El Congreso da luz verde a la iniciativa popular de la dación en pago

Las organizaciones promotoras celebran la "victoria" y exigen poder iniciar cuanto antes la recogida de firmas

Público. P. RUSIÑOL MADRID 16/09/2011 21:30 Actualizado: 16/09/2011 21:49

Foto: Intento de parar un desahucio en Valencia - JUAN NAVARRO

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El culebrón de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la dación en pago una de las demandas emblemáticas del 15-M empieza a desenredarse: la Mesa del Congreso ha dado finalmente luz verde a la tramitación de la ILP impulsada por organizaciones sociales con capacidad real para recoger las 500.000 firmas que exige la ley. Ahora ya sólo queda el visto bueno del Senado para que el proceso se ponga en marcha.(leer más)

BUSCAS 16/09/2011

 

ENLACE CON LA PAGINA DE EMPLEO DEL H.S.A.:

http://www.hsa.es/enviar/uploads/docs/bepe.pdf

Coincidiendo con la reunión de ministros de economía de la eurozona

Euromanifestación contra las medidas de austeridad y el ataque a los derechos sindicales y la negociación colectiva

Mañana día 17, a las 13:30h, en Wroclaw (Polonia), la Confederación Europea de Sindicatos, CES, llevará a cabo una Euromanifestación, coincidiendo con la reunión de los Ministros de Economía y Finanzas y el Banco Central Europeo, para proclamar la oposición de los sindicatos a las medidas de austeridad impuestas por los gobiernos y reclamar empleo y derechos para los trabajadores y trabajadoras.

La Euromanifestación de Wroclaw coincidirá con la presidencia de Polonia de la Unión Europea y la reunión del ECOFIN y el BCE, que se celebran hoy y mañana para examinar el estado de la crisis económica y financiera en la UE. Los líderes sindicales europeos advertirán a los dirigentes políticos sobre la necesidad de un cambio de rumbo en la dirección de una mayor solidaridad europea, sin esa solidaridad, el empleo y la paz social están en peligro.

Para la CES, ahora es el momento de demostrar el liderazgo europeo real y tomar decisiones correctas para lograr un cambio de rumbo. Los líderes europeos no deben dejar a los mercados financieros y a las agencias de calificación al mando. Considera que la agrupación de riesgos, los Eurobonos, ofrecería nuevas perspectivas. Hay que evitar una ruptura de la zona euro, lo que provocaría una grave crisis social. Por ello los sindicatos europeos se manifiestan para decir que deben tomarse otras opciones y que hay que llegar a un acuerdo sobre la gobernanza económica europea centrado en la solidaridad y el empleo.

A esta hora, en el Hotel Orbis Wroclaw, sala Krystyna, se celebra una rueda de prensa en la que intervendrán, Bernadette Ségol, secretaria general de la CES, Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO y presidente de la CES, y los presidentes de los sindicatos polacos, Piotr Duda, de Solidarnoc y Jan Guz, de l¿OPZZ.

Mañana a las 11,30h, previamente a la manifestación, en el Hotel Olimpia (Paderewskiego 35), se celebrará un encuentro con los medios de comunicación de los dirigentes sindicales europeos. A las 13,30h, comienza la manifestación, que parte del Estadio Olímpico. De 15 a 15,30h se producirán los discursos de los líderes sindicales, y aproximadamente a las 16h, concluye en la Plaza Rynek (Grand Place).

La mujer pide paso en las fábricas

 

                                Maite Abad. UC de CCOO de Avilés 

Los sindicatos, a raíz de una nueva denuncia en AZSA, reclaman políticas de contratación igualitarias para ambos sexos en las factorías de la comarca

Félix VALLINA

Los sindicatos de Asturiana de Zinc (AZSA) han vuelto a quejarse por las políticas de contratación de la multinacional -que según las centrales son discriminatorias con el sexo femenino- y han destapado de nuevo la caja de los truenos. Las representantes del área de la mujer en los sindicatos de la comarca consideran que el caso de AZSA no es aislado y que la escasa presencia de la mujer en el entramado industrial avilesino refleja la desigualdades entre ambos sexos a la hora de acceder al mercado laboral. Por seguir con el ejemplo de ASZA, su plantilla está formada actualmente por 844 personas, de las que solamente 35 se corresponden con el sexo femenino. Eso sí, ninguna de ellas desempeña trabajos de producción, ya que la mayoría están en las oficinas.

