RETRIBUCIONES

La Asamblea certifica el recorte de Aguirre a los funcionarios

LEY DE ACOMPAÑAMIENTO

El País. P. ÁLVAREZ / E. G. SEVILLANO Madrid 10 ENE 2012 - 15:54 CET

Foto: Protesta contra la eliminación de 3.000 puestos de trabajo. / EFE

La marea verde fue la avanzadilla. Los profesores llevan cuatro meses protestando, no por trabajar más horas, como ha estado insinuando el Gobierno de Esperanza Aguirre, sino porque los recortes de inicio de curso han supuesto, denuncian, una merma en la calidad de la enseñanza en Secundaria: más alumnos y menos docentes para darles clase y para cubrir todo lo que ocurre fuera de las aulas: horario de bibliotecas, guardias, desdobles...

La aprobación a finales del pasado diciembre de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2012, con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, pilló a los sindicatos con el paso cambiado y no reaccionaron de forma inmediata. Supone ampliar la jornada semanal a 37,5 horas a todos los empleados públicos (la plantilla total ronda los 170.000 trabajadores) y penalizarles si se ponen enfermos con hasta un 40% de reducción de sueldo durante la baja.

Los funcionarios se preparan para plantar cara al Gobierno de Madrid

Los recortes también llegan a los juzgados de violencia machista

Las protestas educativas, a la espera de la reunión con la consejería

Valencia: Recursos, denuncias y protestas de los sindicatos

La subida del IRPF mermará las nóminas de los asalariados a partir de febrero

 

 

Un estudio realizado por el sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda señala que el grueso de la subida fiscal lo soportarán en dos terceras partes (un 68,4%) las clases medias.

La aplicación de la nueva escala para las retenciones se demora un mes l Asturias y Cataluña, donde más tributarán los ricos

Oviedo, José Luis SALINAS

La subida extra del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) que acaba de aprobar el Gobierno para 2012 y 2013 mermará las nóminas de los asalariados a partir de febrero, cuando, siguiendo las instrucciones de la Agencia Tributaria, las empresas comenzarán a aplicar los nuevos tipos de retención. Los descuentos mensuales subirán en proporción a un aumento del IRPF que será progresivo: un 0,7% adicional para los contribuyentes con ingresos más modestos (por debajo de 17.707 euros anuales) y hasta el 7% cuando los ingresos superan los 300.000 euros.

Fuentes de la Agencia Tributaria explicaron que la subida, que también alcanzará a los pensionistas con mayores ingresos, comenzará a aplicarse, a través de las retenciones (pagos a cuenta), en los salarios correspondientes al mes de febrero. Esto es, las nóminas que por lo general las empresas abonarán a finales de febrero o principios de marzo. Según esas mismas fuentes, la premura con la que se aprobó la subida fiscal no ha permitido hacerla efectiva en enero. Las retenciones del primer mes del año se calcularán, por tanto, con arreglo a la escala previa al ajuste que el Consejo de Ministros aprobó el 30 de diciembre pasado.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insistió ayer en que la subida de impuestos es «un mal menor», y aseguró que al final de la legislatura todos los contribuyentes, incluidos los que ahora verán incrementada su presión fiscal, pagarán menos impuestos que al cierre de la anterior.

El IRPF es un impuesto que se ajusta a la situación personal de cada trabajador, por lo que, por ejemplo, una persona casada y con hijos que gana 20.000 euros al año no pagará lo mismo que un soltero con el mismo sueldo. Según un estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) que preside el asturiano Jesús Sanmartín Mariñas, una familia asturiana con dos hijos y unos ingresos brutos de 36.000 euros deberá pagar este año (por la vía de retenciones y declaración de la renta de junio de 2013) 346,3 euros más con la subida del IRPF.

