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Zapatero arrincona a los sindicatos

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Las reformas de agosto agravan la debilidad de las centrales ante un hipotético cambio de Gobierno el 20-N

El Comercio. 04.09.11 -JOSÉ LUIS GALENDE | MADRID.

«Líbrame Señor de mis amigos, que de mis enemigos me libro yo». La ingeniosa expresión define con nitidez la situación de los dos grandes sindicatos españoles tras las últimas reformas de Zapatero -la del mercado laboral y la de la Constitución-, realizadas en plenas vacaciones estivales.

En ambos casos, el Gobierno, al que le quedan menos de tres meses de mandato, ha echado por la borda sus últimos vestigios de credibilidad ante las centrales, si es que le quedaba alguno, tras concentrar en los dos últimos años algunas de las mayores 'agresiones' laborales desde la implantación de la democracia. Solo la prórroga de la paga de 400 euros a los parados sin ingresos, vinculada a proyectos formativos, ha permitido al presidente rubricar este verano el carácter social del que presume desde su llegada a la Moncloa. Fuentes conocedoras de la situación apuntan que esa ayuda se ha conservado por la defensa empecinada del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, frente a quienes querían eliminarla.

El legado final de este segundo mandato de Zapatero, en el ámbito sindical, se traduce en unas centrales debilitadas, con baja credibilidad social, decepcionadas por la actuación de un Ejecutivo de izquierdas y desfondadas por su incapacidad para movilizar a la sociedad ante lo que consideran «agresiones sin precedentes a los derechos laborales y al Estado del bienestar». La existencia de casi cinco millones de parados es el telón de fondo de una sociedad en crisis, con una economía estancada y un mercado laboral que hace agua. Las centrales temen que esta situación pueda ser el argumento definitivo para que el nuevo Gobierno que salga de las urnas el 20-N dé la puntilla a un sistema laboral que hunde aún algunas de sus raíces en los años de la dictadura franquista.

La reforma de la Constitución para fijar los límites de endeudamiento de las administraciones públicas, la licencia de dos años para contratar temporalmente sin límites y la puesta en marcha de un contrato de formación que puede aplicarse de manera transitoria a mayores de 30 años son las últimas 'aportaciones' de Zapatero a sus relaciones con CC OO y UGT, pese a que estas organizaciones han hecho bandera del diálogo social como fórmula para capear el temporal.

Se trata de acometidas a las posiciones sindicales que en otro momento y circunstancias habrían desembocado en una huelga general, coinciden sindicalistas y expertos. Pero con elecciones a tres meses vista, no hay tiempo para organizar una protesta de ese tipo, ni fuerza y recursos para ello.

Más temporalidad

Acosado por los mercados financieros internacionales, las últimas medidas de Zapatero y su apresurada aplicación son consideradas «palos de ciego». Una de ellas, la barra libre para los contratos temporales hasta agosto de 2013, va a disparar la temporalidad en los próximos meses. La fórmula contrasta con la prioridad que se ha dado durante el proceso de diálogo social a su reducción, uno de los pocos objetivos compartidos por sindicatos, patronal y Gobierno.

Tras años de medidas legales para recortar la temporalidad, los sindicatos temen que vuelva a repuntar por encima del 35% que alcanzó en los años 90, cuando con otra crisis se liberalizaron los contratos a plazo. Entonces se usaron los mismos argumentos que ahora: Felipe González llegó a decir que era mejor un trabajo temporal que nada, idea repetida hace unos días por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

Los esfuerzos de los últimos años han colocado la tasa de temporalidad en el 25%, aún lejos de los estándares europeos. Retornar a los niveles del 35% de 1995 dejaría las puertas abiertas a que un futuro Gobierno de derechas tenga manos libres para implantar el 'contrato único', con menos derechos y un despido más barato. «Tal y como quedan las cosas ahora -asegura un sindicalista- prácticamente no va a haber diferencia».

Y es que el Gobierno parece haber dado ya por perdida la batalla por la contratación indefinida.