 

«Hemos llegado a manifestarnos ante la fábrica -por AZSA- para exigir un trato de igualdad entre hombres y mujeres, pero nunca hemos obtenido respuesta de la dirección y las cosas siguen igual», señaló Maite Abad, de CCOO, que añadió: «Pasa en muchas empresas y desde nuestro sindicato no estamos dispuestos a callarnos, nos pondremos a las puertas de las que haga falta para pedir igualdad». No en vano, la gran mayoría de las factorías de la comarca avilesina -como Alcoa, Saint Gobain o Arcelor- no tienen mujeres en su plantilla de obreros o emplean a un número casi insignificante en comparación con el de hombres, algo que también ocurre en otros puntos de la región.

 

María García, de UGT, se mantuvo en la línea de Maite Abad y lanzó un aviso para navegantes: «Lo que está ocurriendo no nos parece de recibo, se están permitiendo políticas arcaicas que cumplen las leyes de igualdad y las administraciones miran para otro lado». García tiene claro que «no se puede dar ni un paso atrás» y adelantó que desde el sindicato mantendrán reuniones con los distintos comités de empresa «para ponerle freno a esto».

 

El hospital San Agustín mantiene cerradas 4 plantas

El centro tiene cien camas fuera de servicio con un ahorro diario de unos 40.000 euros

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La Voz de Asturias. 16/09/2011  / F. ALLENDE Avilés

El Hospital San Agustín ahorra cada día una media de 40.000 euros con el cierre de cuatro plantas. El centro del área sanitaria de Avilés inició la clausura de zonas asistenciales a finales del pasado mes de mayo y mantiene fuera de uso unas 100 camas, cuyo coste medio es de unos 400 euros por día y unidad, según fuentes sindicales del Hospital, aunque el gerente el Alfonso Flórez declinó hacer estimaciones económicas al respecto.

 

“En esta situación actual hay que ahorrar costes. Esta empresa es de todos y hay que cuidarlos porque la situación es muy delicada. Desde que soy gerente se vienen haciendo los cierres programados y hemos mantenido la calidad del servicio”, explicó Flórez.

 

“Es evidente que los gestores tienen que gestionar los servicios públicos de la manera más eficaz, pero en estos momentos tenemos más de cien camas cerradas y en ocasiones se saturan las urgencias por falta de espacio”, explica Trinidad Caminero, de la junta de personal, quien estima que cada cama puede tener un coste diario de unos 600 euros, aunque según David Menéndez, la cifra media podría estar un poco más abajo, en torno a los 400, según sus valoraciones.

 

El gerente del Hospital se niega a dar cifras “porque no existen estudios fiables en los últimos años” y es “difícil hacer una estimación real”. Lo cierto es que se produce “un ahorro importante en personal sanitario, farmacia y hostelería (limpieza de habitaciones, camas y comidas). A estos gastos habría que añadir los medios y servicios de diagnóstico, incluso la preparación para el preoperatorio” y otros gastos inherentes al mantenimiento de la cama y el paciente, reconoció.

 

Sanidad sostenible “Es cierto que el cierre de plantas produce un ahorro, pero se realiza siempre en función de que sea sostenible de acuerdo a la demanda asistencial de cada momento y en verano baja bastante, además de que hay mucho personal de vacaciones”, añade. Según sus previsiones a finales de este mes o comienzos del próximo, el hospital comenzará a retomar “su velocidad de crucero” habitual porque “la presión de las urgencias obliga también a tener más unidades abiertas”.

 

Trinidad Caminero admite que la situación económica es delicada. “Nos han dicho que abrirán las plantas de nuevo, pero que tienen que gestionar el sistema público de salud”.         La gerencia del Hospital decidió el pasado mes de mayo cerrar la tercera planta sur donde ingresan pacientes de urología, ginecología y hematología. También decidió cerrar la sexta norte, destinada a los enfermos de medicina interna y neurología. Estas plantas se sumaban a la cuarta sur, dotada como las anteriores con 32 camas y destinada exclusivamente a emergencias, que ya se había cerrado. Además, se procedió también al cierre del hospital de corta estancia que tiene doce camas.

 

Estudio de UGT Según un estudio realizado por el sindicato de UGT el coste de una cama al año en los hospitales públicos oscila entre los 253.000 euros en un centro como el Gregorio Marañón y los 337.000 en el Clínico, lo que arroja una horquilla que va de los 693 euros a 923 euros por día. De ahí que la estimación realizada por los sindicatos del Hospital San Agustín sea relativamente moderada si se compara con estos centros de Madrid En el mismo estudio de UGT el sindicato los compara con centros privados que arrojan una horquilla que va de los 335.000 del Henares (Coslada) a los 505.000 del Infanta Leonor (Vallecas). “Si se compara el coste por cama del Infanta Leonor con el Marañón, se comprueba que es exactamente el doble”, concluye el sindicato.

