Hay que pararles los pies


No lo cobrarán los que estén a cargo de sus padres, con ingresos de más de 481 euros por persona. Se limita a los de larga duración o con cargas familiares
Empleo exigirá buscar trabajo durante 30 días antes de pedir los 400 euros
Fernando Garea, Madrid, en El País.
El Consejo de Ministros aprobó este viernes la prórroga del llamado Plan Prepara, que regula la ayuda de 400 euros para los parados que hayan agotado ya sus prestaciones, pero con nuevas condiciones más restrictivas. El nuevo plan establece condiciones más duras para que los desempleados puedan percibir esa ayuda, al tiempo que la eleva de 400 a 450 euros para personas con dos hijos a su cargo y sin que el cónyuge tenga ingresos. El Gobierno exigirá que los parados que cobren la ayuda 400 euros hayan buscado trabajo durante un mínimo de 30 días después de dejar de percibir la prestación o subsidio por desempleo y presenten un certificado de su comunidad o Ayuntamiento que detalle si tienen concedido otro tipo de asistencia.
Esas condiciones no se aplican con carácter retroactivo, pero sí impedirán la incorporación de parados que antes sí podían percibirlo. De esa forma, habrá menos beneficiarios para costear el aumento de 50 euros para algunos casos. Esta ayuda solo puede cobrarse durante seis meses.
El endurecimiento de las condiciones se establece por tres vías. La primera al incluir a los padres en el cómputo de los ingresos de la unidad familiar que, en ningún caso podrán superar los 481 euros por persona, es decir, el 75% del salario mínimo. Ahora ya existe ese límite, pero la diferencia es que no se tenían en cuenta los ingresos de los padres. Desde ahora sí se computarán, de tal forma que al dividirlos entre el número de miembros de la unidad familiar no deben pasar de 481 euros mensuales.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras el Consejo de Ministros, utilizó un ejemplo extremo de una familia en la que los padres ganen 8.000 euros mensuales y que hasta ahora sí podían cobrar la prestación. En todo caso, para una familia con tres miembros, bastarán unos ingresos de 1.445 euros para dejar de percibir la ayuda, según el decreto aprobado este viernes. Los más penalizados, por tanto, son los jóvenes que vivan con sus padres.
El Gobierno explicó que esta ayuda es casi de última instancia y ahora se pretende con nuevas condiciones hacerla “más equitativa y justa”, incluyendo la referencia a lo que denomina el “colchón familiar”. Es decir, que para un joven desempleado ya existe la protección familiar si sus padres están activos y tienen ingresos superiores al límite establecido.
El Gobierno habla de “la falta de vinculación en algunos supuestos de los beneficiarios del programa con las situaciones de mayor necesidad” para justificar el cambio legal. Para establecer esta condición, el Gobierno cruzará los datos de dónde están empadronados los parados.
Esta condición ya estaba en el llamado Prodi, el plan que estuvo en vigor hasta 2011. En esa fecha, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo sustituyó por el Plan Prepara y eliminó la referencia a la renta de los padres para contabilizar el límite de ingresos para percibirlo.
La otra vía para endurecer los requisitos en el nuevo decreto es la de aplicarlo solo a parados de larga duración. Hasta ahora lo podían cobrar todos los parados que hayan agotado todas las prestaciones, sin establecer límites en función del tiempo que se lleve en el paro. Aunque los 400 euros están destinados a los parados que hayan agotado la prestación, no siempre coincide con los de larga duración. Con el decreto aprobado este viernes, solo será para parados de larga duración, es decir, los que lleven 12 meses en el paro de los últimos 18 meses y que no tengan cargas familiares. Para esa consideración de carga familiar basta con que tenga un hijo a su cargo. Por esta vía, se eliminan también potenciales beneficiarios de la ayuda.
La última condición tiene que ver con la denominada empleabilidad, es decir, la obligación de acceder a ofertas de empleo o de realizar cursos. En este momento, la norma también habla de cursos de orientación que, como explicó Báñez, se refieren a charlas sobre cómo hacer currículos o similares, pero no orientados a encontrar empleo. Ahora, el decreto hablará de cursos de formación que tendrán que realizar obligatoriamente los parados que reciban la ayuda.