Debido a las diferencias en la tarifa autonómica del impuesto, los contribuyentes asturianos pagarán por el tributo entre 10,9 y 560,57 euros más que un madrileño que esté en el mismo supuesto familiar y de renta. Asturias es de hecho la segunda comunidad española en la que más alto es el tipo máximo de este gravamen, el que alcanza a las rentas más elevadas. Ese tipo marginal está en el 55,5% y sólo es superado por el de Cataluña (56%). Con los últimos cambios en el IRPF, España se ha colocado entre los países donde más tributan las rentas altas por el IRPF, sólo por detrás de Bélgica y de Suecia.

La subida fiscal también afecta a las llamadas rentas del ahorro (rendimientos de depósitos bancarios, acciones y otros de tipo financiero). La subida en este caso se llevará a cabo también de una forma proporcional. Se incrementará un 2% para los beneficios de hasta 6.000 euros al año, un 4% para los beneficios de hasta 24.000 y el 6% para los que superen esta cifra.

Con el incremento de los tipos del IRPF el Gobierno espera ingresar 5.357 millones de euros durante este año. De ellos, 4.111 corresponden a las llamadas rentas del trabajo, y el resto (1.246) a las del ahorro.

 La causa es que apenas hay personas que declaren más de 300.000 euros, por lo que el total de lo que aportan estos contribuyentes es muy pequeño en comparación con lo que pagará la mayoría formada por asalariados, pensionistas y autónomos.

 

 

Salarios máximos

 

El salario de Rato es indecente porque todos hemos pagado una parte
La Voz de Asturias. 09/01/2012 00:00
Don Rodrigo Rato cobró el año pasado como presidente de Bankia 2,34 millones de euros (más el variable). O lo que es lo mismo: 260 salarios mínimos anuales. O dicho de otra manera: ganó en un día y medio lo que un trabajador con el salario mínimo tarda en ganar todo un año. O explicado aún más claro: cobró en 2011 lo que a un trabajador en precario le costaría dos siglos y sesenta años en el tajo.

El salario de Rato no es sólo indecente por comparación, sino porque todos hemos pagado indirectamente una parte, a través de nuestros impuestos. Bankia es una de las entidades financieras apuntaladas con los fondos públicos del FROB; uno más de los muchos bancos y cajas españoles a los que habrá que desintoxicar, financiando un banco malo a modo de rescate. Nuestro sacrificio permite estas fiestas.

Ante esta situación, que “crea alarma social”, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha quejado por carta ante el Banco de España. De Guindos sabe de lo que habla: él mismo cobró 65.000 euros en 2011 del Banco Mare Nostrum (que recurrió al FROB). Y también podría mirar en casa: en el listado de afilados del PP. Entre los agraciados con los sueldazos de las cajas –unos nombramien tos políticos– está el expre sidente por el PP de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas, presidente del quebrado Banco de Valencia, que el año pasado ganó 1,6 millones de euros de premio, por su ruinoso trabajo. O el presidente de la Diputación de Ávila, el hombre de los 13 cargos, Agustín González, que se llevó 224.000 euros por su minijob a tiempo parcial en Bankia y en Caja Ávila. O el exministro Ángel Acebes, que compaginó un sueldito en una filial de Bankia (163.000 euros) con un escaño en el Congreso de los Diputados

El freno al salario mínimo agrava las cuentas de la Seguridad Social

 

 

