CONTRAREFORMA NO

El TC permite la asistencia a inmigrantes sin papeles en Euskadi

 

El Pleno del Constitucional mantiene la suspensión de aquellos preceptos del decreto vasco relacionados con el régimen del copago farmacéutico

18.12.12 - 08:50 -

EFE | VITORIA

El Tribunal Constitucional ha avalado la decisión del Gobierno Vasco de dar atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles pero mantiene la suspensión cautelar de las medidas autonómicas relacionadas con el copago farmacéutico. El Tribunal Constitucional ha hecho público un auto en el que acuerda el levantamiento de la suspensión cautelar de varios de los artículos recogidos en el decreto de 26 de junio del Gobierno Vasco, en el que se regulaba tanto el copago farmacéutico como la atención a los inmigrantes sin papeles.

Ese decreto fue recurrido por el Gobierno central, y el Tribunal Constitucional decidió el pasado julio suspender de manera cautelar el mismo antes de decidir sobre el fondo del recurso. Ahora el Tribunal ha acordado levantar la suspensión cautelar sobre algunos de los preceptos recogidos en ese decreto vasco. En concreto, sobre el derecho a que los inmigrantes sin papeles puedan ser atendidos en el sistema de salud público vasco, en contra de lo establecido por el Ministerio de Sanidad, que acordó anular la tarjeta sanitaria a este colectivo.

El pleno del Tribunal Constitucional atiende a los argumentos del Gobierno Vasco, cuyos letrados argumentaban que la no atención de este colectivo repercutiría en su salud individual y también en la "prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto-contagiosas, afectando directamente a la salud de toda la sociedad". La Abogacía del Estado basaba su argumentación en los perjuicios económicos y en la necesidad de control del déficit público.

El Tribunal Constitucional recuerda que la Abogacía del Estado no concreta cuáles son esos perjuicios económicos, "seguramente porque ello no sea posible, entre otras razones, al poder darse la eventualidad de que se produzca sencillamente una transferencia de gasto de la atención primaria a la atención de urgencias".

El Alto Tribunal afirma que el "derecho a la salud y el derecho a la integridad física" de los inmigrantes sin papales y la "conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad" tienen una "importancia singular en el marco constitucional" que no puede verse "desvirtuada" por la "mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado". Sin embargo, el Pleno del Constitucional mantiene la suspensión de aquellos preceptos del citado decreto vasco relacionados con el régimen del copago farmacéutico.

Asturias «estudia fórmulas» para evitar el copago del transporte en ambulancia

 

El presidente de Asturias, Javier Fernández, afirmó ayer estar dispuesto a buscar «fórmulas» para no tener que aplicar en la comunidad el copago por transporte sanitario no urgente.

Lne.es » Sociedad y Cultura Oviedo, E. G.

 La tasa, propuesta por el Gobierno central y que será debatida en el Consejo Interterritorial de Sanidad el próximo jueves, afectaría en Asturias a miles de usuarios, que generan cada año unos 360.000 traslados programados en ambulancia

 Fernández dejó claro su rechazo al copago por el uso de ambulancias y ha adelantado que estudiará «el planteamiento» del Gobierno central y en qué medida puede obligar a los ejecutivos autonómicos. De hecho, ha dejado claro que en ningún caso pretende «vulnerar la ley», aunque buscará fórmulas alternativas en caso de que dicho copago acabe siendo aprobado.

 El usuario de un transporte en ambulancia no urgente pagaría, según los planes del Ejecutivo, cinco euros por viaje (el de vuelta a su domicilio también cuenta a todos los efectos como viaje). Habría, en todo caso, topes mensuales o semestrales según el nivel de ingresos de los pacientes.

Lne.es » Sociedad y Cultura

Los análisis de sangre, mejor después de comer, según una investigación

Madrid

Los análisis de sangre, mejor después de comer, según el investigador y catedrático de Medicina Francisco Pérez Jiménez, de la Universidad de Córdoba, quien esta semana ha recibido en Madrid el premio «Instituto Danone-Martí Henneberg» por su trayectoria científica investigadora en alimentación, nutrición y salud.

 En concreto, el grupo de investigación de Pérez Jiménez estudia los efectos posprandiales -después de comer- de las grasas, que tienen «efectos inmediatos evidentes» sobre el estado de salud, informa «Efe».

 Pérez explica que se ha visto que determinados alimentos, como las grasas (mantequilla o bollería), después de comer producen una serie de cambios en el organismo que pueden ser perjudiciales para la salud.

 Se ha observado que los lípidos -grasas- ingeridos en el desayuno, por ejemplo, tienen una influencia en el estado de oxidación e inflación de las arterias durante todo el día. Una medición en ayunas esto no lo detectaría, aclara Pérez.

