Sanidad obligará a fichar en hospitales y centros de salud para controlar la jornada

El Sespa propone a los sindicatos cubrir el incremento de 2,5 horas semanales con guardias no remuneradas y atención por las tardes

El Comercio. 15.08.12 - 23:26 -CHELO TUYA | GIJÓN.

36 médicos de la región, objetores de conciencia

Sanidad obligará a fichar en hospitales y centros de salud para controlar la jornada

Pacientes, a la espera de cita en el Hospital de Cabueñes. :: JOSÉ SIMAL

El personal sanitario asturiano tendrá que fichar. El Principado quiere garantizar el cumplimiento efectivo del aumento de jornada que, tal y como implantó el Gobierno central en el polémico decreto del 13 de julio -el que reforma por completo la Ley de la Dependencia, sube el IVA y los peajes y, entre otras medidas, anula la extra navideña de los funcionarios- pasa de 35 a 37,5 horas semanales. Es decir, 2,5 horas más de trabajo a la semana a recuperar en menos de cuatro meses, ya que a pesar de que la medida tiene como fecha de entrada en vigor el 1 de julio, aún no se ha llegado a un acuerdo para su implantación.

La idea del Principado es que el nuevo horario sea efectivo el próximo 1 de septiembre, para lo que quiere dejar ese acuerdo cerrado la próxima semana, durante las reuniones que celebrará con la mesa de la Función Pública -el lunes- y con la sectorial sanitaria -el jueves 23-.

Para ello, ayer mismo, festivo en toda España, envió a los sindicatos una propuesta de acuerdo que, en el caso de la sanidad pública asturiana, implica la implantación de «mecanismos de control en los centros y establecimientos sanitarios», para «verificar el cumplimiento de la jornada y el horario de trabajo». El control, precisa el texto oficial, «regirá para todos los trabajadores».

Ese método de fichaje que será implantado controlará, también, otro de los aspectos destacados en la propuesta del Principado, que es que sólo se computará como jornada laboral aquella «en la que el personal permanece en el centro sanitario, a disposición del mismo y en el ejercicio efectivo de su actividad». La única excepción a esta obligatoriedad de estar en el centro de salud u hospital es del personal que preste servicio fuera del dispositivo asistencial «siempre que sea como consecuencia del modelo de atención o se deriven de la programación funcional del propio centro».

El documento, firmado por la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, recoge las fórmulas con las que el Gobierno regional prevé recuperar ese aumento de jornada. En el caso sanitario, esas fórmulas pasan por recortar a tres los actuales seis días de libre disposición, además de convertir en gratuitas parte de las guardias y programas especiales de médicos y enfermeras.

Es decir, tal y como se explica en el documento, todas las prolongaciones actuales de jornada -ya sean guardias, ya programas especiales- se convertirán en jornadas ordinarias, no remuneradas, hasta cumplir con el tope del horario semanal.

Para el caso de los médicos exentos de guardias, así como para el resto del personal sanitario, el método para recuperar el incremento de la jornada será con nuevos módulos de atención en horario de tarde. El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, ya había advertido a través de EL COMERCIO que los cambios afectarían, sobre todo, al personal eventual, que puede ver reducida su plantilla.

El hecho de que el documento haya sido entregado en pleno día festivo no gustó a los representantes sindicales, la mayoría ayer fuera de la región. Para el Sindicato Médico (Simpa) esta acción del Principado demuestra «la falta de intención negociadora seria». Para el Simpa, la propuesta se traduce en «más horas por menos dinero».

Bomberos de Madrid abuchean a Botella en la apertura de las fiestas de la Paloma

 

«Tienen condiciones de trabajo que otros muchos quisieran», se defiende la Alcaldesa l El obispo de Bilbao pide que no se toquen los servicios básicos

Lne.es » España Madrid, Agencias

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, inauguró ayer por la mañana las fiestas en honor de la Virgen La Paloma entre abucheos de los bomberos y otros colectivos públicos y los aplausos, en menor medida, de otros ciudadanos. Sobre las 12.30 horas, Botella bajó de su coche oficial y recorrió los 200 metros que la separaban de la parte trasera del templo entre gritos en contra de su gestión y de los recortes a los funcionarios.