La medida supone congelar más de dos millones de cotizaciones 
El sistema deja de ingresar 50 millones por cada punto que no sube la renta mínima
El País. Lucia Abellan. 9/01/2012
El alivio de los empresarios ante la congelación del salario mínimo es casi idéntico al perjuicio que la medida causa a las arcas de la Seguridad Social. La primera medida laboral del Gobierno del Partido Popular exime a las empresas de elevar los sueldos este año a unas 134.000 personas, los perceptores directos del salario mínimo, según el Ministerio de Empleo. Pero, al mismo tiempo, empeora la ya adversa evolución de los ingresos del sistema, pues más de dos millones de trabajadores tienen las cotizaciones ligadas al salario mínimo. Las estimaciones más bajas de la anterior Administración calculan que la Seguridad Social deja de ingresar unos 50 millones (21 directamente de quienes cobran el salario mínimo) por cada punto que no sube esta renta.
Las pensiones crecen más que las cotizaciones y los sueldos desde 2000
En España la renta de jubilación pesa el 81% sobre el último salario percibido
Pero las consecuencias sobre las arcas del sistema son mayores. Aunque la congelación afecta a muy pocos trabajadores directamente, la suerte del salario mínimo provoca una especie de efecto mariposa. Muchos conceptos retributivos de los convenios están ligados a esta renta, al igual que todas las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social.
El colectivo que más se beneficia de la congelación son los autónomos. El 84% de ellos cotiza por la base mínima, según un reciente informe de Empleo, lo que eleva a 1,6 millones los miembros de este colectivo que aportarán al sistema lo mismo que en 2011. Si se suman las casi 300.000 empleadas de hogar registradas, cuyos empleadores suelen cotizar por el mínimo, y los perceptores del salario mínimo (o de otras retribuciones que también se rigen por la base menor) se obtiene que más de dos millones de personas ven congelada su cuota.
Más allá de esos suelos, está por ver qué ocurrirá con el resto de bases de cotización en 2012. El año pasado subieron un 1% y, al prorrogarse los Presupuestos, permanecen intactas. Si el Gobierno decidiera mantenerlas así cuando presente las nuevas cuentas del Estado, en marzo, los apuros económicos de la Seguridad Social aumentarían.
Los números rojos, los primeros desde 1999, que alcanzó el sistema en 2011 (668 millones de euros, según el avance del Gobierno), ponen de manifiesto unos desequilibrios acumulados durante los años de auge económico, al margen del problema coyuntural que provoca la destrucción de empleo que arrancó en 2008. La pensión media ha crecido en los últimos 12 años por encima de lo que lo han hecho el salario y la cotización media (véase cuadro). Y esa disociación resulta, a la larga, insostenible. No obstante, el déficit actual del sistema no implica un riesgo de impago de las prestaciones. Existen recursos más que suficientes (tesorería, excedentes de las mutuas y, en última instancia, el Fondo de Reserva) para hacer frente a las pensiones.
2012 amenaza con ahondar la brecha. El año ha arrancado con una revalorización (modesta, pero revalorización) de las pensiones. Esa pequeña mejora, del 1%, unida a que las prestaciones son cada vez más numerosas y elevadas, provocará una importante subida del gasto en pensiones (en diciembre fue del 4,7% anual, a pesar de la congelación impuesta en 2011). Y si la inflación se desvía de ese 1% inicial, el Ejecutivo restituirá el poder adquisitivo perdido, garantizado por ley.
Por el otro lado, el de los ingresos, la balanza estará descompensada. Más allá del salario mínimo, las remuneraciones de convenio tienen muchas posibilidades de crecer menos que los precios, según el pacto salarial que negocian patronal y sindicatos para los próximos años y en el que la CEOE pide congelación. Así es que la única baza que le quedaría a la Seguridad Social para remontar sería una reactivación del empleo, algo que de momento no contempla casi nadie; tanto la OCDE, que agrupa a las 30 economías más ricas, como el Fondo Monetario Internacional, contemplan para España un mayor deterioro del empleo en 2012.
Una de las consecuencias de esa mayor generosidad de las pensiones respecto de los salarios se traduce en la escasa diferencia que existe de media entre unos y otros para una misma persona, según datos de la OCDE. La cuantía que representa la pensión bruta de un trabajador con ingresos medios sobre su último sueldo percibido alcanza en España el 81%, el séptimo valor más elevado de los países que componen esta organización. El porcentaje, sin duda, irá bajando a medida que se aplique la reforma de las pensiones, que aumenta progresivamente los años que se tienen en cuenta para calcular la prestación.
Salarios y pensiones no pueden separarse
OCTAVIO GRANADO 09/01/2012