Asturias buscará fórmulas para evitar el copago en el transporte sanitario

El presidente del Principado hizo este anuncio en el Consejo Interterritorial del PSOE celebrado en Madrid

El Comercio. 16.12.12 - 01:43 - L. F. | MADRID.

Asturias buscará «fórmulas» para no tener que aplicar el copago en el transporte sanitario no urgente. Así lo afirmó el presidente del Principado en una conferencia de prensa en la sede federal del PSOE, con motivo del Consejo Territorial que se celebró ayer en Madrid. Javier Fernández dejó claro su rechazo al copago por el uso de ambulancias y adelantó que estudiará «el planteamiento» del Gobierno central y en qué medida puede obligar a los ejecutivos autonómicos. Fernández aclaró que Asturias no tiene ninguna pretensión de «vulnerar la ley», pero sí hará todo lo posible por evitar que se lleve adelante su aplicación en el seno del Consejo Interterritorial de Salud.

Las declaraciones del presidente del Principado se suman a las que realizase el consejero de Sanidad, quien adelantó que Asturias votará en contra de esta medida en la reunión del Consejo Interterritorial del próximo día 20, jueves, y en la que el Ministerio de Sanidad incluyó el copago en ambulancias en los puntos del orden del día. Faustino Blanco considera que la pretensión de gravar el transporte sanitario no urgente «supone introducir otro impuesto a la enfermedad y, concretamente, a las personas con patologías más graves, que utilizan con mayor frecuencia este tipo de servicios y en la mayoría de los casos carecen de recursos».

Audífonos y muletas

La medida afectará a los traslados no urgentes, de los que en Asturias se hacen unos 700 al día, y el pago se establecerá en función de la renta. Al copago en ambulancias se sumará también el establecido para el uso de prestaciones ortoprotésicas como sillas de ruedas, muletas y audífonos. Los usuarios tendrán que abonar entre 20 y 40 euros.

«La ambulancia es una prestación sanitaria, no un viaje del Imserso»

El Comercio. 16.12.12 - 01:38 - LAURA FONSECA | GIJÓN.

«Con un presupuesto de 14 millones de euros anuales, nuestro coste por paciente es el más bajo de España»

Carlos Paniceres Presidente del Grupo de Ambulancias de Asetra

«Nos ha llamado gente diciendo que si tenían que pagar 5 euros no podían seguir usando el servicio»

La pretensión del Ministerio de Sanidad de extender la fórmula del copago y llevarlo también a las ambulancias, obligando a los usuarios a tener que abonar cinco euros por trayecto, ha disparado una ola de protestas en los últimos días. La tormenta de críticas no sólo procede de los enfermos sino también de la federación de empresarios del transporte sanitario. Carlos Paniceres (Priandi, Nava, 1969), presidente del Grupo de Ambulancias de Asetra y consejero delegado de Transinsa, empresa concesionaria del transporte sanitario del Servicio de Salud desde 2005, recuerda que las ambulancias «son una prestación médica, no un viaje del Imserso».

-Cinco euros por ir en ambulancia. ¿Qué le parece?

-Fatal. Más que una medida me parece una ocurrencia y, por cierto, una ocurrencia muy mala. El transporte sanitario es una prestación sanitaria dirigida a los pacientes, no es un tipo de transporte cualquiera ya que sólo se puede utilizar bajo prescripción médica cuando la gravedad o el tipo de enfermedad lo requiere. Nadie puede llamar por libre a una ambulancia para que vaya a recogerte a tu casa. Es un médico el que la autoriza. Hay un control muy estricto.

-¿Tiene sentido implantar el copago también en el transporte sanitario?

-Ninguno, al menos, en Asturias. La decisión del ministerio proviene del decreto de reforma sanitaria que el Gobierno de la nación aprobó el verano pasado, donde el transporte sanitario pasó de ser una prestación básica a complementaria.

-Dice usted que en Asturias no tiene sentido, ¿por qué?

-Está mal que lo diga yo, pero el sistema de transporte sanitario en Asturias funciona muy bien. Fuimos la primera comunidad en implantar el canon fijo en detrimento del kilometraje. Fue en el año 1984. Una década después avanzamos en la informatización de todo el sistema y en la figura de área sanitaria única para toda Asturias, que fue una idea que en 1999 apoyó el entonces director ejecutivo del Insalud, Alberto Núñez-Feijoó, ahora presidente de Galicia.

-¿Qué es el canon fijo?

-Se basa en establecer un coste lineal por el servicio. Hasta esa fecha se cobraba por kilómetros realizados y, claro, eso, a la postre, acaba encareciendo la prestación. En Asturias, por ejemplo, las ambulancias hacen unos 13 millones de kilómetros al año y sin embargo, nuestro canon sólo crece al ritmo del IPC. Hablamos de un gasto realmente contenido. Además, la corresponsabilidad de la Administración en el control de la prestación es total, por lo tanto en los casos en que haya habido incremento de costes éstos no serían achacables a los pacientes.