Dieciséis meses de luna de hiel

 

Si alguna vez hubo luna de miel de Zapatero con los sindicatos, acabó cuando el Gobierno rebajó el salario de los empleados públicos un 5% en 2010 y lo congeló en 2011. La decisión, en mayo del pasado año, rompió el entendimiento de la legislatura anterior entre las partes y afectó a la credibilidad de las centrales, con las que el Ejecutivo había pactado meses antes las condiciones salariales de más de tres millones de trabajadores. Semanas después, el Ejecutivo impuso una reforma laboral que abarató el despido. La respuesta de los sindicatos fue una huelga general. El siguiente capítulo fue la reforma de las pensiones

El Principado prepara una ley para que los médicos puedan compaginar pública y privada

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 La autoridad sanitaria sostiene que la dedicación exclusiva obligatoria, vigente desde 2003, es la causa de la escasez de facultativos

Lne.es » Sociedad       Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

La Consejería de Sanidad del Principado se ha marcado como objetivo prioritario dar un vuelco total a la política de recursos humanos en el ámbito sanitario. Las principales medidas para lograrlo son tres: impulsar una reforma legal que permita a los médicos de la sanidad pública ejercer también en el sector privado; flexibilizar los mecanismos de contratación de profesionales, y convocar una oferta de empleo público cada tres años y un concurso de traslados cada dos años.

 

Según informaron a LA NUEVA ESPAÑA fuentes de Foro Asturias, las nuevas autoridades sanitarias de la región consideran que estas medidas contribuirán a paliar la «dramática» escasez de médicos que sufre la región. Desde el Gobierno autonómico se considera que la imposibilidad de compaginar el ejercicio público con el privado y la lentitud a la hora de convocar procesos selectivos han determinado que numerosos profesionales de la medicina se hayan buscado la vida en otras comunidades autónomas donde se les ofrecen condiciones más ventajosas.

 

La dedicación exclusiva de los médicos de la sanidad pública constituyó una de las principales líneas estratégicas de los anteriores gobiernos socialistas. Vigente desde el 1 de enero de 2003, la medida ha generado una abundante litigiosidad y también intensas polémicas, principalmente debido a la oposición del Colegio de Médicos de Asturias y del Sindicato Médico (SIMPA). El Colegio llevó la normativa asturiana al Tribunal Constitucional, que ocho años después sigue sin pronunciarse al respecto.

 

En medios sanitarios de Foro se admite que la debilidad parlamentaria del partido de Francisco Álvarez-Cascos (16 diputados en la Junta General del Principado sobre un total de 45) puede representar un handicap a la hora de abordar una reforma legal como la que se pretende. Pero acto seguido manifiestan su confianza en recabar -a corto o medio plazo- los apoyos necesarios para un cambio «que es apoyado por el Colegio de Médicos, por el SIMPA y, en definitiva, por todo el estamento médico». El argumento de Foro se resume en una pregunta retórica: «¿Qué problema puede haber en que un médico que trabaja en una mutua o un médico de empresa pueda trabajar también en el sistema público?».

 

La prohibición de que los médicos de la sanidad pública puedan ejercer en la privada es consecuencia de una normativa aprobada en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Principado del año 2003. No afecta al personal que se incorporó a la sanidad pública antes de su entrada en vigor. El régimen de dedicación exclusiva conlleva un complemento salarial.

 

El estatuto marco del personal sanitario, de ámbito nacional, establece que cada comunidad autónoma ha de arbitrar un mecanismo de renuncia al régimen de exclusividad. Sin embargo, los anteriores ejecutivos regionales del PSOE se negaron a dar este paso, y justificaron esta postura alegando que también ellos estaban a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

 

Según fuentes de Foro, la Consejería de Sanidad, dirigida por José María Navia-Osorio, es consciente de que instaurar el citado procedimiento de renuncia podría ser suficiente para dejar sin efecto una restricción que consideran negativa para la sanidad pública y para los profesionales sanitarios. Sin embargo, los responsables sanitarios planean que la reforma se lleve a cabo a través de una ley similar -que bien podría ser de Acompañamiento de los Presupuestos- a la que propició la prohibición.

