OPINION

Estamos en un momento crítico para la Sanidad Pública en nuestro país. Si prospera la contrarreforma se producirá una regresión de más de 40 años en nuestro sistema sanitario

Situación, amenazas y estrategias para defender la sanidad pública

Por Marciano Sánchez Bayle y Manuel Martín García, Federación de Asociaciones para la Defensa de al Sanidad Publica.  

nuevatribuna.es

 

Análisis de la situación

Estamos en un momento crítico para la Sanidad Pública en España. Quienes luchamos en su defensa tenemos que hacer algunas reflexiones para poder afrontarla con éxito, para ello conviene caracterizar la situación actual, tener en cuenta las tendencias de desarrollo del Sistema Nacional de Salud (SNS), caracterizar los principales problemas y elaborar unas tácticas que nos permitan  tener una probabilidad razonable de éxito en nuestro trabajo

 

Tendencias históricas del SNS

Aunque el ruido mediático y el desconocimiento de nuestra historia favorecen en parte la falta de comprensión de las políticas actuales, conviene recordar algunas cuestiones:

- En los años 80 se produce un gran desarrollo del SNS, que se caracteriza por la aprobación de la Ley General de Sanidad (LGS), con la asunción de un modelo similar al de los servicios nacionales de salud, que va ampliando su cobertura poblacional (aunque paulatinamente y manteniendo algunos espacios de no cobertura y/o cobertura diferenciada y que no se finalizo hasta la Ley General de Salud Pública de 2011), el desarrollo de la Atención Primaria y de una amplia red hospitalaria que cubría prácticamente todo el territorio.

- En los 90 empiezan a producirse, al rebufo de las reformas de Thatcher en el NHS, las primeras propuestas privatizadoras de envergadura (la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña en 1990 y el Informe Abril en 1991)

- En 1995 en el Pacto de Toledo se desvincula la financiación sanitaria de la Seguridad Social, con lo que se potencia la atención sanitaria como derecho ciudadano

- En la segunda parte de los 90 comienzan a desarrollarse los primeros pasos en los que se basaría después la privatización. Es el momento de la amplia teorización de la gestión privada y de la empresarización de los centros públicos y de la conveniencia de la instauración de un mercado sanitario (cuyo primer paso fue la separación, inicialmente virtual, de la financiación y la provisión). En este entorno se pondrían en funcionamiento las fundaciones sanitarias, las empresas públicas, las EBAs, las concesiones administrativas, y sus correlatos legislativos (RD10/96 y Ley 15/97).

- En el año 2001 finalizan las transferencias a las CCAA, con la consiguiente descentralización de los servicios sanitarios, momento en el que se acaban de aprobar las leyes de ordenación sanitaria que, en lo general, facilitaban los aspectos de desregulación y privatización antes señalados.

 

Problemas de fondo

En medio de este proceso el SNS ha arrastrado una serie de problemas de fondo que influyen de manera importante en el desarrollo del sistema sanitario. Los más relevantes serían:

- Ineficiente gestión de los recursos, como consecuencia de una ausencia de política de personal, la incoordinación entre servicios, niveles  asistenciales y de estos con los recursos de salud pública y la colusión de intereses de los profesionales entre el sector público y el privado.

- Sobreutilización tecnológica, vinculada a la lucha de poder entre servicios, al poder de influencia de la industria y a la super-especialización de la atención

- Utilización inapropiada de la prestación farmacéutica, con un uso excesivo y muchas veces inapropiado, que esta en gran parte vinculado a la capacidad de la industria farmacéutica para controlar y/o influir en la formación e investigación médica

- Gerencialismo: el SNS nunca contemplo en la practica mecanismos reales de participación y control de ciudadanos y profesionales

- Abandono del modelo de Salud Pública que en la práctica, no tanto en la teoría, ha derivado en un modelo fundamentalmente asistencial.

 

El momento actual

En este momento estamos viviendo una especial contrarreforma sanitaria que se caracteriza por:

- Potente ofensiva privatizadora, se ha pasado e una privatización “a paso de tortuga” que caracterizaba el periodo anterior a grandes operaciones extensivas cuyo mejor ejemplo es el denominado “plan de sostenibilidad” de la Comunidad de Madrid.

- Cambio del modelo sanitario que pasa de ser un modelo basado en el derecho de la ciudadanía a un modelo que pivota sobre el aseguramiento

- Copagos generalizados y reducción de la cartera básica (aun por desarrollar en concreto)

- Y por supuesto, persistencia de los 5 problemas de fondo antes señalados que lejos de mejorar se han ido agravando

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE ESTRATEGIA 

¿Que hay que hacer en esta coyuntura?. Por supuesto lo primero y fundamental es parar la ofensiva privatizadora, porque cada avance que dan es un paso mas hacia el abismo y porque cuanto mas retrocedamos mas difícil será recuperar el terreno perdido. Como ya se ha señalado a medida que se acercan los calendarios electorales (recuérdese: 2014 europeas, mayo 2015 autonómicas y municipales, noviembre 2015 generales) cada vez tendrán menor margen de maniobra y mas complicado les resultara metabolizar las movilizaciones, o sea que el tiempo ahora juega a nuestro favor. Por eso hay que responde a cada caso concreto y en cada sitio donde se plantee una iniciativa de privatización y hay que desenmascarar a sus aliados.

Para lograrlo con una probabilidad razonable de éxito se necesita propiciar movilizaciones que siguiendo la experiencia de Madrid sean:

- Masivas

- Unitarias

- Sostenibles

- Integradoras

- Imaginativas

- Mediáticas

- Construidas sobre una alianza social y profesional

Hay que buscar la hegemonía ideológica de la importancia de la Sanidad Pública y del carácter lesivo para la salud y para los intereses de la mayoría de las privatizaciones. Esta hegemonía parece haberse logrado de momento, pero es evidente que existe una estrategia para contrarrestarla con la connivencia de los colegios y algunos sectores profesionales (léase “foros profesionales” o fundaciones dependientes de la industria y las grandes empresas). De momento no han tenido mucho éxito pero pueden ser utilizadas para fraccionar.

Evidentemente estos apoyos al Gobierno (central y de algunas autonomías) están generando grandes contradicciones y fracturas en organizaciones corporativas que rechazan unos cambios que contribuirán a deteriorar, aún más la situación de los profesionales como los recortes de plantillas, las reducciones salariales, la pérdida de derechos laborales, y su sometimiento a empresas gestionadas por fondos de capital riesgo multinacionales , centradas en conseguir los máximos beneficios empresariales a costa del deterioro de la práctica profesional y de la asistencia a los pacientes.

Al mismo tiempo la población, especialmente los grupos sociales más afectados por los recortes y copagos, que empiezan a ser mayoritarios por la reducciones salariales, despidos, reducciones de pensiones paro prolongado o colapso de la economía, está sufriendo las consecuencias de esta política. 

Ambas cuestiones deberán orientar nuestras propuestas y actuaciones a corto y medio plazo, potenciando Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública, y que a su vez se articulen con otros colectivos sociales y profesionales cada vez más amplios, siguiendo un modelo de grandes redes en torno a objetivos específicos, claros y consensuados, en defensa del sistema público y de los derechos de los ciudadanos y profesionales sanitarios amenazados por la privatización.