-Entonces, ¿por qué cree que se quiere cobrar por él?

-Hay muchas comunidades donde el servicio está muy poco ordenado. Castilla-La Mancha, de donde sospecho que ha partido la iniciativa, no dispone de una red de ambulancias bien gestionada. Cuando llegó el nuevo Gobierno se encontró con que aquello era un desastre y a alguien se le ocurrió que para poner orden lo mejor era empezar a cobrar. En Asturias el presupuesto en relación coste-ciudadano es el más bajo de todas las autonomías. Nuestro presupuesto ronda los 14 millones de euros anuales.

-¿Y el resto de comunidades, cómo están?

-En general son pocas las que tienen un sistema de transporte sanitario bien regulado, pero eso no es óbice para implantar el copago. Lo que tienen que hacer el ministerio o las comunidades es ordenarlo.

-¿Qué consecuencias puede traer el copago en las ambulancias?

-La salida de esta prestación como básica y pasar a complementaria y, por tanto, suceptible de copago, es una penalización a los pacientes por la mala gestión de comunidades que no han sabido o querido preservar un modelo como el asturiano. Es bueno recordar que nosotros no llevamos a gente al aeropuerto, sino a personas que están enfermas. Hablamos de una prestación médica y el Ministerio de Sanidad parece querer equiparar las ambulancias con los viajes del Imserso y eso está creando gran incertidumbre y miedo entre los pacientes. Estos últimos días nos han llamado gente diciendo que si tenían que pagar cinco euros no podían utilizar el servicio.

-¿Son pacientes los que llamaron?

-Si, son personas que están a tratamiento de quimioterapia o de diálisis. Por ejemplo, estos últimos, los que acuden a diálisis, hacen una media de 24 viajes al mes. Eso supone 120 euros al mes que deberían pagar durante años.

360.000 servicios al año

-¿Cuántos servicios de ambulancia se hacen al año en Asturias?

-Hacemos unos 360.000, de los que el 70% son programados, que son los no urgentes que estarían afectados por el copago. Hablamos de gente que va a rehabilitación o a diálisis, pero también de enfermos que salen de alta del hospital y cuya única forma de llegar a casa es en ambulancia.

-¿Confía en que el ministerio de marcha atrás?

-Creo que estamos a tiempo todavía de que el Gobierno de España racionalice su posición, toda vez que muchas autonomías, incluso algunas gobernadas por su propio partido, piden desde la retirada hasta la exclusión del pago a determinado tipo de enfermos.

Daños colaterales de las tasas judiciales y posible antídoto

Estamos asistiendo a un momento tristemente histórico.

Con el pretexto de la crisis económica se implantan unas tasas judiciales desproporcionadas con grave efecto disuasorio para quien busque amparo a su derecho. Ayer fue nombrado miembro de la Real Academia de la Lengua el Catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado y preguntado por la prensa sobre el particular expuso su autorizadísima opinión: “La Justicia no puede ser un servicio para ricos. En general, tenemos que acostumbrarnos que los servicios públicos absolutamente gratuitos que hemos tenido en Europa, y más particularmente en España, no pueden seguir con ese régimen financiero, porque es una cuestión de números. El Estado tiene una cantidad de dinero determinada y puede pagar, pues, también unos servicios de una calidad y en una cuantía para un número de gente también determinados. Pero una cosa es que haya que contribuir a la financiación de los servicios públicos por parte de los particulares, y otra que no se tenga muy en cuenta, primero, las reglas de proporcionalidad: no hay que poner tasas o tarifas demasiado caras, que hagan innaccesible la Justicia para la gente ordinaria, y se convierta la Justicia en un servicio para ricos. Tiene que ser proporcionado, porque no es lo mismo una persona con medios que los que no lo tienen. Y todo eso hay que hacerlo con enorme cuidado y teniendo muy en cuenta, y reflexionando mucho porque trastoca algo a lo que los ciudadanos están acostumbrados desde hace muchos años. Además, son servicios esenciales en los cuales la convivencia se destruye.”

Por mi parte, ya formulé varias consideraciones jurídicas sobre las que califiqué de tasas judiciales asesinas ( insistiendo en que las tasas judiciales deben existir pero no en los términos abusivos y desproporcionados aprobados legalmente), y quizás es momento de exponer los daños colaterales. Leer Más »

Los Juzgados empezarán a cobrar las nuevas tasas a partir de mañana

«Lucharemos para que se deroguen», anuncia el Colegio de Abogados de Oviedo

Los secretarios deben rechazar todo escrito sin justificante de pago

Lne.es » Asturias Oviedo, L. Á. VEGA

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la orden dictada por el Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas judiciales, que podrán cobrarse a partir de mañana, lunes. Desde que se aprobó la subida de tasas, el pasado 20 de noviembre, no había sido posible efectuar el cobro debido a que no existía el formulario para el pago del impuesto. A partir del lunes, los secretarios deberán rechazar todo escrito que se presente sin justificante de pago y requerir a quien ejerce la acción para que lo aporte. Como se ve, la aplicación de las tasas queda en manos de los secretarios, sin que los jueces puedan intervenir, lo que hace difícil la posible «insumisión» de los magistrados, tal como propone un juez de Benidorm (Alicante).

