QUEDAN 10 DIAS...
CONTRAREFORMA NO
La Plataforma por los Servicios Públicos promueve una moción contra los recortes
04.09.12 - 02:41 - J. G.
La Plataforma ciudadana en Defensa de los Servicios Públicos, en la que se integran diversos colectivos vecinales, sociales y por los derechos cívicos de la ciudad, inició ayer la distribución entre los grupos municipales del Ayuntamiento una propuesta de moción contra los recortes emprendidos por el Gobierno central.
La idea del colectivo es que los distintos partidos busquen un punto de acuerdo para que la propuesta salga refrendada. El texto promovido por la Plataforma tiene como primer punto la petición al Gobierno de España que de someta a referendo «la reforma del artículo 135 de la Constitución de Estabilidad y Crecimiento», aprobada en la pasada legislatura.
Además, reclama que se retire la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, así como el Real Decreto que recorta el gasto, las prestaciones y servicios y la Sanidad y la Educación. A ello, suma una propuesta de modificación de las medidas de estabilidad presupuestaria que afectan a la aplicación de la Ley de Dependencia, así como a los empleados públicos y a las prestaciones por desempleo, el incremento del IVA, entre otras medidas. También plantean que el Ayuntamiento exprese su voluntad de oponerse a medidas similares.
15 DE SEPTIEMBRE MARCHA A MADRID
La insumisión no era una opción, pero la mayor o menor sensibilidad en la aplicación de los recortes marca la diferencia entre la regionalización o no de algunos conflictos, se sabía y se sabe aún
Un Gobierno bajo el yugo de los ajustes
El Gabinete regional intentó minimizar el efecto de los ajustes en sanidad y educación, pero chocó con el rechazo de los sindicatos
La gestión de Javier Fernández al frente del Ejecutivo ha estado condicionada por los recortes impuestos desde Madrid
02.09.12, JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.
El próximo miércoles día 5, el Gobierno de Javier Fernández cumplirá cien días. Un periodo en el que no ha tenido excesivo margen para desarrollar sus políticas, al menos, como le hubiera gustado. Condicionado por los ajustes impuestos desde Madrid y por la falta de un presupuesto regional que garantice estabilidad, el Ejecutivo apenas ha podido mostrar sus cartas. Dicho en pocas palabras, los esfuerzos se han centrado en cumplir con las consignas de Hacienda y, al mismo tiempo, lidiar con los recortes e intentar minimizar el impacto de los mismos. ¿Lo ha conseguido? A juzgar por la reacción de los sindicatos en las últimas semanas parece que no. El Principado no ha logrado aliviar la situación de los empleados públicos ni desviar la tijera de la sanidad y la educación.
No se puede decir que el Gobierno asturiano lo tuviera fácil desde su particular kilómetro cero. Mientras se culminaban las negociaciones entre los grupos para definir quién iba a dirigir la región tras las autonómicas de marzo, el Ejecutivo saliente no consiguió convencer al Ministerio de Hacienda con su plan de ajuste y eso situó a Asturias en el ojo del huracán. Los primeros deberes de Fernández y su equipo, por tanto, estaban claros: elaborar un plan económico y financiero que sí pasara el corte del Consejo de Política Fiscal. En ello se pusieron a trabajar Dolores Carcedo y ex colaboradores de Jaime Rabanal (consejero de Hacienda con Areces) antes, incluso, de ser nombrados. La estimación hecha por Madrid sobre el ajuste del Principado alcanzaba los 616 millones de euros, un cálculo que no coincidió con el realizado en Asturias. El Gobierno regional limitó a 498 el recorte. La receta para llevarlo a cabo contó con varios ingredientes. Los más importantes, la subida de impuestos (subida del 'céntimo sanitario', del tramo autonómico del IRPF a las rentas más altas, del impuesto de Patrimonio o del precio de la ITV) y la reducción de más de mil interinos de la Administración pública. El grueso se obtendrá sin embargo, según desveló el Ejecutivo, de la reprogramación de inversiones y la venta de patrimonio.
Nadie se escapa de las restricciones y menos el sector público. La denominada por la oposición como la «administración paralela» verá reducido su coste con la venta de Sedes o la supresión del Instituto de Estadística, entre otras iniciativas. Propuestas que, a ojos del PP, siguen siendo pocas para los tiempos que corren. Dentro de ese sector público destaca el Centro Niemeyer. Después de que el Ejecutivo de Cascos le redujera la aportación económica, el actual Gobierno regional intenta volver a la situación con Areces. Su primera decisión fue dejar el futuro del centro en manos de la Fundación, la idea contraria a la que tenía el anterior Ejecutivo autonómico. Algo similar a lo que ocurre con la RTPA. Fernández y su Gabinete apuestan por la continuidad de la radio-televisión pública aunque con un coste inferior al actual.