Es muy importante comprender que para detener de una manera efectiva las privatizaciones esindispensable el cambio político en las administraciones, centrales y autonómicas, y que sin ello no es posible una victoria en este terreno. También hay que ser conscientes de que se trata de una condición necesaria, pero no suficiente, porque luego hay que garantizar que los nuevos gobernantes paralicen la situación e inicien la recuperación de lo privatizado, por eso es muy importante comprometer a las posibles alternativas políticas en un  Acuerdo por la Salud que suponga al menos una garantía teórica, y en parte práctica, de que se va a avanzar en el sentido que proponemos.

Evidentemente hay que seguir trabajando sobre los 5 temas de fondo, pero asignándoles el papel real que tienen en este momento. Es preciso centrarse sobre las contradicciones principales (las privatizaciones, los copagos y el cambio del modelo), pero sin olvidar las secundarias en el discurso de fondo.

 

¿Cuál debe ser nuestra táctica?

En primer lugar detener la ofensiva privatizadora, tarea tan difícil como prioritaria, pero en la que cualquier victoria, por pequeña que sea, es importante

Después acumular fuerzas, a nivel profesional / sectorial, políticas, sindicales y sociales, porque ello es indispensable para poder, en un segundo momento, pasar a la ofensiva.

En este entorno hay que tener claro cuales son nuestros objetivos estratégicos. Queremos un SNS que:

- Sitúe la Salud como un objetivo prioritario

- Tenga una financiación suficiente y con carácter finalista

- Utilice los recursos tecnológicos y humanos de manera racional y basándose en la evidencia.

- Participativo y con un amplio control social y profesional

- Planificado y coherente, asegurando la cohesión y la equidad entre poblaciones y territorios

- Tenga titularidad, provisión y gestión pública

- Basado en la Atención Primaria de Salud

Estamos en un momento crítico para la Sanidad Pública en nuestro país. Si prospera la contrarreforma se producirá una regresión de más de 40 años en nuestro sistema sanitario y consecuentemente un retroceso en las condiciones de salud de la población. El evitarlo es nuestra tarea principal.

“La gestión clínica es otra cosa ”, tal y como matiza el autor,” y nada tiene nada que ver con la introducción de intereses empresariales ajenos ni con la supresión del régimen estatutario que hoy ampara a los sanitarios”

La trampa de la Gestión Clínica

Por Pablo Vaamonde, Médico de Familia de A Coruña

Gif.- Primer logotipo de las áreas y unidades de Gestión Clínica en Asturias (año 2009), que nada tienen que ver con lo que el gobierno central publicó en la Ley 10/2013.

 

nuevatribuna.es, 04 Noviembre 2013.

 

En los últimos días de julio, con la oposición desactivada y la mayoría de los profesionales aguardando las necesarias vacaciones, el gobierno publicó en el BOE la Ley 10/2013. Se trata de una norma aparentemente inocua sobre cuestiones de farmacovigilancia. Pero, después de muchas páginas, aparece una disposición final quinta que hace referencia a un asunto de mayor calado: posibilita la creación de Áreas de Gestión Clínica (AGC) con un régimen laboral distinto al estatutario de los trabajadores de la sanidad pública. Abre la puerta a la laboralización del personal sanitario que se integre en dichas unidades, con la pérdida de los derechos laborales que hoy tienen.

 

Esta maniobra tramposa no es nueva. El PP ha usado esta estrategia falaz y vergonzosa en otras ocasiones: introducen una disposición de gran trascendencia en una ley de escasa relevancia para burlar la vigilancia de sindicatos y oposición. En este caso la trampa fue descubierta por el sindicato CESM, que se opuso a la norma desde el primer momento. Si llegara a aplicarse supondría un grave revés para los trabajadores y para la sanidad: favorecería la entrada de gestores privados como responsables de esas unidades dentro de los hospitales, creando microempresas que competirían entre ellas por la concesión pública.

 

La gestión clínica es otra cosa (potenciacion de la atención por procesos, continuidad asistencial, implicación de los profesionales en la mejora de la calidad, corresponsabilidad en la utilización de recursos diagnósticos y terapéuticos etc) y no tiene nada que ver con la introducción de intereses empresariales ajenos en el núcleo de los hospitales públicos ni con la supresión del régimen estatutario que hoy ampara a los sanitarios. El llamado "Foro de la Profesión Médica", integrado por organizaciones afines al PP, apoya esta estrategia que abre espacios de negocio a las empresas privadas y al numeroso ejército de gestores que viven de los presupuestos públicos -con una relación parasitaria escasamente denunciada-, pero perjudicaría a los trabajadores y a los usuarios de la sanidad que verían encarecidas y limitadas las prestaciones con la introducción de criterios de rentabilidad y beneficio económico. Porque, en último extremo, las empresas privadas tienen una obligación final única: repartir beneficios entre sus socios.

 

En el Parlamento Gallego acaban de aprobar una propuesta del PP que facilita la creación de AGC en nuestros hospitales. Tuvo el incongruente apoyo de BNG y AGE, que aceptaron, o así parece, la afirmación de Miguel Santalices, portavoz de Sanidad del PP, quien afirmó que "en asistencia sanitaria la comunidad autónoma es soberana y el decreto nacional no es vinculante". Pero no es así: los juristas afirman que una ley estatal prevalece sobre una autonómica. Así lo afirma también el PP que dice verse en la obligación de introducir el copago de los fármacos de dispensación hospitalaria para enfermos crónicos, por no poder eludir el mandato de la norma aprobada en Madrid.

 

En una estrategia de propaganda encadenada la consejera Rocío Mosquera acaba de comparecer ante la prensa con los consejeros de Madrid y Valencia (compañeros de viaje que tienen sus comunidades en la ruina y a los profesionales en pie de guerra contra de sus imposiciones políticas). Afirmó con rotundidad que el actual sistema sanitario ya no sirve y que hay que cambiar el sistema retributivo de los profesionales del Sergas, eliminando el salario fijo para introducir criterios de implicación en el trabajo y objetivos cumplidos. También afirmó que "no nos queda otra que aplicar fórmulas de colaboración público-privada". Estas afirmaciones representan una absoluta falta de respeto para los profesionales de la sanidad que -a pesar de las reducciones salariales y la precarización laboral-, están ejerciendo su cometido con la máxima profesionalidad con la intención de frenar el deterioro de los servicios sanitarios. Se trata de una nueva campaña de desprestigio de lo público para introducir la gestión privada en los centros sanitarios. Ya hemos visto los catastróficos resultados que obtuvieron en Madrid y Valencia, pero siguen por el camino trazado a pesar de todas las evidencias.

