La OMS pide la eliminación del mercurio en todos los instrumentos médicos

Termómetro de mercurio. | José María Presas

Este viernes, 140 países firman la iniciativa 'Salud libre de mercurio en 2020'

El objetivo: eliminar este metal de instrumentos médicos como los tensiómetros

• La OMS trabajará con los países para garantizar el cumplimiento del acuerdo
• Intentará también eliminar el uso de este elemento químico de los empastes

ELMUNDO.es | Madrid

Este viernes se firma la iniciativa 'Salud libre de mercurio en 2020' bajo el marco del convenio de Minamata. Dicho acuerdo pide la eliminación definitiva de termómetros y tensiómetros que contengan mercurio. Es decir, se pondrá fin a la producción, importanción y exportación no sólo de instrumentos médicos que incluyan este elemento químico, también de otros productos que lo contienen (como pilas e interruptores) de aquí a 2020.

"Con la firma de la Convención de Minamata conseguiremos proteger al mundo para siempre de las devastadoras consecuencias que el mercurio tiene en la salud", afirma la Directora General, Margaret Chan. Se trata de "uno de los 10 elementos químicos de mayor preocupación para la salud pública. Se dispersa y permanece en los organismos durante años, causando graves enfermedades y discapacidad intelectual a la población expuesta", continúa. Puede causar daño cerebral, especialmente entre los jóvenes; desórdenes en el sistema nervioso, inmunitario y reproductor, daños renales y digestivos.

Hace muchos años que los expertos lo advertían, al igual que anunciaban el incremento de las emisiones de este metal. Después de varias negociaciones, al al final, a principios de este año, 140 países llegaron a un acuerdo vinculante para la reducción de sus emisiones que finalmente se suscribe este viernes.

Para conseguirlo, "el Convenio establece un plan de acción para que los países firmantes eliminen las formas más perjudiciales del uso del mercurio, reduzcan las emisiones de este metal procedentes de la industria, promuevan alternativas sin mercurio asequibles y seguras, protejan a los niños y a las mujeres en edad fértil (el mercurio plantea una amenaza especial para el desarrollo del niño en el útero) de la exposición a este elemento químico y tomen medidas para mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores que estén en contacto con el mercurio".

Aunque, de momento, la Convención de Minamata permite que se sigan utilizando aparatos médicos de medición con mercurio hasta 2030 sólo en circunstancias especiales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la coalición internacional Salud sin Daño insisten en que, dadas las tremendas consecuencias que la exposición al mercurio tiene en la salud, debería mantenerse 2020 como fecha límite.

"La OMS trabajará con los gobiernos para garantizar que cumplan sus obligaciones en virtud del convenio, especialmente en las áreas de salud", señala la doctora María Neira, directora de la OMS para Salud Pública y Medio Ambiente. "Esto requiere la eliminación de termómetros y tensiómetros de mercurio", aunque la OMS y sus asociados del sector de la salud se comprometen, además, a intentar eliminar el mercurio de los antisépticos tópicos y de los cosméticos para aclarar la piel. También quieren desarrollar medidas para "eliminar el uso del mercurio en empastes y otros productos dentales" y fomentar el intercambio de información sobre la investigación en salud pública.

Hoy a las 12 h., en la puerta del Instituto Nacional de Silicosis, hay convocada otra concentración de protesta

Las urgencias de Silicosis cierran el lunes y son trasladadas al Hospital Central

Foto.- Miembros de la Junta de Personal del HUCA y del Comité de Empresa del viejo Hospital General, concentrados para manifestar su protesta el pasado día 26, frente al INS.

11.10.2013, Oviedo / Gijón, P. Á. / A. R., en La Nueva España.

