario de esta reforma a después del 25-M “para visualizar la capacidad de respuesta y ver si lo corrigen o no”.

El Gobierno está dispuesto a revisar el derecho de huelga

El Ejecutivo contará con el apoyo de los partidos nacionalistas conservadores

La secretaria de Estado de Empleo reconoce que la reforma «por sí misma no genera empleo»

18/02/2012, D. MEDIAVILLA / A. M. VÉLEZ / MADRID, en La Voz de Asturias
El miércoles, la CEOE volvía a pedir la restricción del derecho de huelga y, ayer, el Gobierno dejaba la puerta abierta a dar gusto, también en este punto, a la patronal. Preguntada sobre la posibilidad de que se modifique la Ley de Huelga, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que "algunos grupos" políticos han planteado esta cuestión al Ejecutivo y añadió que en el Gobierno están "dispuestos a analizar lo que en este punto se diga" durante la tramitación parlamentaria de la reforma laboral. Sáenz de Santamaría recordó que el decreto no trata esta cuestión porque "las prioridades eran otras", pero dijo que se analizarán "con mucho interés" las propuestas sobre "un tema que lleva muchos, muchos años discutiéndose".
La inclusión de restricciones al derecho de huelga durante el trámite parlamentario de la reforma laboral no sería una sorpresa. Ya durante la negociación del proyecto de ley de la reforma del anterior Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular introdujo entre sus enmiendas una propuesta para que no se pudiesen adoptar medidas de huelga o conflicto colectivo que tu viesen por objeto alterar durante su vigencia lo pactado en un convenio colectivo, aunque se estuviese negociando su revisión.
Nacionalistas con el PP
En esta batalla, además del aplauso entusiasmado de la CEOE, el Ejecutivo contará, tal y como mencionaba Sáenz de Santamaría, con el apoyo de "algunos grupos". Uno de ellos será presumiblemente CiU. Josep Antoni Duran i Lleida ya anunció la semana pasada que su formación emplazará al Gobierno a regular el derecho a huelga, porque este derecho "y el de manifestación no pueden ir nunca contra el interés general". Estas consideraciones las hizo en referencia a la acción que prevén los trabajadores de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) durante la celebración del certamen internacional Mobile World Congress entre el 27 y el 29 de febrero. Duran agregó que el derecho de huelga debe regularse porque ahora "sólo tiene el enunciado constitucional" y aún no se ha desarrollado normativamente. Utilizando una argumentación similar a la que empleó el presidente de la CEOE, Juan Rosell, Duran recalcó que la ley tiene que garantizar ese derecho, pero también proteger a la sociedad frente a "un concepto de huelga desnaturalizado". El segundo grupo que probablemente apoye al Gobierno es el PNV. Poco después de que Rosell recuperase el debate sobre la restricción de la huelga, el portavoz de los nacionalistas en el Congreso, Josu Erkoreka, afirmó que ve pertinente actualizar el decreto ley de Relaciones Laborales de 1977 que, entre otras cosas, regula el derecho de huelga. Desde su punto de vista, sería necesario volver a plantear el "equilibrio de intereses" entre los distintos afectados por un conflicto laboral, ya que el que pudiese establecer la norma vigente "es muy antiguo".
Las réplicas del terremoto que provocó la presentación de la reforma laboral continuaron ayer y no sólo en torno a la posibilidad de restringir el derecho de huelga. La portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, anunció que su partido ya está preparando un "texto alternativo" a la reforma propuesta por los conservadores, que se basará en la normativa implantada por el anterior Gobierno e incluirá los últimos acuerdos de mínimos alcanzados entre patronal y sindicatos. Asimismo, Rodríguez adelantó que las enmiendas de su grupo a esta norma contendrán "incentivos" a la "creación neta de puestos de trabajo en las plantillas" que "eviten el efecto sustitutorio" que, a su juicio, genera el decreto del PP.
Por último, la portavoz parlamentaria del PSOE calificó de "intolerable" e "incoherente" la inclusión en la norma de la posibilidad de reducir las plantillas en las empresas públicas, informa Elena Herrera . Javier Arenas, a las puertas de las elecciones de Andalucía, ofreció ayer la cara más conciliadora del PP y afirmó, en una entrevista concedida a la cadena Ser, que "le gustaría que se aprovechase la tramitación parlamentaria de la reforma laboral para que se oigan las alternativas de los sindicatos y de otros grupos".
Empleos de calidad
También con cierto tinte de matización, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, reconoció ayer desde Bruselas, donde participó en la reunión de ministros de Empleo de la UE, que la reforma "por sí misma no genera empleo". Sin embargo, explicó que busca dar la flexibilidad a las empresas para garantizar que "el despido sea la última opción" y ha confiado en que contribuya a sentar las bases para crear empleo "estable y de calidad" cuando el "crecimiento económico sea una realidad".
El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Ansendor, que presidió la reunión de ministros de Empleo de la UE, alabó la flexibilidad que introduce la nueva reforma laboral aprobada en España como forma de atajar la segmentación del mercado laboral en el país, pero reclamó al Gobierno del PP "otras medidas" para contribuir a reducir el elevado paro en España, incluidas más inversiones y mejoras en los sistemas de educación y formación. El comisario instó además a que todos los países empleen mejor las partidas del Fondo Social Europeo que todavía no han utilizado para contribuir a reformar sus mercados de trabajo y especialmente para combatir el paro juvenil y apoyar a las pymes a crear empleo. Bruselas cifra en unos 10.700 millones de euros los fondos disponibles para España no utilizados procedentes del Fondo Social Europeo, pero también de los fondos estructurales y de cohesión. Precisamente la semana que viene, expertos de la Comisión Europea se desplazarán a Madrid para discutir con el Gobierno español y los agentes sociales cómo utilizar mejor estos recursos. A un día de las primeras manifestaciones contra la reforma laboral, las fuerzas políticas y sociales conservadoras muestran su cohesión. A partir de mañana se verá si hay alguien al otro lado para darles respuesta.