 

La sanidad gallega está siendo descapitalizada: perdió 370 millones de euros del presupuesto desde 2009, cuando el PP ocupó el poder. Las consecuencias comienzan a ser visibles: cierre de camas y servicios como nunca se había hecho, paralización del trabajo de tarde, amortización de plazas, precarización de las condiciones laborales, fuga de profesionales sanitarios etc. Ante esta realidad, que irá a peor con estas políticas, la consejera lo tiene claro: va a fomentar el "autocuidado" de los propios pacientes e impulsar la telemedicina, porque "la accesibilidad no se mide solo por la proximidad y es posible otra forma de prestar asistencia". Para eso va a promover la atención telefónica. Parece un sarcarmo, pero estas palabras fueron pronunciadas por Rocío Mosquera en sede parlamentaria en su última comparecencia. También anunció que van a permitir el acceso de los hospitales privados y de los geriátricos a las historias clínicas informáticas del Sergas. Esta decisión puede ser ilegal (permite el acceso privado a datos muy confidenciales que el Sergas debe tutelar): algo tendrá que decir la Agencia de Protección de Datos, tan rigurosa en otras materias.

 

Ante este panorama, ciertamente desalentador, hecho de menos una mayor reacción social, politica y sindical. ¿Que más tiene que hacer el actual gobierno para que haya una actuación ciudadana y sindical unitaria y potente que frene estas actuaciones de destrucción de servicios públicos desde las mismas entrañas del poder?

 

VER ARTICULO ANTERIOR DEL MISMO AUTOR EN EL QUE NOS PERTMITIMOS MATIZAR QUE GESTION CLINICA EN ASTURIAS Y EL PLANTEAMIENTO ESTATAL DEL PP SON, AUNQUE CON LA MISMA DENOMINACION, CUESTIONES COMPLETAMENTE DISTINTAS

Interesantísimo artículo de Lorenzo Fernández Fau, Ex Jefe de Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario de la Princesa y Ex Presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica

Lo primero no hacer daño (primun non nocere)

 

El título hace referencia a un principio de la bioética que obliga a los médicos, ante todo, a no hacer daño a los pacientes con las decisiones terapéuticas que aconsejan y llevan a la práctica. Es un principio que está vinculado al de No maleficencia. De los cuatro principios de obligado cumplimiento para los médicos que establece la moderna bioética es, éste, el único del que se pueden derivar responsabilidades judiciales.

 

Ilustración.- Imagen de la campaña de Médicos del Mundo. 

nuevatribuna.es

En publicaciones previas en este diario nos hemos manifestado acerca de los problemas y riesgos, que acechan a la sanidad española -con mayor tesón a la madrileña- así como a la nociva repercusión que esa tendencia puede ocasionar en los usuarios. En el último de ellos, hacíamos referencia a la responsabilidad jurídica en la que podrían incurrir los dirigentes políticos en el caso de que sus decisiones se muestren perjudiciales para la salud de los ciudadanos, entre otras cosas no menos importantes (ENLACE CON DICHO ARTICULO).

Pues bien, existe en el momento presente abundante información que viene a confirmar, de manera categórica, los efectos devastadores que para la salud tienen los ajustes presupuestarios y más aún, cuando se asocian a la privatización de las instituciones públicas sanitarias.

Trabajos, perfectamente documentados, en los que se pone en evidencia que las crisis económicas que se han venido sucediendo a lo largo de la última centuria se comportan de una forma semejante en relación con las estrategias políticoeconómicas empleadas. Aunque las circunstancias sean diferentes, tanto en el tiempo como en el espacio, las consecuencias de las políticas de recorte y austeridad son similares: recesión prolongada, aumento significativo de la mortalidad y elevados beneficios económicos para los poderes económicos. Sin embargo, los Estados que, dentro del mismo escenario de crisis, aplican medidas de activación económica y protección social mantienen, incluso pueden mejorar, las tasas de mortalidad y tienen una recuperación económica más rápida.

Son situaciones que se han reproducido con exactitud desde la Gran Depresión de 1929; tanto en la crisis económica postsoviética de 1989 como en la que aconteció en el Asia oriental en 1997.

Por cierto, en la Rusia postcomunista la crisis económica y las terapias de choque del libre mercado junto a la privatización de empresas estatales, apadrinadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, ocasionaron una tragedia de dimensiones colosales: la muerte de 10 millones de rusos jóvenes (entre 25 y 39 años) en un período de 10 años. Una crisis demográfica que hoy causa dolor en la población y estupor en los organismos internacionales, tales como la ONU, que en 1992 comenzaron a advertirlo (Stuckler D, Basu S. Por qué la austeridad mata. Taurus. 2013). Es increíble observar que estas abrumadoras tasas de mortalidad se puedan considerar como inevitables por lo que algunos consideran necesaria transición de modelo económico.

En buena medida, las causas de tal despropósito son consecuencia del requerimiento de las instituciones anteriormente citadas que surgieron después de la II Guerra Mundial, al amparo de la ONU, para mejorar el nivel de vida de los países miembros mediante la cooperación internacional, el respeto a los derechos humanos, la expansión sostenida de los recursos mundiales, el crecimiento equilibrado del comercio y la ayuda a los países subdesarrollados. Ahora bien, para que el FMI conceda créditos, rescate, a los países en dificultades exige a cambio, entre otras cosas, la privatización de empresas de propiedad estatal, la liberación de los mercados y recortes presupuestarios intensos, con especial relevancia en educación y sanidad. Según los estrategas del Fondo, estas terapias de choque pretenden canjear dolor a corto plazo, lo que también denominan daños colaterales, por beneficios a largo plazo. El problema es que los daños colaterales se miden en pobreza y mortalidad acentuada y los beneficios son para los que pueden invertir.

Y qué está ocurriendo en España y en el resto de países en los que desde hace un lustro la crisis económica y la recesión en la zona euro ha dado lugar a políticas de ajuste inducidas por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI: la llamada troika financiera. Pues algo similar a lo acontecido en las crisis señalas previamente.

En los últimos tres años el presupuesto de Sanidad en España ha descendido un 10.6%. Y eso supone un recorte de 6.700  millones de euros, es decir 150 € menos por habitante. El gasto por habitante al año era de 2.200 €. Una cifra considerablemente menor que la que destinan otros socios comunitarios como Alemania, Bélgica y Holanda, que emplean 1.000 € más por habitante y año que en España: por lo tanto, un 45.4% más.

En el año 2012, la Oficina Europea de Estadística (EuroStat), dependiente de la Comisión Europea, informaba que el gasto español en la sanidad pública supone el 7% del PIB. Si se exceptúa a Grecia, Portugal y Finlandia, todos los países de la Europa de los 15 junto a EE UU, Canadá, Nueva Zelanda, Islandia y Noruega gastan en sanidad pública más que España (desde el 9.5 % del PIB de Holanda al 7.2% de Irlanda).

Sin embargo, el gasto sanitario privado en España es de los más altos de Europa. Según el Informe 2013 del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) el gasto sanitario privado y el gasto sanitario público y provisión privada, representaron el 3.14% del PIB en 2010. Esto supone el 26.2% del gasto sanitario total. En consecuencia, España es el segundo país europeo, por detrás de Suiza, que más gasta en sanidad privada. Ahora bien, en el caso de que se lleven a cabo las privatizaciones aprobadas por la Comunidad de Madrid el gasto sanitario privado aumentará considerablemente. Habrá que ver ahora el coste añadido ocasionado por las privatizaciones, el beneficio de las empresas adjudicatarias y hasta cuanto se deteriora la salud de la población.

