Analizando la propuesta de Rajoy enunciada en el debate de investidura

Ley de prestaciones sanitarias básicas: ¿qué se pretende?

Por Marciano Sánchez Bayle, Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es

En el discurso del ya presidente de Gobierno se planteaba como una de las soluciones para la Sanidad la elaboración de una Ley de Servicios Básicos que asegurase una “cartera básica de servicios para todos los ciudadanos”. Esta propuesta plantea algunos interrogantes sobre los que conviene reflexionar.

El primero es si se necesita una nueva ley para fijar la cartera básica de servicios, y desde luego parece que no es preciso. La ordenación de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud esta fijada en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS aprobada en 2003, durante uno de los gobiernos del PP, y posteriormente desarrollada en 2006 mediante el RD1030/2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes del SNS y el procedimiento para su actualización, que como indica su propio nombre establece los mecanismos para la inclusión y/o exclusión de prestaciones en la cartera de servicios mediante una evaluación de las mismas cuyo resultado luego debe ser sometido al Consejo Interterritorial del SNS (donde están todas las comunidades autónomas) cuyo acuerdo previo es imprescindible. Los criterios de inclusión son contribuir de una manera eficaz a la salud, aportar mejoras a las alternativas existentes y cumplir con la legislación vigente. Resulta por lo tanto difícil de entender que sea precisa una Ley para cambiar las prestaciones, salvo claro esta que se pretenda excluir a algunas de las mismas sin que existan criterios sanitarios para hacerlo, es decir que estos sean de índole exclusivamente económica.

El segundo es si la intención de esta Ley es conseguir que el catalogo de prestaciones sea realmente común a todas las comunidades autónomas y, sobre todo, si se quiere asegurar su cumplimiento generalizado, especialmente en lo que respecta al acceso a las prestaciones de ciudadanos en comunidades autónomas distintas a la de la de su residencia habitual que como se ha visto en este último año esta teniendo serios problemas. Este aspecto tampoco esta claro que precise una nueva Ley, porque precisamente la Ley de Cohesión que ya se ha mencionado señalaba en su articulo 4 apartado c, que uno de los derechos de los ciudadanos es “recibir, por parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentre desplazado, la asistencia sanitaria del catalogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud que pudiera requerir, en las mismas condiciones e idénticas garantías que los ciudadanos residentes en esa comunidad autónoma”, que también vuelve a reconocerse en el articulo 23 (Garantía de accesibilidad), lo que evidente se ha vulnerado en los casos conocidos de desatención u obstáculos para la misma en varias comunidades autónomas.

La misma Ley de Cohesión señala que la Alta Inspección es la que tiene la función de servir de garantía y verificación del cumplimiento de las competencias estatales y de las comunidades autónomas en materia de sanidad y de atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud (articulo 76), si bien es cierto que no establece mecanismos claros para su actuación en el caso de que se objetiven incumplimientos, mas allá del requerimiento a los organismos de las comunidades autónomas, y es obvio que en los últimos casos conocidos se ha demostrado poca actividad y/o poca eficacia en la misma.

El tercer interrogante tiene que ver con la aseveración de que esta ley servirá para asegurar la financiación de los recursos necesarios para garantizar su prestación, porque obviamente no está demasiado claro lo que quiere decir, si se refiere a la necesidad de garantizar una financiación suficiente de las comunidades autónomas a la Sanidad, es evidente que se esta abordando una de las claves del problema de nuestro Sistema Nacional de Salud, y es el hecho de que cada una de las comunidades autónomas decide, dentro de sus recursos, la cantidad de dinero que destina a la Sanidad y de ello se derivan diferencias muy notables en el presupuesto (hasta 555 euros/habitante y año en 2011) que obviamente dificultan el acceso a las mismas prestaciones y/o generan un endeudamiento inevitable. Por supuesto seria un paso positivo el que se garantizase una financiación mínima para la Sanidad en todas las comunidades autónomas, pero ello tampoco necesita de una Ley especifica porque bastaría con incorporarlo a la ley de presupuestos modificando el acuerdo sobre financiación de las comunidades autónomas.

Por todo lo expuesto no esta nada clara la necesidad de esta Ley, aunque tampoco hay ningún inconveniente en que se haga, siempre y cuando en ella se garanticen:

1) El catalogo de prestaciones actual y los mecanismos de exclusión/inclusión de prestaciones en el mismo, y no se aproveche para disminuirlas por motivos puramente economicistas

2) Un sistema que garantice la accesibilidad a las prestaciones del SNS a cualquier ciudadano en cualquier punto del territorio con un mecanismo de sanciones en el caso de que se produzcan incumplimientos.

3) El establecimiento de una financiación sanitaria finalista, en todo o en parte, que al menos garantice unos mínimos de las aportaciones destinadas a la Sanidad.

4) Un sistema de compensación para los gastos de atención sanitaria de las personas que tienen su domicilio habitual en otra comunidad autónoma.

Con o sin ley son temas que deben desarrollarse para garantizar la calidad, eficacia y eficiencia de nuestro sistema sanitario público, que contra lo que viene diciéndose por algunas fuentes interesadas solo peligra si se rompe su funcionamiento integrado, se avanza en su privatización y se pierden de vista los objetivos de salud.