 

Algunos de los presentes, que defendían a la Alcaldesa, increparon a los manifestantes, que portaban pancartas y camisetas alusivas a esos recortes, y les recordaron que La Paloma y sus fiestas son muy queridas en Madrid y que esta Virgen también es la patrona de los bomberos.

 

 

En total, fueron unas 200 personas las que acompañaron e increparon en todo momento a la Alcaldesa que, después de hacer una ofrenda floral, recorrió otros 300 metros entre abucheos para entrar por la puerta principal de la iglesia.

 

 

Tras la misa y tras haber observado las maniobras que, precisamente, los bomberos tienen que hacer para bajar un cuadro con la imagen de la Virgen, Botella saludó a las autoridades religiosas y salió de nuevo a la calle, donde volvió a ser pitada e increpada.

 

 

Preguntada por los medios de comunicación sobre estos abucheos, la alcaldesa de Madrid se defendió diciendo que «si la mayoría de los madrileños supiera cuáles son sus condiciones (de trabajo), a lo mejor pensaban que los bomberos no tienen tanta razón». Denunció Botella que este colectivo «se viene quejando casi siempre» y añadió: «Los bomberos, a los que todos apreciamos y apreciamos mucho su trabajo, tienen unas condiciones de trabajo que quisieran otros muchos madrileños».

 

 

En toda España fueron varios los políticos que se encomendaron a la Virgen en la festividad de la Asunción para que ayude al país a salir de la crisis económica actual.

 

 

Además de Botella, quien pidió «empleo» durante los citados misa y descenso del cuadro de la Paloma en la iglesia de la Paloma, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna (PNV), pidió la ayuda de la Virgen de Begoña: «Los que somos creyentes, seguimos creyendo que nos puede echar una mano y que falta nos hará». «No sólo los políticos, toda la sociedad va a tener que hacer un esfuerzo tremendo», agregó el regidor bilbaíno.

 

 

Por su parte, el obispo de Bilbao, Mario Iceta, reclamó que «las necesarias reformas» que se tienen que acometer en la actual situación de crisis económica «no comprometan la garantía pública de servicios básicos», como la educación, sanidad, pensiones, asistencia a los ancianos y discapacitados, y protección de los desempleados. Asimismo, monseñor Iceta emplazó a instituciones, organizaciones y particulares a que «se impliquen en la creación de empleo», pero, matizó, «digno y justo», no un empleo «a cualquier precio»

La mayoría de países europeos ayuda a los parados que agotan su prestación

 La mayoría de los países europeos contempla ayudas para los parados que hayan agotado la prestación, aunque con diferencias como Alemania, que complementa el pago con asistencia para el alojamiento, o Bélgica, donde los subsidios por desempleo tienen una duración ilimitada.

nuevatribuna.es | 15 Agosto 2012 - 14:56 h.

 El Gobierno español anunció este martes que aprobará el día 24, con efecto retroactivo al 16 de agosto, una prórroga por seis meses más del plan Prepara, que incluye la ayuda de 400 euros a desempleados que hayan agotado la prestación por paro o el subsidio.

 

Según el Ministerio de Empleo, Prepara ha beneficiado a 500.859 personas desde que se creó, en febrero de 2011, hasta julio de este año, y ha supuesto un gasto de 1.051,1 millones de euros hasta mayo...(leer más)

No todas lo hacen por lo mismo aunque el resultado, en cuanto a la atención universal, si lo sea

Cinco autonomías se rebelan y darán atención universal a inmigrantes

Andalucía, Cataluña, Asturias, Canarias y País Vasco, contra el peaje sanitario

Foto: UN NUEVO HOSPITAL, CERRADO Y TAPIADO POR LA CRISIS. Iba a inaugurarse en 2009 pero ahora, casi terminado, la Consejería de Sanidad ha tapiado las puertas del hospital comarcal de Llíria (Valencia), que ha costado 30 millones.

El País, Madrid.