Aunque alguno de los datos disponibles no tienen todavía suficiente peso para sacar conclusiones definitivas, es preciso tener en cuenta la experiencia negativa que han vivido, y sufren en el presente, otros países golpeados por la austeridad. No obstante, algunos indicadores hacen presagiar un deterioro de la calidad de vida y de la asistencia sanitaria en España que pueden desembocar en un grave desenlace para el conjunto de la población.

Por ejemplo, según EuroStat, el 80% de la población que no tiene grandes ingresos padece algún tipo de desatención en la asistencia sanitaria. Las listas de espera quirúrgicas han aumentado un 40% y la mortalidad materna -fallecimiento de madres en los días próximos al parto- que en 2007 era de 2.6 por 100.000 nacimientos ha pasado a ser de 4.1 tres años más tarde. Por otro lado, el conjunto de las medidas de restricciones, copagos y eliminación de subsidios hace que los asalariados españoles deban pagar hoy un 60% más que antes por los medicamentos. Además, se han eliminado medicamentos que estaban incluidos en el sistema público.

Uno de los parámetros analizados y que repercute peyorativamente en la salud, es la pérdida de hogar que inducen los desahucios. En las personas sin hogar existe un incremento acentuado de la mortalidad y de sufrimientos evitables. En efecto, los sin techo tienen una expectativa de vida de 45 años. Por lo tanto, abrumadoramente reducida: alrededor de cuarenta años menos que los que tienen vivienda. Se estima que a los 5 años de quedarse sin hogar una persona tiene 4.4 veces más probabilidades de morir prematuramente que otra  de la misma edad y sexo que ha conservado su vivienda. En EE UU, las personas sin hogar como consecuencia de la recesión reciente tienen una expectativa de vida media comparable a Sierra Leona y el Congo: países aniquilados por las guerras.

En Grecia, Irlanda, España, Portugal, Estados Unidos y Reino Unido el número de personas sin hogar aumentó entre un 25% a 68%. En Barcelona, por ejemplo, aumentó 31% entre 2008 y 2011. Las consecuencias no se han hecho esperar con incrementos de malnutrición, mortalidad maternoinfantil, sida, tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas; incluso epidemias exóticas como las ocasionadas por el virus del Nilo o la malaria.

Por el contrario, países como Finlandia, Suecia o Islandia, que han llevado a cabo programas para proporcionar viviendas y asistencia social a las personas sin hogar, no han padecido las funestas consecuencias descritas en las regiones donde la austeridad ha sido protagonista.

El estrés generado por la dificultad para pagar la deuda aumenta el riesgo de suicidios y depresión. Varios estudios han puesto de manifiesto las repercusiones que en la salud provoca la posibilidad de un desahucio. Las personas que se quedad atrasadas en sus pagos hipotecarios tienen 9 veces más probabilidades de desarrollar síntomas de depresión, 7.5 más de sufrir malnutrición y 9 veces más de saltarse la toma de medicamentos.

Se ha comprobado que un aumento de 100 desahucios se corresponde con un aumento medio de 7.2% de visitas a urgencias y hospitalización por hipertensión arterial así como por un incremento de 8.1% de complicaciones de la diabetes en personas menores de 50 años. Aún más, las personas sin hogar tienen 35 veces más probabilidades de suicidarse. Ahora bien, el suicidio sólo es la parte más visible y dolorosa de una situación más generalizada y, al mismo tiempo, soterrada. Se calcula que por cada suicidio constatado hay diez intentos frustrados y entre 100 y 1.000 nuevos casos de depresión. En España, entre 2007 y 2010 se suicidaron unos 400 varones más de lo previsto antes de los recortes, despidos y desahucios. Estudios realizados sobre 7.940 pacientes han revelado que el número de personas con depresión grave aguda aumentó en España un 20%.

Otra circunstancia que tiene repercusión sobre la salud está en relación con el desempleo. Según un reciente informe de la OMS, la mortalidad entre los parados es 20% más alta que entre las personas que mantienen su empleo.  La OMS advierte que con un 52 % de desempleo juvenil, el más alto de Europa, España se enfrenta a una emergencia sanitaria.

Cada vez es más patente percibir por parte de la ciudadanía las funestas consecuencias que los recortes ocasionan, por lo que resulta curioso comprobar cómo los responsables políticos tratan de ocultar, tergiversar, manipular o incluso mentir, ante esas evidencias. En este sentido, existen numerosos ejemplos que testifican ese proceder en todos los países golpeados por la crisis.

Otra falacia esgrimida de forma reiterada es la de atribuir a la sanidad privada mejores resultados y ser más eficiente que la pública. Sin embargo, se ha reconocido en Estados Unidos que traspasar la salud al sector privado es una medida perjudicial desde el punto de vista sanitario; algo semejante a lo que está ocurriendo en el Reino Unido con las privatizaciones y recortes en el Servicio Nacional de Salud. De igual modo, y en contra de lo que de forma taimada proclaman los que tienen, o defienden, los intereses privados, se ha demostrado que el sistema de mercado sanitario no es más eficiente que el público. Y por qué. Hay numerosas razones que lo atestiguan pero de una forma deliberadamente sucinta, por la limitación de espacio que un artículo de esta naturaleza implica, es posible apelar a algunas cuestiones verificables.

La eficiencia productiva de un sistema es aquella en la que se obtiene el máximo producto utilizando los mínimos recursos posibles. Pues bien, EE UU es el país del mundo que dedica el mayor porcentaje de su PIB a la sanidad, 17.4% -la mayor parte del gasto, el 9.1%, es para la privada- (Eurostat 2012). Sin embargo, la OMS califica al sistema de atención sanitaria estadounidense como uno de los peores comparándolo con la mortalidad internacional (US Health in International Perspective: Shorter Lives, Poorer Health. 2013). Los índices de mortalidad evitable estadounidenses superan en un 40% la media europea y tienen mayores índices de infecciones hospitalarias, de muertes por errores médicos y de visitas hospitalarias evitables.

Teniendo en cuenta que la sanidad pública en España está considerada como una de las mejores del mundo -para unos evaluadores externos ocupa la tercera posición y para otros la séptima- y que el PIB dedicado a sanidad es, tal como se ha mencionado antes, uno de los más bajos de la Eurozona, sólo del 7%, caben pocas dudas de que la sanidad pública española es de las más eficientes del planeta. Si existen evidencias en este sentido por qué ese empeño en privatizar la sanidad española, y más concretamente la madrileña. Qué intereses, que no sean espurios, pueden motivar el desguace de la sanidad pública española cuando ha demostrado su calidad. Con qué argumentos, que no sean engañosos, se pretende privatizar el sector sanitario público cuando ha demostrado tal eficiencia. Otra cosa es intentar que todavía lo sea más: y por ahí deberían tomarse las medidas oportunas para lograrlo.

Resulta sorprendente y al mismo tiempo cruel que, sin embargo, estas actuaciones de recortes y privatizaciones se tomen conociendo el coste humano que pueden causar; incluso habiendo sido constatado el efecto negativo que acarrean en la recuperación económica. En ese sentido, sería oportuno tomar medidas para restituir las prestaciones sociales y sanitarias erosionadas por las políticas de ajuste y, al mismo tiempo, requerir responsabilidades judiciales a los que aconsejaron su práctica y a los que la implementaron. 