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En el Foro además de la OMC, la CESM y de SEPEAP, participan SEMERGEN; SEMG; Semfyc y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)

Los médicos de AP "no se quedarán de brazos cruzados" si hay más recortes

Desde el Foro de Médicos de Atención Primaria denuncian que la calidad asistencial está en riesgo

MADRID, EUROPA PRESS
Los médicos de Atención Primaria sufren ya las consecuencias de los recortes, con consultas en las que se han "multiplicado" los pacientes y menos tiempo para atenderles, lo que empeora la calidad asistencial. Por ello, se han sumado al llamamiento a la rebelión de la Organización Médica Colegial (OMC) y piden que los recortes "no vayan a más" pues, de lo contrario, "no se quedarán de brazos cruzados".
Así lo ha señalado el doctor Josep Fumadó, vocal nacional de Atención Primaria Rural de la OMC y miembro del Foro de Médicos de Atención Primaria, que se ha reunido este jueves en Madrid. Sus participantes han hecho "un llamamiento a la responsabilidad de los gestores sanitarios" para que se frenen los recortes, que están "menoscabando" la calidad de la atención de AP y generando estrés al médico.
"En los últimos tres o cuatro meses, abro la consulta, tengo que hacer los trabajos administrativos del personal que ya no está y encargarme de la Pediatría, además de recibir a los pacientes habituales, que se han multiplicado y para los que ahora tengo menos tiempo", cuenta Fumadó poniendo su caso como ejemplo, asegurando que, al final, "son los pacientes quienes pagan esta situación".
En este sentido se ha manifestado también el secretario del sector AP de CESM, Salvador Galán, quien ha reclamado el cese de los recortes de las retribuciones por la carrera profesional que, de forma variable, se han puesto aplican ya en autonomías como Aragón, Asturias, Baleares, Madrid, Canarias, La Rioja o Valencia.
Para Galán, estos recortes, que van desde la supresión total de estos complementos --como ha ocurrido en Aragón, Baleares y Madrid-- hasta su reducción a la mitad --como sucedió en Valencia-- también podría repercutir en la calidad asistencial, ya que estos incentivos para motivarles a mejorar cada día.
A juicio del doctor José Luis Bonal, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) y portavoz, en esta ocasión, del Foro de Médicos de Atención Primaria, se está produciendo una "descapitalización" de la AP que merma también la calidad asistencial.
"Ya se está --insiste--viendo el deterioro y lo están pagando los ciudadanos", denuncia, asegurando que, para garantizar la sostenibilidad de este nivel asistencial, al margen de los recortes, hay otras vías, entre ellas reducir la burocracia de la que se hacen cargo estos profesionales.
Además de la OMC, la CESM y de SEPEAP, en este foro participan la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN); la Sociedad Española de Medicina General (SEMG); la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).