El Pacto de Toledo en sus formulaciones (1995, 2003, 2011) siempre ha asociado el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones a la garantía de que las cuotas garantizaran la cobertura de las prestaciones, a que su reducción fuera compensada (bonificaciones) y a que bases de cotización coincidieran con salarios. La revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC las vinculaba al indicador utilizado en la revalorización de los salarios, y se señalaba expresamente que la revalorización exigía "medidas que garanticen el equilibrio financiero del sistema en el futuro". La Seguridad Social española es pues adelantada en el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, dotándose de reservas que compensan con sus rendimientos los déficits del sistema.
A medio plazo crecen las personas que ganan más como pensionistas que como trabajadores activos
Esto aconseja que las bases de cotización y las pensiones tengan crecimientos en paralelo. El sistema puede reformarse para hacer frente al reto demográfico, o puede vadear crisis coyunturales como la presente. Pero si los ingresos y los gastos tienen una evolución dispar durante un lapso prolongado de tiempo, ninguna proyección o previsión es capaz de trazar un escenario de sostenibilidad.
El salario mínimo, por ejemplo, si afecta a 500.000 personas tendrá un coste para los empleadores de 45 millones de euros, pero los costes para la Seguridad Social, directos o indirectos, de su no revalorización pueden ser mayores, al estar millones de bases de cotización asociadas a su evolución.
Los efectos del decrecimiento real y prolongado de los salarios serán muy negativos para el sistema de pensiones. A corto plazo, hemos conseguido hasta el año pasado (incremento del número de jubilados en 125.000 sobre los 135.000 previstos) que los trabajadores españoles no usaran, como sucedió en la crisis de los setenta y ochenta y de los noventa del siglo pasado, la jubilación como refugio frente al paro y la precariedad laboral. Pero con una expectativa de mejor evolución de las pensiones respecto de los salarios, esta tendencia se invertirá.
A medio plazo, se amplía significativamente el número de trabajadores que pueden ganar más como pensionistas que como trabajadores activos. Los pensionistas no cotizan a la Seguridad Social (los trabajadores aportan el 6,25% promedio de sus emolumentos) y si disfrutan de garantías muy superiores a las de los activos en el mantenimiento de sus rentas, no encuentran incentivos para continuar trabajando. En las Administraciones públicas, esto sucede ya con una buena parte de los empleados de los grupos C y D, y en estas condiciones, las apelaciones a la prolongación de la vida laboral del discurso de investidura no dejan de ser retórica desmentida por la acción de Gobierno.
A largo plazo, uno de los problemas históricos del sistema español de pensiones, el mantenimiento de altas tasas de reemplazo (relación entre el último salario y la primera pensión), que debía resolverse con mayores esfuerzos contributivos a lo largo de una mayor parte de la vida laboral, aumenta. El incentivo a contribuir más tiempo o dinero desaparece, incrementándose en la práctica la generosidad del sistema y sus problemas de sostenibilidad.
En suma, esta política puede ser rentable electoralmente, pero a medio plazo pone en riesgo la estabilidad del sistema de pensiones, precisamente después de la reforma del año pasado, y de haber conseguido incrementar significativamente ingresos y reservas los últimos años. Y la solución no está en deprimir el crecimiento de las pensiones, que siguen siendo muy bajas en promedio y en las mínimas, sino garantizar un crecimiento acompasado de ingresos y gastos, de bases de cotización y prestaciones, de salarios y pensiones en suma.
Octavio Granado ha sido secretario de Estado de la Seguridad Social de 2004 a 2011.

Valencia mete la tijera a fondo al sueldo de los funcionarios tras retrasar el pago de un crédito

Lne.es » España

Las autonomías tendrán que devolver este año a los bancos 20.000 millones

El Ejecutivo de Fabra apeló a la ayuda del Estado ante los graves problemas de liquidez - Rebaja salarios, suprime complementos y permisos, y reduce la jornada de los interinos

Foto: El vicepresidente valenciano, José Ciscar, habla con el jefe del Gobierno autonómico, Alberto Fabra. reuters

La Generalidad Valenciana anunció ayer un tijeretazo que va desde el cierre de 40 empresas públicas a la rebaja de sueldos de los funcionarios, el recorte de complementos salariales de hasta el 50 por ciento, la supresión de los días de libranza y la reducción del 25 por ciento de la jornada de los interinos.