 

 Los profesionales del sector eran conscientes de que el hecho de que no se cobrasen las tasas se debía más a la improvisación con que había sido aprobada la ley (se hacía necesario que entrase en vigor antes del 1 de diciembre porque en la misma se incluía la supresión de la paga extra de los jueces) que a una hipotética reconsideración por parte del ministro Gallardón. La aprobación de la ley por parte del Ministerio de Hacienda no los ha cogido precisamente de sorpresa. «Se concreta lo que era ya un desastre. Seguiremos oponiéndonos y luchando todo lo que podamos para que se deroguen las tasas», indicó Ignacio Cuesta, secretario del Colegio de Abogados de Oviedo.

 

 El temor ahora es a que se cobren las tasas de forma retroactiva a aquellos que hayan presentado escritos desde el pasado 20 de noviembre, fecha en la que se aprobó la subida. «Eso ha creado una gran incertidumbre», indicó un secretario judicial. Y un juez, Luis Ortiz Vigil, delegado en Asturias de la Asociación Francisco de Vitoria, llamó la atención sobre «la situación curiosa, el vacío legal creado, puesto que la anterior ley de tasas quedó derogada el pasado día 20 y la actual no estaba en vigencia, dado que los secretarios judiciales recibieron una instrucción que les ordenaba no cobrar aún las tasas». Otro magistrado, Julio Martínez Zahonero, de Jueces para la Democracia, criticó la «descoordinación» en torno a este asunto. Y hay otros magistrados que consideran que los asuntos no deberían paralizarse por el impago de las tasas.

 

Lne.es » Asturias

Los Juzgados empezarán a cobrar las nuevas tasas a partir de mañana IU reivindica la labor de Gerardo Iglesias para abrir una etapa de «conciliación»

Las nuevas tasas judiciales

 

Orden jurisdiccional civil

 

Verbal y cambiario: 150 euros.

 

Ordinario: 300 euros.

 

Monitorio y demanda incidental en el proceso concursal: 100 euros.

 

Ejecución extrajudicial: 200 euros.

 

Concurso necesario: 200 euros.

 

Apelación: 800 euros.

 

Casación: 1.200 euros.

 

Orden contencioso-administrativo

 

Abreviado: 200 euros.

 

Ordinario: 350 euros.

 

 

Apelación: 800 euros.

 

Casación 1.200 euros.

 

 

Orden social

 

Suplicación: 500 euros.

 

Casación: 750 euros.

 

Hay que sumar entre un 0,25% y un 0,50% del interés económico.

 

Las tasas judiciales se aplicarán a partir del próximo lunes

El Comercio. 15.12.12 - 17:00 -EUROPA PRESS | MADRID

Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la orden ministerial que regula el procedimiento de liquidación y cobro

La nueva ley contempla incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas

Los ciudadanos deberán pagar por primera vez en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si recurren ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa

La nueva ley de  tasas judiciales  comenzará a aplicarse a partir del próximo lunes, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial que regula el procedimiento de liquidación y cobro. La orden recoge los dos modelos para la autoliquidación y la solicitud de devolución por solución extrajudicial de tasas judiciales. No obstante, también contempla varios supuestos relativos a la devolución de pagos y a la presentación de modelos que entrarán en vigor más tarde, a partir del 1 de abril de 2013

La nueva ley contempla incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas y los ciudadanos deberán pagar por primera vez en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa.

La norma, tramitada con el carácter de urgencia ante las Cortes Generales, salió adelante la jornada de la huelga general con los votos en solitario del PP en el Senado. El PSOE, que ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional, también ha registrado diversas proposiciones no de ley para excluir a diversos colectivos del pago de tasas además de asegurar que en la calle estarán "con los ciudadanos en cualquier iniciativa" que emprendan.

"El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita", señala el préambulo de la norma, ante el amplio rechazo que ha recogido por parte de los grupos de la oposición y del conjunto de operadores jurídicos, que consideran que la subida generalizada de las tasas dificulta el acceso a los tribunales y tendrá un efecto disuasorio.

Así, las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros. En fase de apelación se deberá pagar 800 euros en ambos órdenes.

El orden Social contempla un coste de 500 euros en suplicación y de 750 en casación ante el Supremo. El Congreso modificó levemente el proyecto original al eximir a los trabajadores del pago del 60 por ciento de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en lo Social. Además, se liberó del pago de la tasa a los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros.

