Canarias:Sanidad prescinde de más de mil trabajadores en quince días

 

Se espera otra oleada similar en febrero.

 

La no renovación de los contratos de los sustitutos y del personal de refuerzo debido al recorte de 50 millones de euros del presupuesto para personal ha supuesto que 1.055 profesionales de los centros hospitalarios del Archipiélago hayan dejado de trabajar en las últimas dos semanas. 

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

 

El recorte de casi 50 millones de euros en personal de la Consejería de Sanidad aprobado por el Gobierno de Canarias para el presente ejercicio ha comenzado a sentirse en los centros hospitalarios de las Islas, donde en los últimos quince días se ha prescindido de más de mil trabajadores.

 

En concreto, 1.055 empleados han dejado de trabajar para el Servicio Canario de Salud (SCS) después de que sus contratos temporales o de sustitución llegaran a su fin el 31 de diciembre y no se les renovase, por lo que formalmente no se puede hablar de despidos, si bien en algunos casos se trata de empleados que llevaban hasta 12 años encadenando contratos.

 

Según los datos oficiales de cada uno de los centros hospitalarios del Archipiélago, se registran bajas en prácticamente todas las categorías profesionales, aunque las más afectadas son aquellas que tienen que ver con la enfermería. Así, de los más de mil trabajadores de los que ha prescindido la Consejería, el 29,4%, es decir, 311, son auxiliares de enfermería y otro 26,5% son Diplomados Universitarios en Enfermería (DUE).

 

Los médicos tampoco se libran de este recorte y 46 han dejado de prestar servicio en alguno de los hospitales, algo sorprendente si se tiene en cuenta que el Gobierno mantiene que faltan facultativos.

 

El único centro que permanece al margen de esta reducción de personal es el Hospital Nuestra Señora de los Reyes de El Hierro, cuya plantilla queda intacta.

 

En el resto de centros hay hasta 253 bajas, como es el caso del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (HUNSC) o las 214 del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

 

187 trabajadores han visto cómo no se les renovaba su contrato, pese a que llevaran hasta doce años encadenándolos, en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, al igual que los 185 del Insular y los 122 del Materno Infantil.

 

A las islas menores -salvo la excepción ya señalada de El Hierro- los recortes en personal también han llegado en estas dos primeras semanas de 2012 y el Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe pierde a 16 efectivos y en el Hospital Universitario de La Palma otros 34.

 

En el Hospital Doctor José Molina de Orosa ascienden a 28 los trabajadores no renovados, de los que los médicos, con seis, son la categoría más afectada. Sin embargo, en el Hospital General de Fuerteventura son los auxiliares de enfermería los más afectados, puesto que de las 16 personas que se ha prescindido, 7 corresponden a esta especialidad profesional.

 

No obstante, lo lógico es que estas cifras se incrementen el 1 de febrero, cuando comiencen a vencerse buena parte de los contratos temporales firmados en el mes de octubre, pero también en marzo y abril, cuando suceda lo mismo con los contratos de los meses de noviembre y diciembre.

 

Para ese entonces, quizás el hecho de que la Consejería recupere cierta disponibilidad económica procedente del cobro de la atención sanitaria a terceros, puede que comience a invertir la situación y que se inicie un periodo de contrataciones en los servicios más necesitados de refuerzos.

 

Por otra parte, también habrá que esperar a ver en qué medida afecta el aumento de la jornada laboral del personal del SCS de 35 a 37,5 horas a la semana, puesto que, de momento, no se ha culminado una reestructuración de los servicios en base a este cambio que permita saber si contribuirá o no a reducir el impacto de esta reducción efectiva de personal, aunque los sindicatos aseguran que es imposible que los servicios no se resientan.

 

Hasta el momento, tanto la responsable del SCS, Juana María Reyes, como la propia consejera, Brígida Mendoza, han mantenido su discurso de que los ciudadanos no iban a percibir ningún cambio en lo que a los servicios sanitarios se refiere y que precisamente ese era su objetivo principal.

 

Designación de tribunal calificador, lista provisional de admitidos y fecha de la primera prueba

 

Facultativos Especialistas de Área, especialidad de Psiquiatría

 

Realización del primer ejercicio del proceso selectivo para el día 8 de marzo de 2012

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ’ADOLFO POSADA’

 

Resolución de 12 de enero de 2012, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, la acumulación provisional de plazas resultantes del concurso de traslados, la declaración provisional de desiertas de las plazas convocadas por el turno de promoción interna y su acumulación provisional a las plazas convocadas por el turno libre, la designación del Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de veintiocho plazas por el turno libre de la categoría de Facultativos Especialistas de Área, especialidad de Psiquiatría, Grupo A, Subgrupo A1, y en régimen de personal estatutario fijo (BOPA de 31 de diciembre de 2008). 