El servicio de urgencias del Instituto Nacional de Silicosis será cerrado a las ocho de la mañana de este próximo lunes, momento a partir del cual los pacientes que suelen acudir a esta unidad serán atendidos en el servicio de urgencias generales del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Los profesionales de Silicosis manifestaron sus quejas por la premura con la que han sido avisados por sus superiores. Aseguran que, a lo largo de la semana próxima, serán trasladados a las restantes dependencias del HUCA tanto los enfermos de la UVI como los hospitalizados en las plantas de neumología del edificio que abrió sus puertas en 1970 para dar respuesta a las patologías derivadas de la actividad minera. "Con menos personal, menos espacio y menos camas va a producirse un colapso", pronostican los trabajadores de Silicosis. La integración en el HUCA es el paso previo al traslado del conjunto del Hospital Central al nuevo edificio de La Cadellada.

En Gijón, el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, subrayó que Silicosis "no se cierra". "Decir eso es un ejercicio de confusión a la ciudadanía. El Instituto Nacional de Silicosis tiene un proceso, como el resto del HUCA, para integrarse en un nuevo espacio. Un espacio donde no habrá físicamente un edificio específico para el Instituto, pero sí un espacio para esta prestación".

 

Blanco afirma que el Gobierno pretende potenciar el Instituto de Silicosis, "no cerrarlo"

OVIEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad del Gobierno asturiano, Faustino Blanco, ha negado este jueves que el Ejecutivo al que pertenece pretenda cerrar el Instituto de Silicosis. Todo lo contrario, ha señalado que pretende "potenciarlo", hasta convertirlo en un centro internacional.

 

Blanco ha respondido así a las críticas de Foro Asturias al respecto de este asunto. Ha comparecido en rueda de prensa este jueves en la Casa del Pueblo de Gijón, junto al secretario general de los socialistas gijoneses, Santiago Martínez Argüelles, y el diputado José María Pérez.

 

"Niego la mayor, el Instituto de Silicosis no se cierra", ha recalcado el consejero, que acusa a Foro de pretender confundir a la ciudadanía, "porque lo que pretende hacer el Gobierno con silicosis es potenciarlo, no cerrarlo, y aspirar a que se convierta en un centro internacional".

 

También ha reafirmado la voluntad de su Administración de acabar con las listas de espero a finales del presente año. No obstante, ha matizado que "en este asunto no debe uno aislarse de lo que está pasando en este país con las listas de espera, que son alarmantes". "Aún así Asturias es de las comunidades que menos listas de espera registra, por detrás de Navarra o País Vasco", ha apuntado.

 

"El problema de las listas de espera se abordará de manera estructural, de forma que a finales de este años 2013 la lista de espera de más de seis meses esté aproximadamente en cero", ha zanjado.

VER NOTICIA ANTERIOR RELACIONADA

El Principado alerta del elevado consumo de tranquilizantes y antidepresivos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de cada cinco asturianos sufrirá una enfermedad mental a lo largo de su vida, prevé una encuesta de Sanidad

11.10.2013 | 02:04

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ Uno de cada cinco asturianos sufrirá una enfermedad mental a lo largo de su vida, según desvela una reciente encuesta llevada a cabo por la Consejería de Sanidad del Principado. El informe cifra en el 19,9 por ciento la porción de la población adulta de la región en riesgo de mala salud mental, una tasa ligeramente inferior a la nacional, situada en el 21,3 por ciento. Con la edad, precisa la encuesta, esta amenaza se incrementa de manera sustancial en las mujeres: hasta cerca de un tercio de las mayores de 64 años presenta riesgo de deterioro psíquico. En el caso de los varones, el porcentaje más alto se da en edades medias: el 16 por ciento en la franja de 30 a 44 años.

Según los datos de Sanidad, a lo largo del año pasado 10 de cada 1.000 personas mayores de 15 años y 14 de cada 1.000 niños menores de 14 años fueron atendidos por primera vez en las consultas especializadas de salud mental del Principado. Las autoridades sanitarias alertan del elevado consumo de fármacos tranquilizantes y antidepresivos.