La Cocina Económica de Oviedo, siempre solidaria en Navidad

Se calcula que más de un millar de personas acudan al comedor entre Nochebuena, Navidad y Nochevieja, duplicando las cifras del año pasado

Más de cien voluntarios de todas las edades, y especialmente mujeres, colaboran con la Cocina Económica estos días

Foto: Comensales en la Cocina Económica de Oviedo. Nacho Orejas

Lne.es » Oviedo EP

La Cocina Económica de Oviedo espera atender a más de un millar de personas entre Nochebuena, Navidad y Nochevieja, duplicando las cifras del año pasado, lo que evidencia el "aumento" de la demanda por la crisis, según ha reconocido la nueva responsable del servicio, Sor Esperanza, en declaraciones a Europa Press.

 

En concreto, estima que en Nochebuena se podrá servir más 400 personas entre la comida y la cena, cuando se prevé una mayor afluencia. Asimismo, se estima que en Navidad otras tantas personas acudan a la Cocina Económica entre el mediodía y la noche.

 

Estas previsiones advierten del progresivo incremento que ha registrado la Cocina Económica de la capital asturiana en los últimos años, coincidiendo con la crisis económica.

 

Por ello, Sor Esperanza agradece la solidaridad de los más de 100 voluntarios de todas las edades, y especialmente mujeres, que colaboran estos días en diferentes turnos, así como de quienes a título personal o a través de instituciones contribuyen con donaciones.

 

"Intentamos crear un ambiente festivo", afirma apuntando a la elaboración de menús especiales, al servicio en mesa y a la participación de la Banda de Gaitas municipal.

 

El perfil de quienes acuden a la Cocina Económica ha ido variando en los últimos tiempos, y ya no se trata tanto de personas que viven en la calle, como en años anteriores, sino que los nuevos usuarios suelen ser personas en paro, que no tiene subsidios o que afrontan muchos gastos con ingresos muy reducidos.

 

Como mensaje para estas fechas, la responsable de la Cocina Económica ha querido trasmitir a los asturianos la necesidad de mantener una buena convivencia. "Tenemos que acogernos entre todos, porque todos somos personas y no se puede marginar a nadie, sino ayudar y escuchar", ha defendido.

 

MENÚ FESTIVO

 

Sor Esperanza destaca que el menú de la Cocina Económica tiene un precio de 0,50 euros habitualmente, pero en estas fechas "es gratuito". Los horarios de entrada al comedor son de 13.00 a 14.00 horas, y de 20.00 a 21.00 horas.

 

Para estos días festivos, la propuesta consiste en un plato de entremeses, sopa de marisco y carne, así como fruta, vino y dulces navideños.

Pozo Barredo más que leyenda

El encierro de 36 sindicalistas marcó un antes y un después en la minería asturiana

Foto: Villa y Hevia y otros sindicalistas durante su encierro en el pozo Barredo, iniciado la noche del 23 de diciembre de 1991.

La Voz de Asturias. 24/12/2011 / J.M.HUERGA LANGREO/MIERES

Apenas se habían mentalizado de que aquella noche dormirían en el pozo Barredo, a más de 300 metros bajo tierra. Tumbados sobre tableros de madera y cartones, 36 mineros, las ejecutivas en pleno del SOMA y CCOO, casi no pegaron el ojo. La cosa no estaba como para dormir a pierna suelta.

 

Cuando al filo de la medianoche del domingo 22 de diciembre de 1991 ese puñado de sindicalistas se encerró en la cuarta plaza del pozo mierense era porque no había otra salida para frenar el plan de ajuste en Hunosa. Había que doblar el brazo del INI y, por extensión, del Gobierno socialista de Felipe González, que defendía recortes en la hullera, con cierre de pozos y despidos masivos de mineros.

 

Finalmente, tras 12 días en las tripas de la mina, los mineros pusieron fin a su protesta tras lograr voltear los planes de la reconversión minera en Hunosa. Para la mayoría, el encierro en Barredo es ya un hito en la historia del sindicalismo minero asturiano.

 

1991 fue un año de intensísima actividad sindical. El Instituto Nacional de Industria (INI) planteaba un plan estratégico para Hunosa con un ajuste de tal calibre que, en la práctica, suponía una reestructuración traumática de la minería asturiana y, por extensión, de la española. No hay que olvidar que la empresa pública minera tenía por entonces cerca de 20.000 trabajadores. Por tanto, el órdago del INI en Hunosa era un termómetro de los planes del gobierno para toda la minería española.

 

Las direcciones de SOMA y CCOO, con sus líderes al frente, José Ángel Fernández Villa y Antonio Hevia, celebraron un sinfín de reuniones durante 1991 en busca de una salida negociada al plan de ajuste de la hullera. Los sindicalistas recuerdan que se celebraron más de 30 encuentros. Pero, al final, y viendo que era un callejón sin salida, ambos sindicatos mineros decidieron que había que dar un puñetazo en la mesa. Y se acordó que la movilización se haría con un encierro. Así comenzó en la medianoche de aquel 22 de diciembre de hace dos décadas la protesta de los mineros asturianos.

