SERVICIOS

El torpedo de Rajoy a la línea de flotación de la dependencia, con el recorte, sitúa a los afectados en la situación de que ya no tienen nada que perder

La asociaciones de discapacidad se rebelan contra el recorte a la Ley de la Dependencia

El Cermi celebrará un debate extraordinario el día 12 mientras que CC OO urge la creación de una plataforma «porque hunden la ley»

03.04.12 - CHELO TUYA, GIJÓN, en El Comercio.

«Ahora saldremos a la calle. Ya no podemos más». La frase, pronunciada por la presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad del Principado (Cermi) - que tiene tras de sí a más de 100.000 personas - indica que el recorte de 283 millones de euros para la aplicación de la Ley de la Dependencia anunciado por el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido la gota que colma el vaso de los colectivos que representan a personas con escasa autonomía personal.

La proverbial paciencia de estas entidades ante los obstáculos, así como su moderación en las críticas a las diferentes administraciones ha saltado ahora por los aires. La espita que ha encendido la mecha ha sido comprobar que una de las patas de la financiación de la norma, la partida denominada 'nivel acordado' - con el que las comunidades financian los servicios que utilizan las personas con dependencia - ha desaparecido de los Presupuestos Generales del Estado.

Son 283 millones que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad debía repartir entre las diferentes regiones. Para Asturias, tal y como adelantó EL COMERCIO, la supresión se traduce en que 8,1 millones de euros no llegarán a las arcas regionales.

Los datos, ofrecidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales - creadora del Observatorio de la Dependencia - hablan, además, de mil personas que se quedarán sin cobertura y 240 profesionales que perderán su puesto de trabajo.

Mientras el Principado sigue guardando silencio, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad del Principado (Cermi Asturias) - integrado por la patronal ONCE, así como por los dos principales entes aglutinadores de discapacidad, Cocemfe y Predif, además de por Afesa (enfermedad mental), Apada y Fesopras (problemas auditivos), Aspace (parálisis cerebral), Feaps (integración de discapacidad intelectual) - celebrará la próxima semana «una reunión extraordinaria» en la que analizarán «en qué consiste el recorte».

8,1 millones que son 16

La presidenta del Cermi se preguntaba ayer, y lo hará ante su directiva el próximo día 12, «¿cómo se van a financiar los servicios y se va a dar atención ahora a las personas con discapacidad?». Mientras, el vicepresidente de la entidad, José Luis Crespo, apuntaba ya «la desaparición de programas de envejecimiento». Porque aunque el 'nivel acordado' es sólo una parte de la financiación de la Ley de la Dependencia, es una fundamental. Con ella, el Estado financia los servicios que utilizan los dependientes de la ley y prioriza en el reparto a las comunidades con más beneficiarios reales. Eso llevó a que Asturias fuera penalizada el año pasado, al perder más de 600.000 euros en esta partida, debido al atasco que acumulaba en la gestión.

Además de financiar, el Estado obliga a las comunidades a poner sobre la mesa una partida igual, de forma que los 8,1 millones comprometidos para Asturias debían convertirse en 16,2, al tener que aportar el Principado idéntica cantidad.

Una cifra que, para CC OO, no será realidad este año «de ninguna manera, ya que el Principado no tiene dinero para aportar ni siquiera su parte». Así lo asegura el Secretario de Política Social de la central, Ignacio Quintana, quien ayer urgía «la creación de una plataforma, en la que entremos sindicatos y afectados, porque esto hunde la ley».

En su opinión, la desaparición del nivel acordado «es un torpedo en plena línea de flotación», porque «con lo que aporta el Estado en el nivel mínimo, no llega para nada». Se refiere Quintana a la otra fórmula de pago del ministerio: pagar por cada beneficiario, cifra que no pasa de los 267 euros al mes en el mejor de los casos. CC OO asegura que «a partir de ahora, la lista de espera subirá y el limbo -personas con derecho, pero sin ayuda - se disparará». Ahora mismo, están en él 6.096 asturianos.

CCOO critica la renuncia del Gobierno a controlar la obligación de las CC.AA. de co-financiar el Sistema de Dependencia

C.S. de CC.OO.