 

La noticia se hizo pública después de que el Gobierno regional reconociera que se retrasó una semana en la devolución de un vencimiento de deuda contraída con el Deutsche Bank, que no pudo atender por falta de recursos. Esta versión oficial siguió a la aparición de varias informaciones en las que se aseguraba que la Comunidad Valenciana había recurrido a la ayuda del Estado para cubrir un vencimiento de 123 millones, evitando así el impago.

 

Según diversas fuentes, los consejeros de Economía y Hacienda, Enrique Verdeguer y José Manuel Vela, solicitaron en una reunión en Madrid ayuda al Tesoro Público para que avalara la cobertura de la deuda. En los últimos días, el mencionado Vela había trasladado a su entorno las graves dificultades de la Administración valenciana para cubrir un vencimiento de deuda que este año superará los 3.400 millones.

 

La oposición denunció el «rescate económico» de la Generalidad por el Gobierno central ante su situación de «quiebra» y ha exigido explicaciones al presidente regional, Alberto Fabra. Frente a esto, el vicepresidente regional, José Ciscar, afirmó que la situación se ha resuelto con recursos propios y sin ningún aval del Tesoro Público. El consejero de Hacienda, por su parte, aseguró que no se ha producido «ningún retraso», porque la fecha de vencimiento «era el 3 de enero».

 

El consejero de Economía precisó que la «colaboración» con el Estado y entidades privadas es «frecuente» y «nada excepcional» en un momento de crisis, en el que la búsqueda de financiación es un «elemento recurrente» para todas las administraciones.

 

Según los últimos datos del Banco de España, la Comunidad Valenciana sigue siendo la autonomía con el porcentaje más alto de deuda en relación con su PIB, un 19,9 por ciento, 7,3 puntos más que la media. Estas circunstancias llevaron al presidente regional, Alberto Fabra, a anunciar en su discurso de Año Nuevo que su Gobierno aprobará hoy planes de ahorro por un total de mil millones.

 

De esa cantidad, 271 millones se ahorrarán del capítulo de personal, con medidas como la reducción de la jornada y los sueldos de los interinos o la suspensión de la aportación al plan de pensiones. Los sindicatos tacharon de «atraco» las condiciones impuestas por el Gobierno valenciano y anunciaron movilizaciones.

 

En concreto, el Gobierno regional congelará el complemento de carrera profesional de los trabajadores de Sanidad, cuya retribución se reducirá un 50 por ciento. Suprimirá los días de libranza («moscosos») y los adicionales en concepto de antigüedad (sexenios). A los trabajadores interinos se les reducirá la jornada en una cuarta parte y se supone que se ampliará en igual medida la del resto de funcionarios. Los sindicatos aseguran que estos recortes suponen una reducción salarial de hasta el 20 por ciento para los trabajadores públicos de esta autonomía.

 

El consejero de Hacienda advirtió que el Ejecutivo regional aprobará este jueves otro paquete de ajustes que afectarán al resto de capítulos del presupuesto, medidas «duras pero necesarias». Entre estas reducciones está el «adelgazamiento de la Administración», de manera que las 46 empresas que conforman actualmente el sector público valenciano se quedarán en seis entes o empresas públicas. Las universidades de la región llevan sin cobrar desde noviembre.

 

Las autonomías tendrán que devolver este año a los bancos 20.000 millones, a los que hay que sumar el vencimiento de los bonos que han emitido. La que se encuentra en peor situación es la valenciana, que tendrá que afrontar el pago de 3.000 millones o su renegociación. Y ahora ya no hay entidades financieras con su centro de poder en la región que acudan en ayuda de la Generalidad.

 

Cataluña deberá devolver 6.600 millones, y Castilla-La Mancha, poco más de mil millones, mientras que Andalucía tendrá que hacer frente a más de 1.500 millones. Un total de 15 federaciones del PSOE denunciaron ayer en otras tantas ruedas de prensa que las medidas de Rajoy son «ineficaces» para estimular el crecimiento de la economía y el empleo en España, y que van a provocar la asfixia económica de las comunidades y a agravar sus dificultades.