 

Las cúpulas Junto al simbólico encierro que durante 12 días protagonizaron las cúpulas sindicales de SOMA y CCOO, las calles de las cuencas se convirtieron durante casi dos semanas en un polvorín, con duros enfrentamientos entre mineros y fuerzas de seguridad en las calles de Mieres.

 

El clima de protesta se extendió de las galerías de Barredo a toda la cuenca minera. A ello ayudó la huelga de cuatro días que, por sorpresa, convocaron a partir del día 23 de diciembre los mineros de Hunosa. En los municipios mineros prácticamente se paralizó toda actividad en aquellos días de las navidades del 91.

 

La tensión en la calle crecía a medida que pasaban los días de encierro. Los incidentes se sucedían, con enfrentamientos violentos entre antidisturbios y mineros. Nunca como en aquellos días se vivieron escenas propias de la guerrilla urbana, con emboscadas y altercados por doquier.

 

El fuego cruzado se hacía cada vez más intenso. A las pelotas de goma o botes de humo que lanzaban las fuerzas policiales, los mineros contraatacaban lanzando voladores con tubos lanzadera o arrojando petardos de dinamita.

 

Batalla campal Mientras en las calles se sucedían batallas campales, en Barredo, a más de 300 metros de profundidad, los 36 sindicalistas, con Villa y Hevia al frente, pasaban las horas lo mejor que podían. Según pasaban los días la preocupación y las huellas del encierro se hacían notar. Pero había que mantener la moral alta. Mataban el tiempo con partidas de tute y lectura de la prensa. Hasta llegaron a acondicionar una parte de la galería como sala de estar y construyeron bancos, percheros y mesas.

 

Los testimonios de algunos de los protagonistas del encierro en Barredo hablan del frío de la mina y de que los botes de humo de los antidisturbios caían por la caña del pozo cuando había altercados en el exterior. Aún se emocionan algunos de los dirigentes sindicales consultados por este periódico cuando recuerdan como, en la Nochevieja de 1991, cantaron Santa Bárbara Bendita a capella y junto con los concentrados en el exterior de la mina, acorralados por la policía. Fue un momento en el que la emoción se desbordó y “alguno rompió a llorar”.

 

Un destacado dirigente del Soma en aquellos días, que ahora prefiere no dar su nombre, recuerda cómo se inició el encierro. “Cogimos al maquinista de extracción para que nos bajase en la jaula. Esa noche hacía un frío de morirse”.

 

Este dirigente minero resume los logros del encierro: “Teníamos una manera de salir del encierro que pasó porque los que dejaran la actividad minera no se fueran con el despido, sino con prejubilaciones. Además conseguimos fondos para reactivación de las cuencas”. Para este sindicalista, en Barredo “se forjó el futuro de las comarcas mineras”. A la salida del pozo confiesa que muchos pensaron: “este tirón lo hemos aguantado, ya veremos el siguiente”.

 

Para Balbino Dosantos, hoy diputado regional y entonces dirigente del SOMA, los días de encierro fueron “inolvidables”. Una protesta que asegura que “fue un punto de inflexión en los planes futuros de reindustrialización minera”.

 

Esos largos días en las tripas de la mina también sirvieron, según Dosantos, para “forjar una unidad sindical” que se cimentó durante la protesta por más que, en ocasiones, “surgieran momentos de tensión y roces al leer la prensa durante el encierro”.

 

Lorenzo González Olivenza, de CCOO, no olvida que en Barredo pasó “las primeras navidades alejado de mi familia”. Aquella protesta, a su juicio, sirvió para “impulsar la unidad sindical y confirmar que teníamos el apoyo de la sociedad de las cuencas”.

 

En lo personal, se queda con la visita que Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, entonces líderes de UGT y CCOO, hicieron a los encerrados el día de Año Nuevo de 1992. Dice Olivenza que aquel día “tuve la sensación de que podíamos ganar la batalla”. Ahora, 20 años después, no duda de que el encierro “fue un aldabonazo con el que logramos romper una dinámica de liquidación de la minería”.

 

Negociación Lo mismo piensa su compañero Fabián Álvarez. “Había en el gobierno de entonces una posición de cierre total de la minería, sin alternativas, que seguía el modelo tacheriano”. Una tendencia que con la protesta “logramos cambiar, conseguimos que se sentarán a negociar”.

 

El veterano dirigente sindical de CCOO destaca que los sindicatos “logramos que, tras el cierre de pozos, no quedase ningún minero excedente en la calle y que todos se recolocasen”.

 

Respecto al encierro, el sindicalista recuerda que, pese a que estaba planificado y, “48 horas antes todos sabíamos de qué estábamos discutiendo, se llevó con discreción”. Admite que las horas previas se vivieron con inquietud porque “sabíamos cómo y cuándo entrábamos, pero no cuándo saldríamos”.

 

Los preparativos, en su caso, consistieron en despedirse de la familia. Fabián Álvarez aún recuerda “que aquel día fui a ver a mis padres y mis suegros y les dije: nos vamos a encerrar en Barredo”.

 

“Los primeras horas del encierro fueron las “las más tensas, porque no teníamos claro aún si la dirección de la empresa iba a permitir que nos bajaran víveres” al interior del pozo”.