El próximo 1 de septiembre unos 150.000 inmigrantes que viven en España sin permiso de residencia ni de trabajo desaparecerán de los archivos de la red pública de asistencia sanitaria y, por tanto, no podrán ser atendidos como hasta ahora por los médicos. Así lo ha acordado el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en una decisión basada en su política de recorte de gastos para reducir el déficit.

A 15 días de que la red sanitaria pública desaparezca para 150.000 de sus potenciales usuarios, la España autonómica se divide en dos: algunas regiones garantizan que su servicio de salud seguirá siendo universal —sin detallar cómo lo piensan hacer— y otras acatarán las medidas del Gobierno y sacarán fuera del sistema a los sin papeles, que pierden así su tarjeta sanitaria.

Al menos cinco comunidades autónomas: Andalucía, Asturias y País Vasco (donde gobierna el PSOE), Canarias (CC y PSOE) y Cataluña (CiU), que aglutinan a más de la mitad de los sin papeles en España, han alertado de los problemas de salud pública que puede implicar la medida del Gobierno central. Por eso han garantizado en sus territorios el servicio universal, como hasta ahora.

Desde que fue aprobado el veto a la asistencia sanitaria ordinaria a inmigrantes irregulares, el Ministerio de Sanidad ha ido explicando, a cuentagotas, cómo planea resolver los problemas vinculados a esa decisión. Para los inmigrantes irregulares sin especiales problemas de salud, Sanidad ha ideado un mecanismo que comunicó a primeros de agosto a las comunidades, que serán quienes tengan que ponerlo en marcha. Dicho mecanismo consiste en obligar a los inmigrantes irregulares a contratar una especie de seguro médico con las Administraciones autonómicas —con un coste de 700 euros al año por persona— para poder disponer de atención en la red pública.

Esos inmigrantes a los que está destinada esta medida no tienen permiso de trabajo en España y, por tanto, sus recursos económicos son muy limitados o inexistentes. Para los extranjeros sin permiso de residencia que padecen enfermedades crónicas, Sanidad garantiza la continuidad de la atención a estos enfermos, pero anuncia que pasará la factura a sus respectivos países de origen.

Los Gobiernos autonómicos que se oponen a esta medida estudian estos días cómo prepararse para seguir prestando atención médica a los extranjeros indocumentados.

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, que dirige Boi Ruiz, todavía no tiene decidido cómo se adaptará al decreto aprobado en abril a través del cual se prevé restringir el acceso sanitario a los sin papeles. En un principio, su intención es mantener un servicio universal, según ha reiterado en las últimas semanas, pero debate cómo hacerlo.

La atención en los ambulatorios catalanes estará garantizada a todas las personas independientemente de que tengan o no sus papeles en regla, según asegura una portavoz de la consejería. El problema que debe resolverse es cómo se atenderá a estos pacientes en los servicios hospitalarios. La Generalitat tiene intención de anunciar en la última semana de agosto cómo aplicará el decreto.

Andalucía ya ha anunciado que no tiene intención de aplicar el cobro de cuotas a los sin papeles, porque, en su opinión, rompe con el sistema universal que hasta ahora existía en España y, además, podría desencadenar problemas de salud pública.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha afirmado que su departamento está a la espera de ver sobre el papel el desarrollo de esta propuesta del Gobierno para estudiar si es de obligado cumplimiento para las comunidades. Andalucía no descarta acudir al Tribunal Constitucional si finalmente el Gobierno le obliga legalmente a cobrar a los sin papeles, al entender que contraviene su Estatuto de autonomía.

El Gobierno vasco pretende aprobar en su reunión extraordinaria del próximo martes o todo lo más en la siguiente, el decreto con el que responderá a la regulación estatal que obliga al copago farmacéutico y que evitará que al menos los colectivos más desfavorecidos tengan que abonar más dinero por sus recetas.

La Consejería de Sanidad y los servicios jurídicos del Gabinete se inclinan por usar a fondo la vía de los servicios y la asistencia social, sobre la que Euskadi tiene plenas competencias. La intención no es que a esos colectivos se les devuelva después el dinero, “sino que no paguen ni un euro en la farmacia”, según fuentes del Ejecutivo autónomo.