Con el recorte del 17,5% ( 283 millones de euros) el Gobierno dificulta la viabilidad del Sistema de Atención a la Dependencia al suprimir el “nivel acordado” de financiación que compromete el gasto compartido entre la Administración general y las CC.AA

El proyecto de presupuestos que ha presentado el Gobierno presenta un recorte de 283 millones para la atención a la dependencia, sin embargo no se trata solo de una merma de recursos. Esta cantidad corresponde a la aportación que el Estado hace al "Nivel Acordado de financiación", uno de los tres niveles que configura el Modelo de financiación de este sistema de protección. 

El recorte que plantea el gobierno en su proyecto de presupuestos, en realidad es también la ruptura del modelo de financiación, lo que en  la práctica supondrá:

-  El incumplimiento del gobierno central de un compromiso de financiación que le corresponde por ley, ya que desaparece completamente el nivel acordado de financiación.

-  La renuncia del gobierno a exigir el compromiso de co-financiación de las CCAA mediante los correspondientes Convenios que desarrollan este nivel de financiación.

- Renuncia del gobierno a hacer transparentes los compromisos anuales de financiación  de las administraciones, que durante estos años se han  conocido a través de la publicación oficial de dichos convenios realizados entre la Administración General y las CC.AA.

-  La renuncia del gobierno a utilizar los Convenios como instrumento que permite  orientar y comprometer el gasto en las CCAA,  para garantizar la suficiencia de prestaciones  y el ejercicio efectivo del derecho subjetivo de atención a las personas en situación de dependencia. 

- Supondrá la desaparición del incentivo que actualmente tienen las CCAA para incrementar el número de beneficiarios de las prestaciones de dependencia, ya que este fondo se distribuía únicamente teniendo en cuenta los beneficiarios efectivamente atendidos. Por tanto, es probable que se incremente el número de personas que aún teniendo derecho a estar atendidos sin embargo continúan en "lista de espera" para acceder a una prestación.

En opinión de Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO, este Gobierno acumula decisiones que lesionan los derechos sociales de las personas en situación de dependencia. Primero fue demorar  un año el  calendario de aplicación de la ley, ahora permitiendo que las CC.AA  no se obliguen  financieramente en la continuidad de la aplicación de la ley.

Hace escasamente dos meses la Ministra Mato, ofrecía un Pacto por los servicios sociales, y desde entonces su gobierno modifica unilateralmente e incumple una ley que fue consensuada social y políticamente, que además ha permitido ampliar la cobertura de protección a cientos de miles de personas en situación de dependencia  y que ha creado 195.000 nuevos empleos en tres años.

Para CCOO no es de extrañar la pérdida de credibilidad de un gobierno que se empeña en ganar la confianza de los mercados, mientras da la espalda a las personas. Recortar el gasto social en atención a la dependencia, es renunciar a la creación de 200.000 nuevos puestos de trabajo estables y renunciar a  los importantes retornos económicos que la realización de este gasto social comporta para las arcas públicas.

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El Hospital de Avilés mantiene su actividad con presupuestos menguantes desde 2011

La Fundación aprueba la compra de un biómetro para realizar cirugía de cataratas con mayor precisión l El centro atendió en 2011 a 1.220 pacientes geriátricos

Foto: Responsables del patronato, ayer, antes de participar en la reunión en el Hospital.

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 Balance.  

Lne.es » Avilés   Myriam MANCISIDOR

El Hospital de Avilés -antiguamente conocido como el de Caridad- mantuvo la actividad asistencial el pasado año pese a ver recortado su presupuesto en un 1,72 por ciento respecto a 2010. La intención del patronato de la Fundación que preside Pilar Varela es que este año también se cumplan las expectativas pese a la rebaja, por segundo año consecutivo, de las tarifas del Sespa (Servicio de Salud del Principado de Asturias), organismo al que se incorporó el hospital avilesino en 2003. El centro ha pasado así de tener un presupuesto de 6.711.063 euros en 2010 a los seis millones con que cuenta este año y que aún estar sin firmar con Salud. La Fundación Hospital de Avilés es, pese a todo, un motor de la sanidad avilesina y los profesionales que ejercen en este centro han demostrado ser capaces de atender el año pasado y con menos recursos económicos a 13.061 pacientes sólo en consultas externas, más que en 2010.

 

El gerente del centro, José Menéndez Guerra, destacó que la rebaja del presupuesto se corregirá con ajustes en otras partidas económicas. Avanzó además que el Hospital de Avilés invertirá este año aproximadamente 30.000 euros en la compra de un biómetro para realizar cirugía de cataratas con mayor precisión. Sólo el pasado año, 984 personas se operaron de esta patología en el centro que dirige Guerra. La adquisición de material es una constante en el centro. Así, este año el Hospital de Avilés estrenó un mamógrafo digital para realizar «screening» de mama -pruebas para la prevención del cáncer- a mujeres de entre 50 y 69 años. El centro practicó, en este caso, 7.463 exámenes de mama, lo que significa que el 81 por ciento de las mujeres citadas respondió a la llamada.