 

“A hostia limpia” En la cuarta planta de Barrero, Fabián Álvarez señala que los encerrados tenían dos preocupaciones principales. Por una parte, “miedo de que hubiese un accidente desgraciado en los enfrentamientos entre antidisturbios y mineros”. Asimismo, los sindicalistas temían que la espiral de violencia que se vívía llegase al pozo “y entrara la policía y nos sacaran a hostia limpia”.

 

A su juicio, el encierro de Barredo y todo lo que lo rodeó “fue bestial, no hay parangón en la historia minera”. Un episodio que cree que “se podría volver a repetir si nos colocan en un callejón sin salida, como el cierre en 2018, aunque las protesta sería menor al no haber los 20.000 mineros de 1991,sino poco mas de 2000”.

Recomendación en España: las portadoras de prótesis PIP deben contactar con su médico para someterse a control y seguimiento

La Interpol busca al creador de las prótesis PIP

La organización lanza una "alerta roja" para la detención de Jean-Claude Mas, fundador de la empresas que las fabricaba

Mas está buscado por Costa Rica por ofensas contra la "salud y la vida"

24.12.11 - EFE | PARÍS

Interpol ha lanzado una "alerta roja" a todos los países asociados para la detención del francés Jean-Claude Mas, fundador de la empresa que fabricaba las prótesis PIP, según se puede leer hoy en su página web. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) incluye a Mas en su lista de personas buscadas y ofrece además una fotografía del empresario, de 72 años.

Mas está buscado por Costa Rica por ofensas contra la "salud y la vida", se añade en la ficha facilitada por la Interpol, que cuenta con 190 países miembros. La sociedad Poly Implant Prothèse (PIP) se fundó en 1991 en la Costa Azul francesa y llegó a ser el cuarto fabricante mundial de implantes mamarios.

En marzo de 2010, las autoridades francesas retiraron ese gel de silicona del mercado y pidieron a las 30.000 mujeres operadas con él en Francia que se hiciesen una revisión médica, y esta mañana dieron un paso más y recomendaron a las usuarias que se retiraran las prótesis. El Ejecutivo tomó esa decisión porque algunas contienen silicona industrial de uso no médico, que incrementa el riesgo de que su funda sufra una rotura, y porque las autoridades sanitarias sospechan que han causado la muerte de al menos una mujer.

El director general de la Sanidad francesa, Jean-Yves Grall, reveló la semana pasada que se han detectado ocho casos de cáncer en pacientes con PIP, pero no estableció relaciones. Ante la creciente polémica generada en torno a esas prótesis, el Instituto Nacional del Cáncer (INCA) hizo hoy público un informe entregado al Gobierno en el que se dice, no obstante, que en comparación con otras no aumentan el riesgo de cáncer.

España recomienda consultar a los médicos sobre las prótesis PIP

Tras una reunión entre los socios europeos, el secretario general en funciones de Sanidad afirma que Francia no ha aportado pruebas científicas concluyentes .

Actualmente, solo aconsejan retirar el implante en caso de que sospeche la rotura de la misma.

24.12.11 - EFE | MADRID

España, como el resto de países comunitarios, no va a variar las recomendaciones que ya ha hecho respecto a las prótesis mamarias Poly Implant Prothese (PIP), a pesar del llamamiento que el Gobierno francés ha hecho a las mujeres que las llevan para que se las retiren. Así lo ha comunicado el secretario general de Sanidad en funciones, Alfonso Jiménez Palacios, quien ha intervenido en una reunión, vía audioconferencia, con autoridades sanitarias de otros países de la UE para coordinar las acciones que debían emprenderse tras el anuncio del Gobierno francés. El Ejecutivo francés ha recomendado hoy que se extraigan las prótesis PIP aunque éstas no hayan mostrado signos de deterioro, tras advertir que algunas de ellas contienen un tipo de silicona industrial de uso no médico.

Pero Alfonso Jiménez ha subrayado que las autoridades sanitarias francesas no han aportado argumentos científicos rigurosos que justifiquen un cambio de las recomendaciones que ya se han hecho en Europa a todas las mujeres que se han implantado esas prótesis. El secretario general de Sanidad en funciones ha explicado que durante la reunión, las autoridades sanitarias europeas han analizado todos los datos disponibles, pero sobre todo han pedido a Francia que aportara los datos que han justificado ese cambio de actitud y el llamamiento a todas las mujeres que se han implantado ese tipo de prótesis para que se las retiren.

La conclusión a la que han llegado las autoridades, según la misma fuente, es que no existen datos nuevos que justifiquen un cambio en el decálogo de recomendaciones que ya se hicieron. En ese sentido, las recomendaciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios inciden en la importancia de que las portadoras de prótesis PIP contacten con su médico para someterse a un seguimiento adecuado que incluya control ecográfico anual, o con una frecuencia mayor si el cirujano lo estima conveniente.

La retirada de la prótesis sólo es aconsejada en aquellos casos en los que se detecte o sospeche la rotura de la misma, según aquéllas recomendaciones. En el caso de las mujeres a las que ya se les haya retirado esa prótesis no se recomienda un seguimiento especial, aunque si el implante estaba roto o mostraba signos de fuga de gel a través de la carcasa, esa información se debe tener en cuenta en las revisiones, y vigilar en particular la aparición de nódulos linfáticos.

