Polémica sobre el nuevo registro de enfermedades raras en Asturias

Asencro acusa Sanidad de no advertir a los pacientes de los efectos legales que supone ser incluido en este banco de datos 

Acto celebrado en Oviedo con el lanzamiento de globos al aire para conmemorar el Día de las Enfermedades Raras. ::MARIO ROJAS

 El Comercio. 31.03.14 - 02:43 - LAURA FONSECA | GIJÓN.

 LAS OPINIONES

SUSANA PÉREZ ALONSO ASOCIACIÓN DE PACIENTES

«Esto tendrá efectos legales y los pacientes no están siendo debidamente informados»

JULIO BRUNO DIRECTOR SALUD PÚBLICA

«El uso de los datos es absolutamente confidencial. Tienen un destino epidemiológico»

JUAN MÉJICA ABOGADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

«La autoridad sanitaria tiene competencias para crear todos los registros que estime necesarios»

JOAQUÍN FERNÁNDEZ TORAL JEFE DE LA UNIDAD DE GENÉTICA DEL HUCA

«Los temores no son infundados. Puede haber consecuencias en materia de seguros y empresas»

Las enfermedades raras, también llamadas poco comunes o de baja frecuencia, son aquellas que afectan a 5 de cada 10.000 personas. Pero que sean infrecuentes no significa que haya pocos afectados. En Asturias se estima que se diagnostican unos ocho mil casos cada año. El total de enfermos supone casi un 5% del total de la población, según cálculos de la Consejería de Sanidad.

En abril del pasado año, el Principado creó un Registro de Enfermedades Raras con el fin de englobar todas estas dolencias (la lista se acerca al millar de variantes). Se trata de uno de los primeros de carácter autonómico creado en España. Incluso, ha sido tomado como ejemplo por el Instituto de Salud Carlos III que proyecta extenderlo al resto del país. Pero su nacimiento no es bien recibido por todo el mundo. En Asturias, la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública y Privada (Asencro), presidida por Susana Pérez Alonso, ha puesto en tela de juicio esta herramienta, no tanto por su uso epidemiológico sino por los efectos colaterales que podría acarrear para los enfermos. Pérez Alonso considera que convertir estas dolencias en ’enfermedades de declaración obligatoria’ trae «consecuencias legales muy serias de las que los propios afectados no están siendo informados». Advierte esta responsable de que «los pacientes no están siendo consultados y son incluidos en el registro sin ningún tipo de información previa y eso no es legal». En su opinión, y así lo ha hecho constar ante la Consejería de Sanidad y ante el propio Instituto Carlos III, «los afectados deberían ser debidamente informados de que van a ser incluidos en este registro y de las consecuencias que eso le podría provocar».

 

 

Como punto de partida, Pérez Alonso aclara que no está en contra de que se recojan datos epidemiológicos sobre estas patologías. Su crítica va dirigida a la figura legal que se crea al convertirlas en trastornos de declaración obligatoria. Porque a partir de la creación de un registro de Enfermedades Raras los médicos, tanto de la red pública como de la privada, «están obligados» a dar cuenta de este tipo de males cuando un enfermo llega a su consulta. El afectado pasa a formar parte de una especie de banco de datos y eso, según la presidenta de Asencro, «tiene efectos legales». Uno de ellos son las compañías privadas de seguros. «Desde que la persona es incluida en este registro tiene la obligación de informar a su compañía de seguros». ¿Qué ocurrirá entonces? «Que la mayoría de afectados se quedarán sin seguro» o, en su caso, sin indemnización en el caso de accidentes o fallecimientos, argumenta.

«Lo que planteo no es ninguna tontería», insiste Pérez Alonso, quien ha enviado cartas al consejero de Sanidad, Faustino Blanco, y que ha preguntado en el Consejo de Salud del Principado por este asunto. «Nadie me ha contestado», protesta. El director general de Salud Pública, Julio Bruno, con el que se puso en contacto EL COMERCIO, indicó que «el uso de los datos del registro es absolutamente confidencial». La directriz que dio lugar al nacimiento de este registro, denominado SIERA (Sistema de Información de Enfermedades Raras del Principado de Asturias), recoge en su artículo 7 que la utilización de la información «será confidencial, asegurando, además, que su uso será estrictamente sanitario». La resolución del 22 de abril de 2013 y publicada en el BOPA el 29 de abril de ese mismo año, señala que el SIERA tiene como objetivo «normalizar la información de acuerdo a pautas homologadas internacionalmente». En materia de enfermedades raras, indica que se pretende «realizar investigaciones», además avanzar en la coordinación con los diferentes servicios y unidades de la Consejería de Sanidad relacionadas con la atención de este tipo de patologías. Los profesionales sanitarios, según la normativa, quedan obligados a «recoger datos de todos los casos de enfermedades raras y anomalías congénitas que sean atendidos en el centro y a comunicarlos al SIERA». Al registro solo podrá acceder personal autorizado.