Quizás por dar ejemplo ante la sociedad asturiana, en los tiempos que corren de crisis y aumento galopante del desempleo (cerca de los cien mil parados) la primera medida de austeridad adoptada por el Gobierno de Fernández fue remodelar el esqueleto de la Administración con una disminución del número de cargos institucionales, incluyendo las viceconsejerías, que pasaron de siete a dos, y el número de jefes de servicio.
Problemas añadidos
La necesidad de cumplir ante Hacienda con un plan económico fiable era lo más urgente, aunque no el único problema con que inició el trayecto el Gobierno de Fernández. Los recortes impuestos desde el Ministerio de Industria al sector del carbón eran un obstáculo en el camino. Las reuniones mantenidas por el propio Fernández y su consejero de Industria, Graciano Torre, no han surtido efecto hasta ahora como tampoco la presión de los sindicatos. Nadie vislumbra una marcha atrás en este asunto del Ejecutivo de Rajoy al que, además, se le ha pedido desde Asturias un esfuerzo para negociar rebajas en la tarifa eléctrica para las grandes industrias.
No son pocas las cosas que están en juego y que dependen de la voluntad política de Madrid. El Principado lo sabe y quizás por ese motivo, sin dejar de mantener un tono crítico con las decisiones del Ejecutivo popular, no ha mantenido la beligerancia de otras comunidades gobernadas por el PSOE, como Andalucía. Como muestra, un botón: en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que fue aprobado el objetivo de déficit y deuda de las autonomías para este año, así como para 2013 y 2014, Asturias mostró su desacuerdo y así lo expresó en la votación, pero estuvo en la reunión hasta el final. El Gobierno andaluz, por su parte, plantó al Ministerio de Hacienda y abandonó el consejo.
Andalucía, como el País Vasco, recurrió los ajustes en sanidad y educación al considerar que invadían las competencias autonómicas. Asturias también lo hizo, aunque con mucho menos estruendo. El 20 de julio pasado registraba sendos recursos ante el Tribunal Constitucional, ante el disgusto de los populares asturianos que calificaron la iniciativa como un acto de «deslealtad» institucional.
La sanidad y la educación son, en boca del portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, «líneas rojas» para el Ejecutivo. Su propósito, al menos públicamente, es defender los principales cimientos del estado de bienestar. El tiempo dirá si lo ha conseguido o no. De momento, el Principado es una de las comunidades declaradas «insumisa» ante la orden de suprimir la ayuda sanitaria a los 'sin papeles'. Esa es la misma rebeldía que los sindicatos le reclaman a la hora de aplicar los ajustes en sanidad, educación y en la Administración general.
El Gobierno asturiano aplicará la ley después de una negociación frustrada con las centrales. Esto supondrá la eliminación de las horas extra del personal sanitario y el aumento de las horas lectivas para los docentes, además de, según los sindicatos, más de 1.600 despidos a consecuencia de los recortes.
Un presupuesto para garantizar la estabilidad
El Gobierno asume que se avecina un «otoño caliente», pendiente de que pueda haber nuevas restricciones
02.09.12 - J. A. G., en El Comercio.
Graciano Torre aseguraba en una entrevista reciente en este periódico que más que un «otoño caliente» se avecinaba un «otoño ardiente». Aludía el consejero de Industria y Empleo a varias cuestiones que afectan y mucho al presente de la comunidad. Asturias espera una decisión favorable sobre la tarifa eléctrica y un cambio de posición en torno a la minería que, cada vez, parece más complejo. La conflictividad social, disparada a raíz de los ajustes impuestos a lo largo de los últimos meses, puede agravarse aún más en la región. Los sindicatos de la educación o la sanidad están en pie de guerra contra el Ejecutivo de Fernández. Saben que no se le puede culpar de los ajustes, aunque sí es cierto que los empleados públicos esperaban «mayor sensibilidad» del Ejecutivo autonómico e, incluso, «insumisión» ante la aplicación de los citados recortes que, según las centrales, afectarán a los servicios públicos.
