"Sólo nos iremos si nos echan"

Los trabajadores del Hospital del Henares cumplen 100 días encerrados en contra de la privatización que amenza a seis centros como el suyo.

Aunque más de 20 hospitales se han sumado a la protesta en los últimos meses, el de Coslada es el único que mantiene esta medida de presión

ANNA FLOTATS Madrid 12/02/2013 07:24 Actualizado: 12/02/2013 07:24

Foto: Algunos de los profesionales encerrados en el centro.

Como la mayoría de médicos, enfermeros y personal no-sanitario de los hospitales madrileños, Maite López -enfermera de diálisis en el Hospital del Henares- pasó el puente de Todos los Santos del año pasado mandándose mensajes de móvil con sus compañeros y dando vueltas a las declaraciones que el consejero Javier Fernández Lasquetty hizo el primer día de noviembre. Esas en las que anunció la intención de la Comunidad de Madrid de ahorrar 533 millones de euros en la sanidad pública...(leer más)

Cospedal ficha a una exdirectiva de la empresa que aspira a gestionar los hospitales de Castilla-La Mancha

Natividad Comes, hoy directora de Enfermería del servicio de salud de la región, ocupó ese mismo cargo en el conglomerado sanitario Capio hasta abril de 2011.

Agustina Borrás, con cargo en el Hospital de Talavera, también trabajó en ese grupo hasta el pasado mes de noviembre

IÑIGO ADURIZ Madrid 12/02/2013 07:24 Actualizado:

No sólo del ámbito público al privado. La puerta giratoria también rueda a la inversa en el Gobierno de Castilla-La Mancha que preside la número dos del PP, María Dolores de Cospedal. Es el caso de la actual directora de Enfermería del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Natividad Comes, que hasta el 31 de abril de 2011 era directora de Enfermería del Grupo Capio Sanidad, uno de los principales conglomerados empresariales del país dedicado a la gestión privada de centros sanitarios. O el de Agustina Borrás, que ha pasado de trabajar en el grupo a ser la subdirectora de Enfermería del Hospital de Talavera de la Reina (Toledo).(leer más)

Las residencias geriátricas de Moreda y Avilés, a punto de entrar en funcionamiento

La consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, fija este año para la apertura del Centro de Apoyo a la Integración de Arriondas

 Lne. 12.02.2013 | 02:09 Oviedo, M. S. MARQUÉS

 Foto:  Esther Díaz.

 Las residencias de mayores de Moreda (Aller) y El Nodo (Avilés), así como el nuevo Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Arriondas abrirán sus puertas en los «primeros» meses de este año. Así lo anunció ayer la Consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, en la Junta General del Principado.

 La residencia de Moreda, que cuenta con 92 plazas residenciales y 21 de centro de día, será la primera en abrir. En la actualidad se está en pleno proceso de contratación de servicios auxiliares, según manifestó Díaz, que subrayó que su apertura será progresiva y la gestión íntegramente pública.

 El centro geriátrico de Moreda, construido hace casi dos años, genera en la actualidad un coste por servicios de vigilancia de unos 8.000 euros mensuales. Lo mismo sucede con la residencia de El Nodo (Avilés), con la obra terminada desde el pasado mes de septiembre y en la actualidad en proceso de equipamiento, para lo que se cuenta con una partida de 327.531 euros. Según Esther Díaz, las previsiones son que pueda entrar en funcionamiento este mismo verano. En un principio se trasladará a las personas alojadas en la residencia Jovellanos, para, a continuación, proceder al ingreso de nuevos residentes.

 También para el verano está prevista la apertura del Centro de Apoyo a la Integración de Arriondas, que dará servicio a 30 usuarios del antiguo centro y cuya gestión será licitada en las próximas semanas.

 El objetivo de la Consejería de Bienestar Social es que empiecen a funcionar en los próximos meses todos los centros terminados y equipados, equipar y abrir los que faltan y finalizar durante esta legislatura los que aún están en obras. En el capítulo de ampliaciones, Esther Díaz se refirió a los centros geriátricos de Tineo y Montevil (Gijón), los siguientes en la lista de apertura.

 Ante las acusaciones de la diputada del PP Victoria Delgado de que algo «apesta» en el ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias), Esther Díaz la animó a acudir a la fiscalía «corriendo si tiene algo que denunciar». De trece obras, «dos son las que tienen pleito en marcha y una previsible», concretó la Consejera, que aclaró que esta situación está relacionada con «los problemas de algunas empresas por la crisis», y por «disconformidad de ejecución o modificados».