 

De otra parte, el proyecto de Foro de convocar una oferta pública de empleo (OPE) cada tres años responde a una vieja reivindicación del sector sanitario. En el momento actual se está desarrollando el primer proceso selectivo desde que el Principado asumiera las competencias, en 2002.

Nueva política de recursos humanos

La Consejería de Sanidad prevé tres medidas: una reforma legal que permita a los médicos del sistema público ejercer también en el sector privado; flexibilizar los mecanismos de contratación de profesionales, y convocar una oferta de empleo público cada tres años y un concurso de traslados cada dos años.

La dedicación exclusiva es obligatoria para los médicos asturianos que se incorporaron al sistema sanitario público a partir del 1 de enero de 2003.

La sanidad asturiana está inmersa en el primer proceso selectivo desde 2002. La Consejería quiere agilizar los procesos selectivos para evitar la marcha de médicos a otras regiones.

FORMACION DEL IAAP: Publicado en el BOPA del 1 de Septiembre…

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Programa de actividades formativas del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” para el cuarto trimestre del año 2011

Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Publicación de la Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba el programa de actividades formativas del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” para el cuarto trimestre del año 2011.

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Camps disfrutará de un sueldo público aunque sea condenado por soborno

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El presidente del Consejo Consultivo le garantiza el puesto durante 15 años

Publico: SERGI TARÍN VALENCIA 03/09/2011 09:00 Actualizado: 03/09/2011 10:04

Foto: Silla vacía de Camps en el acto de ayer. -EFE

El expresident de la Generalitat Francisco Camps siempre tendrá un techo y un jugoso sueldo público. No importa si los tribunales lo condenan por soborno o lo inhabilitan en un futuro por consentir, presuntamente, que su partido se financiara de forma irregular a través de la Gürtel. 

Así lo dejó entrever durante una charla con periodistas Vicente Garrido, presidente del Consejo Jurídico Consultivo (CJC), organismo público en el que Camps recaló como consejero tras su dimisión el 20 de julio, cinco días  leer más)

Tres de cada cuatro directores generales del Principado vienen de la función pública

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La Administración regional :

Se completa el organigrama del Gobierno

Una docena de altos cargos del nuevo Ejecutivo ostentó jefaturas de sección o de servicio con la anterior Administración socialista

Lne.es » Asturias       Oviedo, José A. ORDÓÑEZ

Los profesionales de la función pública dominan la segunda línea del nuevo Ejecutivo autonómico, cuyo organigrama de altos cargos cierra ahora Francisco Álvarez-Cascos, mes y medio después de su nombramiento como presidente del Principado. Tres de cada cuatro de los 42 directores generales del gobierno que sustenta Foro Asturias procede directamente de la Administración pública, bien sea de ámbito autonómico o estatal.

 

Varios de estos flamantes 32 directores generales procedentes del servicio público acumulan una larga carrera funcionarial. Al menos doce de ellos ostentaron jefaturas de sección o de servicio en diversas consejerías del anterior Ejecutivo socialista de Vicente Álvarez Areces. Es el caso, por ejemplo, de Javier Méndez Muñiz, que accede a la Dirección General de Industria y de Energía después de haber ocupado en la última legislatura socialista el cargo de jefe de servicio de Energía Renovable y Eficiencia Energética. Otro ejemplo es el de María Belén García, que llega a la Dirección General de Patrimonio de Hacienda y Sector Público desde la jefatura de Servicio de Patrimonio. No son los únicos casos de este tipo en un Ejecutivo regional que, finalmente, queda estructurado en nueve consejerías, siete viceconsejerías, nueve secretarías generales técnicas, 42 direcciones generales y 177 servicios.

 

Esta reestructuración, según fuentes de la Administración, supondrá un ahorro para las arcas autonómicas de casi cinco millones de euros al año respecto al Ejecutivo saliente, formado por PSOE e IU. En concreto, de acuerdo con lo anunciado por el consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego Alonso, el ahorro anual será de 4.966.052,1 euros y, fundamentalmente, se obtendrá a partir de «la eliminación de altos cargos y de la reducción de personal de confianza», con más de 1,2 millones de euros al año.