Asturias se sumó ayer a la celebración del "Día mundial de la salud mental" con varios actos. Uno de ellos, desarrollado en Oviedo, contó con la participación del Gobierno asturiano, el Ayuntamiento de Oviedo y la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias (Afesa/Feafes). Julio Bruno, director general de Salud Pública, alertó de los efectos negativos que el recorte de los recursos destinados a la ley de Dependencia acarrea tanto para los enfermos psiquiátricos como para sus familias. "No es sólo la crisis, sino también determinadas decisiones políticas lo que perjudica a este colectivo", subrayó Bruno en alusión crítica a los recortes aplicados por el Ejecutivo central.

El responsable de Salud Pública reclamó que las modificaciones del Código Penal no generen "discriminaciones" hacia las personas aquejadas de dolencias mentales a base de achacarles "mayores suposiciones de peligrosidad".

Belén Fernández Acevedo, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, manifestó a Afesa la disposición del Consistorio ovetense de acelerar los trámites para ampliar el centro de apoyo a la integración de La Corredoria, medida que también redundará en una mejora de los locales que Afesa emplea para sus actividades y tareas de gestión.

Daniel Rodríguez, presidente de Afesa, reclamó que las políticas de salud mental queden al margen del debate partidista y de las controversias entre las diversas escuelas de psiquiatría. "Necesitamos el apoyo de todos", subrayó Rodríguez.

Por la tarde, el nuevo director de Servicios Sanitarios del Servicio de Salud del Principado (Sespa), José María Fernández, expuso las líneas generales del plan de salud mental para el período 2013-2017, que prepara la Administración regional. Entre otras líneas estratégicas, pretende reforzar la atención a los trastornos psíquicos más graves, como la depresión, el suicidio y la salud mental infanto-juvenil. Asimismo, se propone "reducir la carga de medicalización de la enfermedad mental desde un enfoque comunitario de la atención a la enfermedad", así como "introducir procedimientos que impliquen a los ciudadanos en las decisiones sobre su proceso terapéutico".

Tremendo varapalo a la Ministra y a España pero a “ellos” (léase PP) les da igual.

El Consejo de Europa asegura que la reforma de Mato socava los derechos humanos

La visita del comisario de Derechos Humanos en el mes de junio deja sobre la mesa un informe demoledor en el que critica los cambios introducidos por el RD 16/2012

Por Javier Leo / Enrique Pita, en REDACCION MEDICA

El Consejo de Europa ha hecho público este miércoles un demoledor informe de su comisario de Derechos Humanos, Nils Muižnieks, en el que critica duramente la reforma sanitaria iniciada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el Real Decreto 16/2012. Tras su visita a España entre el 3 y el 7 de junio de este año, Muižnieks ha presentado sus conclusiones en Estrasburgo. Un severo tirón de orejas este informe, en el que se advierte de que los recortes en sanidad, educación y servicios sociales “tienen repercusiones desfavorables en el disfrute de los derechos humanos” de los ciudadanos residentes en España.

En el área de sanidad, el representante europeo niega la mayor defendida los últimos dos años por la ministra del ramo, Ana Mato, de que, tras el 16/2012, España mantiene su apuesta por una sanidad “pública, universal y gratuita”. “Hasta 2012, España ofrecía un sistema sanitario universal y de acceso gratuito a la asistencia”, subraya Muižnieks. El Consejo no se mete en si la sanidad sigue siendo pública o no, aunque tiene muy claro con su sentencia que aquello de gratis y universal es cosa del pasado después de excluir a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia continuada gratuita.

La sanidad española ha sufrido en 2012 un importante recorte presupuestario que “ha repercutido en la disponibilidad, el acceso y la calidad de sus servicios sanitarios”, continúa Muižnieks, que se muestra especialmente preocupado por la atención sanitaria que reciben los niños. “En general, los recortes masivos en personal médico, salud pública, servicios de Atención Primaria, el cierre de servicios de urgencias y la introducción del copago farmacéutico tienen un impacto desproporcionado en el acceso de los niños a la atención sanitaria”, sentencia en su informe.