 Delgado habló de «paralización de obras, pleitos administrativos y política chapucera», y Esther Landa, de Foro, de «despilfarro socialista» durante años en obras «improvisadas, muchas innecesarias». Para Noemí Martín, de IU, lo importante es saber que en un plazo corto aquellos centros que ya están finalizados van a abrir sus puertas.

Centros pendientes de finalizar

Castrillón. Las obras de este centro residencial están prácticamente terminadas, a falta de finalizar la urbanización, paralizada por un recurso contencioso-administrativo de la empresa adjudicataria.

 Cangas del Narcea. La apertura está pendiente de diversas resoluciones judiciales. El ERA incluye en su presupuesto una partida de 150.000 euros.

 Lastres. Tras más de tres años parada, la obra se reanudó en noviembre. Cuenta con una partida de un millón de euros. Tiene 60 plazas residenciales y 15 de centro de día.

 Cudillero. Se adjudicó en noviembre de 2012 y cuenta con un presupuesto de 525.580 euros.

 Riaño (Langreo). Las obras comenzaron a principios de año y disponen de una partida de 1.981.200 euros para su ejecución.

 Arriondas. Las obras fueron adjudicadas en 2006, pero diversos problemas obligaron a revisar el proyecto, trámite que aún se está realizando.

 Montevil (Gijón). Las obras de ampliación están acabadas.

 Tineo. Obra de ampliación de instalaciones actuales.

El Principado abrirá este año centros polivalentes en Moreda y Avilés y el de Integración de Arriondas

El Comercio. 12.02.13 - 00:21 - E. C. | GIJÓN.

La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, anunció ayer en la Junta General del Principado que los centros polivalentes de recursos de Moreda, en Aller, y El Nodo, en Avilés, entrarán en servicio en los «primeros» meses de este año.

Díaz informó de que el nuevo Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Arriondas tiene el mes de abril como previsión de apertura, para una inversión que en su conjunto ronda el millón de euros.

Además señaló que el CPR de Moreda cuenta con 92 plazas residenciales y 21 de centro de día, y ha añadido que actualmente se está procediendo a la contratación de los servicios auxiliares. Su apertura será progresiva y la gestión, íntegramente pública.

Respecto a las ampliaciones sobre las instalaciones de los CPR de Tineo y Montevil, en Gijón, explicó que ambas instalaciones serán las «siguientes» en la lista de apertura, la cual, puntualizó, no es solo una cuestión económica sino también de limitaciones legales en función de la disponibilidad de personal.

El CAI de Castrillón, con el 96% de ejecución, presenta actualmente la suspensión de la misma debido al desacuerdo sobre el modificado, si bien Esther Díaz matizó que su departamento ha contemplado la correspondiente previsión para acabar el 4% pendiente. La diputada del PP Victoria Delgado lamentó la política «absolutamente chapucera» de los gobiernos socialistas relativa a los centros de dependencia. Esther Díaz rechazó sus críticas.

COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE SANIDAD DE LA JGPA

Blanco sostiene que la nueva jornada sanitaria "responde desde lo público a la amenaza del lucro privado"

OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Faustino Blanco, ha afirmado este lunes que la nueva jornada laboral ordinaria, acordada con los profesionales tras el conflicto sanitario, "responde desde lo público a la amenaza del lucro privado".

Blanco ha remarcado, durante la comisión del área en la que ha comparecido para abordar la política de recursos humanos de su departamento, la diferencia entre la defensa del Gobierno asturiano de la gestión pública de la sanidad frente a quienes apuestan por la entrada en el sistema sanitario del beneficio privado.

Además, el consejero ha incidido en que el Ejecutivo asturiano tiene un modelo sanitario "claro" en defensa de la sanidad pública como servicio a los ciudadanos. Entre algunas iniciativas, ha destacado una nueva política de personal que utilice, desde lo público, criterios de gestión asimilables a los de las empresas privadas que disponen de instrumentos que generan identidad corporativa y cultura de empresa.

Así, se pretende desarrollar una organización más innovadora y permeable, garantizando el compromiso explícito de transparencia y profesionalidad en los métodos de incorporación de profesionales al sistema.