"No hay datos nuevos para cambiar esas recomendaciones", ha corroborado a Alfonso Jiménez tras escuchar las argumentaciones de las autoridades sanitarias francesas, que a su juicio no han aportado datos "objetivables" ni científicos que justifiquen un cambio de actitud. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igu aldad ha encargado varios informes, a la Organización Médica Colegial y a la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora, con el fin de conocer con exactitud el número de mujeres que en España se han podido implantar este tipo de prótesis.

Contactos bilaterales

En el mismo sentido trabajará la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), con el fin de coordinar todas las actuaciones con el resto de países de la UE, ha explicado el secretario general de Sanidad en funciones. Además de esos estudios "urgentes" sobre las prótesis mamarias, las autoridades sanitarias españolas han mantenido contactos bilaterales con los distintos Estados miembros de la Unión Europea.

El objetivo de estos contactos ha sido el de intercambiar información y coordinar "cuantas acciones resulten adecuadas". El departamento que dirige Ana Mato ha tomado esta decisión tras las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación sobre posibles problemas relacionados con dichas prótesis (PIP).

Los citados implantes están retirados del mercado desde marzo, después de que las autoridades francesas detectaran que estaban fabricados con un gel de silicona diferente del exigido y tras existir sospechas sobre su vinculación con algunos casos de cáncer de mama. La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) aconsejó ayer a las mujeres con implantes mamarios PIP que se sometan a una revisión y que "ante el mínimo signo o duda de posible rotura de las prótesis, éstas sean extraídas".

Los pacientes urgen el nuevo HUCA

Seis asociaciones relatan las expectativas que depositan en el futuro complejo

Foto: Una habitación del nuevo complejo del HUCA preparada para las visitas. ARCHIVO

La Voz de Asturias. 24/12/2011/ Susana D. Machargo Oviedo

El edificio no es lo fundamental, pero ayuda. Accesos sin barreras arquitectónicas, organización racional de los servicios, adaptación de los espacios a las necesidades de los usuarios, equipamientos tecnológicos punteros, servicios complementarios… Las asociaciones de pacientes urgen la apertura del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para acabar con los obstáculos asistenciales que genera el viejo complejo, obsoleto y repartido en 17 edificios que no reúnen unos mínimos de comodidad. Los colectivos no comprenden que haya que esperar casi dos años cuando la obra está acabada.

 

Los ejemplos son mucho más gráficos que las largas explicaciones. Unidades de agudos de Salud Mental que no están adaptadas para los pacientes, especialidades necesarias para un enfermo de párkinson situadas en extremos opuestos, habitaciones con tres camas que impiden el uso de sillas de ruedas o salas de espera comunes para varias enfermedades que se convierten en focos infecciosos. Las historias, con nombre y apellidos, urgen el traslado.

 

Historias clínicas Las familias integradas en la asociación de padres de niños con cardiopatías infantiles (Apaci) acaban de recaudar 300 euros. Con ese dinero comprarán un DVD que donarán al HUCA para instalarlo en la consulta de cardiología pediátrica. El objetivo es entretener a los niños y tranquilizarlos mientras se someten a pruebas, ya que este departamento no dispone de material infantil. La presidenta de Apaci, Juana Jara, añade que la sala de espera tiene el tamaño de un aseo en el que solo caben tres sillas. Con este panorama, desde Apaci creen que urge “contar con unas instalaciones que estén a la altura de los profesionales y de la atención” y esa posibilidad es la que otorga el nuevo hospital. “Ayudará a resolver las carencias”, explica Jara.

 

También los miembros de la Asociación de Fibrósis Quística de Asturias están “deseando pasar al nuevo HUCA”. Así lo explica su presidenta, Natalia Gutiérrez, que habla de las necesidades que tienen los pacientes que sufren la patología: “El mayor problema son las infecciones cruzadas que se pueden producir cuando sientas juntos a un montón de pacientes en una sala de espera. Y eso es lo que está sucediendo. La consulta de fibrosis quística se pasa los martes, ese día están todos juntos, con el riesgo de contagio que supone a pesar de que usan mascarillas. Y en esa sala antes están los de digestivo y otros días enfermos de otras patologías”. La asociación espera el nuevo HUCA para disponer de espacios más adecuados y de cabinas separadas donde los médicos visiten a cada paciente, reduciendo el riesgo de contagios.

 

Natalia Gutiérrez urge a las autoridades el traslado como también lo hace Amada Pérez, presidenta de la asociación asturiana de párkinson. En el actual complejo los enfermos de párkinson se enfrentan a multitud de obstáculos, como las barreras arquitectónicas, la falta de baños y camas adaptadas para los ingresos, lo que obliga a que estén siempre acompañados o a molestar al personal, y que las unidades de neurocirugía y de trastornos del movimiento estén muy alejadas entre sí y les obligue a recorrer pasillos y pasillos cuando van a consulta. “Las carencias se han agravado por la falta de inversión”, añade Amada Pérez.