Al tiempo, el Gabinete de Patxi López ultima las alegaciones que presentará al Constitucional contra el recurso presentado por el Gobierno central frente a un anterior decreto vasco que eludía sus disposiciones sobre copago y restricciones en dispensación de la tarjeta sanitaria. Euskadi está decidida a seguir prestándoles asistencia sanitaria en las mismas condiciones que en la actualidad, pero inicialmente no va a aprobar un nuevo decreto para ello. De esta forma pretende evitar, entre otras cuestiones, la posibilidad de un nuevo recurso del Gobierno de Rajoy al Constitucional que paralice la asistencia a los sin papeles.

Sanidad cree que el actual marco legal vasco ya es suficiente para dar soporte a la atención a inmigrantes y otros colectivos que se quedarán sin atención no urgente a partir del 1 de septiembre.

Un regreso a un pasado que debería estar definitivamente enterrado: del modelo de Sistema Nacional de Salud al de aseguramiento y ¿beneficencia?

Los consumidores critican la reforma sanitaria por «ineficaz e injusta»

Denuncian que las medidas de Rajoy conducen a «un modelo de aseguramiento que deja fuera y margina a los que menos tienen»

15.08.12 - LAURA MAYORDOMO | GIJÓN, en El Comercio.

El pasado sábado, 4 de agosto, el Boletín Oficial de Estado (BOE) ponía negro sobre blanco el Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos, y a través del Sistema Nacional de Salud. Leído y analizado el texto, la Unión de Consumidores de Asturias advierte de que las medidas que en él se recogen suponen «el desmantelamiento» del sistema nacional de salud tal y como lo conocemos hasta ahora -público, universal y gratuito- y que conducen a «un modelo de aseguramiento que deja fuera y margina a los que menos tienen».

Y esos, apunta el presidente de UCE-Asturias, Dacio Alonso, no serán sólo los inmigrantes no regularizados -que deberán pagar una cuota de 710 euros anuales o 59,20 euros al mes si quieren recibir asistencia médica-. Porque, insiste Alonso, «se pasa de un sanidad pública que se financia vía impuestos -según los ingresos de cada ciudadano- y que garantiza la atención sanitaria a todos -independientemente de que paguen más o menos impuestos-, a una sanidad de asegurados que puede dejar fuera a los más desfavorecidos».

El resultado, advierte UCE-Asturias, es un cambio «radical» a un modelo sanitario que, según su criterio, será «peor, más caro, ineficaz e injusto». «Un retroceso -insiste- a conceptos de hace 30 años».

El portavoz de la asociación asturiana de consumidores cree que estamos ante un cambio «de mucho calado» y critica que el Ejecutivo central haya dado rango de oficialidad a estas medidas en pleno mes de agosto y «con una falta total de transparencia».

Entiende también Dacio Alonso que el Gobierno del Partido Popular está aprovechando la coyuntura económica para, «con la excusa de la situación económica como telón de fondo, introducir sus reformas que son de carácter ideológico y no económico, ya que está sobradamente documentado que los modelos de aseguramiento son más costosos, menos equitativos y tienen peores resultados en salud».

Ningún ahorro

En este sentido, Alonso está convencido de que los cambios introducidos «no sólo no generarán ningún ahorro sino que pueden producir un incremento del gasto sanitario público».

Y es en este punto donde enlaza con la obligatoriedad impuesta a los extranjeros sin residencia legal en España de que abonen 710 euros anuales -cantidad que es superior en el caso de los mayores de 65 años- para poder recibir asistencia médica. «Una auténtica indecencia», a su juicio, pero que «más allá de consideraciones éticas y humanas» supondrá «poner en serio peligro la salud pública del país, al dejar sin tratamiento procesos crónicos e infecciosos». Y, al tiempo, se traducirá en un mayor gasto sanitario «al desviar a estos pacientes a la vía de la atención urgente, que es más costosa».

Cabe recordar que el Ministerio de Sanidad ha dispuesto que sólo se prestará atención médica a aquellos inmigrantes irregulares que tengan menos de 18 años, a mujeres que estén embarazadas o aquellos casos considerados urgentes.