 

Estos datos muestran, en todo caso, la repercusión económica que tiene el mantenimiento de las plantas abiertas y el ahorro que supone para un hospital el cierre estival.

 

El Hospital San Agustín cuenta con un total de 436 camas y presta sus servicios a la tercera área sanitaria, que abarca una población de más de 160.000 habitantes, en la que se incluyen no sólo los municipios de la comarca sino buena parte de la zona occidental de la región.

 

Alfonso Flórez no adelantó, en cualquier caso, la fecha concreta para la reapertura de algunas de las unidades, aunque la presión asistencial irá en aumento en los próximos días.

La funcionariofobia del señor Rosell

Consejos para que el líder de la CEOE supere su aversión

IGNACIO ARIAS LETRADO

La fijación del señor Rosell -presidente de la CEOE- con los funcionarios comienza a adquirir tintes patológicos.

 

De proclamar la necesidad de que sean evaluados ha pasado a sugerir que se conviertan de nuevo en los sujetos pasivos de la crisis y que soporten por enésima vez un recorte salarial, dada su condición de privilegiados al tener el puesto fijo.

 

Junto al elenco de fobias clínicas que todos conocemos (claustrofobia, aracnofobia, aerofobia, agorafobia, sociofobia, etcétera) existen otras basadas en actitudes negativas hacia cierta clase de categorías de personas, que se traducen en una hostilidad hacia un colectivo, basada en prejuicios resultado, seguramente, de una experiencia traumática o animadversión social. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la xenofobia.

 

Integran todas ellas el listado de las que se denominan fobias raras, no por infrecuentes, sino, más bien, porque carecen de tratamiento clínico para curarlas.

 

En ese listado hay que incorporar ya y sin demora alguna la que hemos de bautizar como «funcionariofobia», que podemos definir como «sentimiento de rechazo hacia los funcionarios que suelen padecer los empresarios y las organizaciones que los aglutinan».

 

 

Comoquiera que las fobias no suelen desaparecer por sí solas, y al tratarse de fobias no clínicas, no admiten los tratamientos tradicionales ¿qué terapia podemos sugerir a quienes padecen la funcionariofobia para eliminar o paliar sus efectos?

 

Existen tres métodos contrastados que a buen seguro resultarían eficaces aplicados simultánea o separadamente, pues todos ellos convergen en un mismo tratamiento.

 

En primer lugar, la terapia de exposición, consistente en confrontar al paciente con la situación rechazada o temida; en segundo lugar, el tratamiento conocido como desensibilización sistemática, en el cual se apela a la imaginación del paciente para que proyecte en su mente el estímulo temido; en tercer y último lugar, la terapia cognitiva, en base a la cual se da mucha información al paciente sobre la situación odiada o rechazada para que vaya tomando conciencia de que dicha situación no es tan mala como él se imagina.

 

Las tres terapias expuestas admiten en este caso una aplicación unificada de inmersión en la situación odiada o rechazada, que consistiría en que el señor Rosell probara a preparar unas oposiciones a alguno de los cuerpos de funcionarios existentes, y para el hipotético supuesto de que obtuviera plaza, intentara sobrevivir durante un año con el sueldo funcionarial acomodando su nivel de vida y el de su familia a tal retribución.

 

Le garantizamos que la fobia que padece quedaría eliminada definitivamente y a partir de ese momento los funcionarios hasta le caerán simpáticos.

 

Pero como la terapia cognitiva citada también exige proporcionar información al paciente, testimoniamos ante el señor Rosell que la inamovilidad del funcionario público, aparte de ser una necesidad que la historia ha evidenciado como ineludible, constituye una exigencia del Estado de derecho y, por tanto, nunca puede ser calificada como un privilegio.

«Somos nosotros los que costeamos la sanidad», afirman los proveedores

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El Sespa adeuda 208 millones en productos sanitarios y fármacos y retrasa los pagos hasta 356 días, según Farmaindustria y Fenin.

Foto: El consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio, en su comparecencia del miércoles en la Junta. :: MARIO ROJAS

16.09.11 –El Comercio.