Los enfrentamientos, lejos de aplacarse, podrían enquistarse en los próximos meses y nadie obvia la posibilidad de que la sanidad asturiana tenga que afrontar jornadas de huelga. Se habla que puede haber paros ya en el mes de octubre.
En medio de este escenario, el Gobierno de Javier Fernández intentará sacar adelante un presupuesto equilibrado que permita desarrollar su gestión a pesar de las restricciones impuestas desde el Ministerio de Hacienda, que acota tanto el límite de déficit como el endeudamiento. El techo de gasto será de 3.542 millones, 84 menos que este año, según avanzó la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo.
Se da la circunstancia de que el presupuesto tendrá que pasar por el tamiz de Izquierda Unida y UPyD, socios estratégicos de los socialistas tras el pacto alcanzado para la investidura de Javier Fernández, y de cuyo voto depende tener o no la mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante sus propuestas en la Cámara regional.
Antes de que se debata el presupuesto autonómico, el Ejecutivo regional intentará llegar a un acuerdo con las entidades financieras para conseguir los 423 millones de euros solicitados como crédito extraordinario, que permitirán financiar las inversiones previstas en el plan de reequilibrio del Principado.
De no conseguirlo, Asturias se vería obligado a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica para obtener financiación, como esta misma semana ya hizo Cataluña. Una hipótesis que a día de hoy no se descarta por parte de Javier Fernández y su equipo que, pese a todo, confían en conseguir acuerdos este mes, para lo cual presentan como aval de la gestión económica del Principado a lo largo de los últimos años.
Si hay una prioridad para las próximas cuentas públicas esa debe ser la creación de empleo. Un objetivo que parece más complicado en un momento en el que cierran empresas y la tasa de actividad sigue siendo la más baja de toda España.
De forma paralela, para este otoño el Gobierno podría poner en marcha su plan de reestructuración del sector público con el que espera ahorrar una cantidad importante de dinero.
Mareas negras de los viernes
La marea negra se manifiesta en las calles de Oviedo
Decenas de funcionarios se han reunido y manifestado esta mañana por las calles de la capital
Pablo CAMPILLO, La Nueva España
Como viene siendo habitual a lo largo del verano, este viernes, los funcionarios no han dejado de acudir a su cita y han recorrido las calles de Oviedo en señal de protesta por los recortes sufridos en su sector.
Vistiendo con el habitual atuendo negro para las protestas y portando carteles y pancartas de los más variopinto y original, los funcionarios continúan con su pelea por los que consideran unos recortes injustos y desconsiderados.
En las puertas de la Sede de la Presidencia y la Junta General del Principado, han tenido lugar breves concentraciones, con abucheos, pitidos y aplausos solidarios para aquellos que comparten la causa.
La marcha finalizó pasadas las doce, una hora después de su encuentro, ante las diferentes sedes de las Conserjerías en la Plaza de España.
La presencia policial ha seguido la marcha sin incidente alguno, garantizando el buen discurrir de la marcha y evitando los altercados.
Funcionarios colapsan el tráfico en Gijón en protesta por los recortes
31.08.12 - EFE | GIJÓN
Funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Gijón han colapsado hoy durante media hora la circulación de vehículos en el centro de la ciudad con una protesta en contra de los recortes en la administración pública y del cierre del Centro de Encuentro y Acogida conocido como Calor y Café.
Ataviados con camisetas negras con la leyenda "Luto por el empleo público", los manifestantes se han concentrado a las 12 horas en la plaza del Carmen, han cortado los cuatro carriles de la avenida de Álvarez Garaya, en un punto neurálgico del tráfico, y se han desplazado hacia la sede de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.
Durante una media hora se han producido retenciones y atascos por lo que la Policía Local ha activado un operativo para evitar que más vehículos entraran en la zona colapsada.
El personal municipal se ha sumado a las protestas que se vienen realizando en contra de los recortes en la Administración pública y para rechazar al cierre del Centro de Encuentro y Acogida que daba hasta hoy servicio de desayuno, aseos, lavandería y biblioteca a personas sin domicilio ni recursos.
El gobierno local ha resuelto cerrar el servicio de Calor y Café y no trasladarlo al nuevo centro de servicios sociales construido en El Natahoyo como le ha pedido la oposición.
El Comité de Empresa de las fundaciones y patronatos municipales ha entregado hoy por registro más de 600 firmas de empleados y funcionarios que rechazan el cierre del centro de acogida.