Un procedimiento abreviado costará 200 euros y uno ordinario llegará a 350 euros en lo Contencioso. En el orden jurisdiccional Civil, la tasa es de 150 euros para un procedimiento verbal y cambiario, 300 euros para un proceso ordinario, 100 euros en un monitorio europeo y una demanda incidental en el proceso concursal, y 200 euros en un concurso necesario.

Exenciones

Las tasas alcanzan ahora no sólo a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas. Están exentos del pago quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar y sean beneficiarios de la Justicia Gratuita, al igual que el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.

El nuevo marco de la tasa parte, por un lado, de que su gestión económica corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por otro, tiene en cuenta la puesta en marcha de la Oficina Judicial y las competencias del secretario judicial, que "comprobará en cada caso si efectivamente se ha producido el pago de la tasa, previéndose para el caso de que no se haya efectuado que no dé curso a la actuación procesal que se solicite", según la ley, recogida por Europa Press.

Rechazo de jueces

La medida ha contado con el rechazo de un amplio sector judicial. En este sentido, asociaciones de abogados, jueces, fiscales y representantes de la ciudadanía han exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se siente a negociar con ellos para conversar de "poder a poder", es decir, desde "el poder ejecutivo al poder judicial" debido al "fracaso" de las negociaciones con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

No obstante, Rajoy ya ha manifestado su apoyo y el de su Gobierno a Gallardón en las medidas que está llevando a cabo. "Ha hecho un esfuerzo para hablar, desde luego cuenta con el respaldo del Gobierno y de su presidente", ha señalado el jefe del Ejecutivo en referencia al titular de Justicia, añadiendo que la decisión sobre las tasas es "sensata y equilibrada".

Según Rajoy, los usuarios españoles de la Justicia van a pagar el 10 por ciento de lo que cuenta esta, mientras que el 90 por ciento restante lo van a pagar los contribuyentes "sean o no usuarios del servicio de la Justicia".

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Justicia: una huelga bien visible (Por A. Papell)

Sanidad impone copago para 32 fármacos de dispensación hospitalaria

EL COPAGO FARMACÉUTICO »

 La medida da marcha atrás a la adoptada hace un año

Los fármacos, al ser para patologías crónicas, tendrán un importe máximo de 4,13 euros

La medida afectará a tratamientos para la leucemia, otros cánceres, hepatitis y otras enfermedades víricas

DESCARGABLE La orden con la lista del copago

Emilio de Benito / Jaime Prats Madrid / Valencia 14 DIC 2012 - 18:08 CET177

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, admitió el copago el miércoles en el Congreso. / JuanJo Martín (EFE)

Lo que decía hace dos semanas el Ministerio de Sanidad de que "lo que se da gratis seguirá siendo gratis"respecto a los fármacos que se dispensan en las farmacias de los hospitales ya no es así. Camuflada en la última regulación de las pensiones, el Ministerio de Sanidad ha introducido una modificación –y una complicación- al régimen en que se dispensan 32 medicamentos en las farmacias de los hospitales: se cobrará por ellos. (Sanidad dice que son 17, pero al repasar la lista salen 32 principios activos en sus varias presentaciones). Eso sí, como se trata de medicamentos para enfermedades crónicas (leucemia, hepatitis B, C, otras enfermedades víricas) se pagará un máximo de 4,13 euros por envase...(leer más)

Rajoy abre un pulso con Madrid y Cataluña por el euro por receta

Los enfermos pagarán hasta 40 euros al mes por muletas, sillas de ruedas y audífonos

Esperamos y deseamos que no sea una maniobra de distracción o un intento de fomentar la división

El Gobierno regional sugiere por primera vez que podría retirar su plan sanitario

González pide a los sindicatos un plan alternativo que ahorre 533 millones de euros

Lasquetty sigue sin reunirse con la asociación que convoca la huelga indefinida de médicos

Foto: "Queremos saber". Médicos y sanitarios del hospital de La Paz están haciendo una pregunta diaria "y muy simple" al Gobierno regional, que escenifican a las puertas del centro (en la imagen la 8ª pregunta).

José Marcos / Elena G. Sevillano, Madrid, en El País.

La actitud del Gobierno regional con respecto al conflicto sanitario que acumula tres semanas de huelga indefinida de médicos y más de un mes de protestas de todo tipo en hospitales y centros de salud ha dado hoy un vuelco. No hay compromisos en firme, pero por primera vez tanto el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, como el presidente, Ignacio González, ha cambiado el discurso. El plan sanitario que incluye la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud ya no es inamovible, según han sugerido ambos. Hasta ahora, los dos responsables aseguraban que el plan era inevitable y que la negociación con los profesionales se produciría con las medidas aprobadas, para decidir cómo aplicarlas.