 

«Si hiciese falta desarrollar más actividad podríamos hacerlo, aunque entendemos que la situación económica no acompaña», dijo Guerra, que ayer presentó las cuentas del Hospital de Avilés al patronato de la Fundación, al que se incorporaron nuevos concejales avilesinos así como el párroco de San Nicolás. La alcaldesa de Avilés, en calidad de presidenta de dicha Fundación, valoró el trabajo de los profesionales que ejercen en este centro cuya actividad principal es la geriátrica. El número de ingresos en geriatría, según los datos facilitados por José Menéndez Guerra, fue de 1.220. La media diaria de ingresos fue de poco más de tres y la edad media de los pacientes fue de 80 años. El envejecimiento de la población en el área sanitaria avilesina es, así, motivo de mención para Guerra, que destacó que el índice de envejecimiento en el área sanitaria avilesina es del 22,87 por ciento, mientras que la española se sitúa en el 17,05 por ciento. La tasa asturiana, no obstante, es aún mayor con un índice de envejecimiento del 33,36 por ciento. Según Guerra, el concejo con más personas mayores del área sanitaria avilesina es Cudillero; Corvera se sitúa en el polo opuesto. El área formada por los concejos de Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón, Pravia, Cudillero, Soto del Barco, Muros de Nalón e Illas suma, en total, 153.308 personas y más de 35.000 son mayores de 65 años.

 

En cuanto a la actividad quirúrgica, los profesionales del Hospital de Avilés practicaron, en total, 2.897 intervenciones: 984 de cataratas, 886 de cirugía plástica (reconstrucción de mamas, por ejemplo), 448 de cirugía vascular (varices), 339 de traumatología, 181 de urología y 59 de otras especialidades diferentes. De estas operaciones, el 96 por ciento corresponde a pacientes derivados del Servicio de Salud del Principado de Asturias, siendo el 88 por ciento enfermos del área avilesina y, el resto, de Jarrio, Cangas de Narcea y Oviedo. La mayoría de las intervenciones quirúrgicas fueron ambulatorias y solo el 18 por ciento de los enfermos debieron pernoctar en el Hospital de Avilés.

 

En lo que afecta a consultas externas, los profesionales atendieron a 13.061 pacientes: 3.227 de alergias, 1.746 de agudeza visual, 1.319 de cirugía plástica, 1.472 de cirugía vascular, 3.035 de oftalmología, 487 de traumatología, 10 de urología y 1.755 por estudios preoperatorios. «La actividad está relativamente estabilizada y nosotros estamos satisfechos porque hemos hecho un esfuerzo suplementario para hacer frente a una actividad importante con tarifas menores», dijo el gerente del Hospital de Avilés, que insistió en que «la calidad no se resintió aunque aumentó el trabajo». Los profesionales del antiguo hospital de Caridad trabajan, así, contra viento y marea.

http://www.lavozdeasturias.es/asturias/aviles/pacientes-Hospital-Aviles-superan-anos_0_675532486.html

Como todos los meses: Nuestras estadísticas mensuales Marzo/2012

NalonSalud.es y .com

Históricamente este es el mes del año en el que más visitas tenemos.

Vamos afianzando el objetivo que nos propusimos para este año de estar por encima de las 600.000 visitas… ¡¡612.952 visitas!! en el interanual y de ellas más de 67.000 este mes o, lo que es lo mismo, más de 2.000 visitas diarias…

Nos sentimos muy orgullosos y de ello os damos las gracias por vuestra confianza y fidelidad.

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El Gobierno deja a mil asturianos sin ayudas al recortar ocho millones a la dependencia

El Observatorio de la ley alerta de que la medida aplicada por el Ejecutivo de Rajoy supondrá en el Principado el despido de 240 trabajadores

Foto: Un usuario del centro Clara Ferrer, de Gijón, participa en una de las sesiones de terapia. :: JOSÉ SIMAL

El Comercio. 01.04.12 - 03:38 - CHELO TUYA | GIJÓN.