El personal municipal demanda la continuidad de este servicio gestionado por la administración local y la retirada de la convocatoria a una plaza de alta dirección para el puesto de coordinador del Plan Municipal sobre Drogas.
Los sindicatos han considerado que la creación de un nuevo puesto de dirección "está vinculada" al cierre de calor y café y constituye "un pago al PP" en contraprestación por el apoyo de este partido en la votación de los presupuestos municipales. El Plan Municipal sobre Drogas ha sido elaborado por el PP y asumido por el gobierno local de Foro.
15 DE SEPTIEMBRE MARCHA A MADRID
Asturias crea un registro sanitario para extranjeros 'sin papeles'
En el resto de España, los inmigrantes tendrán que abonar la factura de forma retroactiva
Una inmigrante embarazada recibe una vacuna contra la gripe en un centro de salud. :: C. RODRÍGUEZEl Comercio. 01.09.12 - 00:42 - L. FONSECA / P. BIOSCA | GIJÓN / MADRID.
"La reforma sanitaria nos pone a la altura de países como Chipre o Estonia"
Más de 400 medicamentos dejan de estar subvencionados
Para poder dar cobertura al colectivo de inmigrantes sin regularizar que desde hoy, gracias a la reforma sanitaria del Ejecutivo de Rajoy quedará excluido de la atención ordinaria en hospitales y centros de salud, el Principado ha creado un registro para extranjeros y españoles sin recursos. Se denomina Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios (Sipres). Así las cosas, los inmigrantes ’sin papeles’ que residan en Asturias dispondrán de un código sanitario con el que se podrán identificar ante los médicos, enfermeras y administrativos del sistema público. No será una tarjeta sanitaria como la que tenían hasta ahora y que desde hoy perderán por su condición de ’no asegurado’, sino de un número de identificación personal que les permitirá moverse (se supone que sin problemas) dentro de la sanidad asturiana. También les será asignado un centro de salud de referencia, precisó ayer la Consejería de Sanidad de Asturias.
La disposición autonómica, publicada ya el pasado mes de junio en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), intenta paliar en parte los nocivos efectos de reforma sanitaria del PP, que conmina a las comunidades autónomas a dejar de facilitar tarjetas sanitarias a los inmigrantes que, a pesar de estar empadronados, no tengan regularizada su situación en España.
La medida había sido anunciada a mediados de año por el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, que alegó que la resolución se adoptaba por «razones de humanidad». Según detalla la normativa, de las pocas aprobadas hasta la fecha en el país, los inmigrantes sin papeles (tanto los nuevos solicitantes de atención sanitaria como los que ya la recibían) «se incluirán en el Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios (Sipres) y se les asignará un código de tipo de usuario». Su situación se enmarcará bajo el epígrafe «extranjeros sin recursos», que será asociado a un código de identificación personal.
4.000 personas en la región
Queda sin resolver la prestación farmacéutica, a la que los inmigrantes sin papeles no tendrán acceso ni tan siquiera en Asturias. Los médicos podrán emitirles recetas (las blancas), pero éstas no le darán derecho a descuento alguno en la farmacia, como si ocurre con el resto de usuarios. Los extranjeros sin recursos, indica la resolución, podrán «dirigirse a las diferentes organizaciones no gubernamentales o asociaciones que tengan relación con los colectivos de inmigrantes, donde le informarán sobre las posibles fórmulas de tramitar o conseguir los medicamentos», se entiende mediante la fórmula de copago.
En Asturias, se estima que residen unos 4.000 inmigrantes sin regularizar, mientras que en el resto del país (a excepción de comunidades autónomas como País Vasco, Cataluña o Andalucía, que ya han afirmado que no aplicarán la reforma, además de otras como Castilla y León, Murcia o Galicia, que lo harán pero con algunas salvedades), tras la entrada en vigor de la reforma del Sistema Nacional de Salud (SNS), las personas en situación irregular no tendrán derecho a tener tarjeta sanitaria.
Fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad afirmaron ayer que los extranjeros ’sin papeles’ que necesiten asistencia y no puedan pagarla serán atendidos, pero pasarán a formar parte de una lista en la que se registrará la cuantía de la factura. Si en un año estas personas legalizan su situación y se encuentran empleados, deberán abonar dicha cantidad al SNS. Según el ministerio, la medida no tiene un carácter económico, sino que busca garantizar «un mayor control y transparencia» de la cobertura sanitaria española.