La presión popular y el hecho de que los jefes de servicio de los hospitales, los directores de los centros de salud, los coordinadores de los planes estratégicos de las especialidades y, en definitiva, prácticamente todo el colectivo médico madrileño se les haya puesto en contra ha obligado a modificar, si no, el fondo, sí la forma. González ha asegurado a su llegada a la Asamblea de Madrid, donde se está celebrando un pleno, que si los profesionales le presentan un plan alternativo que consiga ahorrar los 533 millones que el Gobierno afirma que va a reducir con las privatizaciones, lo tendrán en cuenta. Su frase exacta, recogida por Efe, ha sido: "Nuestro compromiso es escuchar sus propuestas y verlas, pero tienen que ser concretas, de reducción efectiva del gasto, y si son mejores que las nuestras, ese será el plan que llevaremos a la práctica".

Unas horas antes era Lasquetty el que, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, escenificaba el cambio de actitud al comprometerse a estudiar las "propuestas concretas" que le presenten los sindicatos para conseguir el mismo ajuste de 533 millones de euros que persigue el plan privatizador y de recortes que ha puesto en pie de guerra al sector. El plan alternativo que el consejero ha pedido a los sindicatos estará encima de la mesa en unos días, quizá incluso el próximo lunes, según fuentes sindicales. Lasquetty ha sido más tibio que González a la hora de aclarar si un plan alternativo con medidas efectivas sería suficiente para retirar el de las privatizaciones. Eso sí, ha afirmado que lo importante es "ahorrar gastos" y hacer el sistema sostenible, y no la forma de llevarlo a cabo.

La Consejería de Sanidad lleva días asegurando que hay abiertas negociaciones, algo que hasta esta misma tarde negaba el comité coordinador profesional creado el viernes pasado para ejercer como interlocutor con la Administración. En este comité se integra, por ejemplo, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), que es la organización que ha convocado la huelga indefinida de médicos que hoy cumple su undécima jornada y que ha llenado a rebosar el anfiteatro del Colegio de Médicos en tres asambleas durante el conflicto. A media tarde, la Consejería de Sanidad ha llamado al presidente de Afem para convocar al comité coordinador profesional a una reunión con el consejero el lunes, según ha informado Afem.

Esta mañana se ha reunido la mesa sectorial de sanidad (SATSE, CC.OO.,CSIT-UP, UGT, AMYTS y USAE), además de CSIF, para abordar el conflicto, que ha derivado en cuatro paros totales de la sanidad pública en lo que va de mes, en la convocatoria de dos más para los días 19 y 20 y en 11 días de huelga indefinida de los médicos, que hoy mismo han completado su tercera semana de paros de lunes a jueves. Estaba convocada para, entre otros asuntos, fijar los servicios mínimos de cara a las huelgas de la semana que viene. El consejero ha señalado que, tras la constatación del rechazo a las medidas que ha planteado el Gobierno regional, ha dicho a los sindicatos: "Tráigannos las suyas".

Lasquetty ha precisado que lo que ha pedido a "los representantes profesionales que están en la mesa de sanidad" es que presenten "una propuesta concreta de ahorro" que se ajuste a los 533 millones menos con los que cuenta la sanidad madrileña en los presupuestos de 2013 y que permita conservar la sanidad pública "universal, gratuita y de calidad" con su modelo de gestión público actual.

Debe ser una propuesta "factible, concreta" y no valen "formulaciones o consignas de tipo general". "Tienen que ser propuestas concretas y se van a estudiar con tanto interés como que las hemos pedido nosotros", ha señalado Lasquetty. Pregungado por si, en caso de aceptar lo que planeen los sindicatos, la Comunidad dará marcha atrás al paquete de medidas que contemplan privatización de la gestión de seis hospitales inaugurados en 2008 y de 27 centros de salud, el consejero no ha aclarado nada porque no trabaja sobre "hipótesis".

"Si son capaces de generar el ahorro de costes, las vamos a considerar y en su caso aceptar", ha indicado el consejero, quien ha añadido que no son "dogmáticos" y que el objetivo es mantener la sanidad con la misma calidad pero ahorrando costes, por lo que la Comunidad está dispuesta a aceptar "cualquier vía que logre ese resultado o ese propósito", informan las agencias.

Los sindicatos de la Mesa Sectorial han considerado que la actitud del consejero como una "posible apertura al diálogo", si bien mantienen su decisión de continuar con las movilizaciones previstas para la semana que viene. La consejería ha cifrado el seguimiento de la huelga de hoy en el 22,68%, el 73,8 % según la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) que convoca la protesta. Según fuentes Sanidad, el seguimiento de la huelga en Atención Primaria es del 3,83%, inferior en casi dos puntos porcentuales a la de ayer (5,35%), mientras que en los hospitales se eleva al 27,23%, un dato ligeramente superior al de la jornada anterior (26,45%). El dato de Afem es un punto menos que ayer.