Según la referencia del Gobierno “se exige que el solicitante acredite haber buscado activamente trabajo o haber realizado actuaciones para incrementar su empleabilidad durante el mes que transcurre desde la pérdida de otras prestaciones hasta la solicitud, con el objetivo de reforzar el seguimiento del compromiso de actividad. Esta obligación se mantiene durante todo el programa y determinará la permanencia del beneficiario en el mismo”. Según Báñez, solo el 7,23% de los beneficiarios atendió a actividades formativas.
La idea del Gobierno es que la de mantener los 1.120 millones de euros de presupuesto global. Por más que se le insistió en la rueda de prensa, la ministra rechazó hacer estimaciones sobre los parados que verán incrementada en 50 euros la ayuda o los que quedarán fuera con las nuevas condiciones. Dijo, no obstante, que si es preciso se pedirá una ampliación del crédito para pagar la prestación.
Báñez aseguró que los resultados del plan son “decepcionantes”, porque no han servido para que sus beneficiarios vuelvan al mercado laboral. Omitió el contexto de destrucción general de puestos de trabajo.
Según sus datos, las dos terceras partes de los beneficiarios que han concluido el Programa (307.029) no consiguieron ninguna colocación en el mercado laboral. Solo el 18% obtuvo una colocación mayor a dos meses. En total, la media de ocupación durante los 180 días de duración de la prestación fue de 25,12 días por beneficiario. Menos del 1% de los receptores obtuvo un contrato indefinido.
Se realizaron una media de 3,22 acciones por beneficiario y únicamente un 1,93% de los beneficiarios disfrutó de acciones de impulso del emprendimiento. El decreto lleva incorporada la evaluación periódica con los agentes sociales de la marcha del programa y el acuerdo con las comunidades para mejorar su gestión.
El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, reaccionó a través de Twitter al decreto, asegurando que “seguiremos presionando para que los 400 euros los reciban todos los que lo necesiten y el programa se mantenga mientras dure la crisis”.
Los sindicatos vuelven a la calle contra las "agresiones" del Gobierno
Han exigido al Gobierno que no solo mantenga sino que "incremente y estabilice" la prestación económica a los parados sin ayudas
PÚBLICO / AGENCIAS, Madrid, 24/08/2012
Por cuarta vez en este mes de agosto los sindicatos CCOO y UGT han vuelto a salir a la calle para protestar contra los las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy. Su objetivo es "mantener viva" la movilización contra las políticas de austeridad y los recortes y calentar motores para la marcha del 15 de septiembre convocada por la Cumbre Social, que se espera multitudinaria.
En Madrid han vuelto han concentrase frente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para manifestar su rechazo a las "agresiones" del ejecutivo conservador, como llevan haciendo cada viernes del mes de agosto. Allí se han escuchado lemas como "Manos arriba, esto es un atraco", "No hay pan para tanto chorizo" o "A por ellos" por parte de los asistentes, que han cortado la calle de Alcalá. Durante la concentración, el secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha exigido al Gobierno que deje de "agredir" a los más débiles y , en el Consejo de Ministros de hoy, no solo mantenga sino que "incremente y estabilice" la prestación económica a los parados sin ayudas, informa CCOO en una nota de prensa
Cedrún ha dirigido también sus críticas asimismo al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que sigue "desatendiendo lo público" y despilfarrando dinero, como el millón de euros pagado para que consultoras privadas digan cómo hay que privatizar el Metro o Telemadrid para que estas empresas públicas queden "en las manos adecuadas". Finalmente la concentración ha finalizado con un emplazamiento a volver al mismo lugar el próximo viernes, 31 de agosto.
Mientras, las subdelegaciones del Gobierno han sido el lugar donde los sindicatos han acudido a protestar en Oviedo, Santander, Logroño, Zaragoza, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Coruña, Ourense, Lugo, Pontevedra, Ferrol y Santiago.
En Santander, cerca de medio millar de personas, de la Plataforma Social Cántabra, sindicatos y funcionarios del Ayuntamiento se han manifestado por "otro viernes negro más", en alusión a las medidas a adoptar por el Consejo de Ministros. Los integrantes de la plataforma y representantes sindicales se han concentrado ante la Delegación del Gobierno, donde han ocupado la calzada y se han desplazado hasta el Consistorio, para sumarse a los funcionarios de la Administración local, según informa Europa Press.