PDF de la disposición

Los políticos están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios ¡¡que están ahí por mérito y capacidad!!.

El desprecio político al funcionariado

Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública

Por FRANCISCO J. BASTIDA, CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Opinión, La Nueva España

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

La acción de protesta de la plataforma “Yo no pago” está inspirada en Grecia en una que surgió a raíz de la subida del precio del transporte público el año pasado

La Policía carga contra los indignados en el Metro de Madrid

Agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) han cargado en el vestíbulo de la estación de Metro de Callao de Madrid

PÚBLICO.ES / AGENCIAS, Madrid 15/01/2012

Agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) han cargado en el vestíbulo de la estación de Metro de Callao contra los integrantes de la protesta 'Yo no pago' y han detenido a cuatro personas, según ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Están acusadas de un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, y han sido detenidas tras haber accedido, junto a otra treintena de personas, al suburbano sin pagar. Las cuatro han sido trasladadas a la Brigada Provincial de Información, en el barrio madrileño de Moratalaz. Avisados por agentes de la Policía Municipal apostados junto a las taquillas de la estación de Callao, los antidisturbios han bajado al vestíbulo de la estación y han cargado contra los manifestantes.

Estos se encontraban tras los 'torniquetes' del Metro, una vez que habían accedido al suburbano con el objetivo de dirigirse a Sol, donde en un principio estaba convocada la protesta, que no han podido desarrollar al estar custodiada por agentes de Policía Nacional. Tras los incidentes, un grupo de unas 25 personas ha regresado a la Puerta del Sol.

Durante la protesta, se portaron carteles con la inscripción '#yonopago' o 'Más por menos', en referencia a la campaña publicitaria de la Comunidad de Madrid en la que compara el precio de los billetes de Metro de distintas ciudades europeas. Varios de los agentes han pedido la documentación a gente de la protesta.

Fuerte dispositivo policial

Según ha señalado a Europa Press un portavoz de Metro, ante la previsión de esta convocatoria se había dispuesto un dispositivo especial integrado por Policía Municipal y Nacional en coordinación con la seguridad privada del suburbano. Este mismo sábado desde la megafonía del suburbano se alertaba de las posibles sanciones que acarreaba acceder al Metro sin pagar. 

Mientras, en Barcelona unas cincuenta personas del movimiento 'Yo no pago' se han colado en la parada de metro de plaza Catalunya de Barcelona, ante la mirada atónita de los revisores y personal de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), y coreando gritos como '¡Qué pague Urdangarín!', 'Este billete no lo pago' o 'Transporte gratuito para los parados'.

El movimiento 'Yo no pago' está inspirado en una iniciativa similar llamada 'Den Plirono' que surgió en Grecia el año pasado a raíz de la subida del precio del transporte y que organiza acciones en el metro, las estaciones o las autopistas, donde "bloquean las máquinas de pago ante la permisividad de los empleados" o "levantan la barrera para que todo el mundo pase gratis".

Las protestas han llegado a tal nivel que, "hace un mes, el alcalde de la localidad de Stilidas, Apostlos Gletsos, afectada por un caro peaje y sin ruta alternativa para ir a los pueblos del entorno, derribó con una excavadora el puesto de peaje". "Fue detenido y, tras ser puesto en libertad, sus paisanos lo recibieron como un héroe", asegura 'Yo no pago' en su perfil de Facebook. Por eso, se avisa ya que la intención es "seguir los pasos del mismo movimiento, que ha gozado de gran éxito y aceptación entre su población", y continuar convocando acciones de este tipo.

Cinco regiones cobran ya más recargo que Asturias por el «céntimo sanitario»

De las diez comunidades que gravan la gasolina, sólo Galicia, Murcia y Madrid tienen un tipo inferior al del Principado

Siete no lo aplican

Lne.es » Asturias Oviedo, Marcos PALICIO

Cinco comunidades españolas superan el tipo impositivo que aplica Asturias al tramo autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, coloquialmente conocido como «céntimo sanitario» y consistente en un recargo que grava el precio de los combustibles para financiar la sanidad. Con la incorporación reciente de Castilla y León, ya son diez las regiones que han implantado el tributo y, de ellas, tres -Galicia, Murcia y Madrid- las únicas que tienen el tipo por debajo del que se aplica en el Principado, dos céntimos adicionales por litro de gasóleo y 2,4 en el caso de la gasolina. Asturias fue una de las primeras comunidades que adoptaron el impuesto, en 2004, pero el volumen del gravamen ya es superior al asturiano en Castilla y León, Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña.