 

El colectivo de pacientes de salud mental Afesa se alinéa en esta misma corriente. Su presidente, Nel González Zapico, señala que nadie comprende “cómo no se agiliza el traslado a unas instalaciones tan magníficas como el nuevo HUCA, que elimina todas las barreras que tenemos en el edificio antiguo”. La planta de ingreso de agudos requiere mejoras urgentes y cree que la mejor inversión es la apertura del complejo, “heredando también la fama y la vanguardia del actual servicio”.

 

Luisa Méndez, trabajadora social de Cébrano, Asociación de Afectados por Lesión Cerebral Sobrevenida, señala que nadie les ha consultado qué necesitan en el nuevo complejo, pero que lo fundamental es la eliminación de barreras. Para Cébrano será más importante el servicio que dará el futuro hospital de referencia de Barros que el propio HUCA, pero insiste en la importancia del área de rehabilitación.

 

Por su parte, Susana Pérez Alonso, de la asociación de usuarios de la sanidad pública el nuevo complejo es “undispendio” por el elevado gasto que supuso y pone más énfasis en los equipamientos que en las tecnolgías, porque lo importante, a su juicio, es la atención.

El Principado duplicó el gasto sanitario en 10 años desde el traspaso

Asturias recibió en enero de 2002 las competencias del Insalud por valor de 939 millones. Ahora gastamos en sanidad casi el doble

NOTICIAS RELACIONADAS

«Con el Insalud estábamos mejor», dicen los trabajadores

La lista de espera quirúrgica crece en 4.322 personas

Foto: De izquierda a derecha, Gabriel Elorriaga, de aquella secretario de Estado de Organización Territorial; Jaime Rabanal, consejero de Hacienda; Jesús Posada, ministro de Administraciones Públicas; Angelina Álvarez, consejera de Administraciones Públicas de Asturias, y Francisco Sevilla, consejero de Salud. La foto fue tomada el 26 de diciembre de 2001, en la reunión en la que se dio por cerrado el traspaso sanitario. :: E. C.24.12.11 –

El Comercio. LAURA FONSECA | GIJÓN.

El día en que el Principado anunció que finalmente aceptaba el traspaso sanitario, dejando tras de sí una dura y tensa negociación con el Gobierno central de José María Aznar (PP), la Lotería de Navidad dejaba en Asturias más de 72 millones de euros del segundo premio. Era el 22 de diciembre de 2001 y el Ejecutivo regional de entonces presidido por Vicente Álvarez Areces (PSOE) cerraba un arduo capítulo que contrariamente a lo que podría haber vaticinado aquel sorteo navideño, no trajo una lluvia de millones. Más bien, lo contrario.

El próximo 1 de enero se cumplirán diez años desde que Asturias y otras diez comunidades autónomas se hicieran cargo de las competencias sanitarias, hasta entonces gestionadas por el Insalud. España daba un paso más hacia la descentralización, un proceso que años más tarde se completaría con el traspaso de Justicia. El acuerdo de transferencias sanitarias se cerró el día de la Lotería de Navidad pero no entró en vigor hasta Año Nuevo, es decir, el 1 de enero de 2002.

El Principado asumió una sanidad pública valorada en 939 millones de euros. A decir verdad, el traspaso se cifró y se documentó en 156.012 millones de las antiguas pesetas, ya que el euro aún no computaba como moneda oficial en España. Con ese dinero, del que el Ejecutivo central excluyó expresamente la construcción del futuro HUCA que tuvo que ser asumida en solitario por la autonomía asturiana, el Principado debía financiar el funcionamiento de siete hospitales públicos, 78 centros de salud y pagar las nóminas de una plantilla compuesta por 12.636 personas. El acuerdo se alcanzó sin demasiadas estridencias. De hecho se tomó como «una victoria imperfecta», en palabras de la Federación Socialista Asturiana (FSA), entre otras cosas porque se entendía como un pacto rácano en materia económica, en el que no se había logrado integrar el coste para construir el futuro hospital de La Cadellada, el gran caballo de batalla de las transferencias sanitarias asturianas.

El enfado a este lado de la Meseta no sólo provenía por habernos quedado sin financiación estatal para el HUCA, sino porque el Gobierno de Aznar sí autorizó pagar la ampliación y remodelación del Hospital de Valdecilla, situado en la comunidad cántabra en esos momentos gestionada por el PP. El complejo sanitario vecino mostraba un sinfín de similitudes con el asturiano, pero de aquella ni Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda que ahora repite cargo con Rajoy, ni Jesús Posadas, ministro de Administraciones Públicas y actual presidente del Congreso, hicieron caso a las reivindicaciones planteadas por el Principado. El HUCA quedó fuera de las transferencias, lo que obligaba a Asturias a pagarlo de su propio bolsillo.

Farmacia y sueldos

El caso es que en estos diez primeros años de transferencias, el Principado ha visto cómo se duplicaba su gasto sanitario. Pasamos de los 939 millones de euros de 2002 a los 1.648 millones actuales, a los que hay que sumar otros 300 millones de deuda acumulada. En total, casi 2.000 millones de euros, el doble con lo que Asturias financiaba la sanidad hace una década.