Mientras, en Canarias casi un centenar de representantes sindicales, según fuentes de la Policía Nacional recogidas por Europa Pres, se han concentrado frente a las puertas de la Delegación del Gobierno. El secretario de UGT en Gran Canaria, David Mosquera, se refirió a los jóvenes, y cómo se pueden ver afectados, recordando que especialmente en Canarias la tasa de paro de la juventud alcanza casi el 60 %, por ello consideró que "se les esté castigando y de alguna manera diciendo que son unos privilegiados por el hecho de estar cobrando 400 euros".
Si no lo hace el Gobierno, los sindicatos harán el referéndum
CCOO y UGT han anunciado esta mañana en Madrid que si el ejecutivo que dirige Mariano Rajoy no convoca un referéndum sobre su política económica, serán los sindicatos quienes someterán las decisiones a consulta pública. "Si no lo hace el Gobierno lo haremos nosotros, es decir, toda la sociedad española organizada convocará un referéndum", ha afirmado el secretario de política institucional de CCOO, Jaime Cedrún, durante la protestafrente al Ministerio de Hacienda por cuarto viernes consecutivo, según ha informado la agencia EFE.
Por su parte, la portavoz de UGT de Madrid, Isabel Navarro, ha agregado que aunque el referéndum no tenga "validez legal", por lo menos tendrá "validez moral". Además, ha subrayado que no consentirán que se sigan llevando a cabo medidas "antisociales", por lo que continuarán con las movilizaciones "hasta que haga falta y el Gobierno recapacite".
Funcionarios se manifiestan en Oviedo contra los recortes
Los asistentes a la movilización, con camisetas negras, se trasladaron desde la Plaza de España, hasta la Junta General del Principado de Asturias
La Nueva España
Centenares de trabajadores públicos se han vuelto a manifestar este viernes por el centro de Oviedo en contra de la política de recortes impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Los asistentes a la movilización, que lucían camisetas negras, se trasladaron desde la Plaza de España, donde está la sede de la Delegación del Gobierno hasta la Junta General del Principado de Asturias.
Han estado presentes representantes de distintos sindicatos, incluida la Unión de Guardias Civiles (UGC). Las organizaciones mayoritarias han estado también presentes en la concentración de la Plaza de España, con presencia de sus secretarios generales, Antonio Pino (CCOO) y Justo Rodríguez Braga.
Pino, en declaraciones a los medios de comunicación, ha expresado su rechazo a las medidas de Rajoy porque están "empobreciendo a las clases medias y populares de este país, sin tocar a las grandes fortunas". Según el dirigente sindical, lo más probable es que el año termine con "una gran huelga general" contra un Gobierno que "está jugando con los intereses del país".
Mientras, Braga también ha criticado las medidas del Gobierno central, al que ha acusado de cometer un "fraude electoral" por poner en práctica medidas que no venían en el programa del PP.
Los sindicatos advierten al Principado que no aceptarán recortes en empleo en Educación y Sanidad
OVIEDO, 24 Ago. (EUROPA PRESS)
Los secretarios generales de UGT y CCOO en Asturias, Justo Rodríguez Braga y Antonio Pino respectivamente, han advertido este viernes al Gobierno regional que no van a aceptar las políticas de recortes en Educación y Sanidad y han pedido al Ejecutivo regional que busque fórmulas para velar por el empleo.
Al ser preguntado por las discrepancias de sindicatos con el Ejecutivo regional en esos dos ámbitos, Pino ha dicho que su sindicato no comparte esos recortes en el empleo. Y ha dicho que existen ámbitos de actuación por los que debería apostar "de forma valiente" el Gobierno socialista asturiano. Ha mencionado, en materia de salud, que se podría ahorrar en las 'peonadas' de los médicos o en el gasto sanitario, apostando por los genéricos.
Tampoco acepta que los recortes en materia de educación afecten al empleo. Y ha dicho que el sector público no sólo ha de prestar un servicio de calidad, sino que, en las actuales circunstancias, ha de ser "empleador".