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Desde mi ventana lo veo así...

Desde mi ventana lo veo así...

El SIMPA y “sus” moscas …

“A un panal de rica miel
dos mil moscas acudieron,
que por golosas murieron,
presas de patas en él.
Otra dentro de un pastel
enterró su golosina.
Así si bien se examina
los humanos corazones
perecen en las prisiones
del vicio que los domina.”
Fabula de Samaniego (1745-1801)
Con toda seguridad os preguntareis el por qué de esta remembranza literaria, y cómo no quiero hacer esperar a nadie, he aquí la explicación:
Escribe alguien del SIMPA en su WEB, hoy 17 de febrero, que “Las Gerencias de AP están a la búsqueda de nuevos adeptos a las Unidades de Gestión Clínica. Queremos recordar a todos, que el Decreto en el cual se basan las UGC sigue siendo el mismo que firmó el Consejero Quirós. Las normas en las que se ampara siguen siendo el Plan de Recursos Humanos y el Acuerdo con UGT y CCOO. Las condiciones son las mismas: horarios y turnos, presupuestos cerrados (sustituciones y pruebas complementarias), etc. Las condiciones como se ven son las mismas. Por otro lado ante el panorama político que se nos avecina, sin conocer aún lo que va a pasar tras el 25-M, adherirse ahora a una UGC supone firmar un cheque en blanco. No sería el primer político que tras decir digo dijera Diego y modificara las condiciones de un día para otro. Ah, por cierto, se me olvidaba, tampoco hay un duro”…
Esto, que no es otra cosa que una desgarradora llamada para que nadie se implique con las U.G.C., no deja de tener ciertos componentes entre irónicos y, como no, dramáticos (cuasi suplicantes que podríamos decir), dirigidos a los mismos adeptos que, en su día, se opusieron radicalmente a la implantación de las UGC a través de una pseudo-plataforma en defensa de la A.P…. firmas ilustres, con nombre y dos apellidos, de médicos que hoy están ejerciendo de Gerentes u otros cargos de responsabilidad en esa misma A.P. … eso sí, de la mano de un partido político completamente distinto al que con Quirós planteó ese modelo. Ahora están del otro lado de la mesa y con un Consejero de Sanidad, Sr. Navia-Osorio, que nunca ocultó – y eso le honra – que con ese modelo – el de las UGC - estaba y está completamente de acuerdo… Ahora les toca decir y hacer (a esos directivos de hoy, antaño opositores radicales, me refiero) todo lo contrario…
¡Ah!, “panal de rica miel” …. esa fue la oferta para ostentar cargo directivo que les hizo FORO y aceptaron. Por cierto, de ello muy orgullosos estuvieron en su momento en el sindicato que ahora ejerce de plañidera. Prácticamente de sus filas salieron el 100% de dichos cargos, pero “la golosina enterrada dentro del pastel” que nos recuerda Samaniego, lejos de ser la de ¡¡ya nadie más se implica con las U.G.C.!! acabó siendo que son los mismos que combatieron el modelo los que ahora lo promocionan …
Qué razón tiene la fábula: los humanos corazones, siempre, (y esto es un añadido coherente con la situación) perecen en las prisiones, del vicio que los domina… y claro está eso no era lo deseado por el que escribe en la WEB del SIMPA …
En fin, ¡¡más le valdría reflexionar un poco antes de escribir!!