El 96% de los asturianos respalda la apertura de los centros médicos por las tardes

15.08.12 - L. M. | GIJÓN, en El Comercio.

Considera Dacio Alonso, presidente de UCE-Asturias, que el Gobierno del Principado y el colectivo médico tienen en estos momentos la oportunidad de confrontar, con sus actuaciones, la defensa de un modelo sanitario público y universal. En este sentido, la postura ya avanzada de ambos de que en la región sí se seguirá atendiendo a inmigrantes en situación irregular y la decisión del Ejecutivo regional de emplear la obligada ampliación de la jornada laboral del personal sanitario -de 35 a 37,5 horas semanales- en la apertura vespertina de los centros sanitarios cuenta con el parabién de los consumidores.

De hecho, su reclamación de que los centros de atención primaria y los hospitales presten servicio por las tardes es antigua. Y aún sigue existiendo la plataforma cívica que se creó cuatro años atrás para reivindicarlo.

En su día -mayo de 2008-, la UCE realizó una encuesta entre 479 vecinos de 18 concejos asturianos de la que se extrajeron varias conclusiones. La principal, que el 96% de los encuestados se manifestaban muy o bastante de acuerdo con que se prestara atención sanitaria en los centros de salud por las tardes. Y por edades, eran los comprendidos entre 30 y 60 años, los más ocupados laboralmente, los más partidarios de esta medida.

«Esos datos son perfectamente vigentes», considera Dacio Alonso. «Si entonces evidenciaban una necesidad de los ciudadanos, como es poder ir al médico fuera de su horario laboral, con la situación actual lo es aún más».

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Galletas, leche y pasta contra el hambre

 

 

La Asamblea Comarcal de Cruz Roja reparte 7.785 kilos de alimentos en la comarca.

14.08.12 - 00:50 - FERNANDO DEL BUSTO [e-mail] | AVILÉS.

La crisis económica obliga a recuperar la ayuda con productos de primera necesidad que este año ya han recibido 406 familias.La Asamblea Comarcal de Cruz Roja inició ayer la distribución de 7.785,20 kilogramos de ayuda alimentaria entre las familias con necesidades de la comarca de Avilés. El reparto se realizará en los locales que la entidad tiene en la antigua rula de pescadores, en la avenida del Conde de Guadalhorce, entre las 10 y las 13 horas.

Leche, galletas, pasta, legumbres y aceite son los principales alimentos de los que se dispone. Los beneficiarios de esta iniciativa presentaron entre el 1 y el 10 de agosto ante la Cruz Roja la documentación que acredita su situación socioeconómica.

Esta acción se enmarca en el Plan de Alimentos de Cruz Roja, puesto en marcha ante la gravedad de la crisis económica y el aumento del número de hogares donde todos sus integrantes se encuentran en desempleo, según informan desde la entidad comarcal.

Como han venido denunciando otras organizaciones, la Asamblea Comarcal de Cruz Roja confirma que «el perfil de las personas atendidas se ha diversificado en estos años para incluir en proporción creciente a personas y familias que hasta hace poco tiempo se encontraban en contextos socioeconómicos seguros y que, en este momento, afrontan riesgos de pobreza y exclusión».

Son las consecuencias de la crisis económica y que se traduce en un aumento de las personas y familias que demandan ayudas.

Además, se mantienen los colectivos que, tradicionalmente, venían recibiendo ayudas, como los hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza, perceptores de pensiones mínimas y familias en situaciones de exclusión social.

Así se confirma viendo los datos en la evolución del número de beneficiarios. El que comenzaba ayer es el segundo reparto que se realiza este año. El pasado marzo se atendió a 406 familias integradas por 1.336 personas. La mayor parte de ellas residen en Avilés, en concreto 354. Castrillón, por su parte, cuenta con 28 familias receptoras y el número de Corvera es de 23.

De esta manera, se confirma la tendencia al alza del número de beneficiarios, como prueba de la dureza de la crisis económica. Así, en dos repartos que se hicieron en 2011 se atendieron a 333 familias, 142 en junio y 291 en noviembre. Como se comprueba, tan sólo en la primera distribución del presente año se ha ayudado a más familias que en todo 2011, con un aumento del 21,92%.