"Las comunidades autónomas, incluida el Principado, no pueden continuar en la lógica de obediencia debida a las medidas impulsadas por Mariano Rajoy, porque nos llevan al precipicio", ha indicado.
Por su parte, Justo Rodríguez Braga, ha dicho que, a pesar de las negociaciones entre el Gobierno y sindicatos parece imposible llegar a un acuerdo con las posiciones que están encima de la mesa.
"Nosotros no vamos a aceptar ninguna medida regresiva a los trabajadores", ha advertido. Y ha dicho que no se puede obligar a los trabajadores a cobrar menos haciendo mucho más.
A juicio de Rodríguez Braga, las medidas del Gobierno asturiano deberían centrarse en "mejorar" los sistemas públicos de Sanidad y Educación.
Eso sí, se ha mostrado crítico con algún sindicato profesional sanitario. "Aquí hay algún tipo de trabajador de la Sanidad que parece más preocupado de qué hay de lo suyo, sin entender que hay que afrontar la solución de forma global; del sistema sanitario no forman parte sólo los médicos", ha comentado.
La modificación perjudicará a los parados que regresen al domicilio familiar
El País. María Sosa Troya Madrid 24 AGO 2012 - 21:20 CET
El Gobierno ha establecido tres requisitos para acceder a los 400 euros del plan Prepara.
En primer lugar, debe tratarse de un parado de larga duración, es decir, que haya pasado 12 de los últimos 18 meses sin trabajo. En segundo lugar, sus ingresos, así como los de todos los miembros de su unidad familiar, no podrán superar los 481 euros, el 75% del salario mínimo interprofesional, de 600 euros. Así, deberán sumarse las rentas de toda la familia, incluidos los padres, en caso de que convivan con el desempleado, y dividirse entre los integrantes de la unidad familiar. Hasta ahora, solo se incluía en este cálculo al cónyuge y a los descendientes. Por último, el parado debe acreditar que ha buscado activamente empleo desde que agotó su prestación hasta que pidió la ayuda. Estas condiciones afectarán especialmente a quienes la crisis haya empujado a volver a vivir con sus padres. La casuística es enorme, pero algunos ejemplos pueden reflejar qué impacto tendrá la modificación:(leer más)
El límite para pedir la ayuda es de 481 euros por persona
“Rezo para que me llamen por teléfono y me digan que tengo algo”

El colectivo convoca una manifestación para expresar el rechazo a las políticas de recorte del PP y, en función del éxito, decidirá más acciones
Elena R. DOCE
La plataforma ciudadana en defensa de los servicios públicos ha convocado una movilización en Avilés para el jueves día 6 de septiembre. Los avilesinos están llamados a luchar para que los servicios públicos siga teniendo ese carácter y la calidad necesaria para no influir negativamente en la salud de los ciudadanos. «El Gobierno está llevando a cabo un ahorro ficticio que no va a ningún lado; sin embargo, acabar con las direcciones regionales o con las empresas privadas sin actividad si que reactivaría la economía del país», manifestó en declaracionesa este diario Antonio Cabrera, líder del movimiento vecinal y miembro de la plataforma pro servicios públicos.
Los manifestantes irán desde la plaza del Ayuntamiento hasta el Niemeyer, una marcha a la que asistirán todas las personas de la plataforma y todos los interesados. «Cuantos más seamos, mejor», arenga Cabrera. Todos ellos pasearán con camisetas negras como símbolo de luto ante estos recortes del Gobierno.
Otro de los asuntos que la plataforma avilesina denuncia son los desahucios. En Asturias hay una media de seis desahuciados al día y desde este colectivo ciudadano consideran que el Gobierno debería introducir medidas flexibles que eviten el alto número de personas que se quedan en la calle. Asimismo, la decisión de dejar a algunos inmigrantes sin atención sanitaria es un hecho que «costará más de lo que el Gobierno pretende ahorrar», según los miembros de la plataforma pro servicios públicos.