Ocho millones de euros menos para la Ley de la Dependencia en Asturias. En eso se traducirá para el Principado, según el Observatorio de la Dependencia, el recorte anunciado el viernes por el Gobierno de Mariano Rajoy y que afectará a la totalidad de la partida que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad destina al denominado 'nivel acordado'.

Esa dotación -con la que se financian los servicios que, en cada región, están utilizando las personas con dependencia- ascendía a 283 millones este año, una cantidad a repartir entre las diferentes comunidades autónomas. En el caso de Asturias, según el citado Observatorio -auténtico 'pepito grillo' de la Ley de la Dependencia, a la que evalúa cada seis meses- le correspondían este año 8.163.418 euros.

Para José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales -ente que controla el Observatorio de la Dependencia- esos 8, 1 millones menos son sinónimo de «mil personas que se quedarán sin cobertura y 240 trabajadores que perderán su puesto de empleo».

Porque la anulación de la partida supone que, cada comunidad autónoma, deberá afrontar en solitario el coste de los servicios. Hasta ahora, el nivel acordado se traducía en que Administración central y regional pactaban un presupuesto anual y se comprometían a aportar idéntica cantidad.

Es decir, el coste total del convenio en Asturias debía superar en 2012 los 16 millones, coste que tendrá ahora que asumir en solitario el Principado ya que, con el recorte aplicado por el equipo de Mariano Rajoy, desde Madrid no llegará ningún euro al haberse suprimido la partida del nivel acordado.

Para Ramírez, esa falta de dinero «supondrá dejar de atender a más de mil personas beneficiarias de la ley», además del «despido de unos 240 trabajadores». Porque esta partida eliminada tenía como objeto fundamental «financiar infraestructuras, servicios y sistemas para la atención a las personas dependiente en cada comunidad».

En todo el país, la desaparición de los 283 millones de euros supondrá, explicó José Manuel Ramírez, «la reducción neta del 15% de la aportación estatal a esta ley», además de «que se acentúen las dificultades para atender a las 300.000 personas con derecho, a las que se mantiene en una irritante espera -el 'limbo' de la dependencia, según definición de la entidad- pone en peligro la atención a 35.000 beneficiarios y 8.000 puestos de trabajo».

20.000 personas pendientes

Pese al daño causado por el recorte, lo que queda claro es que la ley sigue en vigor, puesto que el nivel acordado es sólo una parte de la financiación con que el Estado dota a la norma. El ministerio aporta dinero a las comunidades autónomas, a través del denominado nivel mínimo, dependiendo del número de personas con dependencia y del nivel y grado que tengan las mismas.

Por esta vía, y de acuerdo a las últimas estadísticas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Asturias debería recibir 2,7 millones de euros al mes, ya que son 20.077 los asturianos con dependencia -aunque 6.096 aún esperan por su ayuda- por los que el Estado debe aportar cuantías que oscilan entre los 266,57 euros -si se trata de un grado III, nivel 2- y los 60 -para el grado I y nivel 2-, siempre consideradas «insuficientes» por el Gobierno regional, ya que el coste real de atender a una persona en el máximo nivel de dependencia está ya en 4.000 euros mensuales que afronta Asturias.

Por ello, José Manuel Ramírez cree que este recorte «redundará más en el endeudamiento de las comunidades, que no podrán hacer frente a todas las demandas».

Siete claros e irrefutables argumentos ¡¡y podría habernos contado más!!, como por ejemplo que en Italia se ha visto que el dinero que se recauda por el copago apenas sirve para financiar el aparato administrativo para recaudar ese dinero

El copago no es la solución, es un problema

Por Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)

nuevatribuna.es

Quienes defienden el copago hacen gala de una falta de argumentos y de un fundamentalismo ideológico que es muy preocupante

 

Uno.

 

Se dice que el fundamento del copago está en que las personas usan indebidamente aquellos bienes o servicios que son gratuitos en el momento de su uso, y esto es cuando menos un acto de fe que frecuentemente puede constatarse como carente de fundamento. No hay mas que salir a la calle para observar como todas las personas no hacen esfuerzos continuos por almacenar el mayor número posible de aire en sus pulmones ni incrementan de manera desmedida las respiraciones para  consumir lo más posible un bien gratuito, el aire, o comprobar cómo los actos de culto, que son gratuitos tienen una asistencia mínima mientras los estadios de futbol o los conciertos de rock, aunque cobran entrada, tiene mucho mas público,  y todos los ejemplos que usted prefiera buscar en la vida diaria que refutan esta supuesta ley universal.