El ajuste

El sucesor de Francisco Camps suprime 40 empresas públicas 

Congela la carrera profesional de los trabajadores de Sanidad 

Liquida los «moscosos» y los permisos por antigüedad a los funcionarios 

Se reduce en un 25 por ciento la jornada laboral a los trabajadores interinos y, consiguientemente, su salario. 

A los interinos de Educación se les dejará de pagar durante el verano. 

Las medidas tendrán una vigencia de al menos dos años. 

Los sindicatos creen que el ajuste supondrá un descenso del 10 al 20 por ciento de los salarios. 

Vuelven a pagar los de siempre

No es progresivo que casi el 60% de los nuevos ingresos procedan de quienes ganan menos de 53.000 euros

La Voz de Asturias. 03/01/2012 00:00

Después de demostrar que para cambiar de principios no son precisos seis años, que en eso Zapatero fue lentísimo, sino seis días -el tiempo justo para renegar primero de las subidas de impuestos y abrazarlas después apasionadamente-, el nuevo Gobierno se ha empeñado en que comulguemos con una rueda de molino que excede la capacidad de nuestras amplias tragaderas. Pretende que aceptemos que el sacrificio es progresivo, y que los que más tienen serán los que más paguen. Como fue Rajoy quien inauguró la era de llamar a las cosas por su nombre, sólo queda decir que la broma es de mal gusto.

 

No puede ser progresivo que casi un 60% de los nuevos ingresos procedan de quienes ganan menos de 53.000 euros al año, mientras se vuelven a ir de rositas los grandes patrimonios, a los que el IRPF les trae sin cuidado, y las corporaciones empresariales, que si todavía no han hecho un monumento al impuesto de Sociedades es porque de entre los últimos ministros de Economía no sabrían qué cara esculpir. Deberían tributar sus beneficios al 30%, pero el tipo efectivo ya está por debajo del 10% cuando en 2006 superaba el 19%. En 2010 las empresas del Ibex rebasaron los 50.000 millones de beneficios, una cifra récord que coincidió con una paupérrima recaudación por Sociedades: 16.200 millones.

 

No hay progresividad alguna en elevar los tipos de IRPF hasta límites cuasi confiscatorios si, paralelamente no se introduce un tributo a las grandes fortunas y si no se eliminan las deducciones en un impuesto de Sociedades que hace cinco años representaba el 4% del PIB y hoy está ligeramente por encima del 1,5%. Frente al argumento de que penalizar a las multinacionales provocará más paro, conviene apuntar un último dato: dan trabajo a cerca de un millón de personas, es decir, a menos del 6% de los asalariados.

 

Esa amor a la verdad del que el Gobierno ha hecho bandera exigiría conocer qué autonomías son culpables de que el déficit haya cabalgado hasta el 8%, un ranking que se ha evitado detallar para que no confirmemos que muchos de los excesos que Rajoy purga en nuestras espaldas los cometieron los suyos.

Las cajas con ayudas publican con malestar los sueldos de los directivos

Solo CajaEspaña-Duero se negó a desglosar los sueldos de sus altos ejecutivos

EL PAÍS - Madrid - 30/12/2011

 El Banco de España ha dado hasta hoy sábado de plazo a las entidades con ayudas públicas para publicar las remuneraciones de los directivos y consejeros de 2011 de manera individualizada. La medida la tomó tras los escándalos de las indemnizaciones multimillonarias. Hasta última hora del viernes no se completaron los datos. Solo CajaEspaña-Duero se negó a desglosar los sueldos de sus altos ejecutivos. El malestar con el supervisor era muy fuerte entre los directivos del sector, al argumentar que la exigencia iba contra la Ley de Protección de Datos, que vela por su intimidad.(leer más)

Rajoy marca el camino con el primer recorte de gasto público de la legislatura

El Consejo de Ministros aprobará la subida de pensiones y la congelación del salario mínimo y del sueldo de los funcionarios

El Comercio. 30.12.11 - 02:38 - R. C. | MADRID.