La primera movilización ya está organizada y después vendrán otras, ya que si todo sale bien y cuentan con un gran número de personas que coincidan en sus ideas y participen en las movilizaciones, los responsables de esta plataforma están dispuestos a concentrarse todas las semanas hasta vislumbrar alguna solución. «Intentaremos movilizar a la comarca para acabar con las injusticias que promueve el Gobierno de España», dijo Cabrera.
El portavoz de la Plataforma Ciudada en defensa de los servicios públicos, Laureano López Rivas, es experto en sanidad y está dispuesto a ofrecer charlas sobre todo lo relacionado con el pago de los medicamentos y los recortes en sanidad para que la gente pueda comprender el porqué de la insistencia en oponerse a los proyectos del Gobierno español.
El Gobierno de Cospedal dice que la medida busca la "racionalización" de los puestos de trabajo
Los sindicatos critican la actitud de la Junta en la negociación llevada a cabo
El Comercio. 21.08.12 - 00:36 - EUROPA PRESS | TOLEDO
El director general de Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha suprimirá el 43% de las plazas vacantes de la Administración Pública en esta región, una medida que busca la "racionalización" de los puestos de trabajo y la "eficacia".
"Es preciso racionalizar la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que sea eficaz y dé contenido a todos los recursos que tiene esta Administración de una forma eficiente, racionalizando todos los puestos de trabajo", ha asegurado De la Fuente.
El director general ha insistido en un comunicado en la "desautorización en su totalidad" de la instrucción 5/2012, en los mismos términos expuestos por el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, Leandro Esteban. En este sentido, ha recalcado que "es de contenido imposible, ya que no vamos a llegar al 80% de supresión de plazas vacantes", una cifra que ha rebajado hasta el 43%.
De la Fuente ha afirmado que muchos puestos de trabajo de la Administración regional "se han desdoblado, dividiéndose en varias plazas", una práctica que ha calificado de "irregular" del Gobierno anterior, "sin realizar análisis exhaustivos sobre la necesidad de puestos de trabajo con los medios disponibles".
Aumento de la productividad
Además, ha señalado que "la aplicación de estas medidas persigue el aumento significativo de la productividad de los funcionarios, garantizando así la prestación de los servicios sociales básicos".
En este contexto ha explicado la celebración de la reunión mantenida este lunes, ya que la Relación de Puestos de Trabajo en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debe ser acorde a la Ley para, posteriormente, poder ser publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
De la Fuente ha expresado que, además de estar obligados por Ley, se ha convocado esta Mesa Sectorial "porque nos interesa que los sindicatos conozcan lo que hacemos, pero que también den su opinión". Además, ha recordado los constantes encuentros entre Junta de Comunidades y sindicatos, "en el marco del nuevo y verdadero diálogo social".
Por último, una vez visto el resultado final de la propuesta de racionalización, el director general entiende que "sería lógico que todos quienes han hablado de cifras desorbitadas, faltando a la verdad, como algunos dirigentes del PSOE, que se han dedicado a exigir ceses y dimisiones, den ejemplo y dimitan, dado que han engañado a sindicatos y trabajadores, demostrando que su único afán es la tensión de la vida ordinaria, faltar a las instituciones y constituir una rémora de cara a la necesaria recuperación de la economía regional".
Un "atropello a la negociación colectiva"
Los representantes de STAS-Intersindical, Gustavo Fabra, y de UGT, Miguel Guerra, han informado del fracaso de la reunión de la Mesa Sectorial de la Función Pública, lamentando que la modificación de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) propuesta por la Junta salga de la reunión "inmaculada" ya que no se ha podido modificar "ni una sola coma", han reiterado.
En concreto, Miguel Guerra ha criticado que en muchas de las consejerías el director general de Función Pública "ha pasado de puntillas" y "ha hurtado" a los sindicatos la posibilidad de entrar con más detalle en las distintas modificaciones de RPT. "Hemos querido entrar más en detalle pero no hemos podido modificar nada", ha declarado Guerra, que se esperaba que la negociación con el Gobierno de María Dolores de Cospedal transcurriera de la forma en la que lo ha hecho. "Son las negociaciones habituales con esta Administración", ha señalado.
El representante de UGT cree que el director general con su "prisas" por acabar hoy ha querido eludir la negociación y ha asegurado que la propuesta planteada por la Junta supondrá la supresión de 700 plazas y el "despido" de "más de 500 interinos".