Para el letrado del Cuerpo Superior de la Seguridad Social y experto en la materia, Juan Méjica, la administración sanitaria «tiene plena capacidad legal para crear todos los registros epidemiológicos que considera necesarios porque se trata de un tema de salud pública». Opina este abogado que la inclusión en un registro de enfermedades raras no exige ni tan siquiera solicitar el consentimiento informado del afectado. Otra cosa muy diferente es el uso que se haga de esa información, pero eso está perfectamente regulado a través de la Ley de Protección de Datos».

No lo ve de igual manera el jefe de la Unidad de Genética del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Joaquín Fernández Toral, para quien los temores de la presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública y Privada «no son infundados». En su opinión, el registro de Enfermedades Raras si puede traer consecuencias legales a los afectados, «no solo en las compañías de seguro sino también en las empresas».

«En genética estamos obligados a informar a los enfermos»

Un nuevo test para detectar el cáncer de colon

 

Se trata de una prueba no invasiva de ADN en heces denominada Cologuard

Desarrollada por investigadores de la Clínica Mayo, es casi tan precisa como la colonoscopia

 

Solo en España se diagnostican cada año 25.000 nuevos casos de cáncer de colon, el tumor maligno más frecuente en nuestro país y que causa cerca de 14.000 muertes anuales, según datos de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD). Pero la buena noticia es que su tasa de curación cada vez es más elevada y puede alcanzar el 90% siempre y cuando se detecte precozmente. Por eso la prevención en este tipo de enfermedades es básica y toda precaución no es suficiente.

A día de hoy, la forma más eficaz y concluyente de detectar este tumor es a través de la colonoscopia, ya que permite obtener una visión completa del colon y de sus posibles patologías, como son los pólipos. Una de sus ventajas es que permite extirpar los pólipos y reducir el riesgo de sufrir esta enfermedad en un futuro.

Pero ahora parece que existe otro tipo de prueba tan eficaz como la colonoscopia y que además no es invasiva, por lo que no conlleva ningún tipo de riesgo. Se trata de un test denominado Cologuard que se basa en un examen de heces en el que se analizan los patrones de ADN del cáncer y del estado precanceroso. El propio paciente puede recoger las muestras en su propia casa -sin necesidad de hacer ningún tipo de lavado digestivo, ni tomar medicamentos ni realizar dieta alguna- y enviarlas al laboratorio directamente, con lo que la comodidad es máxima. En el laboratorio examinan las heces del paciente en busca de alguna anomalía genética, ya que esto es síntoma de padecer el cáncer o de tener pólipos precancerosos. La prueba también analiza las heces en busca de sangre, lo que también puede indicar la presencia de la enfermedad.

Esta aportación es obra de la labor investigadora de la prestigiosa Clínica Mayo (Minnesota), que ha llevado a cabo un estudio con más de 10.000 personas en 90 hospitales de Estados Unidos y Canadá a los que realizaba este nuevo test, así como la colonocopia y la prueba inmunoquímica fecal. Los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones:

- La sensibilidad del Cologuard para cáncer fue de 92% en general y de 94% en las primeras etapas del cáncer que son las más curables (etapas I y II).

- La sensibilidad fue de 69% para detectar los pólipos precancerosos que tienen el riesgo más alto de convertirse en cáncer.

- El Cologuard detectó muchos más casos de cáncer y de pólipos precancerosos que la prueba inmunoquímica fecal y su eficacia fue muy similar a la de la colonoscopia.

Sin duda se trata de una excelente noticia, puesto que los investigadores confían en que ahora más personas se sometan a esta prueba indolora, inocua y de fácil aplicación y así se detecte este tumor a tiempo y la tasa de mortalidad de esta enfermedad siga rebajándose. Una buena forma de celebrar el Día Mundial del Cáncer de Colon, que se conmemora mañana.

Solo en España se diagnostican cada año 25.000 nuevos casos de cáncer de colon, el tumor maligno más frecuente en nuestro país y que causa cerca de 14.000 muertes anuales, según datos de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD). Pero la buena noticia es que su tasa de curación cada vez es más elevada y puede alcanzar el 90% siempre y cuando se detecte precozmente. Por eso la prevención en este tipo de enfermedades es básica y toda precaución no es suficiente.