 

Dos.

 

Los usuarios no son quienes deciden la mayoría de la utilización inapropiada de los servicios sanitarios. Si nos centramos en España, descubriremos que solo una pequeña parte de las consultas las deciden los ciudadanos (más o menos el 30%) y el resto son inducidas por el propio sistema (revisiones, derivaciones a los especialistas, etc), y que son los profesionales los que deciden el 100% de las pruebas diagnósticas y de las recetas que sufraga la Sanidad Pública. Si se pretende desincentivar la utilización inapropiada no tiene sentido dirigir la actuación sobre los que no deciden, sino en todo caso hacerlo sobre los que hacen las indicaciones.

 

Tres.

 

El copago no tiene capacidad para discriminar entre las demandas adecuadas y las inadecuadas, sino que interviene por igual en todas ellas. Se pretende que la intención del copago es limitar las demandas innecesarias, pero estas son pocas como se ha señalado anteriormente, y además la mayoría de las que se producen son inducidas por el sistema, un ejemplo muy claro son los partes de baja por incapacidad transitoria que obligan a los ciudadanos a acudir semanalmente a sus médicos sin ningún motivo, establecer unos tiempos medios por cada enfermedad es fácil, así como dar una baja valida para este tiempo. Lo mismo sucede con la prescripción electrónica que evita que los pacientes crónicos tengan que visitar a sus médicos para obtener simplemente las recetas, en ambos casos es la administración la responsable y la que puede arbitrar medidas para solucionar el problema y en algunos sitios ya se ha hecho ¿Por qué tienen que pagar los ciudadanos la ineptitud de la administración?.  Además si vemos las tasas de consultas médicas por 1.000 habitantes en Europa observamos que todos los países que están por encima de la media, salvo España, tienen copagos, y es más, los 3 que tienen una mayor tasa tienen copagos muy importantes, o sea que en la teoría del fundamentalismo liberal puede ser que funcione, pero en el mundo real las cosas son muy diferentes.

 

Cuatro.

 

El copago está muy extendido, como la violencia, la guerra, el narcotráfico, los desastres de la economía y el hambre. El que algo sea muy frecuente no le incorpora ningún valor, en muchos casos se trata de una desgracia que hay que esforzarse en solucionar.

 

En España el copago en los medicamentos excluye a los pensionistas básicamente por dos motivos, los pensionistas son mayoritariamente personas con enfermedades crónicas que necesitan de forma habitual medicación, en muchos casos muchos medicamentos, y además sus ingresos son generalmente muy bajos, conviene recordar que la pensión media en España (antes de la subida del IRPF) era de 820 € (el 8,51% inferiores a 300 €, el 54,02% < 650 €, y el 74,32% < 1.000€). Si tuvieran que pagar las medicinas se abocaría a un numero significativamente elevado de pensionistas a optar entre comprar alimentos o medicinas, cualquier opción por muy avalada que estuviera  por la teoría económica neoliberal  sería desastrosa para su salud. Por otro lado las personas jóvenes raramente acuden al sistema sanitario, por cierto los niños pequeños acuden frecuentemente al médico (a veces sin necesidad como sucede con la mayoría de las revisiones del programa del niño sano inducidas por el sistema), pero consumen muy pocos medicamentos.

 

 

Quinto. 

 