Las consejerías de Salud y Bienestar Social, Agricultura y Educación, Cultura y Deportes son las áreas que salen más perjudicadas y la ciudad de Toledo -al albergar las distintas consejerías y los servicios periféricos- es una de las ciudades más afectadas, según los sindicatos.
Por su parte, Gustavo Fabra (STAS-Intersindical) ha lamentado que se haya cerrado la mesa "en falso" y que no se haya negociado ni un solo puesto. "Ha sido un auténtico atropello a la negociación colectiva", ha apuntado.
La nueva España- EP/ TOLEDO
Recortes
Castilla-La Mancha despedirá al 43% de sus interinos
El director de la Función Pública manchego considera necesario racionalizar los puestos de trabajo y su eficacia
El director general de Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha suprimirá el 43% de las plazas vacantes de la Administración Pública en esta región, una medida que busca la "racionalización" de los puestos de trabajo y la "eficacia".
"Es preciso racionalizar la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que sea eficaz y dé contenido a todos los recursos que tiene esta Administración de una forma eficiente, racionalizando todos los puestos de trabajo", ha asegurado De la Fuente.
El director general ha insistido en un comunicado en la "desautorización en su totalidad" de la instrucción 5/2012, en los mismos términos expuestos por el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, Leandro Esteban. En este sentido, ha recalcado que "es de contenido imposible, ya que no vamos a llegar al 80 por ciento de supresión de plazas vacantes", una cifra que ha rebajado hasta el 43%.
De la Fuente ha afirmado que muchos puestos de trabajo de la Administración regional "se han desdoblado, dividiéndose en varias plazas", una práctica que ha calificado de "irregular" del Gobierno anterior, "sin realizar análisis exhaustivos sobre la necesidad de puestos de trabajo con los medios disponibles".
Además, ha señalado que "la aplicación de estas medidas persigue el aumento significativo de la productividad de los funcionarios, garantizando así la prestación de los servicios sociales básicos".
En este contexto, ha explicado la celebración de la reunión mantenida este lunes, ya que la Relación de Puestos de Trabajo en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debe ser acorde a la Ley para, posteriormente, poder ser publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
De la Fuente ha expresado que, además de estar obligados por Ley, se ha convocado esta Mesa Sectorial "porque nos interesa que los sindicatos conozcan lo que hacemos, pero que también den su opinión". Además, ha recordado los constantes encuentros entre Junta de Comunidades y sindicatos, "en el marco del nuevo y verdadero diálogo social".
Por último, una vez visto el resultado final de la propuesta de racionalización, el director general entiende que "sería lógico que todos quienes han hablado de cifras desorbitadas, faltando a la verdad, como algunos dirigentes del PSOE, que se han dedicado a exigir ceses y dimisiones, den ejemplo y dimitan, dado que han engañado a sindicatos y trabajadores, demostrando que su único afán es la tensión de la vida ordinaria, faltar a las instituciones y constituir una rémora de cara a la necesaria recuperación de la economía regional".
semanas clave para el futuro de España
El Ejecutivo baraja nuevas subidas de impuestos y menos gasto en pensiones si en las cifras de recaudación que presentará Montoro no hay signos de mejora
Alejandro Bolaños Madrid 19 AGO 2012 - 21:18 CET18
Tras un mes de julio histérico y tres semanas de descanso tutelado por los mercados, el Consejo de Ministros del próximo viernes abre el curso político con un solo centro de gravedad: la economía española, pendiente de un rescate exterior. Las declaraciones del presidente, Mariano Rajoy han ido del “no habrá rescate” de hace un mes al “vamos a ver lo que hace el BCE y entonces, tomaremos la mejor decisión para los españoles” de ahora. El rescate, suave o duro, parece hecho, y solo está por ver qué condiciones comporta. Fuentes del Gobierno admiten que el gasto en las pensiones, lo único considerado intocable hasta ahora, ya no lo es; y que los impuestos podrían volver a subir en breve. Hay que cerrar el año con un déficit equivalente al 6,3% del PIB y a ese dios se sacrificará lo que haya que sacrificar...(leer más)