Otro aspecto destacado por el consejero ha sido la reordenación del mapa sanitario en un máximo de cuatro áreas para aligerar las estructuras directivas de un modo apreciable y reducir la carga burocrática, así como la presentación este ejercicio de la Ley de Salud y Ordenación de Recursos Sanitarios. Al respecto, Blanco ha detallado que la reordenación de las áreas no podrá estar lista hasta finales de año.

Faustino Blanco también ha señalado como objetivos la integración de atención Primaria y Especializada, la colaboración en red de los centros hospitalarios, la potenciación de la gestión clínica, así como una política de incentivos ligados a resultados, que no tienen por qué ser necesariamente económicos.

Durante la sesión, en la que los 'populares' no intervinieron, el diputado de Foro Albano Longo ha preguntado sobre la plantilla prevista para el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), a lo que el consejero se limitó a señalar que habrá "la plantilla necesaria para que funcione de forma excelente". "Vamos a garantizar que sea un hospital de referencia", ha dicho Blanco.

El titular de Sanidad, que ha reprochado al parlamentario de Foro la improcedencia de algunas de sus preguntas, ha incidido en que el empleo es una prioridad junto con la sostenibilidad del sistema. "En recursos humanos, nosotros haremos todo el esfuerzo necesario para mantener el empleo estructural", ha asegurado, mientras que Longo estima que este año habrá unos mil contratos eventuales menos que en 2012.

"RECORTES SIN RESULTADOS"

Con todo, desde Foro han lamentado que la gestión del Gobierno socialista se limita a los recortes sin resultados, al tiempo que han advertido del "empeoramiento de la asistencia y la desmotivación de los profesionales".

Por su parte, el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, ha remarcando la necesidad de impulsar la motivación e implicación de los profesionales para mejorar la eficiencia y eficacia del sistema con el objetivo de mantener la calidad.

Además, la diputada de IU Noemí Martín ha reconocido no entender el sentido de la comparecencia ya que "se ha hablado poco de recursos humanos". La parlamentaria, que no utilizó el turno de preguntas, ha hecho hincapié en la importancia de mantener la mayor dotación de empleo posible, porque eso también implica calidad asistencial.

Finalmente, la diputada socialista Pilar Alonso ha reprochado a Foro que venga a la comisión con un discurso fijo y hecho previamente. "Se trata de una maniobra de confusión y de no admitir lo evidente", ha apuntado, valorando los cambios anunciados para mejorar la gestión y la competencia de los profesionales y, con todo, la asistencia sanitaria.

Blanco sobre la nueva jornada: “Es una medida de eficiencia encaminada a hacer más productivo lo público"

RTPA

El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, ha explicado esta tarde en la Comisión de Sanidad de la Junta General del Principado que la política de recursos humanos que se ha puesto en marcha en el Sespa es la respuesta de un Gobierno que cree en el servicio público frente a quienes defienden la deconstrucción del Servicio Público de Salud para dar entrada al ánimo de lucro y al beneficio privado

Blanco ha asegurado que el incremento de la jornada que acordó con los representantes de los trabajadores es la respuesta que se da desde lo público a quienes defienden la provisión privada de la atención sanitaria. “Es una medida de eficiencia encaminada a hacer más productivo lo público y por lo tanto más legítimo”, explicó el consejero, para quien la sanidad pública debe ser siempre “de primerísimo nivel, que sirva para todos los grupos sociales y en todo el territorio como garantía de que la ciudadanía estará dispuesta a sostenerla con sus impuestos”.

Es además una garantía frente a la dualización social que se produce cuando la sanidad se vincula al negocio, porque “siempre podrá existir alguien dispuesto a pagar por optar a una mínima mejora real o imaginaria de su tratamiento, más cuanto más sea la enfermedad padecida y mayor la disponibilidad económica del paciente”.

El consejero ha explicado que los pacientes y los profesionales podrán comprobar cómo la sanidad asturiana seguirá progresando desde la entrada en vigor del decreto de ampliación de jornada y ha insistido en la idea de que la “única defensa posible de la sanidad pública es conseguir el compromiso inquebrantable del conjunto de los profesionales, por ser la mejor garantía de su desarrollo laboral, y de los ciudadanos”.

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Todos, a excepción del PP, ven indiscutibles las evidencias pero ya se sabe: “No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír”

"Más paro y menos protección" definen el primer año de la reforma laboral

Los grupos del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y el PNV en el Congreso subrayan el "fracaso" de la reforma laboral del Gobierno 'popular' cuando se cumple un año de su entrada en vigor, el 11 de febrero de 2012, tras ser aprobada como decreto ley por el Consejo de Ministros.

nuevatribuna.es

Portavoces de las cuatro formaciones han coincidido en señalar en declaraciones que la nueva regulación laboral ha precarizado el empleo, destruido la negociación colectiva, provocado un incremento de los expedientes de regulación, y todo sin conseguir frenar el aumento del desempleo.