A día de hoy, la forma más eficaz y concluyente de detectar este tumor es a través de la colonoscopia, ya que permite obtener una visión completa del colon y de sus posibles patologías, como son los pólipos. Una de sus ventajas es que permite extirpar los pólipos y reducir el riesgo de sufrir esta enfermedad en un futuro.

Pero ahora parece que existe otro tipo de prueba tan eficaz como la colonoscopia y que además no es invasiva, por lo que no conlleva ningún tipo de riesgo. Se trata de un test denominado Cologuard que se basa en un examen de heces en el que se analizan los patrones de ADN del cáncer y del estado precanceroso. El propio paciente puede recoger las muestras en su propia casa -sin necesidad de hacer ningún tipo de lavado digestivo, ni tomar medicamentos ni realizar dieta alguna- y enviarlas al laboratorio directamente, con lo que la comodidad es máxima. En el laboratorio examinan las heces del paciente en busca de alguna anomalía genética, ya que esto es síntoma de padecer el cáncer o de tener pólipos precancerosos. La prueba también analiza las heces en busca de sangre, lo que también puede indicar la presencia de la enfermedad.

Esta aportación es obra de la labor investigadora de la prestigiosa Clínica Mayo (Minnesota), que ha llevado a cabo un estudio con más de 10.000 personas en 90 hospitales de Estados Unidos y Canadá a los que realizaba este nuevo test, así como la colonocopia y la prueba inmunoquímica fecal. Los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones:

- La sensibilidad del Cologuard para cáncer fue de 92% en general y de 94% en las primeras etapas del cáncer que son las más curables (etapas I y II).

- La sensibilidad fue de 69% para detectar los pólipos precancerosos que tienen el riesgo más alto de convertirse en cáncer.

- El Cologuard detectó muchos más casos de cáncer y de pólipos precancerosos que la prueba inmunoquímica fecal y su eficacia fue muy similar a la de la colonoscopia.

Sin duda se trata de una excelente noticia, puesto que los investigadores confían en que ahora más personas se sometan a esta prueba indolora, inocua y de fácil aplicación y así se detecte este tumor a tiempo y la tasa de mortalidad de esta enfermedad siga rebajándose. Una buena forma de celebrar el Día Mundial del Cáncer de Colon, que se conmemora mañana.

El Sespa subraya que todas las cesáreas se realizan con anestesia

El Servicio de Salud ha remarcado que la atención al proceso del parto es un "acto clínico totalmente protocolizado"

 El Comercio. 29.03.14 - 13:59 - EFE | | OVIEDO

 El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha asegurado hoy que todas las cesáreas practicadas en los hospitales públicos asturianos se realizan con anestesia.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias ha consensuado un escrito con los profesionales de los servicios afectados y con el departamento jurídico tras la denuncia interpuesta por María Alcocer y su pareja Cristian Popa en la que se quejaban de la práctica de una cesárea sin anestesia en el HUCA, "ante la alarma que este tipo de noticias pueden provocar en la población".

Así, el Sespa ha remarcado que la atención al proceso del parto es un "acto clínico totalmente protocolizado", de acuerdo a los criterios establecidos por las sociedades científicas, y ha subrayado que en los centros sanitarios del Principado de Asturias "no se ha realizado ningún proceso quirúrgico de cesárea sin anestesia".

"Tanto las cesáreas programadas como las cesáreas practicadas de forma urgente derivadas de las complicaciones propias del proceso del parto se realizan con anestesia epidural o general en función de las diferentes necesidades, y esta anestesia es practicada por un anestesista como parte del equipo de atención al parto", ha explicado.

El escrito también recuerda que los profesionales están "legalmente y éticamente obligados a preservar la intimidad de los pacientes por el principio de confidencialidad".

Por ello, y como norma general, "no se harán valoraciones de casos que afecten a personas particulares, sin que esto pueda suponer una forma de amparar el poner en duda la legitimidad y profesionalidad de las personas que desempeñan su trabajo en los Servicios de Salud del Principado y en la Consejería de Sanidad".

Carta a Cristina Cifuentes

29mar 2014

 A la atención de la Señora Cristina Cifuentes, Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid.

Mi nombre es Carlos Huerga Morcillo, con DNI 5XXXXXX0-S.