900.000 euros al mes de fondos públicos por un hospital cerrado (La Comunidad pagará a Capio el mantenimiento del centro de Collado Villalba)

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Llegó el turno del “repago” de audífonos, prótesis de mano, prótesis de mama, prótesis del paladar para malformaciones congénitas, traumatismos y procesos oncológicos; sillas de ruedas, ortesis, ortoprótesis especiales ¡¡suma y sigue!!

Borrador de la orden del Gobierno

El pago por el uso de ortoprotésicos se fijará entre 20 y 40 euros al mes

MADRID, 14 Dic., EUROPA PRESS  

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha fijado la aportación que tendrá que pagar el usuario para acceder a la cartera suplementaria de prestación ortópreotesica ambulatoria entre 20 y 40 euros para rentas menores de 100.000 euros, según el borrador de la orden al que ha tenido acceso Europa Press. En esta prestación se incluyen, entre otros, las sillas de ruedas, las plantillas y los audífonos.

Así, en dicha orden que espera ser discutida con las comunidades autónomas para su aprobación en el Consejo Interterritorial del próximo 20 de diciembre, se establece que el usuario pagará un 10 por ciento del precio de oferta del producto en los subgrupos de aportación reducida, con un límite máximo de 20 euros al mes por prescripción.

Ateniendo a la norma, aprobada mediante un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en este grupo se incluyen las prótesis externas donde se contemplan, entre otras, los audífonos, las prótesis de mano, prótesis de mama o prótesis del paladar para malformaciones congénitas, traumatismos y procesos oncológicos; un grupo de sillas de ruedas (manuales, recambios y eléctricas); y de ortesis, ortoprótesis especiales y renovación de los componentes externos de implantes quirúrgicos.

Para los restantes productos, entre los que se encuentran las muletas, las personas que ostenten la condición de asegurado activo y sus beneficiarios cuya renta  sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros, tendrán que pagar un 50 por ciento del precio de oferta del producto con un límite de 40 euros por prescripción.

Del mismo modo, las personas con renta inferior a 100.000 euros se les cobrarán un 40 por ciento del precio de oferta del producto, con un límite máximo de 30 euros por prescripción; asimismo, para los pensionistas el pago será un 10 por ciento del precio de oferta del producto, con un límite máximo de 30 euros por prescripción.

Para rentas superiores de 100.000 euros el borrador no establece un límite mensual ni un porcentaje a pagar, sin embargo el Real Decreto, actualmente en vigor, establece que tendrán que abonar hasta un 60 por del precio de oferta del producto los usuarios, sin especificar tampoco el límite máximo de aportación.

Atendiendo al RD, quedarán exentos de aportación los afectados de síndrome tóxico; los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas; los parados de larga duración y los discapacitados contemplados en el sistema especial de prestaciones sociales y económicas.

Por otra parte, la orden establece que en el caso de que un usuario requiera varios productos de tipos diferentes con el fin de obtener una determinada prescripción final, todos ellos se indicarán conjuntamente constituyendo a todos los efectos una única prescripción.

PRESTAR O ALQUILAR

El objeto de esta norma, que es el primer borrador que se ha sometido a informe del Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica y que aún puede ser modificado, es regular la prestación ortoprotésica suplementaria, teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto aprobado noviembre, era según señalaba Sanidad "conseguir una mayor eficiencia y homogeneidad en la prestación".

El procedimiento de obtención de la prestación ortoprotésica, así como las condiciones de acceso, de indicación, de gestión, de aplicación del catálogo y, si procede, de préstamo, alquiler y recuperación de los artículos, serán determinados por la administración competente en la gestión de esta prestación designada por cada comunidad autónoma.

Para calcular los importes máximos de financiación de los productos ortoprotésicos financiables por el SNS, a cada tipo de producto se le ha asignado un valor de referencia que se ha calculado teniendo en cuenta los precios de venta de cada uno de los productos encuadrados en dicho tipo facilitados por las empresas al Ministerio y los importes financiables de los catálogos más actualizados de las comunidades autónomas, INGESA y mutualidades de funcionarios.

En la indicación de la prestación ortoprotésica se atenderá a criterios de individualización en relación con la persona usuaria y sus condiciones de salud y de calidad de vida, tales como edad, situación laboral y social, grado de autonomía personal y acceso a servicios de la comunidad, evolución previsible de la patología o discapacidad y otros de análoga significación.

La renovación de los productos susceptibles de la misma sólo podrá concederse, cuando no sea debida al mal trato del producto por parte del usuario, en las condiciones que determine la administración sanitaria competente en la gestión de la prestación ortoprotésica.

A efectos de la gestión y el control de la dispensación, así como de la facturación de los productos financiables por el Sistema Nacional de Salud, cada unidad de venta de los referidos productos irá provista de un precinto identificativo con los datos del producto y las características.