 

Las dificultades de financiación de las comunidades han ido sumando adeptos al canon de los carburantes y la junta castellano-leonesa aprobó la semana pasada la inclusión del «céntimo sanitario» en su proyecto de ley de Medidas Tributarias y Financieras para tratar de atajar los efectos de la crisis. Casi al mismo tiempo, la Comunidad Valenciana anunciaba un incremento del gravamen sobre los combustibles de 1,2 a 4,8 céntimos por litro, el tipo máximo y el mismo que se aplicará en las gasolineras de Castilla y León una vez que la norma entre en vigor. La expansión del «céntimo sanitario» ha sido un recurso muy socorrido contra los obstáculos de la crisis; tanto que hasta tres gobiernos autonómicos, los de Andalucía, Extremadura y Murcia, lo adoptaron a lo largo de 2011. Aún renuncian a incorporarlo otras siete regiones: Canarias, Baleares, Cantabria, La Rioja, Aragón, Navarra y País Vasco.

 

En Asturias, el Gobierno regional ha incluido entre sus compromisos la supresión del tramo autonómico del tributo, implantado por el Ejecutivo socialista en 2004, con el argumento, expresado en el discurso de investidura del presidente del Principado, de que supone «un coste adicional perverso para la actividad económica de los transportistas» que soportan los usuarios. La pretensión, planteada para que se lleve a cabo a lo largo de la legislatura pero que no será «de realización inmediata» según los planes que avanzó la Consejería de Hacienda, obtuvo el aplauso de la patronal y los transportistas y los recelos de la oposición y los sindicatos. Éstos consideran de difícil aplicación una reducción de impuestos en un escenario de crisis económica en el que la recaudación del tramo autonómico del impuesto sobre los hidrocarburos reportó a las arcas del Principado 36 millones de euros en el ejercicio de 2010. El Gobierno de Foro mencionó entre las medidas alternativas para la financiación de la sanidad la instauración de «un servicio centralizado de compras» de efectos sanitarios.

 

El impuesto sobre los hidrocarburos, instituido por el Gobierno de José María Aznar en 2002, consta de un tramo estatal que se aplica en todas las comunidades y de otro autonómico, discrecional, al arbitrio de cada Administración. Madrid fue la primera región en implantarlo, en 2002, y Asturias se incorporó en 2004 junto a Galicia y Cataluña.

Los precios

 Los impuestos

 En España, el porcentaje de impuestos en el precio de venta al público es del 49,2 por ciento en la gasolina y del 41,7 en el gasóleo.

 Asturias, la sexta

 Mientras se sustancia la aplicación del «céntimo sanitario» en Castilla y León y la subida anunciada en Valencia, Asturias es la sexta comunidad autónoma con el precio del carburante más alto. Según el último dato publicado por el Ministerio de Industria, correspondiente al mes de noviembre, el precio medio de la gasolina, impuestos incluidos, es de 1,31 euros por litro en el Principado, más cerca del importe máximo, el de Extremadura -1,315 euros por litro- que del más bajo, los 1,27 de Aragón. Por cada litro de gasóleo, Asturias paga 1,312 euros de media. No son los impuestos el único motivo, pero el Principado ocupa el puesto número doce en la clasificación por autonomías del precio del carburante sin aplicar tributos.

El Gobierno impulsará su propia reforma laboral tras fracasar el diálogo social

Patronales y sindicatos no negociaron el fin de semana pese al llamamiento del Ejecutivo

Despidos, contratación y salarios son los principales escollos

Foto: Soraya Sáenz de Santamaría, con el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ayer en Málaga. efe

La Nueva España. Madrid, Agencias

El Gobierno comenzará a elaborar a partir de hoy una nueva reforma laboral tras concluir ayer el plazo que el Ejecutivo había concedido a los agentes sociales sin que éstos hayan alcanzado un acuerdo sobre los asuntos fundamentales de la negociación. La contratación, los despidos y los salarios son las cuestiones que al final imposibilitaron el acercamiento de posiciones.

 

Pese a los nuevos llamamientos realizados ayer por el Gobierno, y en particular por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en los que se pidió a patronales y sindicatos esfuerzos adicionales, durante todo el fin de semana no hubo ni siquiera reuniones.