 

Al contrario de lo que sucedió con la candidatura de Foro Asturias para las pasadas elecciones autonómicas, en la que había visible presencia de numerosos ex militantes y dirigentes del PP, en el Gobierno casquista apenas hay personalidades relevantes con pasado popular. En primera línea, las únicas excepciones son las de Luis Peláez, que ocupa la Viceconsejería de Recursos Autóctonos en la Consejería de Agroganadería que dirige Albano Longo. Junto a él, en un nivel más profesional que político, el actual consejero de Presidencia, Florentino Piñón, ostentó la Dirección General de Comunicación de la Vicepresidencia Primera del Gobierno cuando estaba Álvarez-Cascos al frente. Por lo demás, en la Consejería de Sanidad también hay presencia ahora de varios antiguos cargos del PP en el extinto Insalud.

 

Del PSOE, y en lo que fue una de las grandes sorpresas del nuevo gobierno, procede el director general de Política Deportiva, Marcos Niño, que fue alcalde socialista de Santa Eulalia de Oscos de 1999 a 2008. Niño, que está adscrito a la Consejería de Cultura y Deportes, dejó el PSOE por su oposición a la política energética de Areces.

PSOE, PP y UPN consuman la reforma…

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El Congreso aprueba la reforma acordada por PSOE y PP, con la oposición en contra



El Pais
El pleno del Congreso ha aprobado por 316 votos a favor, y 5 en contra (entre ellos dos socialistas), la primera reforma constitucional de calado, acordada por PSOE y Partido Popular (PP), que introduce de forma urgente en la Carta Magna el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit. El debate sobre las 19 enmiendas admitidas por la Mesa del Congreso se ha desarrollado en un ambiente generalizado de malestar y rechazo de la oposición a la propuesta. Los diputados de ERC, BNG, ICV y Nafarroa Bai se han ausentado del hemiciclo antes de que comenzasen las votaciones. Gaspar Llamazares, de IU, se ha quedado durante la votación de las enmiendas para vetar las transaccionales con las que PP y PSOE pretendían conseguir la abstención de CiU, tras lo cual, ha salido también. PNV y CiU, que se encontraban en el hemiciclo, no han votado. Cuatro o cinco diputados socialistas se han abstenido.