El título de este artículo hace referencia a un principio de la bioética que obliga a los médicos, ante todo, a no hacer daño a los pacientes con las decisiones terapéuticas que aconsejan y llevan a la práctica. Es un principio que, tal como hemos expresado en publicaciones previas, está vinculado al de No maleficencia. De los cuatro principios de obligado cumplimiento para los médicos que establece la moderna bioética es, éste, el único del que se pueden derivar responsabilidades judiciales.

Recientemente, en la literatura médica se ha asociado este principio al de “accountability” que viene a expresar, entre otras interpretaciones, la responsabilidad en la que incurren aquellos que tienen poder sobre las vidas de las personas. Se trata de un fundamento por el que, de igual modo, es preciso rendir cuentas a causa de las decisiones y acciones de la gestión pública.

Y en ese aciago trasiego que causa dolor en buena parte de la colectividad y que, no obstante, da ocasión para que una minoría con intereses creados se lucre con la privatización de los recursos públicos y la reducción del papel del Estado, qué se hace para resarcir a los que han sufrido las consecuencias de una política de la que no son culpables. Y aún más, qué se hace con los que de forma consciente causan tal descalabro social, tanto en sufrimientos como en pérdida de vidas evitables. Tengo la creencia de que no basta con el desprestigio político y verse privado del poder gubernamental transitorio que puedan sufrir. Es preciso exigir responsabilidades judiciales para los autores de implantar una estrategia que engendra tal catástrofe y mortandad premeditada en la sociedad. Porque, teniendo en cuenta la multitud de datos disponibles sobre las deletéreas consecuencias que la austeridad presupuestaria genera, premeditado es tomar decisiones que conduzcan a un infortunio de esa naturaleza.

La toma de decisiones políticas en la gestión pública exige que estas sean aplicadas una vez que hayan sido rigurosamente evaluados los riesgos y beneficios que su implementación puede entrañar; sobre todo, cuando afectan a la ciudadanía en su conjunto y a cuestiones tan relevantes como la salud de la población.

Ante una postura tan destructiva, que podría ser conceptuada como de traición de los gobernantes a la ciudadanía, ésta no puede permanecer impasible y debería rebelarse ante tamaña iniquidad. En todo caso, ¿no sería preciso que el cuerpo social exija al Ministerio Fiscal que cumpla las funciones que les son propias en defensa del interés público: y que están reflejadas en el artículo 3 de su Estatuto?

El pueblo islandés se rebeló contra los responsables de la mayor crisis económica de su historia y dijo no a las políticas de austeridad que pretendían imponerle. Hoy en día, la economía islandesa no sólo se muestra con mayor fortaleza que antes sino que, además, la salud pública está en mejor posición que en el período previo a comenzar la crisis. Una actitud y situación, que tiene similitudes con las que sufrió Malasia en la crisis económica que afectó a la región asiática oriental en 1997. En plena recesión, la protesta social que se desencadenó obligó al primer ministro a rechazar el rescate del FMI porque las condiciones impuestas por el Fondo podían ser perjudiciales para el pueblo y siguió, por el contrario, una política de estímulo fiscal y económico que dio lugar a un reforzamiento de los programas de protección social. En consecuencia, fue el primer país de la zona en experimentar una recuperación económica y en tener superávit presupuestario: justo lo que el Fondo imponía a los países que rescataba sin conseguirlo.

Unos resultados que vienen a confirmar que en los momentos en los que el sufrimiento aprieta los programas de apoyo a la salud son más rentables que los de austeridad.

Por otro lado, se ha sugerido que, para evitar situaciones como las que se están padeciendo, se establezcan Oficinas Gubernamentales de Responsabilidad de la Salud, organismos te tendrían la misión de analizar la repercusión de las estrategias políticas en la salud pública. Deberíamos tomarlo en cuenta.

Los sindicatos sí importan

Por Mohamed Haidour |

Un estado con sindicatos maniatados o con sindicatos perseguidos, no es un estado democrático, no es un estado libre, no es un estado de derecho.

Foto: Prudencio Morales

nuevatribuna.es | Mohamed Haidour | 30 Octubre 2013 - 18:58 h.

El grado de libertad y de democracia de un país se mide también por la independencia y la fortaleza de sus organizaciones sindicales

La ofensiva sin cuartel orquestada por la derechona y sus voceros mediáticos contra el movimiento sindical pretende dejarle fuera de juego, para, agazapados tras la crisis, proseguir con su embestida reaccionaria a la conquista de sus objetivos estratégicos: vaciar de contenido los logros laborales y acabar con los derechos históricos conquistados tras largos años de lucha y padecimientos, teñidos con la sangre y el sudor de los trabajadores...(leer más)

Ante el anteproyecto de ley de colegios profesionales

 

Por Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Foto.- Mariano Rajoy con los presidentes de los colegios de enfermería y médico, Máximo González Jurado y Juan José Rodríguez Sendín, respectivamente.

nuevatribuna.es

El Gobierno ha elaborado un “Anteproyecto de Ley de servicios y colegios profesionales” que se supone tiene como objetivo el adecuar la regulación de las actividades profesionales al marco de la UE, pero que en realidad, en el caso de los sanitarios no hace sino reforzar la absurda situación actual.

 

Cuando hablamos de los colegios hay que ser conscientes de algunos hechos sumamente contradictorios, el primero de los cuales es la colegiación obligatoria.

 

El concepto de democracia choca frontalmente con la obligatoriedad de adscripción a una organización concreta. En un sistema democrático las personas de acuerdo con sus convicciones, intereses o afinidades se adscriben a las organizaciones y entidades que estiman oportuno. Las afiliaciones obligatorias son propias de regimenes totalitarios.

 

Por otro lado la obligatoriedad, y la supuesta “representatividad” de todo el colectivo profesional se contrapone con la pluralidad de intereses y posiciones ideológicas, laborales y sanitarias que existen en el colectivo. Los profesionales están fragmentados  según su situación en el mercado de trabajo (empleados con un único trabajo en el sector público, a su vez con plaza fija o contratos de diverso tipo, quienes trabajan en el sector privado, como autónomos o contratados por empresas, pluriempleados y desempleados), su titulación (diversas especialidades, algunas de ellas fragmentadas en grupos mas o menos enfrentados), su situación formativa, sus posiciones sobre la Sanidad y su ideología, por señalar solo lo mas evidente. Al final el titulo es lo único en común, pero sus posiciones, intereses y posiciones ideológicas pueden variar casi hasta el infinito. Por eso pretender representar a todos los profesionales con una única voz resulta una tarea imposible y un ejercicio de reduccionismo intelectual, quizás tuvieron un papel en el siglo XIX, pero en el XXI están obsoletos.