Asistencia a inmigrantes

Tras reunirse con representantes de varias ONGs, el comisario subraya su preocupación por los casos en los que los hijos de inmigrantes no reciben asistencia porque sus padres no saben que, aunque ellos tengan que pagar por ella, sus hijos pueden recibirla sin coste. Además, citando también a las ONGs, pone el acento sobre varios casos de menores a los que se les ha denegado la asistencia en servicios de urgencias, situación que podría violar la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, advierte. En la misma línea, lamenta que en tiempos de crisis se haya optado por recortar en prevención, Atención Primaria y salud mental por considerarse aspectos “menos vitales” dentro de la sanidad, al mismo tiempo que recuerda al Ministerio que son precisamente estos servicios los que más aumento de demanda experimentan en tiempos de dificultad económica.

El departamento que dirige Mato ha respondido al comisario europeo en un documento oficial en el que defiende que la reforma sanitaria “es necesaria” y que España sigue teniendo "el sistema sanitario más generoso de Europa”. Justifica la exclusión de los inmigrantes indocumentados por los altos costes que genera al sistema el turismo sanitario y subraya en varias ocasiones que la atención a los indocumentados en los servicios de urgencias y la asistencia sanitaria a las embarazadas y a los menores se sigue ofreciendo “en las mismas condiciones que a los españoles”. Desde Sanidad también especifican que no han recibido notificación alguna de casos en los que se haya negado la asistencia en urgencias a ninguna persona por su situación legal o ilegal en España.

Moratoria y copago en el sistema de dependencia

Las reformas de la Ley de Dependencia promovidas, no solo por el actual Gobierno, sino también por el anterior Ejecutivo y por los distintos gobiernos autonómicos, han merecido también un análisis y una llamada a la reflexión. Sin embargo, el informe incurre en cierta confusión entre discapacidad y dependencia, aunque más allá de esto, el comisario no se muestra conforme con algunas de estas medidas. Así, señala que la moratoria en la inclusión de nuevos beneficiarios de la Ley de Dependencia aprobada en diciembre de 2011 (y extendida hasta 2015) ha excluido del sistema a “cerca de 280.000 personas, principalmente dependientes moderados”. En este punto, Muižnieks recoge los temores expresados por distintas ONG que apuntan que “la falta de apoyo a las personas con un nivel moderado de discapacidad puede suponer un empeoramiento de su situación a largo plazo y un coste adicional para el Estado”. En opinión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, esta medida “ha sido necesaria para priorizar el acceso de personas con un mayor grado de dependencia” y para subsanar el hecho de que hubiera personas con bajos niveles de dependencia recibiendo prestaciones frente a otros con grados más elevados que estaban a la espera.

Por otra parte, Muižnieks es claro cuando hace referencia al aumento del copago en dependencia decretado en julio de 2012 por el actual Gobierno. Así, su informe señala que el Ejecutivo de Mariano Rajoy marcó una reducción del 13 por ciento en los costes que debe soportar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), al tiempo que establecía un incremento “considerable” del copago para acceder a los servicios del sistema, que “a veces alcanza el 90 por ciento de los ingresos de las personas que necesitan de estos servicios”. El comisario muestra su preocupación por el hecho de que las personas con discapacidad tengan que invertir “una parte sustancial” de los beneficios sociales que les corresponden a fin de cubrir el coste de los servicios, lo que a su entender genera “una pérdida sustancial de su autonomía”.

El ya mencionado equívoco entre discapacidad y dependencia es especialmente significativo en el análisis del sistema para valorar los niveles y grados de dependencia. Así, el comisario señala que “el disfrute de derechos, como el derecho a vivir con independencia y a ser incluido en la comunidad, protegido por la Ley de Dependencia y por el artículo 19 de la Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad, no debería depender de un nivel diagnosticado de discapacidad”, al tiempo que apunta que “este enfoque se basa en la controversia entre el modelo médico de discapacidad en oposición al modelo social que promueve modelos de vida inclusivos”. Sin embargo, tal y como señala el Ministerio en sus respuestas al informe del comisario, lo cierto es que la Ley de Dependencia no califica la discapacidad, sino los grados de dependencia que determinan el acceso al sistema.