Los dos grandes partidos han intentado hasta el último minuto conseguir el apoyo de CiU, para lo que le han ofrecido unas enmiendas transaccionales, que "amplía el marco de colaboración" de las comunidades autónomas, según ha anunciado la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, antes de comenzar el pleno, informa Carlos E. Cué. La formación catalana no votó que el martes la propuesta por considerar que perjudica la capacidad financiera de Cataluña al limitar su capacidad de fijar su propio déficit, y porque les excluye del consenso constituyente, en cuyos inicios sí estuvo, cuando se redactó la Constitución. IU y otros partidos, que también participaron en aquel proceso en 1978, no han recibido sin embargo la misma atención que el partido nacionalista catalán.
El texto propuesto a los nacionalistas catalanes plantea que los parlamentos autonómicos puedan solicitar directamente al Congreso autorización para superar el límite de déficit en casos "excepcionales, como en catástrofes naturales". Hasta ahora, la reforma del artículo 135 de la Constitución reservaba esta opción sólo al Gobierno. Sáenz de Santamaría no ha ofrecido más detalles del alcance de estas enmiendas, registradas minutos antes de empezar el debate sobre la proposición de ley en el Congreso, si bien ha dejado claro que en ningún caso las comunidades podrán fijar limites de déficit y estructural por encima del techo del 0,4% que se fijará por ley orgánica, tal y como pretendía CiU.
Josep Sánchez Llibre (CiU) que ha intervenido en lugar de su portavoz parlamentario, Antoni Duran Lleida, ha manifestado que PP y PSOE "han agredido" a su formación política "en las formas y el fondo", y ha asegurado que quieren evitar "que el PP y el PSOE se apropien de la Constitución, y adopten posiciones radicales". Asegura que en las últimas 48 horas han "trabajado" en sus ocho enmiendas: "Ha habido diálogo, pero no negociación". CiU está de acuerdo en que "no se puede gastar más de lo que se ingresa", y que "ciertas cuestiones vengan marcadas por la UE", pero denuncian que si hoy no se llega a buen término en las negociaciones de las enmiendas, se debilitará "la Constitución del siglo XXI".
Las ocho enmiendas de CiU, sobre las que resulta difícil conseguir un acuerdo, defienden que sean los parlamentos autonómicos, y no el nacional, como consta en la propuesta de reforma constitucional del PSOE-PP, los que tengan la última palabra en las decisiones que afecten al déficit de las comunidades autónomas. Su "línea roja", como manifestó ayer Duran Lleida, es que "no se limite la capacidad financiera de Cataluña".
"La salida de la crisis depende de la reforma"
Soraya Sáenz de Santamaría (PP) ha asegurado que los ciudadanos piden desde hace "mucho tiempo" medidas contra la crisis. La reforma de la Constitución respondería así a esta demanda, y de ella depende la salida de España de la crisis, según la portavoz popular. Con esta medida se envía un mensaje de "certidumbre y confianza" a Europa.
"Sin estabilidad presupuestaria no se sostiene el Estado de bienestar", ha añadido Santamaría. Sin austeridad de sube de forma "indiscriminada" los presupuestos y hay recortes sociales, ha advertido, y contra esta situación, la reforma da "una oportunidad a España, a los parados, los emprendedores, los jóvenes...", según el Partido Popular.
José Antonio Alonso (PSOE) recuerda algunos de los argumentos que los socialistas presentaron en el debate del martes, como que "si no hay fondos, no se podrán seguir haciendo mejoras en los servicios sociales" que consideran esenciales, como la sanidad, la educación, las pensiones. Sobre las enmiendas de CiU, que han centrado buena parte de la atención de PP y PSOE, el portavoz socialista ha asegurado que no se pueden aceptar tal y como estaban presentadas, porque el espíritu de la reforma es enviar un mensaje de estabilidad y confianza "del conjunto del Estado", lo cual incluye a los tres niveles de la Administración.
Alonso ha apelado al diálogo, a la búsqueda de consenso y a la necesidad urgente de preservar la estabilidad del Estado, antes de votar.
Los minoritarios discrepan
El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) ha abierto el pleno con su intervención, en la que ha defendido su enmienda a la totalidad por el contenido y la forma "totalmente antidemocrática" en que pretende imponerse, "sometimiento la democracia al chantaje de los mercados". Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, también ha manifestado el malestar de su formación, por la reforma "no de consenso, sino de exclusión", y por el rechazo de las enmiendas que presentaron.

Rosa Díez, de Unión, Pueblo y Democracia (UPyD), insiste, como ya dijo el martes, en que lo que se necesita es una "reforma de la Constitución que mejore la democracia y su calidad". Hoy añade que "hay que reformar la Constitución para protegerla del PSOE y el PP", erigiéndose en Tribunal Constitucional (TC) para rechazar enmiendas. "¿Pero ustedes quienes se creen que son?", ha repetido una Díez muy dura y contrariada, que habla de "expropiación de la Constitución" y "atropello del grupo PP-PSOE". UPyD, según ha anunciado, irá al TC para recurrir en amparo por impedir su derecho a debatir las enmiendas.

UPN, el único grupo que votó a favor el martes, se queja de que el resto de partidos no haya reflexionado sobre la necesidad de contener el déficit, y que se reclame ahora un referéndum cuando no se exigió durante la aprobación de la ampliación del aborto el verano pasado. "Seguimos confiando en la propuesta", ha dicho el portavoz de la formación navarra. Coalición Canaria, que se abstuvo el martes, hoy ha exigido un referéndum.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha sido de los más críticos con el pacto de PP y PSOE. La reforma es "centralista y un atentado contra el autogobierno y la autonomía financiera" de las comunidades, asegura Joan Ridao. La reforma es "letal, mortal de necesidad" para Cataluña, señala. La portavoz parlamentaria de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Nuria Buenaventura, se ha unido a las críticas por el rechazo de su enmienda a la totalidad, que insistía en la necesidad de un debate sobre la monarquía y la existencia de un Estado federal y exigía la reforma del Senado, entre otras peticiones.