Los estudios realizados, todos sin excepción, señalan sus serios problemas, así el Rand  Corporation (de 1979) si se lee con atención señala que la disminución de utilización está relacionada de manera inversa con el nivel de renta. Informes posteriores señalan que: la eficacia en la contención del gasto sanitario es mínima o irrelevante; las cuotas de participación son un impedimento de importancia en el acceso a los servicios para los pobres y los ancianos que viven con bajos ingresos, que retrasan o impiden el uso de servicios sanitarios necesarios y que no se ha demostrado su capacidad para contener la demanda, que incluso, en algún caso se ha incrementado (Department of National Health Welfare ,Canada 1991;National Health Strategy Unit, Australia 1991;Escola de Saude Publica, Portugal 1990). Muchos de estos Informes señalan el problema de los copagos y los desaconsejan: “Hay que abolir las barreras a la asistencia médica, cualquier tasa por pequeña que sea tiene un efecto negativo sobre la salud de los sectores socialmente más desfavorecidos” (Social determinants of Health, The Solid Facts WHO Europe 2003) o más recientemente: “Los pagos directos tienen graves repercusiones en la salud. Tener que pagar en el momento en el que un paciente es atendido disuade a la gente de utilizar los servicios (en particular, la promoción y la prevención sanitaria) y hace que aplacen los controles sanitarios. Esto significa que no reciben un tratamiento temprano, cuando las expectativas de curación son mayores. Se ha estimado que un elevado porcentaje de los 1,3 mil millones de pobres que hay en el mundo no tiene acceso a los servicios sanitarios, simplemente porque no puede pagarlos en el momento en que los necesita”…“Para muchos hogares, los pagos relativamente pequeños también pueden producir una catástrofe financiera. El efecto del flujo continuo de las tasas médicas, aunque pequeñas, puede llevar a la pobreza a las personas con, por ejemplo, enfermedades crónicas o una discapacidad.” …“Estos desembolsos no sólo disuaden a la gente de usar los servicios sanitarios y generan estrés financiero; sino que también hacen que los recursos se utilicen de forma injusta e ineficiente. Se fomenta el uso excesivo en aquellas personas que pueden pagarlos y la infrautilización en quienes no lo pueden hacer” (Informe sobre la salud en el mundo, OMS 2010)

 

Sexto.

 

Asimismo numerosas publicaciones científicas señalan los serios problemas que presenta el copago, solo referir una muestra reciente: “Los copagos en los medicamentos reducen la utilización de los medicamentos esenciales y aumentan los efectos adversos y las visitas a urgencias (JAMA 2001). El efecto de los copagos en Alemania fue que “Los que tenían enfermedades crónicas, en el análisis multivariante, evitaron o retrasaron acudir a consulta 2,45 veces más (IC 95% 1,90-3,15) que los que no las padecían” (BMC Health Research  2008). “El incremento del copago en las visitas de médico general (7$) y especialistas (9$) produjo una disminución del número de visitas/año (20% menos) pero un aumento de los ingresos hospitalarios (11% más). El aumento fue mayor en personas con bajos ingresos y patologías previas (HTA, diabetes, infarto de miocardio). El resultado fue un aumento de los costes en 24.000 $ /año por cada 100 personas incluidas)” (New England 2010). “La eliminación de los copagos en los medicamentos a los enfermos que habían tenido infartos de miocardio mejoro la adherencia al tratamiento y redujo los costes de asistencia” (New England 2011). O sea que todo lo contrario de un éxito en equidad y reducción de costes

 

Séptimo.

 

El caso de Portugal es bastante interesante, no solo por la historia y por la cercanía geográfica, sino sobre todo porque podemos observar los efectos del copago sobre el gasto sanitario y la equidad. En 1990 se instauraron copagos sobre las consultas de Atención Primaria y especialista, así como sobre  pruebas diagnósticas y en 2007 además sobre ingresos hospitalarios. El gasto sanitario total paso de ser el 5,9% del PIB en 1990 al 10,6%  en 2011 (España paso en el mismo periodo del 6,5 al 9%), pero en 2011 el 6,4% de la población con ingresos menores  a la mediana declaro en Portugal no haber recibido atención sanitaria que necesitaba por falta de dinero, mientras que en España era el 0,4% (Eurostat 2011). Por lo tanto el efecto no fue disminuir el gasto, que se incremento, y además dificulto el acceso al sistema sanitario a los más pobres.

 

Resumiendo, el copago es injusto e insolidario, favorece la inequidad porque penaliza a las personas más pobres y enfermas, tiene efectos negativos sobre la salud, no contiene el gasto sanitario ni la utilización inapropiada y es incomprensible que se proponga en un momento de grave crisis económica.

Como todos los meses: Nuestras estadísticas mensuales Febrero/2012

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Segundo mes de 2012 y ya estamos en el objetivo que nos propusimos para este año … ¡¡603.152 visitas!! en el interanual.

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Efectos directos de la crisis, el paro y de una Ley de Dependencia que no llega a este ámbito.

Enfermos de alzhéimer dejan los geriátricos por no poder pagar su plaza

La fundación asturiana de la enfermedad alerta de que la crisis desborda su oferta mensual de comida especializada

01.03.12 - CH. TUYA | GIJÓN, en El Comercio.

«Aunque tenemos un convenio con las residencias, que nos hacen precios muy ajustados, llevamos ya once casos de renuncias. La crisis económica es tan grave que las familias están sacando de los geriátricos a los enfermos de alzhéimer. No pueden pagar la plaza».