Pero, ¿crecieron en la misma proporción la demanda asistencial o los dispositivos sanitarios? No. Ha habido aumento, pero no como para justificar que el presupuesto sanitario se haya duplicado. Cuando Asturias recibió las transferencias, la plantilla sanitaria la conformaban 12.636 personas. Ahora el Sespa tiene contratados a 14.015 profesionales. En 2002 había 7 hospitales públicos y 78 centros de salud. Diez años más tarde, la red pública hospitalaria y de Primaria es casi idéntica. La única incorporación de peso ha sido la de Arriondas, hospital en aquel entonces concertado y que ahora se ha integrado en el Sespa. Los nuevos centros de salud se cuentan por debajo de la decena en ese periodo. En ese gasto sanitario de casi 2.000 millones no se pueden computar tampoco los nuevos HUCA y el hospital de Mieres, pendientes todavía de apertura.

En cuanto a pacientes, tampoco se ha disparado en la última década el volumen de enfermos atendidos. En 2002 se registraban del orden de los 9 millones de consultas en Primaria y había unos 111.000 ingresos hospitalarios. En la actualidad se contabilizan 10 millones de citas en los centros de salud y 112.140 pacientes ingresados, según se desprende de la memoria del Sespa del año 2010. En ningún caso se trata de cifras que se hayan duplicado, como sí lo hizo el gasto sanitario.

Las dos únicas partidas que podrían explicar, aunque solo en parte, el incremento exponencial de lo que gastamos en salud, son la factura farmacéutica y las mejoras salariales del personal sanitario, incluida la carrera profesional aprobada en 2007 para la plantilla del Sespa. Hace diez años destinábamos a la compra de medicinas 232,9 millones de euros. El presupuesto de Sanidad para 2012 tiene consignados 329 millones. Hablamos de un aumento en fármacos a razón de 9 millones al año. En cuanto a los incrementos salariales, el Sespa estimó en su día en 47 millones el coste de la carrera profesional, al que se suman otros 30 millones de la homologación acordada en 2002 para las diferentes categorías laborales y que se obtuvo tras una huelga del personal que se prolongó durante tres semanas.

Caramelo envenenado

Uno de los objetivos de la cesión de las transferencias de Insalud era aumentar la proximidad de los servicios a los ciudadanos, pero lo cierto es que el traspaso sólo logró dotar de más poder a las autonomías hasta convertirlas casi en soberanas, pero también contribuyó a endeudarlas casi hasta la asfixia. Hay quien considera el traspaso como «un caramelo envenenado» que terminará por hundir al sistema sanitario. Lo ocurrido en Cataluña es significativo, ya que pone en evidencia la falta de una autoridad sanitaria competente en España. Eso ha hecho que a la sombra del traspaso germinaran 17 sistemas de salud diferentes, en los que cada uno busca soluciones por libre.

Foro y PP votan en contra de aumentar la jornada laboral de los médicos de cupo

El PSOE proponía convertir a los ayudantes del ambulatorio ovetense de la Lila en especialistas convencionales de 35 horas a la semana
Foto:Pilar Alonso, en su escaño de la Junta General del Principado. lne
Lne.es » Sociedad Oviedo, Pablo ÁLVAREZ
Los diputados regionales de Foro Asturias y del Partido Popular sumaron ayer sus votos para echar abajo una moción que pedía al Gobierno autonómico que convierta a los médicos ayudantes de cupo del ambulatorio ovetense de la Lila en facultativos especialistas de hospital. Esta medida supondría cambiar su jornada laboral de dos horas y media diarias por la clásica de 35 horas semanales. La citada moción había sido presentada por el Grupo Socialista y recibió el apoyo de IU.

Los socialistas advirtieron a los responsables de la Consejería de Sanidad de que incurrirán en un delito de «prevaricación» si no ajustan a la legalidad los cupos de los médicos de la Lila. La variación de los cupos (número de pacientes que se les asigna) conlleva variación de las retribuciones, pero no de la jornada laboral.

El debate celebrado ayer en la Junta General del Principado tenía como antecedente las interpelaciones realizadas la semana pasada por el PSOE y el PP al consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio. Las preguntas hacían referencia a las intenciones de Sanidad de anular una reforma organizativa del anterior Gobierno regional en virtud de la cual 40 especialistas de la Lila habían visto reducido su cupo de pacientes y, como consecuencia, su salario en una media de 600 euros mensuales, con un ahorro anual para las arcas del Principado de unos 300.000 euros anuales.

Aquellos debates estuvieron marcados por la dureza. Navia-Osorio atribuyó las preguntas de la oposición a un intento de «dañar el buen nombre de este consejero». Y el diputado popular Carlos Galcerán subrayó: «Después de escuchar sus argumentos, este grupo parlamentario tiene muy claro que el motivo de la medida que ha tomado es que uno de los especialistas del ambulatorio de la Lila es su mujer». El titular de Sanidad y el diputado del PP terminaron acusándose mutuamente de «traspasar los límites de la decencia política».

Ayer, con el Consejero presente en la Cámara pero sin intervenir (sobre la moción se pronuncia un portavoz por cada partido), el tono fue mucho menos áspero. La única alusión insinuante corrió a cargo de Pilar Alonso, del PSOE, quien manifestó su desacuerdo con el aforismo de que «la mujer del César no sólo tiene que ser honrada, sino parecerlo». A juicio de Alonso, «esa expresión me parece más propia de otras épocas: es el César el que tiene que serlo y también parecerlo».