 

Existe otro modelo de colegios en Europa, en los países anglosajones y nórdicos, en el que la colegiación es independiente del registro, y esta colegiación supone un grado de reconocimiento por parte de estas entidades. Por otro lado, en el caso del Reino Unido los colegios no agrupan al conjunto de la profesión, sino que se articulan por especialidades, así existe un colegio de general practitioners (médicos generales), etc, y son el conjunto de los colegios los que se agrupan en este caso en la asociación médica británica (BMA). Conviene recordar que en España durante los primeros años del siglo XX la colegiación era voluntaria y que fue la Dictadura de Primo de Rivera la que estableció la obligatoriedad.

 

Finalmente hay que tener en cuenta que la libertad de colegiación podría favorecer a los propios colegios por dos mecanismos, el primero es que les obliga a estar atentos a las demandas de los profesionales y no pueden, salvo que quieran quedarse solos, el ignorar los problemas reales, las inquietudes y las necesidades de los mismos, y el segundo es que les permite constituirse en una referencia de la cualificación y la calidad profesional, colegiando solo a aquellos  que acrediten una buena practica y un nivel adecuado de conocimientos, lo que ahora, al ser obligatoria la colegiación, es evidentemente imposible, de esa manera el hecho de estar colegiado podría suponer un merito y un motivo de orgullo.

 

Otro hecho evidente es que la práctica diaria de los colegios demuestra que estos son impermeables a los cambios sociales y profesionales, y ello en parte debido a la colegiación obligatoria que no incentiva a los colegios a amoldarse a los cambios sociales y ni siquiera a los de sus colegiados, pues son conscientes de que estos seguirán siéndolo a su pesar.

 

Hay que  entender que cualquier colectivo social que se organiza separadamente en la sociedad lo hace para defender sus intereses particulares, que puede que identifique con los de la sociedad en su conjunto (muchas veces sin que sea así), pero siempre que hay situaciones de litigio adoptara una postura de autodefensa. Por otro lado la experiencia en España demuestra que los colegios  han adoptado posturas cerradamente corporativas defendiendo en muchos casos ni siquiera los intereses de la mayoría de los profesionales, sino solo los del grupo que controla el aparato colegial.

 

La colegiación sirvió también, en su día, para garantizar a la ciudadanía de la titulación y cualificación de los profesionales, pero en este momento ese papel lo cumplen sobradamente el Ministerio de Educación y el de Sanidad, mediante la expedición de los títulos correspondientes y la reglamentación de la formación pregrado y las administraciones autonómicas que acreditan la formación continuada

 

Otro argumento utilizado a favor de la colegiación obligatoria es la supuesta capacidad de estos para regular la práctica profesional, y mediante los códigos deontológicos favorecer la buena práctica y sancionar a la mala praxis. No obstante la realidad demuestra que no es así. Por un lado no parece lógico que los profesionales estén sujetos a unas normas distintas a las del resto de la ciudadanía, ni tampoco que en un estado democrático puedan existir normativas elaboradas por entidades ajenas al cuerpo legislativo, que por cierto ya cubre la totalidad de conductas de los profesionales que están sujetas a las decisiones de los tribunales de justicia, el caso es especialmente llamativo en cuanto a los profesionales que trabajan solo en el sistema público, porque estos se encuentran ya sometidos a la capacidad de control y sanción de las diferentes administraciones públicas, aparte de a la legislación general como todos los demás ciudadanos. Podrá darse el caso de que produjeran sanciones  en la vía colegial que se sumaran a las de los tribunales de justicia o contradicciones entre las actuaciones de ambas.

 

La practica de los colegios señala que ha habido muy pocas actuaciones para regular y controlar la mala praxis incluso en casos muy evidentes, y por el contrario se han producido intromisiones de los colegios en cuestiones ideológicas y a veces contradictorias con la legislación vigente, pues, en términos generales, los colegios en España han actuado en representación únicamente de las concepciones mas conservadoras de la profesión, si bien en los últimos años su actuación en este aspecto ha mejorado.

 

Los colegios tienen sistemas electorales y funcionamiento que no son democráticos. El funcionamiento de los colegios sigue rigiéndose por normas de representación mayoritaria que anula la posibilidad de representación de las minorías, por amplias que estas sean. De esta manera en las elecciones de los colegios provinciales una lista puede copar todos los puestos de la junta directiva con solo obtener un voto más que la siguiente. Y por supuesto este sistema antidemocrático se hace aún mas potente y opaco en las organizaciones y consejos colegiales de ámbito estatal (un ejemplo es el actual presidente de la OMC, candidato único elegido con unanimidad “coreana”).  Si no se garantiza la representación proporcional de las diferentes opciones el funcionamiento democrático de los colegios no esta asegurado y estarán siempre en manos de grupos de intereses frecuentemente minoritarios entre la profesión, de ahí la desafección de los obligados colegiados a la hora de votar (habitualmente no se supera el 20% del censo, en mas de un caso no se llega ni al 10%).

 

Los colegios son organismos fuertemente subvencionados, es decir son sufragados en gran parte por el conjunto de la población. La desaparición de la colegiación obligatoria no solo supondría un alivio económico a sus obligados colegiados, sino también a los presupuestos públicos, que pagan todos los ciudadanos. Las cuotas colegiales se desgravan en la base imponible (un calculo aproximado de unos 100 millones €/año, lo que no deja de ser importante en unos momentos como los actuales) y además reciben numerosas subvenciones de las administraciones públicas y tienen monopolios sobre algunas materias de gran importancia y uso por la población (por ejemplo los certificados médicos oficiales). Por todo ello la no obligatoriedad de la colegiación supondría  beneficios significativos para la economía de profesionales y ciudadanos.

 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, cualquier cambio en la legislación sobre colegios profesionales en el caso de los sanitarios debe de abordar, como mínimo, 3 aspectos claves:

 

Colegiación voluntaria, cuando menos para quienes trabajan en el sector público. La colegiación de los profesionales de la Sanidad debe de ser voluntaria, aplicándoseles los criterios de otras profesiones, y como mínimo debe de establecerse la colegiación voluntaria para los que solo trabajan en el sector público.

 

Cambiar las funciones de los colegios para darles utilidad social. Los colegios deben de circunscribirse a las labores de asesoramiento de los poderes públicos en el ámbito de la correspondiente profesión, debiendo desaparecer cualquier intento de arrogarse la representación de todo el colectivo profesional, y favoreciendo la mejora en la cualificación y en la garantía de la calidad y cualificación de los profesionales

 

Implantar la democracia en los colegios. Hay que establecer un sistema electoral en los colegios que obligue a respetar la representación proporcional de las minorías en las juntas colegiales a partir de un mínimo acreditado en las elecciones (por ejemplo el 3 o el 5% de los votos) e idéntica representatividad en los organismos  de nivel autonómico y estatal.

 

Los colegios, como están demostrando todos los días con su practica, ni favorecen a los profesionales ni a la Sanidad del país, los Gobiernos y las distintas administraciones les favorecen porque es mas fácil conseguir acuerdos  con organismos cuanto mas aislados y menos representativos sean, y seguramente por ello no se ha avanzado en este terreno en los últimos 35 años.