Laureano Caicoya, presidente de la Fundación Alzhéimer Asturias, ha abandonado su proverbial optimismo. El hombre que insiste en poner buena cara a una enfermedad de la que aún no se conoce cura y que no sólo devora los recuerdos del paciente, sino que le acaba postrando en la cama, se muestra ahora «muy preocupado» por los problemas «que la falta de trabajo está causando a los enfermos».

Lo dice porque ha visto como «ya son muchas las familias en las que no entra ni un sólo euro, porque están todos los miembros en el paro. Viven todos de la pensión del abuelo o de la abuela». Ese problema, común en muchos hogares de la región, se agrava cuando el pensionista «es enfermo de alzhéimer, ya que requiere una asistencia muy especializada que, ahora, no se le está dando».

Pañales y sondas

La prueba la encuentra en el abandono de las plazas geriátricas. A pesar de que la Fundación Alzhéimer Asturias tiene firmado un convenio con la Asociación de Centros y Servicios de Mayores (Asacesema), por la que «recibimos ofertas muy ventajosas, la verdad es que se portan muy bien con nosotros», la entidad cerró 2011 «con once casos de abandono. Las familias se han encontrado con que no pueden pagar la hipoteca o el plazo del coche, incluso la comida, así que se han llevado al enfermo de nuevo a casa».

Eso supone, explica Caicoya, un grave trastorno para el paciente, puesto que no sólo es quitar una atención especializada para darle una no formada, «si no que es castigar mucho a las familias, porque esta enfermedad, insisto, es muy dura. Hablamos de cambiar pañales, limpiar vómitos y alimentar por sonda. Eso no debería hacerlo un familiar».

Pero el problema económico no se resuelve sólo con abandonar las residencias especializadas, sino que «estamos viendo cómo el reparto mensual que hacemos de comida especializada, que se eleva a una tonelada de alimentos, se queda corto. Se supone que ese reparto es para el enfermo, ya que son productos especializados, que nos ceden Reny Picot y Nestlé. Pero ahora ya vemos cómo toda la familia los utiliza».

Convenio con Ibercaja

Por ese motivo, Laureano Caicoya vuelve a poner el acento en la Ley de la Dependencia, una norma que no sólo sufrió un parón en su aplicación en 2011, sino que nunca ha sido especialmente positiva para las personas con alzhéimer. Tanto es así que Laureano Caicoya reitera que «no sólo es que esté parada, sino que para estos enfermos, no llega. No lo hacía antes y, ahora, menos».

Ese hueco que deja libre el Estado lo intenta cubrir la Fundación con sus líneas de ayuda, alimentación y formación. De hecho, hoy mismo firmará un nuevo convenio con Ibercaja, dotado con 5.000 euros, «que servirá para facilitar ayuda a los enfermos que residen en sus domicilios. Es poco, pero no nos llega más. Ibercaja lleva años ayudándonos».

Sanidad y CCAA quieren fijar un calendario vacunal único en 2013

Se pretende "garantizar" las mismas prestaciones indispensables a todos los ciudadanos del país, independientemente de la comunidad donde vivan

El Comercio.- EUROPA PRESS | | MADRID

Navia-Osorio: «El plan de Ana Mato es el primer intento serio de cohesión sanitaria»

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y los consejeros autonómicos de sanidad han acordado fijar una cartera "básica" de servicios en el Sistema Nacional de Salud y, para 2013, un calendario vacunal "único" para toda España, con los que "garantizar" las mismas prestaciones indispensables a todos los ciudadanos del país, independientemente de la comunidad donde vivan, y también la cohesión del sistema.

Así lo ha anunciado la titular del ministerio, Ana Mato, a la salida de su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), donde Gobierno central y autonomías han consensuado "los primeros pasos para lograr una ’hoja de ruta’ que lleve a la creación del Pacto por la Sanidad", el ansiado acuerdo con el que se espera salir fortalecidos y cohesionados de la crisis.

Para el diseño de la cartera "básica" de servicios en el SNS, con la que se pretenden garantizar prestaciones y no recortarlas, según Mato, se creará una red de agencias de evaluación de tecnología sanitaria y productos del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Esta red integrará a las diferentes agencias evaluadoras que existen hoy en España. Su cometido será elaborar los informes científico-técnicos que permitan a las administraciones, en consenso, valorar qué productos o tecnologías son prescindibles o están "obsoletos" y qué innovaciones se deberían financiar.