Las condiciones que dan derecho a la tarjeta sanitaria son ser trabajador activo y estar afiliado a la Seguridad Social; tener la condición de pensionista o ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, como la de desempleo, y, en caso de haberla agotado, acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título; ingresar menos de 100.000 euros anuales y no tener cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía (siempre que se tenga la nacionalidad española y se resida en el país); o pertenecer a algún país de la Unión Europea y estar inscritos en el Registro Central de Extranjeros; en caso de pertenecer a cualquier otro estado, valdría con tener autorización para residir en territorio español.
Así quedan excluidos unos 153.000 inmigrantes ilegales (según datos del INE) que hasta ahora solo debían estar empadronados en cualquier municipio de España para poder ser titulares de una tarjeta sanitaria. La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, calificó la reforma sanitaria de «Frankenstein de 17 cabezas», una por cada comunidad.
El Gobierno elimina hoy 910.342 tarjetas sanitarias de extranjeros
Quirós lidera la objeción al cese de asistencia a los «sin papeles»
El ex consejero de Salud firma con otros sanitarios un manifiesto por la «Resistencia, sosegada pero activa»
Ramón Quirós.
Galicia y Valencia, primeras comunidades del PP en rebelarse.
Lne.es » Sociedad y Cultura Oviedo, M. S. M.
El ex consejero socialista de Sanidad, Ramón Quirós, y la que fue su directora de Salud Pública, Amelia González, encabezan junto a otros veintitrés médicos y profesionales de la sanidad pública un manifiesto en el que dejan constancia de su desacuerdo con el decreto ley 16/2012, aprobado por el Gobierno central, que retira la asistencia a inmigrantes sin permiso de residencia, una medida que algunos gobiernos autonómicos han decidido no respaldar, entre ellos el Ejecutivo asturiano que preside Javier Fernández.
Bajo el título «Resistencia, sosegada pero activa, al RD 16/2012 como trabajadores de salud pública», los firmantes muestran su disconformidad con la aplicación de dicho decreto a partir del 1 de septiembre, porque, a su juicio, «en lo referente a una atención sanitaria digna al colectivo de inmigrantes no regularizados, incumple el ordenamiento jurídico actual al menos en el artículo 43.2 de la Constitución española, así como otras leyes, al menos en varios aspectos».
Los firmantes insisten en que «el consumo de recursos sanitarios por parte de los inmigrantes es inferior al realizado por la población autóctona, al tratarse de personas sanas y jóvenes cuyo nivel de salud en general es bueno». Además consideran que la aplicación del decreto «supone una reorientación indebida de los servicios de salud con una menor accesibilidad al mismo de población que por condiciones socioeconómicas está más expuesta a una situación de vulnerabilidad».
Contra la aplicación del decreto del Gobierno de Rajoy, los sanitarios asturianos alegan que la misma supondría «la limitación del acceso a programas e intervenciones que son fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de una salud positiva», además de opinar que «la creación e estructuras paralelas de atención sanitaria para estas personas constituye una discriminación que añade más dificultades a su integración en la sociedad».
Además expresan su temor a que esta discriminación sea sólo un primer paso de otra que puede afectar al resto de prestaciones sociales. «El decreto no tiene en cuenta aspectos principales relacionados con los determinantes de la salud e incluso puede producir un aumento de las desigualdades sociales».
Las opiniones de los veinticinco médicos y trabajadores de la sanidad pública que firman este manifiesto coinciden con los más de 1.700 en toda España que han decidido objetar contra la normativa gubernamental y seguir atendiendo a los inmigrantes. Desde Asturias, «valoran de forma muy positiva y apoyan las actuaciones que determinadas administraciones autónomas (Andalucía, Asturias, Canarias y País Vasco) desarrollan para mantener la atención a la población inmigrante», e insisten en que muchas de sus actividades preferenciales en salud pública van dirigidas a colectivos vulnerables y empobrecidos y que no ha de excluirse de estas actividades a los inmigrantes no regularizados.
Los sanitarios firmantes instan al Gobierno central a revisar el decreto en lo referente a la atención a la población «sin papeles» y en «aquellos otros aspectos que dificultan el desarrollo de un sistema sanitario público y sostenible». Asimismo recomiendan al Gobierno que revise y modifique los apartados del decreto en los que se incumple la legislación vigente en la Constitución y en la ley General de Salud Pública.
Por último, piden que se tengan en cuenta las iniciativas elaboradas al amparo del Ministerio para reducir las desigualdades de salud en España, donde se concretan iniciativas para avanzar en equidad.