De hecho, aluden a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2012, hechos públicos a finales de enero, según los cuales España cerró el pasado ejercicio al borde de los 6 millones de desempleados (26,02%), tres puntos más que un año antes, tras sumar 700.000 nuevos parados y destruir 850.500 puestos de trabajo en un proceso paralelo a la pérdida de cotizantes a la Seguridad Social. Entre la población joven, el desempleo supera el 55%.

MÁS PARO Y MENOS PROTECCIÓN

La portavoz socialista de Empleo, Concha Gutiérrez, cree que el "fracaso" de la reforma se hace patente en todos los datos de la EPA, que muestran el incremento del desempleo en todos los sectores, tramos de edad, tipos de contratación y tanto ámbito privado como público. Además, considera que se ha destruido la negociación colectiva, con cada vez menos trabajadores "protegidos" por un convenio, mientras que la pretendida flexibilidad para negociar modificaciones de jornada o reducciones salariales no ha evitado los despidos.

Por ello, el PSOE exige al Gobierno que cambie sus prioridades en materia económica, presente medidas para luchar contra el desempleo --de hecho han presentado un pacto de estado con medidas de choque y también propuestas a medio y largo plazo--, y retire la reforma laboral recuperando el diálogo social.

FALSA COMPETITIVIDAD

Por su parte, el portavoz de Empleo de IU-ICV-CHA, el catalán Joan Coscubiela, cree que la reforma laboral es "el gran fracaso y el gran fraude" del Gobierno porque "no sólo no ha frenado el aumento del paro, sino que se ha disparado" y, a la vez, "es la evidencia de cómo se ha engañado a los españoles" ya que la norma se presentó asegurando que "serviría para promocionar el empleo" mientras que "en realidad el gran objetivo era conseguir que el ajuste de la crisis se haga por la vía de la reducción drástica del salario".

"Están intentando aprovechar la crisis para imponer el programa máximo de la derecha y ese modelo de capitalismo especulativo que prima en España", ha añadido, asegurando que esta fórmula "no sirve para mejorar la competitividad de las empresas" sino "únicamente para beneficiar al capitalismo especulativo y rapiñero que expresan los dirigentes de la CEOE y que vive al calor del poder político, explicando muy bien la endogamia entre corrupción económica y política".

OPTIMISMO INFUNDADO

Álvaro Anchuelo, de UPyD, coincide también en que "claramente la reforma laboral no ha logrado sus objetivos porque ha habido una destrucción de empleo muy fuerte tanto en el sector privado como en el público" sin haber acabado tampoco con la dualidad del mercado de trabajo. De hecho, a su juicio la nueva regulación del mercado laboral está acrecentando este problema, como demuestra el hecho de que el 90% de los nuevos contratos firmados en 2012 sean temporales.

Además, cree que el "optimismo del Gobierno se basa en no se sabe muy bien qué" porque tras cinco años de crisis la destrucción de empleo sigue siendo "muy fuerte y muy acelerada", sin que existan evidencias de que la reforma ha servido para frenar ese proceso, "sino más bien lo contrario" ya que "colectivos de indefinidos ahora también están envueltos" en procesos de despido. Una situación que tampoco mejorará ni aunque se cumplan las previsiones económicas, ya que "la recuperación no será crecer al 0,3%, sino que hará falta crecer con bastante fuerza para poder absorber esa masa de 6 millones de parados".

DESPIDO DESCAUSALIZADO Y BARATO

Por su parte, el portavoz de Empleo y Seguridad Social del PNV en el Congreso, Emilio Olabarria, cree que la reforma laboral sólo ha provocado la destrucción de más empleo, como así lo demuestran los casi seis millones de parados que existen en la actualidad, y ha evidenciado que en una situación de recesión económica no se puede facilitar el despido mediante su "descausalización" ni su abaratamiento.

Frente al empeño del PP de pedir tiempo para ver los efectos de su aplicación, Olabarría ha puesto de relieve "la tozuda realidad" del "espectacular" incremento del número de parados. Una realidad, ha recalcado, que "inevitablemente" se va a seguir imponiendo mientras dure la situación de recesión, e incluso cuando ésta se supere, si los índices de crecimiento no se aproximan al 2% del PIB.