En concreto, esta red analizará el coste-beneficio y el coste-eficacia de las prestaciones y tecnologías existentes a fin de "ver cuáles están obsoletas, cuáles hay que renovar y cuáles son de utilidad". "No se trata de sacar nada de la financiación pública, sino de que esta red, por motivos técnicos, nos diga si alguna de las prestaciones, elementos o tecnología ahora mismo existentes tienen alguna utilidad o no", ha resaltado la ministra.

En función de estos informes técnicos, serán las comunidades las que decidan cuáles son las prestaciones que se incluyen en la "renovada" cartera de servicios básicos que, según ha insistido Mato, "por primera vez, va a ser común en todo el territorio nacional, para que todos los españoles tengan acceso a las mismas prestaciones en todas las comunidades".

A partir de ésta, las comunidades podrán decidir incorporar nuevas prestaciones sanitarias en su territorio pero, según ha puntualizado Mato, "siempre que no desatiendan ni dejen de ofrecer las acordadas en esta cartera común".

Las misma vacunas a la misma edad

Otro de los pasos acordados para lograr un SNS más cohesionado es el de comenzar a trabajar juntos con vistas a conseguir un calendario vacunal único para 2013. Por ahora, en esta reunión han conseguido ponerse de acuerdo para que los niños de todas las comunidades autónomas reciban, a las mismas edades y en las mismas dosis, las vacunas que son comunes en todo el territorio.

Según ha explicado Mato, en la actualidad existía un conjunto básico de vacunas que se administraban en todo el territorio nacional, pero cada autonomía las administraba a los menores a diferentes edades y dosificaciones distintas. "Por primera vez se compartirán las mismas pautas de vacunación", asevera.

En este campo, la ministra ha anunciado que 14 comunidades autónomas han acordado la compra centralizada de vacunas de la gripe para la próxima temporada, por lo que más de 5 millones de dosis entrarán en concurso. El resto de autonomías, dice, aún no se han adherido al proyecto porque ya tenían sus propios planes de compra para la próxima temporada, pero lo harán en el futuro.

Asimismo, se ha logrado un acuerdo marco para crear una plataforma desde donde realizar la futura compra conjunta de vacunas infantiles, un concurso de compra en el que participarán todas las comunidades y que supondrá, según Mato, una inversión de 200 millones en políticas de prevención. "Se conseguirán las mismas prestaciones por menos precio", asevera.

También han acordado trabajar para que las tarjetas sanitarias sean interoperables en toda España, asignando un número a cada paciente que le permitirá, en el futuro, ser identificado por todos los sistemas sanitarios del país y más adelante, que desde todas las autonomías se pueda acceder a su historial médico o pueda utilizar en las farmacias la denominada receta electrónica". Este código único y vitalicio servirá también para integrar a España en el sistema de tarjetas sanitarias europeo.

"Antes de final de año esperamos contar con la plataforma tecnológica que garantice esta operabilidad", avanza. Calcula que 4 millones de cuidados al año podrían beneficiarse de esta tarjeta interoperable, que se incorporará de forma paulatina al sistema.

 

Según la ministra, "no será una única tarjeta sanitaria pero sí compatible", ha explicado, ya que "habrá un número para cada ciudadano" con el que "podrán ir a cualquier parte de España y se tendrá acceso a su historial clínico y, con el tiempo, a las recetas electrónicas que tiene".

"Como las tarjetas se tienen que renovar, conforme los pacientes vayan acudiendo a ello, irán recibiendo estas nuevas tarjetas", dice Mato, eludiendo precisar, por el momento, si los ciudadanos tendrán que pagar o no por esta nueva tarjeta. "Lo importante no es que los ciudadanos tengan que pagar o no por ella, sino el valor de la propia tarjeta y todo lo que ella ofrece", apunta.

"Se trata de hacer útiles las nuevas tecnologías, también en la sanidad, y hacer la vida más fácil al paciente, para que toda la tecnología se ponga a disposición del paciente y no sea éste el que tenga que ir buscando los distintos sistemas para que le atiendan en algún sitio", ha asegurado.

Estrategias en diabetes

Por otra parte, Mato ha anunciado la aprobación en este consejo de la estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud, que ha sido "fruto del trabajo común entre autoridades y sociedades científicas". De ella podrán beneficiarse más de cinco millones de pacientes que recibirán una mejor información sobre su enfermedad y permitirá prevenir esta patología vinculada a la obesidad y a otras causas que "se van a investigar para poder abordar".

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