 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social trabajará a partir de hoy en el anteproyecto de ley de una nueva reforma del mercado de trabajo con el fin de aumentar la flexibilidad interna de las empresas y de la contratación y poder frenar el paro. Fuentes sindicales confirmaron que no ha habido contactos entre los agentes sociales este fin de semana y que tampoco «estaban previstos», por lo que no han tratado ningún aspecto.

 

Los sindicatos aseguraron que están dispuestos a seguir negociando después de la fecha límite establecida por el Gobierno y adujeron que la patronal, sabedora de la existencia de un límite temporal, habría preferido la falta de acuerdo en la confianza de que la reforma que haga el Gobierno sea más próxima a los intereses empresariales que la que hubiesen logrado con una solución pactada.

 

De esta forma, UGT, CC OO, CEOE y CEPYME se remiten al documento de 67 páginas firmado por las dos partes el pasado martes y enviado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

Este acuerdo preveía pactos en materias de resolución extrajudicial de conflictos, de formación profesional, de mutuas y sobre la racionalización del calendario de festivos, pero fue calificado de «insuficiente» el viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

 

Durante todo el fin de semana tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la Vicepresidenta y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, urgieron a los agentes sociales a que agotaran el plazo marcado y aportaran soluciones sobre asuntos «troncales» como la flexibilidad interna de las empresas o el absentismo laboral.

 

Sáenz de Santamaría reiteró ayer mismo que debían «apurar las horas y los minutos» porque la reforma laboral es necesaria para crear empleo.

 

El sábado, Báñez había advertido de la necesidad de hacer una reforma «decidida y equilibrada».

 

Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, reconocieron que las posturas en materia salarial y de contratación están muy alejadas, aunque el dirigente de CC OO tampoco ve imposible un acuerdo.

 

Sin embargo, en lo que sí coinciden tanto empresarios como sindicatos es en que la negociación colectiva y los asuntos relativos a la contratación y despidos son «bilaterales» y así lo hacen constar en el texto del documento enviado a Empleo. Toxo y Méndez califican de «maximalistas» las propuestas de la patronal en la última recta final de la negociación, ante la iniciativa de congelar los salarios. El presidente de CEPYME, Jesús Terciado, pidió al Gobierno hace unos días que tomara de inmediato las decisiones que considerara oportunas porque «volver a negociar sería perder el tiempo» y consideraba que la negociación ya no tenía recorrido.

 

El Ejecutivo se ha comprometido a que una nueva reforma laboral esté cerrada en el primer trimestre del año, después de que el anterior Gobierno socialista aprobara otra reforma del mercado de trabajo por decreto ley tras meses de negociación de los agentes sociales y que también terminaron en fracaso.

 

Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo que el empleo, «una responsabilidad y una prioridad de los políticos, pero también de todos los agentes sociales», es «el principal objetivo de España».

LA INSTITUCIÓN NO SUFRE LOS RECORTES POR LA CRISIS

La Iglesia Católica española cuesta a cada ciudadano 200 euros al año

La Iglesia Católica española disfruta de más de 10.000 millones de euros anuales libres de impuestos. La crisis no está afectando a la institución que se ha convertido, según Europa Laica en un auténtico “paraíso fiscal y financiero de carácter ideológico religioso”.(Leer más)

La gerencia de Atención Primaria completa su equipo

Jorge Pérez-Berrocal subraya «la extraordinaria calidad humana» y su capacitación profesional

15.01.12 - 02:39 -

FERNANDO DEL BUSTO | AVILÉS.

«Un extraordinario equipo en lo personal y de una gran capacitación personal». Así define Jorge Pérez-Berrocal Alonso, gerente de Atención Primaria en la comarca de Avilés, a su equipo directivo y que se completó esta semana con la incorporación de Fernando Mancheño Villarejo como nuevo director de Gestión, procedente del Área Sanitaria de Oviedo, donde también realizó estas mismas tareas.

Aunque la mayor parte de los seis integrantes trabajan por primera vez en el Área Sanitaria III, Pérez-Berrocal ha mantenido a Concha Fernández González como directora de enfermería. Concha Fernández fue coordinadora de enfermería en Primaria durante la anterior legislatura hasta que la baja de María Amor Muñiz provocó que la sustituyese en la dirección. «Es una persona muy querida y respetada en Primaria, y que ha hecho un gran trabajo», explicó Berrocal.

Como coordinador de enfermería se nombró a Santiago González Sánchez, que viene del Área Sanitaria de Gijón con una gran experiencia en calidad. El gerente también elogió el trabajo de María José Soñora como secretaria de gerencia. «Su labor es extraordinaria», aseguró.