El Supremo denuncia la politización del Tribunal de Cuentas

 

 

Una sentencia advierte que ya hay más funcionarios nombrados por los partidos que de carrera

 El pleno está controlado por el PP y el PSOE

 ÍÑIGO DE BARRÓN Madrid 11 FEB 2013 - 00:09 CET

 Los partidos, vigilados por ellos mismos

No es habitual que el Tribunal Supremo sea tan explícito en sus sentencias, pero quizá esta vez lo ha hecho porque no es la primera vez que se pronuncia sobre los intentos de llenar el Tribunal de Cuentas con funcionarios de libre designación, lo que conlleva un alto riesgo de politización. El asunto es grave porque este organismo es clave para detectar la corrupción. En una sentencia del pasado 3 de diciembre, desestima dos nombramientos de cargos, la subdirectora adjunta de la Asesoría Jurídica, Virginia de los Reyes, y el asesor económico financiero, José María Gordo Moreno, nombrados por indicación del pleno, el máximo órgano. El texto reclama más funcionarios de carrera, que llegan por oposición, para que sean mayoría y afirma que sobran 30 de los recomendados...(leer más)

Terror en el hospital de Staffordshire

 

 

La confirmación de que cientos de pacientes padecieron condiciones infrahumanas en un centro sanitario conmociona al Reino Unido

Entrada principal del hospital de Stafford. / ReutersLo que ocurrió en el hospital de Staffordshire podría dejar corto el argumento de cualquier película de terror. Durante cuatro años, los pacientes de este centro sanitario del centro de Inglaterra sufrieron abusos y vivieron en condiciones infrahumanas por culpa de unos responsables sanitarios cuyo único afán era reducir gastos para lograr los mayores beneficios económicos. Esa es la conclusión a la que ha llegado el abogado Robert Francis, autor de un informe de 3.000 páginas que ha conmocionado al Reino Unido. Tal ha sido el impacto de esta investigación que hasta el primer ministro, David Cameron, ha tenido que pedir disculpas ante el Parlamento por las “espantosas” negligencias que acaecieron en el hospital Staffordshire.

 

El hospital de Staffordshire estaba gestionado por la Foundation Trust, una fundación dependiente del NHS, el sistema nacional de salud británico, joya de la corona del Estado de bienestar en las islas. Sin embargo, los controles administrativos no fueron suficientes para descubrir unos hechos que duraron desde enero del 2005 hasta marzo del 2009.

 

La lista de abusos que reporta el informe corta la respiración. Sin profesionales sanitarios suficientes, los pacientes se encontraban desatendidos e indefensos. Estaban sucios, sin comida y sin bebidas. Quienes no podían recibir comida sin ayuda directamente no comían. Otros llegaron a beberse el agua de los floreros porque era el único líquido al que podían acceder. Los que tenían problemas de movilidad no podían ni ir al baño y se hacían sus necesidades encima, en la cama. Los medicamentos estaban prescritos, pero no se suministraban. “Estaban privados de toda dignidad y respeto”, sostiene el informe. En total, se estima que entre 400 y 1.200 personas fallecieron por causas que podrían haber sido evitadas. ¿Y cómo estos hechos se prolongaron durante un periodo tan largo de tiempo? “Por una cultura de secretismo y actitud defensiva que silenció todos los avisos”, continúa el texto de Robert Francis.

 

Con la intención de evitar que unos hechos tan dramáticos vuelvan a repetirse, el informe incluye un memorándum con 290 recomendaciones que buscan, sobre todo, concienciar a las enfermeras y a los médicos para que sientan una mayor empatía hacia los pacientes. Las palabras de Cameron se han interpretado también como una férrea defensa de la sanidad pública en un momento en el que, en Reino Unido, al igual que en otros muchos países europeos, los recortes en los servicios públicos están encima de la mesa.

Las demandas caen un 30% en un mes tras la entrada en vigor de las tasas judiciales

El encarecimiento de los cánones a pagar por emprender procesos en los juzgados reduce a la mitad los contenciosos y un 21% los casos civiles

El Comercio. 11.02.13 - 01:41 - OLAYA SUÁREZ | GIJÓN.