No requiere comentario, el título lo dice todo

El timo de las pensiones

Por Antón Losada

eldiario.es

Mientras media España se solazaba haciendo chistes sobre la relaxing cup of café con leche por la que hemos pagado millones al típico gurújeta de la comunicación, el Gobierno ha aprobado discretamente, como le gusta, su anteproyecto para la enésima reforma de las pensiones. Mientras Artur Mas y Mariano Rajoy nos hacían el teatrillo de las ofensas y las cartitas como si España fuera un capítulo de La Regenta, sin apenas ruido y sin que nos lo contaran mucho, el ejecutivo ha metido el turbo para acabar con el sistema público de pensiones.

 

No le llamen reforma, llámenle timo. Es el timo de la estampita. Nosotros entregamos cotizaciones y dinero de verdad y ellos nos devuelven estampitas haciéndose los tontos. Todo cuanto nos han contado todos los gobiernos hasta ahora sobre las pensiones o era solo media verdad, o estaba manipulado, o era mentira. Una detrás de otra.

 

Nuestro gasto en pensiones no se ha disparado. Continúa por debajo del 11% del PIB. Ahí sigue desde los años noventa, tres puntos por debajo de la media de la UE-15. En las peores previsiones del Gobierno, el gasto llegará al 14% del PIB en 2050. Un porcentaje inferior a lo que dedican a pensiones hoy en Italia o Francia y similar al gasto actual alemán. Las catastróficas proyecciones demográficas eran mentira y son mentira. Para que se cumplan las previsiones que amparan la reforma, la población española deberá reducirse en las próximas décadas hasta caer por debajo de los 41 millones. Solo así se cumplirá la profecía de que los pensionistas lleguen a sumar un tercio de la población total.

 

Más mentiras. Dice el Gobierno que no ha atendido las recomendaciones de aquel chiripitifláutico Comité de Expertos, creado para convertir en política pública los objetivos del sector asegurador y la banca. Falso. Las atiende al pie de la letra en lo esencial. La reforma entrará en vigor antes de lo previsto, en 2019, y se han introducido no uno, sino dos factores de corrección al desvincular las pensiones del IPC y ponderarlas con un factor de sostenibilidad donde quien viva más, cobrará menos.

 

Cuando este Gobierno tomó posesión, la hucha de las pensiones guardaba 80.000 millones de euros. Hoy conserva menos de sesenta mil millones y el demoledor impacto de la reforma laboral ha acelerado el déficit de la Seguridad Social. Un pensionista de hoy no sabe cuánto cobrará pasado mañana, ni cuánto habrá de pagar. Un pensionista de mañana, tampoco, ni siquiera sabe si cobrará.

 

Se lo pueden decir más alto pero no más claro. Ábrase un plan de pensiones privado porque vamos a destrozar y liquidar el sistema público. Estamos hablando de un negocio de 15 mil millones de euros anuales. Usted y yo le llamamos pensiones, pero el Gobierno, la banca y los seguros le llaman capital.

El gobierno central y las autonomías gobernadas por el PP están actuando como auténticos liquidadores de la sanidad pública

 

Los liquidadores de la sanidad pública

Por Pablo Vaamonde (Médico de familia)

nuevatribuna.es

En los últimos tiempos supimos de la existencia de una nueva profesión: el liquidador de empresas. Se trata de un experto que adquiere una empresa arruinada y, utilizando diversos artificios financieros, consigue cuantiosos beneficios con su cierre (dejando a los trabajadores en la calle). Ángel del Cabo se hizo millonario y alcanzó notoriedad pública con la liquidación de las empresas de Díaz Ferrán (aquel presidente de la CEOE que nos decía que teníamos que trabajar más y cobrar menos). Ahora están los dos en la cárcel.

El gobierno central y las autonomías gobernadas por el PP están actuando como auténticos liquidadores de la sanidad pública. Afirman defender la sostenibilidad, pero adoptan decisiones que contribuyen realmente a su deterioro y a la privatización. No descansan. Ni siquiera en el mes de agosto. Al contrario, aprovecharon el período vacacional para impulsar medidas que representan auténticas agresiones contra el sistema nacional de salud (SNS). Hagamos un breve repaso de los últimos acontecimientos:

- La foto antes de las vacaciones. El último día de julio Rajoy reunió en La Moncloa a un grupo de organizaciones afines con las que firmó un “Pacto por la sostenibilidad del SNS”. Tras la firma protocolaria hicieron la foto de rigor que fue publicitada como un acto histórico. Pero se trata, en realidad, de una triste parodia y de un engaño denunciado por los sindicatos y los defensores de la sanidad pública. La FADSP afirma que este acuerdo carece de contenido práctico, que representa un paso más en la estrategia del deterioro de la sanidad pública y que este acto publicitario solo pretende frenar las movilizaciones de profesionales y ciudadanos contra la privatización del sistema.

- Madrid privatiza. A pesar de la masiva contestación los gobernantes de la Comunidad de Madrid persisten en su empeño privatizador. Tampoco han tenido en cuenta los dos recursos judiciales sin resolver: un millón y medio de madrileños pueden ver sus hospitales privatizados dentro de poco. Después de un proceso oscuro y poco transparente tres empresas privadas –Sanitas, Ribera Salud y la puertorriqueña Hima San Pablo (especializada en turismo sanitario)- podrían hacerse cargo de la gestión de seis hospitales. El PP madrileño empujó esta medida a pesar de las evidencias históricas: las experiencias previas realizadas en otras geografías tuvieron consecuencias negativas para la población, los profesionales y la propia sanidad pública. De momento este proceso está paralizado: un juzgado madrileño ha decretado la suspensión cautelar de la externalización atendiendo a una demanda de la asociación profesional Afem.  Pero el dinero público no se escapa solamente por esta vía hacia los bolsillos de las empresas privadas. La sanidad madrileña aumentó el presupuesto para los conciertos con clínicas privadas en un 55%. Este incremento es, con diferencia, el mayor de los últimos años.

- El nuevo hospital de Vigo. El hospital que se necesita, desde hace años, en el sur de Galicia, fue adjudicado por el gobierno de Núñez Feijóo a una UTE (Unión Temporal de Empresas) constituída por bancos arruinados y constructoras en bancarrota. El hospital lleva más de un año parado: la empresa concesionaria no consigue que ninguna entidad financiera le conceda crédito. Pero la Xunta persiste en su afán privatizador. En contra de todas las normas permitió cambios en el contrato e incluso en la composición de la UTE. A principios de agosto Núñez Feijóo afirmó que habían conseguido la financiación necesaria para continuar la construcción. Pero, en este caso, en dinero será aportado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y por entidades bancarias rescatadas con dinero público (entre las que figura Novagalicia Banco, con centenares de personas afectadas por el fraude de las preferentes). Por lo tanto, el nuevo hospital será financiado con dinero público que después reportará beneficios a las empresas integradas en la UTE concesionaria. Mal porvenir le espera a la sanidad pública en el sur de Galicia si no se cambia la situación. Recordemos que el hospital privado Povisa atiende a una gran parte de la población de la zona (parte de la ciudad de Vigo y la península del Morrazo). Tiene un Concierto Particular con el Sergas muy favorable, pero acumula las mayores listas de espera de la Comunidad y hace un trato claramente discriminatorio entre los clientes privados y los usuarios del Sergas. Acaba de sufrir una prolongada huelga (desconvocada después de una sentencia favorable a los trabajadores) por intentar imponer unas penosas condiciones a su personal (con rebajas salariales del 40%).