Josu Erkoreka, diputado del PNV, ha manifestado que ante la "pétrea inmovilidad de los proponentes", también ellos se mantienen "inmóviles" y continúan oponiéndose a la reforma. "Ya que no nos dejan defender nuestras enmiendas, déjenme al menos explicar la enmienda vetada", ha dicho molesto. Esta propuesta pretendía añadir el reconocimiento del derecho a decidir sobre la autodeterminación. Una segunda enmienda, que sí ha sido admitida a trámite, pide que el artículo 135 haga referencia a los territorios forales. El texto no hacía alusión a este tipo de entes territoriales, pero la Constitución sí los reconoce, ha recordado el diputado nacionalista vasco.

Protestas alrededor del Congreso
El Movimiento 15M decidió anoche esperar a los diputados a su llegada al Congreso desde las siete y media de la mañana. El edificio y la zona, fuertemente protegido, está rodeado por un cordón policial, por lo que los indignados se han tenido que dar cita a unos metros de la entrada de la Cámara, en la esquina entre la plaza de Neptuno y paseo del Prado, donde a las 19.30 se concentrarán de nuevo. Desde allí, se han ido moviendo por las calles aledañas al Congreso, tratando de acceder al perímetro cortado por la policía. Un grupo de ciudadanos ha formado también una cadena humana entre la plaza de Callao y la Puerta del Sol.

Al grito de "ahora no es Tejero, son Rajoy y Zapatero", los indignados marcharon ayer entre Atocha y la plaza de Neptuno para protestar por lo que llaman "mercadocracia", que como denuncian, habría suplantado a la democracia. En el extremo opuesto, la canciller alemana, Angela Merkel, de quien proviene la idea de incluir el principio de estabilidad financiera en las constituciones europeas, felicitó ayer en persona en París al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hizo también a distancia el miércoles, y se unieron a ella la OCDE, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y agencias de calificación como Moody’s.

En el nefasto día de autos en que se consuma el “golpe de estado financiero”…

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Los indignados rodean el Congreso, protegido por la policía