Nací y resido en Madrid. Trabajo en la industria y, aparte de ciudadano, soy lo que se podría decir un “ser político”: colaboro en la paralización de desahucios, en los distintos movimientos de defensa de servicios públicos y tengo afinidades políticas, al igual que usted y mucha otra gente. Sin embargo, esta carta se la escribo desde una faceta que estrené hace cinco meses: la de padre...(leer mas)

El Principado reclama hasta 2.700 euros a grandes dependientes con ayuda a domicilio

Trabajo Social desvela quejas y renuncias de los usuarios tras aplicarles Bienestar ahora una subida con carácter retroactivo a julio 

 Mercedes Vieites es usuaria de silla de ruedas desde 1989, tras un tumor de médula. :: JOAQUÍN PAÑEDA

 El Comercio. 30.03.14 - 03:01 - CHELO TUYA [e-mail] | GIJÓN

Facturas de hasta 2.700 euros en concepto de atrasos. Precio por hora incrementado un 200%. Servicio recortado un 25%. Esas son las cifras que, en el último mes, marcan a los asturianos con dependencia que utilizan la ayuda a domicilio. Unos números que han hecho que muchos de los 1.814 usuarios actuales hayan decidido renunciar. En sólo un mes, 44, número que los trabajadores sociales dan por seguro se multiplicará en breve. «Ahora mismo, las reclamaciones de los usuarios de ayuda a domicilio están desbordando a los trabajadores», explica la directora de la que fuera Escuela de Trabajo Social, María José Capellín.

Desisten los usuarios del servicio, todos con certificado de dependencia y gran falta de autonomía personal, a seguir contando con ayuda a domicilio porque les están llegando cartas en las que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda les informa de que entra en vigor el copago aprobado por el Gobierno central en julio pasado, así como la revisión de su situación.

Un copago que significa, de mano, que el precio por hora será, en el tramo más alto, de 11,25 euros, tarifa muy por encima de los 8 euros que muchos pagaban ahora. Y, sobre todo, muy por encima del que pagaban. Porque la mayoría sólo aportaba una media de 3,5 euros, al disfrutar de exenciones con cargo a la Ley de la Dependencia. Ahora la tarifa será un 200% más alta.

La situación se agrava aún más porque en las misivas que el Principado está haciendo llegar a los usuarios les informa de que ese copago se aplica «con carácter retroactivo». Es decir, que les cobra la diferencia entre lo que pagaban y el nuevo precio «desde el pasado mes de julio». Para muchos, se trata de facturas «de casi 3.000 euros, porque por problemas de gestión, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda no les cobra desde julio del año pasado».

Así lo aseguró Capellín, quien habla de «avalancha de recursos. Ya digo que, ahora mismo, lo único que hacen los trabajadores sociales de este área es registrar reclamaciones de los usuarios. Unas reclamaciones que van a colapsar, aún más, la gestión ya saturada de Bienestar».

En su opinión, «no es de recibo que, por su propia incapacidad, la consejería cargue a los usuarios con facturas inasumibles. Si no pudo cobrarles en los últimos meses, es problema de la Administración, no del usuario. Y, sobre todo, lo que es inaceptable es que les diga ahora que les sube el precio desde julio».

Doce meses para pagar

Es decir, «a mitad del partido, el Principado cambia las reglas. Si los usuarios hubieran sabido en julio que el precio subía, quizá ya hubieran renunciado. O no, pero tenían el derecho a decidir. Ahora, de repente les quieren cobrar el doble de lo que ellos pensaban», asegura la profesora de Trabajo Social. Tanto que considera no sólo que «es vergonzoso lo que está haciendo el Principado», sino que plantea que «la consejera debe dimitir».

Desde el departamento que dirige la aludida se insiste en que el Principado sólo está «aplicando la ley», a la que ha incorporado «medidas para reducir el copago fijado por la reformas del Estado». De hecho, explicó que la mayoría de los usuarios «pagarán ahora menos que antes» y que las tarifas más altas «afectan a quienes tienen mayores ingresos económicos», unos ingresos que incluyen, también, el patrimonio de los dependientes.

En ese sentido, los cálculos de la Consejería de Bienestar Social es que la tarifa más alta sea pagada por menos del 10% de los usuarios, mientras que el 24% de los beneficiarios de la Ley de la Dependencia que han optado por el servicio de ayuda a domicilio «no tendrá que pagar».

En cuanto a los retrasos, acumulados desde julio pasado, Bienestar asegura que «habrá doce meses para pagar» y que «se está estudiando cada caso. Atenderemos todas las reclamaciones que se presenten».

«¿Dónde está mi ayuda de la Ley de la Dependencia? No tengo ninguna»

Mercedes Vieites, usuaria de silla de ruedas, que vive con su madre nonagenaria, renuncia a la ayuda a domicilio «al no poder pagarla» 

El Comercio. 30.03.14 - 01:58 - CH. TUYA | GIJÓN.