El informe de Muižnieks se hace eco también de un estudio de la Oficina del Defensor del Pueblo de 2012 que critica los largos plazos hasta que se determina el grado de discapacidad o dependencia. En este sentido, el comisario apunta a la falta de recursos humanos derivados de las restricciones presupuestarias, pero también a la complejidad burocrática y administrativa. Ante este punto, el Gobierno español se ha limitado a señalar que se ha creado un grupo de trabajo para analizar y mejorar estos plazos.

VER EL INFORME DEL CONSEJO DE EUROPA (EN INGLES, Following his visit to Spain from 3 to 7 June 2013)

Sanidad fija una inversión de más de cien millones para la renovación de Cabueñes

El futuro inmediato del segundo gran centro sanitario de la región

El Gobierno regional encarga un plan funcional que en un año y medio debe desarrollar "un hospital nuevo sobre una estructura ya existente"

Lne. 11.10.2013 | 01:57

Foto: El consejero Faustino Blanco, seguido de Santiago Martínez Argüelles y José María Pérez, en la sede del PSOE de Gijón. Ángel González

A. RUBIERA Al hospital de Cabueñes le ha llegado su momento. El Gobierno del Principado, a petición del Grupo Socialista en el parlamento asturiano, dio ayer su visto bueno a iniciar lo que será la "renovación integral" del hospital gijonés cuantificada en una inversión que según la consejería de Sanidad podrá superar ampliamente los cien millones de euros. Siete veces más que la última inversión, la que supuso dotar al hospital de un nuevo bloque asistencial impulsando principalmente el área cardiovascular e incorporando la hemodinámica.

La renovación que se ha planteado para Cabueñes, a priori, pretende ser mucho más que una ordenación de espacios o una ampliación de servicios puntuales. El rediseño del servicio de Urgencias, casi en permanente tela de juicio desde hace años; las necesidades de futuro de las plantas de hospitalización, con picos de colapso que sonrojan a las autoridades y son crónicas; la demanda creciente de la atención ambulatoria; el retorno al complejo hospitalario de servicios ahora dispersos en el ambulatorio de Pumarín o la Casa del Mar; la ampliación de la cartera de servicios... A todos esos retos quiere dar respuesta el equipo de la Consejería de Salud, que dirige el gijonés Faustino Blanco. De ahí que ayer, en la Junta General del Principado, el Gobierno regional asumiera la propuesta de "darle un impulso nuevo a Cabueñes que responda a las necesidades de futuro haciendo una adaptación funcional completa", explicó el diputado gijonés José María Pérez.

Y esa revisión se hace, también, para acompasarla con la futura realidad de la atención sanitaria en Asturias que pasa por una ordenación de las ocho áreas actuales (una de ellas la correspondiente a Gijón, Carreño y Villaviciosa) para dejarlas reducidas a cuatro. Lo que implica que Cabueñes pasará a ser centro de referencia para toda la población del oriente de Asturias, algo que en algunos servicios ya está siendo efectivo.

El acuerdo que ayer presentó en Gijón el consejero Faustino Blanco -tras el previo debate en la Junta- tiene como línea básica el compromiso de que en los próximos meses los técnicos del Servicio de Salud del Pricipado elaborarán un plan funcional donde se refleje "un hospital básicamente nuevo sobre una estructura ya existente. No es un problema de demolición sino de renovación espacial y conceptual", indicó Faustino Blanco. El consejero no dudó en reconocer que "Cabueñes parecía siempre el hospital relegado de la organización sanitaria de Asturias. Cuando se hablaba de la importancia de los hospitales de la periferia la referencia era siempre a los hospitales pequeños, y cuando se hablaba de los hospitales de referencia del centro de Asturias se pensaba en el HUCA. En esos planteamientos Cabueñes no aparecía suficientemente. Es el momento de dar el espaldarazo al compromiso con este área". Blanco aseguró que lo que ahora se plantea "es un trabajo reflexivo y no sólo fruto de la oportunidad", como pudiera entenderse de su presentación en la última sesión del debate de orientación política en la Junta General del Principado.