El decretazo amenaza las mancomunidades

 

La reforma facilita el despido de los más de 3.000 Trabajadores laborales de estas agrupaciones

Foto: Antonio Pino y Justo Rodríguez Braga, ayer, en el encierro simbólico en el Servicio Público de Empleo (antiguo Inem) de Oviedo.
17/02/2012, Luis Fernández, Oviedo, en La Voz de Asturias
El decretazo del Gobierno abre la puerta al despido del personal laboral de la Administración pública y las 18 mancomunidades que existen en el Principado son las que podrían verse más afectadas. Estas asociaciones de concejos, que emplean a más de 3.000 trabajadores de este tipo, presentan grandes problemas de financiación debido a su dependencia económica del Principado, por lo que la nueva normativa laboral las pone en el punto de mira por las facilidades que da para aligerar plantillas de las administraciones públicas.
La reforma recoge que los entes, organismos y entidades públicos puedan presentar un ERE si “justifican 9 meses de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”, una condición sencilla de alegar si se tiene en cuenta la difícil situación económica que atraviesan la mayoría de las entidades locales de la región. Antonio de Luis Solar, presidente de la Federación Asturiana de Concejos, asegura que “la normativa no afectará tanto a los ayuntamientos como a las mancomunidades”.
El gran problema al que se enfrentan, según De Luis Solar, es la dependencia de “la financiación que les llega del Principado”, una situación que se agrava por “la prórroga presupuestaria, las elecciones y la incertidumbre que todo ellos genera”. Todo esto “condiciona las decisiones que se toman”, y añade que “cuando se aclare el escenario actual, veremos si el Principado se decide por impulsar estas agrupaciones”.
Hasta el momento, la mancomunidad que ya ha intentado reconducir su situación económica mediante un ERE temporal es la de la Sidra, aunque todavía con la legislación anterior. Ana López Montes, presidenta de la agrupación, explica que por el momento sus intenciones no han cambiado pese a que la nueva legislación ya esté en vigor.
El miércoles de la semana pasada presentaron el expediente y están a la espera de una resolución, sin que hasta el momento se planteen cambiar de estrategia para acogerse a la nueva normativa. Su intención es que 5 trabajadores de la Fundación de Turismo de la comarca se acojan a un ERE durante 3 meses, “hasta que se aclare la situación financiera de la que vamos a disponer para los próximos meses”.
López asegura que, “a día de hoy, no tenemos constancia de que el ERE vaya a afectar a más servicios de la mancomunidad, por lo que seguimos trabajando igual”. La plantilla de la agrupación está formada por 3 funcionarios y por 64 personas que trabajaban como personal laboral.
El caso de la comarca de la sidra es el primero que se conoce, aunque previsiblemente la situación se va a repetir en los próximos meses. La diferencia es que la normativa elimina la posibilidad de que los ERE sean temporales o de reducción de jornada, por lo que los que se acojan a esta medida deberán aprobar EREs de extinción, con la merma en la calidad en los servicios que esta decisión puede suponer.
De Luis Solar, que también es alcalde de Pravia, reconoce que el único caso que se conoce es el de la comarca de la sidra, pero que son muchas las mancomunidades que pueden seguir su ejemplo, “entre ellas la nuestra, la de las cinco villas”. El principal motivo es que son agrupaciones que “se encuentran en una situación difícil”, sin saber de que recursos disponen “debido a la falta de concreción por parte del Principado”.

Los sindicatos ocupan el Inem

UGT y CC OO se manifiestan en las oficinas de empleo asturianas en protesta contra la reforma laboral

Las centrales vascas llaman ya a la huelga, y la CEOE estrena la norma con catorce despidos en Ciudad Real

Oviedo, Agencias, en La Nueva España.

Los sindicatos UGT y CC OO llevaron a cabo ayer un encierro temporal en varias oficinas del Servicio Público de Empleo de Asturias en protesta contra las medidas incluidas dentro de la reforma laboral que acaba de aprobar el Gobierno. Los secretarios generales de ambas centrales, Justo Rodríguez Braga (UGT) y Antonio Pino (CC OO), permanecieron durante media hora encerrados en la oficina de la calle General Zuvillaga, en Oviedo.

Pino señaló, antes de entrar en la citada oficina, que el objetivo de la protesta era informar a los desempleados de las consecuencias que puede tener una reforma que «no es útil ni para la reactivación económica ni para la creación de empleo». En el mismo sentido, Justo Rodríguez Braga aseguró que espera «una gran respuesta» en la manifestación convocada para este domingo, a las doce de la mañana, en Gijón contra la reforma. «Es una medida que lesiona claramente los intereses mayoritarios del conjunto de trabajadores y no favorece la contratación; por eso necesitamos a todos los asturianos», señaló.