«Yo sólo hago una pregunta: ¿Dónde está mi ayuda de la Ley de la Dependencia? No tengo ninguna». Mercedes Vieites se confiesa «asombrada» por la deriva que lleva una norma que conoce ya desde antes de su puesta en marcha, en abril de 2007. Porque ella, usuaria de silla de ruedas desde 1989, es directiva de Amdas La Fonte, la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Asturias. Una de las que participó en los debates previos.

Siete años después, Mercedes Vieites, Merche, reflexiona: «No sé qué está ocurriendo. Nadie parece saberlo. Ni la trabajadora social con la que hablo. Lo único cierto es que, desde el 4 de marzo, no tengo ayuda a la dependencia». No es que antes tuviera mucha. Su máximo grado de falta de autonomía, el III, sólo le ha servido parar recibir «ayuda para levantarme de la cama, ir al baño, asearme, vestirme... Las actividades básicas de la vida diaria».

Con dos horas al día, de lunes a viernes, de atención de una profesional, Merche ha seguido viviendo en su casa, con la única compañía de su madre, nonagenaria, «aunque los fines de semana hacemos de canguro de mis nietos, Adrián y Estela». La ayuda a domicilio le sirvió para seguir en su casa y «ponerme en marcha cada mañana».

Sin embargo, desde el pasado 4 de marzo, Merche se ’pone en marcha’ sola. Lo que significa arrastrarse de la cama a la silla, colgarse de la grúa para ducharse y utilizar el baño, «hasta usar un espejo para limpiarme». El 29 de febrero recibió una carta. «Me decían que, de pagar 3,5 euros a la hora, pasan a cobrarme 11,25 euros. Sin descuento. Antes, los 3,5 euros que pagaba era porque me aplicaban un copago del 43,86%, sobre el coste real: 8 euros».

Lo que peor lleva es que, en la carta, se explica que la subida se aplica «con carácter retroactivo al mes de julio pasado». Eso significa que tendrá que pagar al Principado «2.700 euros o más», pues el Principado dejó de cobrar la ayuda desde julio pasado. Merce considera «inasumible» la deuda. No sólo para pagar de una vez, sino, explica, «porque no puedo pagar atrasos y mensualidad. Para mí, más de 200 euros al mes es un desembolso imposible». Por eso, aunque se confiesa agotada. «Me lo tengo que hacer yo todo sola y nadie sabe lo que es». Ha renunciado a la ayuda «al no poder pagarla».

I Jornadas sobre Donación de Órganos y Tejidos para Médicos y Enfermería de Urgencias y Emergencias

Los trasplantes empiezan en Urgencias

Médicos y enfermeras del Área Sanitaria III se forman para detectar posibles donantes de órganos y tejidos en el Hospital San Agustín

Foto.- Sesión práctica sobre donación de órganos celebrada ayer en el San Agustín.

28.03.14 - F. B. | AVILÉS, en El Comercio.

La Sociedad Asturiana de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) organizó ayer en el Hospital San Agustín las primeras jornadas sobre Donación de Órganos y Tejidos con el objetivo de formar a médicos y enfermeras en la captación de posibles donantes en los servicios de Urgencias.

 

El sistema habitual captaba los donantes en los servicios de Cuidados Intensivos. «Se ha demostrado que la implicación de los servicios de Urgencias aumenta la donación de Tejidos y órganos», explicó ayer el doctor Jesús Otero, coordinador autonómico de trasplantes.

 

Las características del Hospital San Agustín provocan que, en la actualidad, no se realicen muchas donaciones. «Por nuestros protocolos, los pacientes con daño neurológico se derivan al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que es el centro de referencia», comentó la doctora María José Gutiérrez, adjunta a la UCI del San Agustín y coordinadora de trasplantes en el centro avilesino.

 

La experiencia de otros centros, según explica la doctora Dolores Escudero, jefa del servicio de Medicina Interna en el HUCA y coordinadora de trasplantes en el centro ovetense, confirma que los profesionales asumen rápidamente su implicación en la detección de donantes.

 

«Como sanitarios, tanto médicos como enfermeras, trabajan hasta el final para salvar la vida de los pacientes, pero cuando ven que la vida ha terminado, saben que pueden llegar a salvar a otras personas. Además, en Urgencias muchas veces llegan pacientes ya muertos y detectarlos a tiempo es fundamental para que sean donantes», asevera Escudero.

 

En ese campo, la actitud de las familias suele ser favorable, comentan los tres profesionales y, en ocasiones, sirve con preguntar si en vida expresó su voluntad de donar.