La extensión de las nuevas tecnologías, el trabajo en red y la modificación de las áreas sanitarias asturianas son, según Blanco, los otros mimbres que obligan a "repensar qué estructura tenemos en Cabueñes y cómo las tenemos que reorganizar". Máxime, además, cuando se trata de un hospital que como relató el Consejero -médico con plaza en un centro de salud gijonés-, "nació en 1968 y fue creciendo de una forma progresiva", con tres ampliaciones sucesivas en cuatro décadas, "pero que nunca fue pensado en su conjunto. El momento tecnológico nos permite repensarlo de una forma más armónica". Entre las ideas que ayer sólo se esbozaron está la de buscar de nuevo la integración en el entorno del hospital de "todo lo que sea atención hospitalaria, ahora dispersa en el ambulatorio de Pumarín o la Casa del Mar", aunque ambos dispositivos puedan seguir jugando un papel sanitario en el área.

Argüelles: "Frente a las tendencias aislacionistas de algunos, aquí hay compromiso con Gijón"

Lne. 11.10.2013 | 01:57 A. R.

"¿Va a estar el bloque quirúrgico donde está ahora? ¿Cómo van a ser las urgencias? ¿La cartera de servicios será la misma que ahora o con otros matices? ¿Cómo van a ser las policlínicas?". A esas y otras preguntas, que ayer avanzó el consejero de Sanidad, deberá responder el plan funcional que en 18 meses deberá estar redactado para iniciar el proceso de renovación de Cabueñes. Dado que en el área otros dos hospitales comparten la atención sanitaria, Faustino Blanco aseguró que en esa revisión entrará también la relación con Jove y con Cruz Roja, aunque "no pretendemos sustituir a ningún centro". Por su parte, el líder de los socialistas gijoneses, Santiago Martínez Argüelles, se felicitó de que se ponga en marcha una iniciativa que demuestra el compromiso del Gobierno de Javier Fernández con Gijón. "Frente a las tendencias aislacionistas que algunos parecen exhibir -en referencia al gobierno de Foro, que ayer en la Junta fue reacio a dar su apoyo a este plan funcional y futura inversión-, el Gobierno de Asturias está profundamente comprometido con Gijón, con sus vecinos y con su calidad de vida", zanjó Argüelles.

El PSOE plantea gastar 100 millones en Cabueñes

Hasta el Fondo Monetario Internacional reconoce que no son el gasto en Sanidad y Pensiones lo preocupante en nuestro país

Los recortes en sanidad pueden salir caros a largo plazo, según el FMI

El FMI recela de los recortes en la sanidad pública que han acometido algunos países, como España, ya que teme que el deterioro de la salud de la población termine pasando factura

Belén Carreño, en eldiario.es

España no tiene un problema de gasto público en sanidad. En los informes del FMI este factor no aparece como uno de los que generan alarma internacional y en el publicado hoy de nuevo se incide en la misma salvedad. Las cuentas públicas españolas alarman por su agujero fiscal, por la deuda pública o por su bajo crecimiento. Pero el gasto en pensiones y en sanidad es uno de los pocos en los que España no sale peor parada en la comparación con las economías desarrolladas.

En su análisis sobre los recortes en sanidad, el FMI concluye que su impacto en el largo plazo "no es claro". Para los hombres de negro, estos ahorros en el corto plazo pueden "terminar subiendo el coste de la sanidad pública en el largo plazo debido al deterioro en la salud de la población al haber recortado en políticas de prevención".

Según el análisis del Fondo, España es uno de los pocos países que ha adoptado recortes en prácticamente todos los vectores posibles por los que tajar el gasto en sanidad. Así, ha recortado en el presupuesto nacional, en gasto farmacéutico, en recortar precio de los medicamentos (vía copago) y en recortar sueldos y personal en el sector.

En el largo plazo, el FMI cree que España no mejorará el gasto público en sanidad ni siquiera cuando remonte la economía. Así, cree que de media el gasto público en sanidad subirá alrededor de un punto y medio del PIB entre 2013 y 2030 pero España solo lo hará en 0,75 puntos porcentuales.