La moción del PSOE constaba de tres apartados. La primera, pedía al Gobierno que «cumpla la normativa vigente sobre determinación de la composición numérica de los cupos». Pilar Alonso hizo hincapié en que la reestructuración que efectuó el Ejecutivo de Areces estuvo motivada por la voluntad de ajustar a la legalidad el número de pacientes de cada médico, toda vez que los cupos de los facultativos afectados estaban por encima del máximo legal. Carlos Galcerán replicó que «pedirle al Gobierno que cumpla la ley es una perogrullada, porque se entiende que la ley tenemos que cumplirla todos».

El segundo apartado solicitaba al Ejecutivo que «en aquellos casos en que el titular de cupo se jubile, los ayudantes del cupo pasen a convertirse en FEAS (facultativos especialistas de área), esto es, en médicos especialistas de hospital con una jornada de 35 horas semanales. Galcerán también lo rechazó bajo el argumento de que «si los ayudantes de cupo tienen plaza en propiedad, no se les puede obligar a convertirse en FEAS; algunos tienen plaza en propiedad y sería ilegal». IU manifestó su apoyo a la medida bajo la condición de que se acotase un plazo para su ejecución.

El tercer apartado de la moción instaba a la Consejería de Sanidad a llevar a efecto «el expediente de modificación de plantilla que convertía 11 plazas de médicos de cupo en 11 plazas de FEAS». Este expediente quedó a las puertas de ser aprobado por el Gobierno regional al final de la legislatura anterior. Galcerán aseguró: «No tenemos información de este expediente».

Ya fuera del Hemiciclo, Pilar Alonso afirmó que no entendía la negativa del PP. «Hemos propuesto unas medidas que no perjudicaban a nadie y que debían redundar en una mejora del servicio, y nos encontramos con que parece que al señor Galcerán lo único que le interesaba no era esto, sino una venganza personal». Según Pilar Alonso, «todos los ayudantes de cupo son interinos, por lo que el argumento del PP no tiene sentido». «No descarto que haya habido presiones para no seguir con este asunto», apostilló.

Toma de posesión de la nueva titular de Sanidad

Ana Mato promete un ministerio de "reformismo"

MADRID, EUROPA PRESS

La nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado en su toma de posesión que quiere un ministerio "caracterizado por su reformismo y capacidad de diálogo".

"Tenemos que hacer reformas para mejorar los servicios básicos para los ciudadanos, y lo haremos en colaboración y diálogo permanente con las comunidades autónomas", ha señalado.

Asimismo, y según ha dicho, su intención es hacer extensivo este diálogo a profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y organizaciones de consumidores y usuarios, que tendrán "siempre abiertas las puertas" de su departamento.

Mato ha destacado la igualdad como "prioridad" de su departamento, ha afirmado que "intensificará la batalla" contra la violencia de género y luchará por "garantizar una sanidad universal para todos los españoles".

"Para los ciudadanos la salud es lo primero, y para este Gobierno por supuesto también, ha asegurado la nueva ministra.

Además, Mato ha señalado que "lo esencial" para su departamento serán "las personas y su mayor bienestar", destacando a jóvenes, mayores, niños y dando "especial atención" a quienes "tienen las dificultades o sufren algún tipo de discapacidad.

En este sentido, ha apuntado su propósito de "seguir caminando hacia la igualdad de oportunidades, especialmente en el empleo", y ha avanzado que se dedicará "con gran intensidad" a mejorar los servicios sociales.

La nueva ministra, que ha estado acompañada de sus seis hermanos y sus tres hijos, ha defendido que hará "del apoyo a la familia una de las principales prioridades políticas". "Los españoles nos sentimos orgullosos de la institución familiar", ha añadido.

PALABRAS PARA PAJÍN

Por último, Mato ha reconocido la "dedicación y el esfuerzo" de la ministra saliente Leire Pajín, quien por su parte ha destacado que a la nueva titular de la cartera "no le falta ni experiencia ni capacidad" para dirigirla.

En esta línea, le ha dado la bienvenida al "ministerio de las personas" y el que "está mas cerca de la gente", ya que gestiona "un pilar del Estado de Bienestar".

Entre los presentes al acto, han estado la Defensora del Pueblo, la presidenta de Aragón, la nueva ministra de Fomento, Ana Pastor; distintos miembros del PP como Isabel Tocino, Esteban González Pons y Gabriel Elorriaga, entre otros; así como representantes de los agentes de distintos sectores como la discapacidad o la sanidad (colegios de profesionales sanitarios e industria farmacéutica, entre otros).

Tras finalizar el acto, y en declaraciones a los periodistas, Mato ha reconocido que afronta su nuevo cargo "con ilusión y responsabilidad" y ha asegurado que contará con el apoyo de exministros del ramo como Ana Pastor o José Manuel Romay de Beccaría, presentes en el acto, o de Julio Sánchez Fierro, que también trabajó en este ministerio. Los primeros nombres de su equipo, según ha avanzado, se empezarán a conocer a partir del Consejo de Ministros del 30 de diciembre.