 

«Hasta el 14% de negativas»

Y es que el número de rechazos oscila entre el 13 y el 14% de las familias. «Aún tenemos margen para mejorar; la mayor parte de los rechazos es el no por el no. Y también existe un rechazo por un enfado con el mal funcionamiento del sistema», comenta Jesús Otero.

 

La donación de órganos es un valor asentado en la sociedad , aunque es más fácil se receptor que donante. «Todos tenemos más posibilidades de ser receptores que donantes de órganos, 5 a 1», comenta Otero.

 

La doctora Escudero destaca que «en Eurobarómetro aparecemos en la media de Europa a la respuesta de si queremos donar, pero las donaciones reales nos colocan entre los primeros países de Europa. Eso es posible porque existen unos equipos y un sistema sanitario muy potente detrás».

 

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Desde el SIMPA sostienen que los médicos del Hospital Central retomarán las movilizaciones si el miércoles no llegan a un acuerdo con la Gerencia del área IV

 

FORMACION IMPRESCINDIBLE PARA EL MANEJO E IMPLANTACION DE LA HISTORIA CLINICA ELECTRONICA QUE YA TENEMOS EN TODOS LOS DEMAS CENTROS DEL SESPA…

Blanco: «La formación para el nuevo HUCA no es un capricho y respeta lo acordado»

29.03.14 - LAURA FONSECA | OVIEDO, en El Comercio.

La formación que la plantilla del viejo hospital tendrá que recibir con vistas al traslado al nuevo HUCA «no es un capricho» y, además, «respeta lo acordado» en el pacto de salida de huelga firmado en enero de 2013 con el colectivo médico. Con estas palabras, el consejero de Sanidad quiso salir al paso de la rebelión que parece estar gestándose entre los facultativos del Hospital Central a cuenta de un curso formativo sobre la historia clínica electrónica que Sanidad pretende realizar en horario de tarde. Tal y como adelantara EL COMERCIO, los médicos consideran que el tramo horario elegido por la gerencia del Área IV les obligará a duplicar su jornada laboral y extenderla de ocho de la mañana a ocho de la tarde, ya que los cursillos se impartirán de 16 a 20 horas.

Los facultativos se han tomado la instrucción del gerente Jaime Rabanal como «una nueva provocación que se suma a una retahíla de incumplimientos desde que hace año y tres meses entrara en vigor el nuevo modelo de jornada», por lo que no descartan retomar las protestas. En contrapartida, Sanidad asegura que la jornada laboral pactada abarca de 8 a 22 horas por lo que «la formación se puede programar tanto en horario de mañana como de tarde dentro del margen de la jornada ordinaria semanal calculada en periodos de ocho semanas, tal y como establece el Acuerdo de Salida de huelga suscrito con el Sindicato Médico (Simpa), el 11 de enero de 2013». Además, el departamento del consejero Faustino Blanco recuerda que los excesos de jornada que se podrían derivar del curso de formación del 'Milenium' se compensarían con descansos, a cuenta de 1,75 horas por cada hora trabajada de más.

 

«Generar tensión»

En todo caso, Blanco indicó que la consejería «siempre va a respetar el magnífico acuerdo» firmado en enero de 2013 con los facultativos, después de que éstos permanecieran en huelga durante tres meses. Los médicos consideran que el curso de formación del 'Milenium', vital para poder trabajar en La Cadellada, «pretenden impartirlo fuera de la jornada formal que es de ocho a tres de la tarde». Blanco insistió ayer en que la formación del nuevo programa informático «no es un capricho» y responde «a los criterios de los expertos, que han expuesto la necesidad de formar a los profesionales sobre este sistema».

Otra cuestión, reconoció Blanco, es que se «pueda hablar» con los médicos «con naturalidad» sobre si «es dentro de la jornada o no. Nosotros siempre respetaremos lo firmado y así lo estamos haciendo», dijo. En su opinión, «son necesarios los espacios de entendimiento y sosiego» y lamentó que algunos profesionales se dediquen a «generar tensión».

Desde el sector médico, ayer también hubo un nuevo pronunciamiento. El Simpa anunció que el próximo miércoles responsables del sindicato mantendrán un encuentro con el gerente del Área IV, Jaime Rabanal. En el caso de que el encuentro fracasara, los facultativos se muestran dispuestos a retomar las movilizaciones. Para ello, ya tienen convocada una asamblea para el próximo jueves, día 3 de abril, en el propio Hospital Central. Ángel Colmeiro, el responsable de Especializada del Simpa, indicó que «la sanidad está siendo un desastre, pero no solo en el HUCA. Se está prolongando la jornada laboral de los profesionales y están causando un malestar tremendo. En el Central, por sus dimensiones y complejidad, la problemática se agrava», precisó.