Esta orden dicta un plazo de 9 meses desde la entrada en vigor de esta orden para adaptar sus catálogos a lo dispuesto en la misma, en sus respectivos ámbitos de gestión, utilizando los precios de oferta a efectos de establecer los importes de sus catálogos o como referente máximo para la adquisición de productos ortoprotésicos que faciliten a través de centros sanitarios a pacientes no ingresados. Del mismo modo, da un plazo de 6 meses a las empresas que deseen que sus productos sean financiados por el SNS.

Del mismo modo, inicialmente establece que la orden entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE); el mismo plazo que tendrá Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desarrollar desde su entrada en vigor a aplicación informática que permita a las empresas la comunicación de las solicitudes al Registro a través de la Web de dicho Ministerio.

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Alarma ante el intento de cobrar 5 euros al paciente por el traslado en ambulancia

 

 

 

 

 

 Enfermos crónicos, oncológicos y de hemodiálisis, los más perjudicados - «Es un inadmisible despropósito», afirman las empresas de transporte

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Oviedo, Eduardo GARCÍA

El sector de las ambulancias en Asturias considera un «despropósito» la pretensión del Ministerio de Sanidad de cobrar cinco euros por cada transporte no urgente en ambulancia y teme que esta medida de copago lleve a muchos pacientes a abandonar sus tratamientos.

El próximo Consejo Interterritorial de Sanidad del día 20 aprobará previsiblemente las condiciones de este copago. La obligación incluye a los enfermos oncológicos, crónicos o con necesidad de hemodiálisis hospitalaria, pero excluye entre otros a los parados sin subsidio, los discapacitados beneficiarios de la ley de la Discapacidad o los perceptores de pensiones no contributivas. Los jubilados, la gran mayoría de los usuarios de este servicio asistencial, pagarán también. El traslado posterior al domicilio del paciente se considera viaje a todos los efectos y supondrá otros cinco euros al bolsillo de la Administración.

El grupo de Empresas de Ambulancias de Asturias, integrado en Asetra, lamentó ayer la medida. Su presidente, Carlos Paniceres Estrada, calificó la propuesta de «inadmisible» y crea «grandes incertidumbres» sobre cómo se va a pagar y quién va a gestionar el cobro.

En Asturias funcionan unas 200 ambulancias que dan trabajo directo a unas 450 personas. En total se realizan unos mil servicios diarios en la región, entre los urgentes (la minoría) y los programados. En muchos casos se trata de transporte colectivo de pacientes, sobre todo desde zonas ajenas al área central asturiana. En un día punta se pueden superar en el Principado los 1.700 servicios.

La posibilidad del copago de ambulancia no es nueva y está recogida en el polémico real decreto de racionalización del gasto sanitario, aprobado en abril. Hay un tope de aportación mensual que queda establecido en 20 euros al mes para todos aquellos cuyos ingresos se muevan en la horquilla de los 18.000 y los 100.000 euros. O sea, casi toda la población activa. Para muchos jubilados, que para su desgracia no llegan a los 18.000 euros, el tope mensual será de diez euros. Y por encima de los 100.000 euros el pago máximo mensual será de 60 euros.

Los servicios de ambulancia derivados de una urgencia, enfermedad, accidente, etcétera, quedan exentos de cualquier pago por parte del paciente. Se entiende por traslado no urgente «el desplazamiento de enfermos o accidentados que no se encuentren en situación de urgencia o emergencia y que por causas exclusivamente clínicas están incapacitados para desplazarse en los medios ordinarios de transporte a un centro sanitario para recibir asistencia sanitaria o a su domicilio tras recibir esa atención», según el texto del borrador que a primeros de este mes presentó el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas para su estudio. Los pacientes que estén ingresados en un hospital y que reciban el alta deberán pagar ese viaje en ambulancia hacia su domicilio.

En Asturias funciona una empresa, resultante de la fusión de otras siete, que tiene el contrato del servicio de ambulancias con el Sespa. Transinsa tiene contrato con la Administración sanitaria desde 2005 y por ocho años. El próximo habrá nuevo concurso. Se trabaja con canon fijo, que se actualiza cada año a partir del aumento del IPC. El sector sospecha que con el nuevo sistema habrá pacientes que busquen alternativas, bajará el número de servicios y la Administración aprovechará para fijar a la baja el coste de los nuevos contratos.

Sanidad calcula en 50 euros el coste de cada trayecto de ambulancia y a partir de ahí marca en el 10% la aportación del paciente, es decir, los ya mencionados cinco euros. El Ministerio pone «tarifa especial» a las personas que requieran los servicios de ambulancia para hacer frente a tratamientos que se prolonguen más de seis meses y obligan a cuatro traslados a la semana (hay que recordar que un viaje de ida y vuelta supone dos traslados a efectos de cobro). Se fijan en estos casos las cantidades tope (10, 20 o 60 euros, según ingresos), pero no con carácter mensual sino semestral.