Piden un referéndum vinculante y llaman a la HUELGA GENERAL



Laura Contreras, Madrid, en El País
Alrededor de un centenar de indignados se han concentrado desde las siete y media de la mañana en las cercanías del Congreso, protegido con un amplio despliegue policial, el día en que el hemiciclo vota la reforma de la Constitución para introducir un límite al déficit en la Carta Magna, de forma urgente y sin referéndum. Su cita era en la plaza de Neptuno en la esquina con la plaza de las Cortes, desde donde tenían previsto aguardar la llegada de los diputados a la Cámara baja.
A su llegada, los agentes han pedido el DNI a los congregados para identificarlos, pero a medida que ha ido aumentando la afluencia de gente, han dejado de hacerlo, según explica el Twitter de los indignados de Acampada Sol. Recuerdan que, según la Ley orgánica de Protección de Datos, es ilegal mantener ficheros secretos de personas sin antecedentes, y subrayan que, en contra de su obligación, muchos antidisturbios van sin la identificación reglamentaria.
Como suele ser habitual, los participantes en la protesta convocada por el Movimiento 15M no han parado de moverse por las calles aledañas, tratando de acercarse, sin éxito, al Parlamento. En su recorrido, han gritado consignas como: "Que no, que no, que no sin referéndum" y "Ya se acabó la paz social", y han leído fragmentos de la Constitución, como el artículo 1.2 que establece que "la soberanía reside en el pueblo español".
Marcha por un referéndum
Al grito de “ahora no es Tejero, son Rajoy y Zapatero” arrancó anoche desde Atocha la manifestación convocada en madrid por el Movimiento 15-M contra la reforma constitucional pactada por el PP y PSOE. Un día antes de que esté prevista su aprobación en el Congreso para limitar el déficit, casi 1.000 personas marcharon hacia la glorieta de Neptuno pidiendo un referéndum y la huelga general. El bloqueo policial impidió que llegaran hasta el Parlamento, pero no frenó la lectura de un manifiesto “anticapitalista” y una asamblea posterior en mitad de la calzada para debatir sobre próximas convocatorias. El tráfico estuvo cortado durante más de cuatro horas.
Jubilados, estudiantes, amas de casa, jóvenes y otros que ya no lo son tanto se volvieron a unir en una marcha que transcurrió sin incidentes por el paseo del Prado. La manifestación estuvo animada por consignas ya conocidas como “PSOE y PP, la misma mierda es” o “menos policía, más educación”, y otras menos oídas como “Ahora no es Tejero, son Rajoy y Zapatero” o “el próximo parado que sea un diputado”. Y es que los indignados aseguran que el pacto entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición “es un golpe de Estado contra los derechos sociales”.
“Blindar el techo del déficit equivale a recortar drásticamente el gasto social público. Pasar de un déficit del 7% al 0,4% como plantean supone un recorte de 70.000 millones de euros cada año del gasto social público”, leía una joven del 15-M, que ha convocado esta manifestación bajo el lema “No a esta reforma de la Constitución. Abajo el orden de los mercados y el capital”. Además de reclamar una consulta a los ciudadanos “vinculante”, el manifiesto tocó asuntos como la financiación a la Iglesia, “mayor con Zapatero que con Franco”, la corrupción política o la “necesidad de unión, sin sectarismo”, en esta “lucha”. “Otro capitalismo es imposible”, concluye.
Entre los indignados marchaba una pareja, Carlos y Margarita, de 50 años, que no se sumaba a los cánticos. Son sordos. Explicaban mediante gestos que, aunque no oyen, les bastaban las numerosas pancartas de la gente para unirse a la causa. “Rompéis el pacto social” o “Constitucionalizar la pobreza, no”. Ismael y Enrique, dos estudiantes veinteañeros, prefieren no llevar lemas. Se consideran veteranos del movimiento porque estuvieron acampados en la Puerta del Sol “desde el principio”. Creen que la solución a la crisis empieza por “castigar a las rentas más altas”.

CUANDO LAS BARBAS DE TU VECINO VEAS PELAR.........

CUANDO LAS BARBAS DE TU VECINO VEAS PELAR.........

 

 

 

 

El ajuste aplicado por la presidenta de Castilla-La Mancha supondría en Asturias la eliminación de más de 3.300 empleos ocupados ahora por interinos

 

Oviedo, J. A. A.

El «tijeretazo» que María Dolores de Cospedal acaba de anunciar en Castilla-La Mancha para recortar el gasto en más de un 20 por ciento se traduciría en la pérdida de más de 3.300 empleados interinos si se aplicase en los mismos términos en Asturias. De momento, el nuevo Gobierno del Principado ha anunciado un recorte del gasto de 5 millones de euros, a costa de la reducción de altos cargos y personal de confianza, pero todavía no ha concretado las medidas de ajuste en el sector público empresarial, uno de sus principales compromisos, tanto en tiempo de campaña electoral como en el discurso de investidura del nuevo presidente, Francisco Álvarez-Cascos.

 

El Gobierno castellano-manchego ha metido «tijera» en el empleo público, ha congelado la oferta pública en todos los sectores y ha prohibido la contratación de personal interino, incluso en la sanidad. En el caso hipotético de que en Asturias se aplicase una política similar en el próximo año, el paro de la región aumentaría en más de 3.300 personas, ya que la sanidad asturiana cuenta con más de 2.300 interinos, mientras que en el conjunto de las consejerías del Principado hay entorno a un millar de empleados interinos, según estimaciones sindicales. «No se debe olvidar que si se recorta empleo interino, esos trabajadores pasan directamente a engrosar las listas del paro.

 

Cospedal también ha anunciado la eliminación de 19 empresas y fundaciones públicas de Castilla-La Mancha. En Asturias, Cascos ha ordenado realizar auditorías en las más de sesenta empresas, entes y fundaciones del sector público regional, pero ya ha anunciado su intención de vender empresas como la constructora Sedes. El consejero de Sector Público, Ramón del Riego, se ha reunido esta semana con la plantilla de esta sociedad.