Mientras Simpa y administración tensan la cuerda, ayer, los problemas de falta de camas proseguían en el HUCA, donde una decena de enfermos aguardaban en Urgencias a la espera de poder ser ingresados. El pasado miércoles, el Central tuvo que derivar pacientes a Mieres ante la falta de plazas libres de hospitalización en Oviedo.

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Estudio realizado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) hecho público ayer

 

 

Asturias se sitúa entre las 5 comunidades con menor grado de privatización sanitaria

Madrid y Cataluña son las que mayor porcentaje de servicios externalizados tienen, según un estudio de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública

29.03.14 - E. C. | MADRID, en El Comercio.

Asturias se sitúa entre las cinco comunidades con menor grado de privatización sanitaria. Así lo refleja un estudio realizado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) hecho público ayer. El informe apunta que Madrid, seguida de Cataluña, son las autonomías en las que la sanidad tiene un mayor grado de privatización, mientras que Extremadura y Castilla-La Mancha, después, presentan el nivel más bajo. El estudio señala que los fenómenos de privatización, «un hecho que viene de antiguo», han tenido una intensidad variable según las comunidades, atendiendo tanto al partido político en el gobierno como a otras circunstancias.

 

No obstante, el proceso «se profundizó y diversificó» a partir de la finalización de las transferencias sanitarias en 2001 y del primer gobierno del PP a nivel central, y se acentúo en los últimos años». Para realizar el estudio se han evaluado aspectos de aseguramiento, financiación privada (en seguros sanitarios y gasto de bolsillo), recursos del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados, así como la existencia de formulas público-privadas.

 

De acuerdo a estos criterios, se obtuvo un resultado promedio de 15,58 puntos (rango entre 9 y 23), sobre un máximo de 25 puntos posibles. Madrid (con 23 puntos), Cataluña (21), Galicia (19), Baleares (18) y Canarias (18) son las regiones que presentan un alto nivel de privatización. Con un grado intermedio se sitúan Aragón (17), País Vasco (17), Castilla y León (16), Murcia (16), Comunidad Valenciana (16), Navarra (15) y Cantabria (14). En el otro extremo, con un bajo nivel, están Andalucía (12), Asturias (12), La Rioja (12), Castilla-La Mancha (10) y Extremadura (9).

 

 

INFORME LA PRIVATIZACION SANITARIA DE LAS CCAA

 

La privatización sanitaria es un hecho que viene de antiguo. Al poco de aprobarse la Ley General de Sanidad (1986) ya comenzaron a producirse fenómenos que favorecían la privatización sanitaria y cuestionaban el modelo de Sanidad Pública que propugnaba la LGS (Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña 1990, Informe Abril 1991).

 

Los fenómenos de privatización han tenido una intensidad variable según las CCAA atendiendo tanto al grupo político en el gobierno como a otras circunstancias. En cualquier caso el fenómeno privatizador se profundizo y diversifico a partir de la finalización de las transferencias sanitarias en 2001 y del primer gobierno del PP a nivel central, y se ha acentuado en los últimos años.

 

Como hemos señalado reiteradamente la falta de transparencia informativa es uno de los grandes déficit de nuestro sistema sanitario, de manera que resulta complicado obtener datos concretos de las administraciones sanitarias y mas aún si se pretende que sean homogéneos para todas las CCAA.

 

Con estas limitaciones desde la FADSP hemos analizado, con los datos disponibles el grado de privatización de los servicios sanitarios de las CCAA para establecer la diferencia que puede existir en este aspecto.

 

VARIABLES ANALIZADAS

Se evalúan aspectos de aseguramiento, financiación privada (en seguros sanitarios y gasto de bolsillo), recursos del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados, así como la existencia de formulas de colaboración público-privadas establecidas en la comunidad autónoma. Como siempre los datos utilizados se encuentran publicados y las fuentes disponibles (Ministerio de Sanidad, Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de Estadística, IDIS).

 

Las variables analizadas han sido las siguientes:

 

1)   Porcentaje de población cubierta por Mutualidades de Funcionarios

2)   Gasto en seguros privados per capita (€/año)

3)   Gasto sanitario de bolsillo per capita (€/año)

4)   Porcentaje de camas hospitalarias privadas sobre el total

5)   Porcentaje del equipamiento de alta tecnología en hospitales privados sobre el total

6)   Porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados

7)   Presencia de modelos de colaboración público- privada

 

Hay que ser conscientes de que las cifras de contratación del sistema público con el sector privado están infraestimadas por dos motivos, por la presencia del modelo MUFACE que en su mayoría dedica fondos públicos a financiar seguros privados, y luego porque existen muchos casos de contratación directa de los centros sanitarios con el sector privado (pruebas diagnósticas, etc) con lo que estas partidas no aparecen contabilizadas de manera diferenciada y se incluyen en los presupuestos de los centros públicos.