En el País Vasco y Navarra, los sindicatos nacionalistas (ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru) ya han convocado una huelga general para el próximo 29 de marzo contra esta reforma laboral. Se trata de la primera convocatoria de huelga general convocada a nivel nacional desde que se aprobara la ley y la duodécima de la democracia.

La propia patronal ha sido la primera en aprovechar la reforma para reducir los costes de despido y los salarios, tal y como se recoge en la nueva reforma del mercado laboral. Así, el presidente de CEOE-CEPYME de Ciudad Real, presentó ayer una regulación de empleo que supone el despido de 14 de los 38 empleados con los que cuenta la organización. Además, la asamblea de la agrupación empresarial aprobó reducir el salario a los 24 trabajadores restantes, la rebaja se aplicará de forma gradual en función de las retribuciones. La patronal castellana tiene una deuda de seis millones de euros y un agujero patrimonial de dos millones y medio más. «Se han logrado salvar 24 puestos de trabajo y eso es lo más positivo que se puede destacar», señaló el presidente de la patronal, Antonio Sánchez-Migallón.

Las centrales protestan en las oficinas del Inem contra la reforma laboral

También en las Cuencas…

Los sindicatos protestaron ayer contra la reforma laboral en las sedes de los servicios públicos de empleo en Langreo y Mieres. José Manuel Camporro (UGT) y José Manuel Zapico (CC OO) indicaron en Langreo que la reforma propuesta por el PP «introduce el despido libre, privatiza las funciones del servicio público de empleo y genera parados de primera y de segunda, primando la contratación de los que tienen subsidio». Además, los parados «pasan a tener un estatus parecido al de los presos, con trabajos sin remuneración».

El Gobierno ve el miedo al despido como un incentivo

El Gobierno explica en la Memoria Económica de la reforma laboral sus motivos para abaratar y facilitar el despido