- Recorte público y más gasto familiar. La ministra de Sanidad acaba de anunciar que el copago en las medicinas significó una reducción de la factura farmacéutica de 2.000 millones de euros en su primer año de vigencia. Esta noticia, presentada como una conquista, puede ser interpretada de otra forma. Más que ahorro lo que hicieron fue trasladar un gasto público a las economías familiares, ya muy deterioradas en la actualidad. La obligación de pagar un porcentaje del coste de los medicamentos en la farmacia y la retirada de 450 medicinas, de uso muy frecuente, de la financiación pública obliga a las familias a un esfuerzo económico que, a menudo, resulta inasumible. Así pues, en vez de presumir por lo que considera un triunfo, la señora ministra debería pedir perdón a los ciudadanos por imponerles un gasto más a las ya depauperadas economías familiares. En realidad el copago representa un daño para la salud individual y colectiva (muchas personas dejaron de medicarse por no poder costearlo) y un elemento más para aumentar las desigualdades. Los pensionistas gallegos sufren de forma especial esta situación: su pensión media es de 722 euros, un 16% inferior a la media del Estado. Galicia ocupa el último puesto de las 17 Comunidades Autónomas en este ranking.

- Más castigo para los trabajadores. A finales de agosto se publicó en el BOE la Ley 10-2013. Se trata de una norma aparentemente neutra, que incorpora instrucciones europeas al ordenamiento jurídico español en relación con la farmacovigilancia. Pero, como si no tuviese importancia, esta ley incluye una disposición final quinta que modifica el Estatuto Marco del personal estatutario del SNS. Esta modificación permite la creación de lo que llaman “Unidades de Gestión Clínica” integradas por personal laboral, en las que se tendrían que integrar los que ahora tienen la consideración de estatutarios. En definitiva, tal como denunció la propia CESM, esta ley elimina todas las garantías del régimen estatutario. Se trata de una afrenta más contra los trabajadores de la sanidad pública, hecha de forma tramposa y canalla (al incluir una disposición de esa trascendencia en el articulado de una ley que nada tiene que ver con la regulación laboral).

- Aumentan las listas de espera. La drástica reducción presupuestaria, la pérdida de personal y la eliminación del trabajo de tarde en los hospitales están provocando una situación de grave colapso en los centros públicos. La espera quirúrgica pasó, en seis meses, de 76 a 100 días. Cerca de 600.000 personas esperan por el quirófano. Este es el mayor incremento desde que el Ministerio comenzó a registrar estos datos. Las autoridades sanitarias no parecen preocupadas por estos datos. Algún sindicato interpreta que no les interesa que la sanidad pública funcione: es necesario tener argumentos para seguir ahondando en las privatizaciones.

- Disminuye la esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer es uno de los principales indicadores para conocer la calidad de vida de un país. En las últimas décadas este parámetro mejoró de forma continuada y permanente. Ahora, por primera vez en la historia reciente, la esperanza de vida de los españoles bajó unas décimas, pero este descenso continuará si no cambian nuestras condiciones de vida. La precariedad económica, la inseguridad laboral, la incertidumbre por el futuro, la exclusión sanitaria de los más desfavorecidos y el aumento de las desigualdades: todos estos factores influyen en este cambio de tendencia. Las políticas impuestas por el partido en el poder son las responsables principales de esta mudanza histórica.

Los recortes, las privatizaciones, la cercenación de los principios básicos del SNS eso es en lo que anda la ministra.

El aumento de las listas de espera, una situación anunciada

Por Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es

Los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad revelan que en diciembre de 2012 se había producido un notable aumento de las personas en lista de espera y de la duración media de las mismas (3 días en consultas externas del especialista y 24 días para intervenciones quirúrgicas comparados con enero de 2012, que se sitúan así en 59 y 100 días respectivamente). A la vez el porcentaje de pacientes con una espera superior a 6 meses (supuestamente el limite máximo establecido) se situaba en el 16,5% (6,1% mas en el mismo periodo de tiempo).

 

No se han hecho públicos los datos desagregados por CCAA, en la tradición del Ministerio de Sanidad de ocultar información relevante del funcionamiento de un servicio que pagamos con nuestros impuestos. La ministra para rematar el asunto ha dicho que todo se debía a que se había incluido una comunidad autónoma más en el computo (la de Madrid), y aunque eso puede justificar un aumento en el número de personas en lista de espera no puede ser la causa del aumento de los días de demora, salvo claro esta que en Madrid las esperas sean escandalosamente mas altas que en el resto de las CCAA, que, igual es lo que ha querido decir la ministra utilizando uno de sus habituales trabalenguas.

 

Los datos de las listas de espera son congruentes con los que ya ofrecía el Barómetro Sanitario (junio-septiembre de 2012) que ya señalaba que la mayoría de la población no pensaba que las listas de espera mejorasen, sino todo lo contrario, y que las demoras aumentaban en consulta de especialista y medico de atención primaria.

 

Hay tres cuestiones que merece la pena resaltar. La primera es que obviamente esta situación es resultado de los recortes en Sanidad y que previsiblemente lo peor esta por llegar. Desde 2010 los presupuestos sanitarios han disminuido en unos 7.200 millones € y eso significa que hay menos personal, según los datos del Ministerio de Hacienda 12.500 menos desde enero de 2010 a enero de 2013, pero estos datos probablemente subestiman la perdida de empleo porque no cuantifican al persona eventual que es donde se han cebado los recortes y que supone en torno al 30% de los trabajadores del sector. Como consecuencia de ellos se han cerrado quirófanos, consultas, puestos de urgencias, camas de hospitalización, etc. A este contexto de recortes presupuestarios hay que sumar el proceso privatizador y los sobrecostes que conlleva detrayendo cantidades cada vez mayores a unos presupuestos cada vez mas escasos.

 

Lo segundo es que presumiblemente las demoras reales son mayores, primero porque las CCAA procuran maquillar los datos y tienen toda una serie de mecanismos para que los enfermos no estén contabilizados en las listas de espera oficiales o entren lo menos posible (la Comunidad de Madrid es todo un ejemplo al respecto), y que por lo tanto acabaran, lo están haciendo ya, deteriorando la salud de la población, aumentando la morbilidad, la gravedad de los procesos y la mortalidad.

 

Lo tercero es que  el Ministerio de Sanidad intenta mirar para otro lado (la ministra es una experta en su domicilio y en su despacho), cuando evidentemente le corresponde una responsabilidad importante en el tema, tanto por lo que respecta a la financiación, problema sin resolver desde 2001, porque es imprescindible avanzar hacia una financiación suficiente y finalista, como en lo que respecta a las tareas de Alta Inspección y al hecho de que el Ministerio preside el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud desde donde debe asumir la cohesión del SNS y hacer propuestas para mejorar su funcionamiento y establecer políticas activas, hasta ahora solo se ha dedicado a recortar y favorecer las privatizaciones con los resultados que están a la vista.