El anuncio del consejero de Sanidad de que dejaría de pagar a los grandes proveedores porque los bolsillos del sistema asturiano de salud «no dan para más» ha llevado a algunas empresas del sector a dar la voz de alarma para advertir de que la situación que vienen soportando «desde hace años» amenaza con convertirse en insostenible. «Somos nosotros los que en realidad financiamos la sanidad pública», reprochan. El panorama «ya difícil» amenaza con agravarse aún más si a los retrasos de hasta casi un año que suele acumular la Administración se suman, tras lo dicho por José María Navia-Osorio, los impagos.Las entidades que proveen de tecnología, prótesis, jeringuillas, gasas e, incluso, alimentos a los hospitales y centros de salud confirmaron que suelen cobrar sus facturas con una demora de más de nueve meses. La Federación Española de Proveedores de Tecnología Sanitaria (Fenin), que representa a más de 500 entidades de todo el país, indicó ayer a EL COMERCIO que a fecha del pasado 31 de julio, Asturias mantenía un retraso medio en los pagos de 288 días. Eso en materia de productos sanitarios, pero en medicamentos el aplazamiento es aún mayor: 356 días, según Farmaindustria.

La deuda que la sanidad asturiana tiene con las empresas que le proveen fármacos y materiales sanitarios asciende a 208 millones, casi el 70% del déficit que, según el Gobierno asturiano, alcanzará la sanidad a final de año. Los datos que manejan ambas entidades se desglosan de la siguiente manera: 118 millones de deuda corresponden a medicamentos (Farmaindustrias) y 90 millones, a productos sanitarios (Fenin).

El caso es que en lo que va de año, la mayor parte de las empresas que surten suministros a los centros dependientes del Sespa no han cobrado ni una sola de las facturas emitidas. Sin embargo, los materiales «han sido servidos en tiempo», afirman. La Federacíón Española de Proveedores de Tecnología Sanitaria (Fenin) alerta de que las empresas «no pueden soportar esta situación». Gloria Rodríguez, responsable de relaciones comunidades autónomas de Fenin, recuerda que el panorama se ha agravado con la crisis «porque los bancos no dan créditos». No obstante, recuerda que los servicios de salud, incluido el asturiano, «suelen ser muy malos pagadores, especialmente, desde el año 2002 cuando las competencias sanitarias se transfirieron a las comunidades autónomas».

De ahí que Fenin pida a las autonomías que «no se escuden en la crisis, ya que los problemas de morosidad en la sanidad pública existen desde hace años». Asturias ha sido la primera comunidad autónoma en anunciar públicamente que no pagará a los grandes proveedores. «Otros no lo dicen pero lo hacen», apunta Rodríguez. En todo caso, las empresas no buscan culpables y piden, al menos, Fenin «buscar soluciones imaginativas y afrontar el problema». Reconoce que tal y como funciona el sistema de pagos «son las empresas proveedoras las que financian la sanidad» desde hace ya algunos años.

Amenaza de cierre

Este periódico se puso en contacto también con la Asociación de Empresarios de Instrumentación Médico-Quirúrgica del Principado de Asturias (Adimpa), que engloba a una decena de firmas asturianas en las que trabajan unas 400 personas. Sus responsables declinaron realizar valoraciones sobre las palabras del consejero de Sanidad acerca de las dificultades para afrontar pagos pendientes en hospitales y centros de salud, aunque sí reconocieron que «hay gran preocupación» en el sector.

Un portavoz de la entidad explicó que la mayor parte de las entidades son pequeñas y medianas empresas que llevan años trabajando en la región y recordó que desde Adimpa «siempre hemos mantenido un buen nivel de colaboración con la Administración sanitaria y hemos buscado acuerdos». Estas firmas, que prefieren no avanzar su nivel de deuda con el Sespa, «son asuntos para tratar con la Administración», precisaron, son las que surten desde materiales de alta gama, como pueden ser las prótesis de cadera o de rodilla que se implantan a los enfermos asturianos, hasta suministros para la realización de curas y productos empleados en los laboratorios. No es la primera vez que los proveedores sanitarios del Principado tienen que hacer frente a aplazamientos en los cobros. De hecho, los retrasos son moneda corriente en la sanidad asturiana así como en el resto de servicios de salud del país, como confirma el dato facilitado por Fenin que sitúa la demora media de pago en Asturias en 288 días (más de nueve meses). No obstante, pese a la dificultad del panorama pintado por Navia-Osorio, desde Adimpa confían en «alcanzar una solución satisfactoria para todos» ya que la situación es muy apurada en algunas de las empresas que sin una respuesta rápida se verían abocadas al cierre.

El 80% de los 1.600 millones de coste del HUCA es gasto corriente, replica el PSOE

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El Sindicato Médico (SIMPA) teme recortes en la sanidad y pide que los anteriores gestores del Principado «no se vayan de rositas»

Foto: De izquierda a derecha, Cristina Coto, Pilar Alonso, José María Navia-Osorio y María del Carmen Fernández, anteayer, en la Junta. nacho orejas

Lne.es » Sociedad Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

El 80 por ciento de los 1.588 millones de euros que el Principado tendrá que pagar a la empresa pública Gispasa en los próximos 25 años por el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) corresponde a gasto corriente, en conceptos como limpieza, seguridad, jardinería, esterilización o mantenimiento.