Caen en picado las demandas. La entrada en vigor el pasado 17 de diciembre de las nuevas tasas judiciales han reducido en torno a un 30% los escritos presentados en los juzgados asturianos. Tal y como se recoge en un estudio del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) al que ha tenido acceso EL COMERCIO, las demandas de lo contencioso administrativo han sufrido una reducción del 53,4%, según la muestra tomada durante las dos últimas semanas de diciembre.

La presentación de procedimientos por la vía de lo contencioso disminuyó de 131 en diciembre de 2011 a 61 en el mismo periodo de 2012, ya instaurados los nuevos conceptos impuestos por el Ministerio de Justicia. En materia civil, la reducción es de cerca del 22%: de 506 demandas y ejecuciones en diciembre de 2011 a 395 en el último mes de diciembre.

«La disminución de la carga de trabajo empieza a ser evidente en los juzgados, a mes y medio de la entrada en vigor. La crisis afecta a todos los ciudadanos y si tienen que pagar 200 euros por presentar un recurso, se lo piensan dos veces», explican los representantes de los funcionarios.

Los cánones recién implantados van desde los 100 euros por plantear un procedimiento monitorio, o, a título de ejemplo, 150 euros por el acceso a un proceso verbal, incluso los de escasa cuantía; 200 euros para recurrir la denegación de una beca de estudios en los tribunales contencioso administrativos; 300 euros de tasa por el planteamiento de un proceso ordinario; 800 euros para un recurso de apelación, sea cual sea su naturaleza, y hasta los 1.200 euros que será necesario abonar para plantear un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los abogados y procuradores son los primeros en los que incide esa drástica reducción de demandas. Según el Informe de Metroscopia sobre la opinión de los abogados del Principado de Asturias y el resto de España, uno de cada tres letrados (35%) reconoce que atraviesa dificultades para salir adelante como ejerciente y tres de cada cuatro están al tanto del efecto de la crisis en el conjunto del colectivo. «La subida de las tasas ha sido la puntilla de una situación económica que ya era muy complicada de por sí», comenta el abogado José María Rodríguez, especializado en asuntos civiles, y que calcula que en el último mes ha recibido «la mitad de clientes que el enero anterior».

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) presentó esta misma semana ante la Audiencia Nacional un recurso en el que pide que se anule la orden ministerial que regula el pago de las nuevas tasas judiciales y que se eleve cuestión de inconstitucionalidad contra una ley que convierte el acceso a la Justicia en «una quimera para un muy significativo número» de ciudadanos.

Se reclama de esta forma la nulidad de la orden del Ministerio de Hacienda por la que se aprobó el modelo de autoliquidación y devolución de las tasas porque en su tramitación se omitió el trámite preceptivo de audiencia al Consejo de Estado, la intervención del Ministerio de Justicia y del Consejo de Ministros y el «reglamentario» dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«El efecto de las tasas en los despachos es catastrófico»

El Comercio. 11.02.13 - 01:38 - O. S. | GIJÓN.

«Es una sangría económica injustificada y un atropello al ciudadano. Genera desigualdades manifiestas y entorpece el acceso a la Justicia». Así de contundente se pronuncia el abogado Javier Díaz Dapena, quien explica que «la mayor parte de los clientes que realizan un encargo jurídico, lejos de actuar por capricho, han valorado junto a su letrado la conveniencia de entablar una determinada acción judicial, de ahí que, aun siendo cierto que entre los contras contemplan el pago de tan injusta tasa, suelen ponderarla como un elemento más que, en la mayor parte de los casos, no es el esencial o determinante».

Por su parte, Nacho García García, letrado experto en asuntos de lo Contencioso Administrativo y Mercantil asegura que los efectos de la sabida de las tasas «son catastróficos». «Los pequeños impagados han dejado de perseguirse, el coste llega a ser desproporcionado e injusto», explica este letrado del despacho Garaya Abogados, quien añade que los clientes «cuando tienen dudas de la solvencia del moroso, no llegan ni a reclamar, porque no les sale rentable».

Su compañero Guillermo Calvo, especialista en asuntos penales, manifiesta que aunque directamente las tasas no han variado para la vía penal, «acabará afectando». «Me consta que hay personas que ahora utilizan esta vía para asuntos que antes, sin duda, iría por lo Civil, lo que motivará que aumenten los casos».

Indemnizaciones a la baja

En relación a los accidentes, percibe que «las aseguradoras ofrecen indemnizaciones muy a la baja y eso puede ser debido a que son conscientes de que muchas personas aceptarán para no tener que pagar las tasas, lo cual deja a las compañías en una posición muy ventajosa en las negociaciones».