Mariano Rajoy mostrará hoy sus intenciones. El Consejo de Ministros aprobará el primer ajuste del gasto público de la legislatura, prorrogará los Presupuestos de 2011 y dará el visto bueno al decreto de no disponibilidad de crédito en el primer trimestre del próximo año. Todo ello dentro de un gran hermetismo del que solo han escapado algunas medidas aisladas, como la modificación del mercado laboral para trasladar algunos días festivos a los lunes, y los nombramientos de varios secretarios de Estado y altos cargos que componen la segunda fila del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno advirtió el pasado martes que las medidas tendrán más bien un carácter simbólico y serán orientativas de la filosofía que tendrá su política económica porque el ajuste del gasto más importante y las novedades fiscales se conocerán en marzo, cuando presente el proyecto de Presupuestos Generales para 2012.

El tamaño del ajuste del gasto lo determinará la magnitud del déficit público a 31 de diciembre. Si los números rojos de las administraciones públicas terminan este año según lo previsto, es decir en el 6% del Producto Interior Bruto, el siguiente paso será rebajar ese porcentaje al 4,4% del PIB en 2012, lo que supondría reducir el déficit en al menos 16.500 millones de euros. Pero todos los expertos estiman que el saldo negativo rebasará el objetivo propuesto, algunas estimaciones apuntan que puede llegar hasta el 8%, y en este caso habría que reducir el gasto o aumentar los ingresos en 1.000 millones por cada décima de desviación al alza. En el peor de los escenarios el ajuste sería del orden de 20.000 millones de euros adicionales a los 16.500 previstos si se cumplen los objetivos.

El decreto de no disposición de gasto, que detallará los compromisos de ahorro de todos los departamentos, estará vigente mientras no se aprueben los Presupuestos del Estado de 2012. El Gobierno de Rajoy tiene que remitir este proyecto al Parlamento antes del 31 de marzo, y su tramitación se solapará con las elecciones andaluzas. Por esta razón se ha sugerido que el Ejecutivo se limitará, en esta primera etapa, a la aprobación de las medidas de verdadera urgencia, para introducir después las propuestas de ajuste más duro, como eventuales subidas de impuestos.

Entre las medidas urgentes que se aprobarán en el último Consejo de Ministros del año destacan la subida de las pensiones, la congelación del salario mínimo interprofesional en 641,40 euros y la relativa al sueldo de los funcionarios, que es posible que se sustancie en una congelación por segundo año consecutivo de sus remuneraciones.

Los más de cinco millones de pensionistas que se quedaron sin aumento el pasado año se verán ahora favorecidos por un incremento que podría ser algo superior al 1% y que se extenderá a la totalidad de quienes cobran esta prestación.

Sueldos públicos

Junto a la congelación del salario mínimo interprofesional, que no se revalorizará por vez primera desde su creación, el Ejecutivo dejará sin cambios el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), cifrado en 532,51 euros desde hace dos años. Es un índice de referencia que se utiliza para calcular el nivel de ingresos de los demandantes de ayudas a la vivienda, becas o subsidios de desempleo, entre otros fines, pero que también determina el importe de algunos de estos auxilios.

Otra disposición del decreto determinará la evolución de los sueldos y el empleo público. El Gobierno baraja congelar las retribuciones de los empleados, que el año pasado ya sufrieron un recorte del 5% de promedio, y ya ha tomado la decisión de no reponer ninguna de las bajas que se produzcan en los distintos departamentos, excepto en los servicios públicos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El tijeretazo, con todo, no será dramático, aseguran fuentes del PP. La mayor parte de las medidas, pese al secretismo actual, se han desgranado en la campaña de las últimas elecciones y no es de esperar que Rajoy introduzca sorpresas. El presidente del Gobierno ha estado en contacto continuo durante los últimos días con sus ministros de Economía, Luis de Guindos, y de Hacienda, Cristóbal Montoro, para cerrar el paquete de medidas. Conversaciones en las que también han participado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el director de la Oficina Económica de la Presidencia, Álvaro Nadal.