 

Así lo afirmaron ayer fuentes del anterior Gobierno de Asturias como respuesta a lo declarado anteayer en la Junta General del Principado por el consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio, quien subrayó que el coste del nuevo HUCA multiplicará por cinco la cifra inicialmente prevista y tildó dicha factura de «losa» para la sanidad asturiana.

 

Las palabras del Consejero han causado zozobra en las filas del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA). Su secretario general, Antonio Matador, indicó que el diagnóstico expuesto por Navia-Osorio es «catastrófico» y hace temer la aplicación de «recortes» en los servicios sanitarios públicos del Principado. A juicio de Matador, «si estos datos se verifican, los responsables de los mismos no pueden irse de rositas y que luego tengamos que pagarlo todos los ciudadanos. A esto hay que ponerle coto».

 

Muy distinta y mucho menos apocalíptica es la versión en torno al nuevo HUCA facilitada por el anterior Ejecutivo socialista, promotor del centro sanitario que se construye en los terrenos ovetenses de La Cadellada. «Es engañoso hablar de 1.588 millones como si fuera el coste final del nuevo Hospital Central», señalaron fuentes del Gobierno de Areces, según las cuales Gispasa fue creada con el objetivo de impulsar la construcción del recinto hospitalario y de mantener su titularidad a lo largo de 30 años, pasados los cuales el edificio pasará a ser propiedad de la Administración regional.

 

Para ello, la empresa pública suscribió con el Principado un contrato de arrendamiento por el que cede el HUCA para que sea explotado por la Administración regional, con unas cuotas que incluyen «una serie de servicios tales como mantenimiento, limpieza, seguridad, jardinería, esterilización, etcétera».

 

Se trata, precisa el anterior Ejecutivo, de prestaciones «que obviamente el Principado debe retribuir y que ya en el momento actual son contratadas por el HUCA», en su ubicación del barrio del Cristo, «con el consiguiente coste económico». Una serie de servicios que explican que los gastos de funcionamiento del actual Hospital Central ronden anualmente «los 400 millones de euros».

 

El citado contrato de arrendamiento operativo -que incluye la financiación del equipamiento del recinto- se extiende hasta 2036. De esos 1.588 millones de euros «la casi totalidad, en torno al 80 por ciento, tiene que ver con el gasto corriente para permitir el funcionamiento del HUCA», señala el Gobierno anterior, que apostilla que este procedimiento «en ningún caso supone que la inversión prevista inicialmente se haya multiplicado por cinco, como se ha afirmado».

 

La construcción del recinto de La Cadellada ha supuesto un coste de 296 millones de euros, tras la suma de dos sobrecostes. Dicha cuantía ha sido financiadas con un préstamo suscrito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 164 millones de euros «con un plazo máximo de 28 años, incluyendo 8 años de carencia y a tipo de interés euribor, sin margen o sea, en unas condiciones financieras inmejorables», señala el anterior Gobierno. Además, el Gobierno central aportó 72 millones. En definitiva, el Ejecutivo de Areces señaló que el coste del HUCA «resiste cualquier comparación con el resto de proyectos hospitalarios que se están realizando en nuestro país».

Galcerán: «La tijera empezará el 20-N en los hospitales comarcales y los consultorios»

Oviedo, P. Á. 

El diputado regional del Partido Popular Carlos Galcerán pronosticó ayer que «la parálisis en la que está inmersa la sanidad asturiana se alargará hasta el 20 de noviembre; después, el Gobierno meterá la tijera, empezando probablemente por los hospitales comarcales y los consultorios». 

Galcerán tildó de los planes expuestos en la Junta por el consejero de Sanidad de «conjunto de ideas sueltas que no aportan soluciones». Según el diputado popular, el Ejecutivo autonómico «tiene paralizados asuntos de gran calado que necesitan soluciones, como las listas de espera, que siguen en aumento, la central de compras y el control de las cuentas, que sólo contempla el agujero heredado pero no hace ni una sola propuesta de medida». «Llamar plan de choque a esto y aplazar el resultado del mismo a marzo parece una tomadura de pelo», apostilló Carlos Galcerán, quien reprochó a José María Navia-Osorio el olvido de asuntos como la salud mental, las drogodependencias, la atención primaria o el transporte sanitario.