En este grupo de países en los que a duras penas regresará el gasto en sanidad y lo hará menos que la media están los más golpeados por la crisis: Irlanda, Grecia Portugal e Islandia.

Montoro ignora las estadísticas oficiales para negar que los sueldos estén bajando

Las encuestas del INE muestran que los costes salariales llevan tres trimestres a la baja

El ministro dice que "los salarios no están bajando en España, sino moderando su crecimiento"

Manuel V. Gómez Madrid 9 OCT 2013 - 10:36 CET

Los salarios bajaron entre abril y junio un 0,6%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y lo hacían por tercer trimestre consecutivo. El mismo órgano calcula una caída del 0,8% en 2012. La Caixa cifra un retroceso real del 7,1% desde 2010. La contabilidad nacional desagregada, también del INE, calcula que la remuneración por asalariado ya cae al menos durante dos años. Las evidencias de que los sueldos bajan se agolpan. Y sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, las ha negado en el Congreso: “Los salarios no están bajando en España. Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país”...(leer más)

Montoro in fraganti: España, a la cabeza de Europa en la reducción de salarios

El retraso del salario social crece pese a sumar ya 7.053 perceptores

Gijón, Oviedo y Avilés acumulan 4.600 peticiones sin resolver y las entidades sociales elevan a dos años la espera para cobrar

Foto: Imagen de una de las últimas protestas de Alambique. :: JESÚS DÍAZ

El Comercio. 10.10.13 - 00:17 - CHELO TUYA | GIJÓN

cierto que el retraso para cobrar el salario social sea menor. Estamos en 18 meses de media de espera y, en casos muy sangrantes, hasta 26». Roberto Porras, representante de la Asociación Alambique, respondió ayer a las declaraciones del presidente del Principado, Javier Fernández, durante el debate de orientación política que estos días se lleva a cabo en la Junta General del Principado. El jefe del Ejecutivo autonómico fijó en 16 meses la espera media para lograr esta ayuda -a la que por ley tienen derecho todos los asturianos con ingresos inferiores a 530 euros mensuales- a la vez que aseguraba que, en lo que va de año, son 7.053 las personas que se han sumado a una paga que alcanzó en mayo la cifra récord de 9.000 nóminas.

Sin discutir el crecimiento en la tramitación de expedientes -según explicó el propio Fernández en su discurso, un 15% más, ya que en todo 2012 se limitó a 6.142 casos-, desde Alambique se señala que los esfuerzos «no son suficientes», ya que «tenemos casos muy duros, con personas que ya no tienen a dónde recurrir. Los que tienen suerte de vivir en grandes municipios, pueden tirar de las ayudas de emergencia, pero la mayoría, ni eso».

En este sentido, tal y como adelantó EL COMERCIO, los tres principales ayuntamientos de la región, Gijón, Oviedo y Avilés, ya adelantaron que suman más de 4.600 expedientes sin respuesta desde el Principado, lo que les ha obligado a multiplicar sus propias ayudas de emergencia. En total, la última cifra facilitada por el Gobierno regional hablaba de 6.300 expedientes sin resolver.

Una situación que no mejorará en el plazo previsto, ya que el propio presidente regional retrasó al primer semestre del año la entrada en vigor del programa informático que agilizará todo el proceso. Tanto desde los consistorios como desde las entidades sociales se confiaba en que el nuevo sistema funcionara ya a finales de 2013, pero en el discurso el presidente regional anunció su retraso al primer semestre.

Protesta en Oviedo

Por ese motivo, Alambique convoca una protesta ante la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, prevista para el próximo jueves, a las 11.30 horas.

Explica Porras que «nos llegan casos de todo tipo, con personas de todos los perfiles, porque la crisis es igual para todos». Prueba de ello es que de los 45 millones presupuestados para este año, en agosto ya se habían consumido 35 y el Principado una nómina final de 59 millones. El triple que en 2005.