Además, en cada campaña crece el número de beneficiarios. En noviembre de 2011 se dobló el número de receptores respecto a junio. Y, en marzo de 2012, se registró un crecimiento del 39,51%. Son datos que muestran el impacto de la crisis económica en la comarca.

El origen de los alimentos

Una parte importante de los alimentos se reciben desde el Plan de Ayuda Alimentaria del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Este se nutre con los excedentes alimentarios de la Unión Europea y se destinan de forma gratuita a las persona en situación de exclusión social.

Años atrás, la Asamblea Local de Cruz Roja había participado en este proyecto , aunque durante una época se suspendió. Sin embargo, la dureza de la crisis económica y la necesidad de ayuda de muchas personas obligó a retomar la actividad.

En esta campaña, la entidad avilesina ha recibido 5.283 envases diferentes de galletas, leche y pasta. En total, 4.147,20 kilogramos. La contribución de los fondos europeos es fundamental pues representa el 53,27% de los alimentos que se reparten en agosto.

El resto de aportaciones llegan desde la propia Asamblea Comarcal de Cruz Roja, Foro Asturias y la Asociación de Vecinos El Hórreo de El Carbayedo. Como se sabe, a lo largo de julio, Foro Asturias organizó una recogida de alimentos en Avilés abierta a todos los ciudadanos. Se recibieron 1.947 envases de diferentes productos con un peso total de 1.528 kilogramos que se han incluido en este reparto.

No es la única entidad del tejido social que se ha implicado en este proyecto. En la actualidad, la Asociación de Vecinos El Hórreo recoge durante el verano alimentos para aportar a esta distribución.

Las donaciones se reciben en su sede social, en el número 16 de la calle de Doctor Marañón, entre las 19 y las 21 horas. La campaña permanecerá abierta durante todo el verano.

Para completar los lotes que se reparten, la Asamblea Comarcal de Cruz Roja adquirió un total de 2.110 kilos de alimentos, entre ellos 570 kilogramos de garbanzos, 495 de lentejas, 550 kilogramos de arroz y 495 litros de aceite. Esta compra se realizó con fondos propios y aportados por los socios.

El papel de los voluntarios

Los voluntarios de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja desempeñan un papel fundamental en la organización y reparto de estos alimentos.

En total, la ong cuenta en Avilés con 392 voluntarios distribuidos en diferentes programas. El pasado año, su número se incrementó en 93 personas. Además, el personal profesional también colabora, además de asumir el peso de otras actividades como la recepción de las solicitudes y su valoración. El músculo de Cruz Roja se completa con los socios que aportan diferentes cantidades económicas.

El trabajo de los voluntarios es fundamental ya que se encargan de la clasificación y organización de todos los alimentos. Además de preparar los lotes (se elaboran en función del número de miembros de cada familia) y distribuirlos entre los beneficiarios. Una tarea que, de hacerse con personal contratado, dispararía los costes de la intervención y ello provocaría una reducción en las cantidades de alimentos repartidas.

Es difícil fijar un número exacto de personas que participan en esta acción. Según explica Nelly Fernández Arias, presidenta de la Asamblea Comarcal de Avilés, «prácticamente, todo el mundo trata de colaborar».

Como dato sirva apuntar que en las instalaciones de la avenida de Conde de Guadalhorce se llegan a juntar veinte personas para organizar los lotes y repartirlos entre las personas que acuden.

Seguiré atendiendo inmigrantes

Carlos Barra Galán | Médico Especialista del Sistema Nacional de Salud

nuevatribuna.es | 13 Agosto 2012 - 17:35 h.

Soy médico especialista del Sistema Nacional de Salud y seguiré atendiendo a toda persona que demande mis servicios por un problema de salud, obviamente también a los inmigrantes “sin papeles”

Mi postura no obedece a otra motivación que al estricto cumplimiento del Código Deontológico que mi profesión exige y que ningún gobernante tiene la capacidad de violentar...(leer más)