 

Los seis primeros apartados se han puntuado de 1 a 4 según la posición de cada comunidad en los cuartiles de cada variable, considerando el mas bajo el de menor puntuación. La variable 7 se ha puntuado asignando un punto a aquellas CCAA donde existen estos fenómenos y 0 a aquellas en las que están ausentes.

 

RESULTADOS

De acuerdo a estos criterios se han puntuado a todas las CCAA, obteniendo un resultado promedio de 15,58 puntos con una DS de 0,91 (rango entre 9 y 23 puntos), sobre un máximo de 25 puntos posibles.

 

De acuerdo con los percentiles de los resultados obtenidos se clasifican las CCAA en tres grupos: alto grado de privatización (igual o mayor al percentil 75), privatización intermedia (entre percentil 25 y 75) y bajo grado de privatización (igual o menor del percentil 25)

 

CCAA con un elevado grado de privatización:

 

• Madrid 23
• Cataluña 21
• Galicia 19
• Baleares 18
• Canarias 18

 

CCAA con un grado intermedio de privatización:

• Aragón 17
• País Vasco 17
• Castilla y León 16
• Murcia 16
• Valencia 16
• Navarra 15
• Cantabria 14

 

CCAA con bajo grado de privatización:

• Andalucía 12
• Asturias 12
• La Rioja 12
• Castilla la Mancha 10
• Extremadura 9

COMENTARIOS

 

Merece la pena señalar cinco cuestiones:

 

• La primera es que los datos se corresponden de manera fundamental a 2012 y algunos a 2013 por lo que, previsiblemente se habrán modificado a peor en la mayoría de las CCAA (por ejemplo no se evalúa el impacto de los últimos recortes presupuestarios y del RD Ley 16/2012).
•  Por lo tanto reflejan mayoritariamente la situación previa a las últimas elecciones autonómicas y como mucho las transformaciones realizadas en el año y medio siguiente a las mismas.
• Finalmente y como suele ser habitual en los estudios sobre los sistemas sanitarios de las CCAA se objetiva una gran desigualdad entre las mismas (la ratio entre la puntuación máxima y mínima es de 2,55), lo que es una barbaridad y evidencia que en este tema, privatización de los servicios sanitarios hay diferencias excesivas que evidencia una falta de cohesión del Sistema Nacional de Salud.
• Hay que ser conscientes de que alguno de los datos analizados (gasto de bolsillo en Sanidad) está sobre todo relacionado con la riqueza de las CCAA porque identifica sobre todo el gasto en prestaciones no cubiertas por el SNS (por ejemplo la odontología).
• Como siempre la gran limitación del estudio esta en la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias que dificulta enormemente el encontrar datos homogéneos para todas las CCAA y es un fraude a la ciudadanía que es la que las sufraga con sus impuestos.

 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

28 de Marzo de 2014

TABLAS

 

 

 

CCAA	Mutuas	Seg Priv	GS Bols
Andalucía	5,39	103	323
Aragón	5,66	125	471
Asturias	4,21	78	336
Baleares	3,44	198	295
Canarias	4,68	94	306
Cantabria	4,03	96	404
C y León	6,28	103	375
C la Mancha	4,73	74	325
Cataluña	2,48	180	426
Comunidad Valenciana	3,80	118	360
Extremadura	6,14	78	280
Galicia	5,17	98	454
Madrid	5,78	244	452
Murcia	5,62	81	388
Navarra	3,37	49	375
País Vasco	1,95	161	444
La Rioja	4,59	91	393

 

 

 

 

 

CCAA	Camas Privadas	AT privada	GS Conc privados
Andalucía	25,52	26	4,7
Aragón	18,52	22	4
Asturias	25,74	22	7,2
Baleares	30,77	38	8,8
Canarias	34,97	35	10,3
Cantabria	33,36	8	4,5
C y León	25,26	16	5,1
C la Mancha	6,52	11	6,7
Cataluña	56,47	47	24,1
Comunidad Valenciana	18,01	37	6,6
Extremadura	11,29	9	4,3
Galicia	23,71	39	5,6
Madrid	33,17	31	8,5
Murcia	30,94	13	7,2
Navarra	40,75	24	7,6
País Vasco	30,25	31	7
La Rioja	13,12	7	7,3