Pretende que las ETT ayuden a descubrir a los parados que no quieren trabajar

17/02/2012, Amparo Estrada, Madrid, en La Voz de Asturias
El Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados la Memoria para el análisis del impacto de la reforma laboral, donde explica las razones que le han llevado a facilitar y abaratar el despido y a permitir que el empresario, de forma unilateral, reduzca los salarios dejando al trabajador la única opción de darse por despedido si no acepta.
En el documento oficial, el Ejecutivo sostiene que la estabilidad en el empleo tiene un lado negativo cuando “al ser el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo y se genera una excesiva resistencia a la adaptación a nuevas necesidades”. El Ministerio de Empleo explica que esa estabilidad se produce porque el despido en España es “relativamente más caro y limitado que en otros países”.
La Memoria señala que la anterior normativa llevaba a ajustes laborales “claramente injustos” que no tenían en cuenta la productividad y otras coyunturas económicas. De hecho, recalca que los trabajadores indefinidos “perciben incentivos para oponerse a ajustes tales como la reducción de salarios”.
La solución que ha encontrado el Gobierno ya la conocemos: se introduce más inseguridad para todos los trabajadores lo que, en su personal interpretación, incentivará el esfuerzo y la productividad. Desde luego, no todos piensan igual. El diputado y portavoz de ICV en el Congreso Joan Coscubiela considera que con esta reforma laboral “se pretende presionar a la baja los salarios y desproteger al trabajador”.
Con la supresión de la autorización administrativa en los ERE se pretende “ganar en celeridad”, dice el texto de la Memoria, y “corregir la tendencia a llegar a un acuerdo consistente en el pago de elevadas indemnizaciones” para evitar que la autoridad laboral entre a examinar los despidos. El fin último es “normalizar” el uso del despido colectivo “a un coste más razonable”. Por eso, “el objetivo esencial de la reforma es reconducir la mayor parte de los despidos hacia los despidos objetivos y colectivos procedentes”.
La Memoria también expone otras motivaciones. Por ejemplo, tras la decisión de incorporar a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) como agencias de colocación está la ambición de que sirvan para inundar de ofertas a los parados y descubrir a los que no quieren trabajar o que están en la economía sumergida.
La incorporación de las ETT “permitirá que los desempleados sean contactados más frecuentemente para acudir a entrevistas de trabajo o ser contratados. De esta manera, si están trabajando de forma fraudulenta, o no están verdaderamente interesados en trabajar, serán expuestos y perderán la prestación”. La ley establece que rechazar una oferta de trabajo “adecuada” conllevará la pérdida de la prestación por desempleo durante tres meses, rechazar una segunda oferta implica perder el seguro de paro durante seis meses y si se hace por tercera vez se pierde completamente el derecho a la prestación.
En la Memoria, queda claro cuál es el camino en el que confía la ministra Fátima Báñez para reducir la costosa carga presupuestaria de las prestaciones por desempleo, cuyo gasto mensual asciende a más de 2.580 millones de euros. Si a través de las ETT se logra llenar de ofertas de trabajo a los parados y muchos las rechazan quedará suspendido temporal o permanentemente para ellos el cobro del paro. En esto, la clave será cómo se juzgue si una oferta de trabajo es adecuada o no.
Además, el Ejecutivo considera que, en el modelo anterior, los tribunales gozaban “de una amplia capacidad interpretativa sobre si se dan o no las causas del despido, lo que genera incertidumbre y limita la seguridad jurídica”. El Ministerio puntualiza que “los tribunales suelen interpretar de forma laxa cuándo un despido es procedente”. Y, tal vez para que no haya margen a una interpretación laxa, con la reforma se introduce una nueva causa para poder hacer despidos objetivos con 20 días de indemnización: la de reducción de ingresos o ventas durante tres trimestres seguidos, que se une a la de la previsión de pérdidas que introdujo Zapatero en 2010.
Despidos en el sector público El Gobierno también reconoce que uno de sus objetivos es “el redimensionamiento de las estructuras administrativas que crecieron desmesuradamente durante la fase de fuerte crecimiento económico”. En este sentido, se permite que los organismos del sector público cuando tengan una situación de insuficiencia presupuestaria persistente puedan acudir a los despidos colectivos sin autorización administrativa. Esta medida se completa “con la prohibición de que lleven a cabo suspensiones de contratos o reducciones temporales de jornada”.
La reforma laboral costará al menos 236 millones de euros en el primer año. La mayor partida, 122 millones de euros, corresponde a la reposición de prestaciones por desempleo a los trabajadores afectados por ERE temporal o reducción de jornada que sean despedidos.
Por otro lado, la reforma establece que la reducción de jornada por guarda legal se hará en la jornada diaria y no en la semanal o anual por lo que no se podrá acumular en un día completo. Y que los directivos del sector público estatal que sean funcionarios o empleados públicos no recibirán indemnización alguna cuando dejen el puesto.

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OPE del SESPA

Los procesos iniciados siguen su curso

Medicos de Familia…

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, la declaración definitiva de desiertas de las plazas convocadas por el turno de promoción interna y su acumulación definitiva a las plazas convocadas por el turno libre para la provisión de dos plazas, reservadas a personas con discapacidad, de la categoría de Médico de Familia, Grupo A, Subgrupo A1, y en régimen de personal Estatutario fijo (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 31 de diciembre de 2008)

VER TEXTO DE LA RESOLUCION EN EL BOPA

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Estiman que la deuda de las comunidades por los medicamentos que compran para los hospitales puede subir un 30% por las restricciones presupuestarias de las comunidades autónomas

Los laboratorios redoblan la presión ante el temor a otro año sin cobrar

Roche estudia extender la exigencia de pago al contado o limitar el crédito a los hospitales

Sanofi anuncia que reconsidera su inversión en I+D en España

Emilio de Benito, Madrid, en El País.
Los laboratorios levantan la voz ante la perspectiva de aguantar otro año de impagos de los pedidos de los hospitales de la sanidad pública. Una vez conocidos los presupuestos autonómicos, fuentes del sector calculan que, salvo medidas excepcionales, la deuda de las comunidades por los medicamentos que compran para los hospitales subirá por lo menos otro 30%. Ello situaría el importe de impagados en unos 8.300 millones de euros, poco menos del suministro de dos años. Y, ante esta situación, las grandes empresas no están cruzadas de brazos.
El pistoletazo de salida lo dio Roche, la que más vende. Actualmente, según fuentes de la compañía, la deuda de las Administraciones con la firma es de 1.000 millones de euros (600 millones de la división de fármacos y 400 de la de diagnósticos). “Para la compañía es inviable que la deuda siga aumentando. Si los hospitales no regularizan sus pagos o si no se alcanza un acuerdo sobre el cobro de la deuda pendiente, se implantará el pago al contado, que consiste en que los hospitales podrán seguir comprando medicamentos de Roche, pagando en el momento en lugar de a crédito como se hacía hasta ahora”, afirman fuentes de la firma. Por el momento, solo se ha llegado a esa situación en un caso, el hospital Provincial de Castellón.
El previo pago no es la única posibilidad. “Roche ha modificado su política comercial con algunos hospitales en España, pidiendo pago por adelantado o revisando y fijando nuevos límites de crédito (se estimula un máximo de deuda y si se supera se renegocian las condiciones). Estas medidas, que están funcionando, son la base de nuestras actuales negociaciones con las autoridades y del enorme esfuerzo por encontrar una solución”. Entre las comunidades en las que estos contactos son más intensos están Andalucía, Valencia, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Además, el sector, aunque inquieto, está ahora en un periodo de transición a la espera de los Presupuestos, que previsiblemente se presentarán en marzo, después de las elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias. Los cálculos son que aunque la facturación a los hospitales públicos no aumente (el año pasado creció solo un 1,1%, hasta los 4.426 millones), la deuda seguirá creciendo y demorándose su pago (está en una media de 525 días, aunque una decena de hospitales duplican este periodo).
Por eso, su esperanza está en que el Gobierno fije algún tipo de medida para que las comunidades reduzcan su deuda —o que no la aumenten—. Una de ellas podrían ser los créditos ICO, que tienen el inconveniente (y así lo manifestaron varias comunidades el año pasado, cuando la exministra Elena Salgado lo propuso) de que incrementa la deuda autonómica. La otra es la titularización de la deuda. Esto quiere decir que sería el Gobierno central el que avalaría las cantidades pendientes de pago por parte de las comunidades.
Pero Roche no es la única empresa que estudia medidas de presión para asegurar el cobro. Sanofi también ha advertido de que podría tomar medidas, aunque en otro sentido. Según el presidente de su delegación en España, Marc-Antonie Lucchini, la compañía prefiere presionar de otra manera. “Nos podemos replantear inversiones en España”, ha dicho en una entrevista al diario económico Cinco Días.
La situación de esta multinacional franco-alemana es mejor que Roche, simplemente porque sus ventas son mucho menores: aproximadamente unos 50 millones al año. Claro que la deuda, que está entre 150 y 200 millones, es grande proporcionalmente.
La amenaza de la reducción en inversión en I+D la ha manifestado Lucchini, pero es general del sector. En un encuentro con medios de comunicación el pasado viernes en Almagro (Ciudad Real), al que acudió invitado EL PAÍS, Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, la patronal del sector, ya utilizó ese argumento. Y es que el sector es puntero en I+D privado: supone aproximadamente el 20% de lo que se dedica a este capítulo en España, como dijo el director técnico de Farmaindustria, Emili Esteve. En los últimos tres años, pese a la crisis, el sector ha mantenido la inversión por encima de los 1.000 millones de euros, pero aumenta la probabilidad de que esto disminuya. Y se trata de un sector que solo en empleos directos representa a unos 4.000 trabajadores, con la característica de que está muy feminizado y muy especializado, con prácticamente un 75% de titulados superiores.

Protestas de farmacias en Valencia

JAIME PRATS | Valencia
Los farmacéuticos valencianos volverán a movilizarse por el último impago de la Generalitat, que, sumida en una grave crisis de liquidez, no ha cumplido su compromiso de abonar antes del 10 de febrero los medicamentos despachados con receta correspondientes al mes de diciembre. Además falta por liquidar los meses de octubre y noviembre, por lo que la deuda global rebasa los 380 millones.
Los tres colegios provinciales celebraron asambleas en Alicante, Valencia y Castellón a última hora de la tarde de ayer para debatir las protestas que se llevarán a cabo para presionar a la Administración valenciana. Al cierre de esta edición, los farmacéuticos seguían debatiendo las medidas a tomar.
“La falta de expectativas de cobro pone a las oficinas de farmacia en una situación insostenible”, expuso el martes la patronal valenciana del sector al convocar, junto a los colegios, las asambleas de ayer.
El mes de noviembre, en víspera de las pasadas elecciones, la Administración valenciana acordó un plan de pagos con los farmacéuticos para saldar la deuda que arrastraba con las farmacias desde finales de julio y que alcanzaba los 550 millones de euros.
En diciembre, incumplió el segundo plazo del calendario, cuando debía abonar 60 millones de euros. Como consecuencia de ello, las farmacias convocaron tres días de cierre patronal, los días 18, 19 y 20 de diciembre. El seguimiento fue masivo hasta que el día 19 la Generalitat volvió a pagar y se desconvocó la protesta. La vuelta a la normalidad no ha durado ni dos meses.

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ALTAS MENSUALES EN LAS LISTAS DE DEMANDANTES DE EMPLEO ANTE EL SESPA

Como todos los meses, el pasado día 16 de Febrero, entraron en vigor las nuevas inscripciones en el registro de demandantes de empleo correspondientes a las listas generales y a las de promoción interna “B” de las solicitudes habidas hasta el 31 de Enero.
Dichas listas, así como las de los excluidos, de acuerdo con las causas de exclusión que se especifican, las tenéis a vuestra disposición en la sección de empleo de nuestra página WEB.

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Lejos aún en la recta final de cara a la apertura

Un hospital a CONTRARRELOJ

El Principado licita el mobiliario y equipamiento del Álvarez Buylla para abrirlo a tiempo

18/02/2012, A. C., Mieres Del Camín, en La Voz de Asturias.

Nadie ha variado las fechas de apertura del nuevo recinto hospitalario de Mieres que se fijaron, ya en tiempos del gobierno de Areces, en finales de 2012 o principios del 2013. El proyecto, paralizado como el Hospital Central de Asturias durante los primeros meses del gobierno de Álvarez Cascos, se ha visto impulsado en las últimas semanas con la recepción de la obra y la salida a licitación del mobiliario, el suministro de microscopios y el resto del equipamiento de laboratorio que estaba sin conceder. A contrarreloj para poder abrir, cuanto antes, unas instalaciones muy necesarias en la comarca ya que el actual Hospital se encuentra en un nivel de deterioro importante.

En algunos apartados, la licitación se hace de manera conjunta con el Hospital Central de Asturias. Es el caso del equipamiento para los laboratorios y los nuevos microscopios. No así para el mobiliario del centro de Santullano. La entidad Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias (Gispasa) ha sacado a licitación los muebles a medida del recinto en algo más de 1,1 millones de euros. El nuevo hospital contará con 120 habitaciones y un total de 198 camas. La fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación por parte de las empresas es el 28 de marzo.

En cuanto a la licitación del equipamiento de laboratorios, el precio estimado de la operación, para el Hospital Central y el de Mieres, asciende a 2,2 millones de euros. Mientras que el precio de los microscopios es de medio millón de euros.

Antes que estas disposiciones se habían llevado a cabo únicamente dos movimientos. A finales de noviembre, el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) adjudicó el servicio de consultoría y asesoramiento técnico para la definición del mobiliario general destinado al nuevo hospital comarcal por importe de 19.000 euros. Y semanas antes, Gispasa se había sacado a concurso la adquisición de siete paneles técnicos para centralizar los controles de los quirófanos. En el mes de enero se cumplieron tres años del inicio de los trabajos en el barrio mierense de Nuevo Santullano, donde se construyó el Álvares-Buylla que ocupa una superficie construida de 28.00 metros cuadrados. Además, cuenta con un aparcamiento subterráneo con capacidad para 510 plazas. En relación con el actual centro hospitalario, el Álvarez Buylla incluirá dos quirófanos más, pasando de cinco a siete. También crece el área de consultas externas y gabinetes para asumir una mayor ambulatorización de la asistencia.

El centro hospitalario tiene un coste estimado de 56 millones de euros avalados por el Banco Europeo de Inversiones. El actual Ejecutivo autonómico de Foro Asturias ha incluido una partida de más de 6,6 millones de euros en su propuesta de presupuestos para 2012 que irían destinados en este caso a los nuevos equipamientos del centro hospitalario ubicado en el entorno de Nuevo Santullano.

El proyecto parece que ha cogido carrera pero lo que aún sigue sin resolverse es qué va a pasar finalmente con los accesos al hospital.VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA