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40.000 firmas de apoyo a Facua frente a las amenazas del Gobierno

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Cerca de 40.000 personas firman una petición para instar al Gobierno a que retire las "amenazas" de expulsarla del Registro Estatal de Asociaciones.

nuevatribuna.es | 13 Agosto 2012 - 18:44 h.

La asociación de consumidores Facua ha anunciado este lunes la celebración de un acto en Madrid junto a personajes relevantes del mundo de la cultura y el periodismo de apoyo a la asociación para el próximo miércoles 22 de agosto, fecha en la que se cumplen los 15 días de plazo establecido por el Ministerio de Sanidad para retirar de la web de Facua las campañas contra políticas del Gobierno. (leer más)

Las Pussy Riot, los asaltos a supermercados y los simbolistas

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nuevatribuna.es | José Manuel Rambla | 13 Agosto 2012 - 14:06 h.

Uno de los mayores anatemas que puede sufrir cualquier iniciativa es recibir el adjetivo de simbólica.

 Este conjuro conservador  afecta de forma especial al ámbito de lo social, donde nunca falta el hipercrítico realista que ante cualquier movilización ciudadana,  huelga u otra forma de protesta, muestre su coincidencia con las peticiones pero se desmarque de la convocatoria reprochándole su carácter “simbólico”. De esta manera el concienciado observador puede justificar su pasividad -y en ocasiones hasta su beligerancia contra el movimiento- amparándose en su eterna espera de la acción realista y contundente que permita la toma del Palacio de Invierno de turno…(leer más)

Así de sencillo es…

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Historias para no dormir...

Por Lucía Etxebarria, escritora.

Sábado por la noche. Me pillé la mano con la puerta de la cocina (soy  muy propensa a los accidentes domésticos: soy sagitario y no tengo “conciencia de peri cuerpo”). Me presenté sola en el hospital de Sant Pau porque mi compañero se quedaba a cuidar de mi hija. Me pasaron a la sala de espera. Allí había una niña, venga a llorar. Le pregunté su  edad. Tenía 18 años, estudiaba en Barcelona, tenía una otitis. Llevaba dos horas allí. Su familia estaba en Girona. Yo sé que las otitis duelen  muchísimo, he pasado alguna. Pero creo que también lloraba porque estaba asustada y sola. Me presenté ante la enfermera. Le dije que por favor le dieran un calmante a esa chica. Me dijo que como enfermera ella no podía administrar nada sin autorización del médico. “¿Y dónde está el médico?”. “Ocupado, y aún puede tardar horas”. Y luego me miró: “Tú eres escritora, ¿no? Escríbelo. Cuenta cómo está la situación”. Y eso he decidido hacer.

Vamos a aclarar las cosas. No están haciendo recortes en sanidad porque la cosa esté así de mal, sino porque la sanidad es un gran negocio, y si se privatiza, al estilo de Estados Unidos, muchos se van a hacer multimillonarios.

Se podría recortar de muchas otras partidas.

Los toros se subvencionan: las fiestas taurinas nos cuestan 564 millones al año en subvenciones.

Los clubes de futbol también, de forma indirecta. Deben 750 millones a Hacienda y 11 millones a la Seguridad Social. De hecho, la UE ya ha propuesto investigar al fútbol español por presuntas ayudas del Estado.

Se podría eliminar los sueldos y pensiones vitalicias y prohibir por ley que los ex presidentes cobren de la empresa privada a la vez que disfrutan de su pensión vitalicia: González y Aznar siguen sin renunciar al sueldo de 80.000 € mientras reciben altas retribuciones de Gas Natural y Endesa, por ejemplo.

Se podría prohibir que un político cobre del Estado y de la empresa privada: Acebes cobra del Congreso y de Iberdrola, por ejemplo.

Se podría recortar sueldos de cargos políticos. Si un ciudadano tiene que cotizar 35 años para percibir una jubilación, no veo por qué los diputados lo hacen a los siete, ni por qué no tributan un tercio de su sueldo del IRPF, como hacemos los demás.

Se podría endurecer las penas contra el fraude fiscal. El 72% de este fraude proviene de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y de la banca. Ahorraríamos 90.000 millones de euros.

Se podría eliminar el concordato con el Vaticano. El ahorro final estaría entre los 6.000 y los 10.000 millones de euros. Jesús predicaba la pobreza, y la Iglesia se debe mantener mediante las aportaciones de los fieles, como ya dijo el propio San Pablo.

Esa niña que lloraba en urgencias podría ser su hija. Peor aún, usted podría padecer leucemia. Y si la padeciera, un seguro privado no le ayudaría, porque los mejores especialistas están en la Seguridad Social.

Lo sé porque se trata de una enfermedad que he vivido de cerca.

Usted que me lee: tome conciencia, por favor. El fútbol es un negocio. Los toros, una tortura. Los gastos del Congreso, un lujo innecesario. Las pensiones vitalicias, una enorme falta de ética. La fe es una opción. Pero la salud es un derecho.

Lo mismo podría decirse de la educación. ¿En serio vais a permitirlo? ¿o es que os dan alergia las manifestaciones?

Luchemos por lo nuestro, es nuestro derecho.

Por una democracia real.

Algo es algo… dadas las limitaciones de la tutela judicial actual impuestas con las sucesivas reformas.

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Los jueces ponen límites al nuevo despido de la reforma laboral

Varias sentencias tumban los ERE por no estar debidamente justificados

Los despidos colectivos no deben usarse para generar beneficios, según un magistrado

Esther Tejedor / Manuel V. Gómez, Madrid, en El País

Semanas antes de que se aprobara la reforma laboral, cientos de empresas paralizaron los ajustes de plantilla que habían puesto en marcha. La cifra de expedientes de regulación de empleo (ERE) retirados, 282, se triplicó en los dos primeros meses de 2012 respecto a 2011. Entre las compañías que quisieron aprovechar las nuevas reglas para el despido colectivo que habían comenzado a tramitar con las viejas normas está la empresa de transportes Tradisa, que ya con la nueva ley despidió a 23 empleados. La Audiencia Nacional lo anuló.

La reforma laboral aprobada el 10 de febrero fortaleció las posiciones empresariales en las regulaciones de empleo (despidos colectivos, suspensiones temporales de contratos y reducciones de salario y jornada). Ya no hace falta el permiso de la autoridad laboral, y el pacto con los sindicatos ha dejado de ser una condición casi imprescindible. Además, la caída de ingresos durante tres trimestres consecutivos justifica el despido objetivo (20 días por año trabajado). En definitiva, se facilita y abaratan las extinciones de contrato. Y esto fue una tentación grande para firmas como Tradisa. En cambio, para la Audiencia eso es “fraude de ley”, ya que “supone una manifiesta voluntad de sustraerse del procedimiento legal para beneficiarse de uno más flexible, lo que equivale a cambiar de árbitro y de reglas de juego en pleno partido”.

Una queja histórica del empresariado español es que los tribunales deciden abrumadoramente en su contra en las querellas sobre despidos, pese a que desde 2000 la estadística sitúa entre el 30% y el 40% de fallos en su favor. Para atender esta demanda, las dos últimas reformas laborales han acotado el papel de los jueces. El Gobierno de Zapatero introdujo el concepto de “pérdidas razonables o previstas” como causa de despido objetivo y el de Rajoy la citada caída de ingresos. Pero la tutela judicial existe aún en materia laboral y los tribunales están empezando a señalar los límites que la nueva norma marca.

Situación de todo el grupo

La primera frontera la señalaron los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid en sendos despidos colectivos. En estas comunidades, las empresas DOPEC y Talleres A, respectivamente, rescindieron decenas de contratos alegando causas económicas. Los jueces anularon la decisión de las compañías, entre otras cosas, porque forman parte de un grupo empresarial y no sirve que se tome la situación económica solo de una compañía para justificar la aplicación de un ERE. Así, se exige que se tome en consideración —y, por tanto, se documente— a todo el grupo.

En el caso de Talleres A, el tribunal ha ido más allá, al apuntar que pese a que ya no es obligatorio el acuerdo entre las partes, sí que tiene que haber una negociación con voluntad de llegar a un pacto. Lo que de ratificarse por el Tribunal Supremo acabará elevando, de hecho, las indemnizaciones mínimas fijadas en la ley. “Quien se acerca a una mesa de consultas de un expediente de regulación con su posibilidad como única, no negocia ni efectúa concesiones, sino que se limita a cumplir formalmente con un trámite”, señala la sentencia, que abunda que tal actitud supone una negociación de mala fe.

Esta sentencia, como la que ha firmado hace pocos días la Audiencia Nacional, refuerza el papel negociador de los representantes de los trabajadores, algo que salió muy tocado de la reforma. En el último caso, se anula el despido de Segur Ibérica por negociar individualmente con empleados, mientras lo hacía con el comité. Esta actitud “vacía de contenido” el periodo de consultas (se llama así al plazo de un mes que da la ley desde que la empresa comunica un ERE a los trabajadores hasta que acaba el proceso, con o sin acuerdo).

Varios centros de trabajo

Este texto de la Audiencia también marca un camino para las regulaciones en empresas con varios centros de trabajo. La solución —pactada o no— tiene que ser la misma para el mismo expediente. No sirve, pues, llegar a un acuerdo en dos centros y no hacerlo en otro, como sucedió con Segur Ibérica.

Lo que también han dejado claro los tribunales es que la documentación para justificar un despido por causas económicas debe reflejar con fidelidad la situación de la empresa. No valen unas cuentas provisionales, especialmente si se usan para prever pérdidas en el futuro, si difieren del resultado definitivo y auditado, como ha dictado el Tribunal Superior de Madrid contra la empresa de telemarketing GSS.

De momento, no hay muchas sentencias, ni se ha sentado jurisprudencia. Pero los jueces ya han dejado claro dónde están los límites del nuevo despido. No aceptan que se intente echar a trabajadores a la calle y se contrate al mismo tiempo, como hizo GSS. Ni toleran que una empresa extinga contratos durante la vigencia de un ERE de suspensión de empleo en el que se ha comprometido a no despedir, como ha hecho M S.A., que despidió a 23 trabajadores pese a haber pactado una suspensión sobre 71 empleados que está en vigor hasta el 31 de diciembre de este año.

Pero si hay una frontera clara sobre los despidos colectivos es la que marcó el Tribunal Superior madrileño, que definió con claridad qué es una regulación de empleo en su fallo contra GSS: “Los ERE son un coste social para ayudar a empresas en crisis o con dificultades de productividad que afectan a su supervivencia. No son ni deben ser un medio de destrucción de trabajo para generar más riqueza ni beneficio al empresario que no está en crisis ni tiene dificultades reales”.

Se imponen las rescisiones baratas

E. T. / M. V. G., Madrid, en El País.

Los despidos objetivos, los más baratos (20 días por año trabajado), se han disparado en los cinco primeros meses del año. Entre las rescisiones individuales y los despidos colectivos se han registrado 163.185, casi un 50% más que el año anterior, según los datos del Ministerio de Empleo.

El recrudecimiento de la destrucción de empleo y la reforma laboral han dado un vuelco a la forma de despedir en España. Incluso el año pasado o el anterior, pese a que la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero facilitó las rescisiones objetivas (20 días por año trabajado), la vía de despido más utilizada fue la llamada exprés, mecanismo creado en 2002 que permitía a las empresas despedir de forma rápida y libre con un coste alto (45 o 33 días por año trabajado).

En los últimos años, los despidos objetivos y las regulaciones de empleo han ido ganando peso. La crisis ha abocado a muchas empresas a graves problemas. Y eso las ha obligado a rescindir contratos y a hacerlo por el camino más arduo, pero más barato. También las reformas laborales han puesto de su parte al allanar estas vías. Lo hizo la de 2010 y lo ha hecho la última.

La aprobada el pasado febrero, sancionada definitivamente en el Parlamento en junio, ha sido el impulso definitivo. Acabó con el despido exprés (aunque todavía aparecía el viernes en la estadística porque Empleo agrupaba en ese epígrafe los que han sido recurridos, pero aún no tienen sentencia judicial) y facilitó más los despidos objetivos y los colectivos.

No obstante, hay que tener en cuenta que en España no hay una estadística directa de despidos y que esta se elabora a partir de las causas de las altas en prestaciones por desempleo, un dato que Empleo dejó de facilitar el pasado sábado y que, según dice en su web, volverá a estar “disponible próximamente”.

BUSCAS 13/08/2012

BUSCAS  13/08/2012

 

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Pediatría detecta al año cien nuevos casos de enfermedades digestivas

Pediatría detecta al año cien nuevos casos de enfermedades digestivas

 

Las más frecuentes son estreñimiento, diarreas, dolores abdominales o alergias a alimentos

 

13.08.12 - 02:38 - FERNANDO DEL BUSTO fdelbusto@lavozdeaviles.es | AVILÉS.

 

Los servicios de Pediatría del Área Sanitaria III detectan al año cien nuevos casos de enfermedades en el aparato digestivo en los menores de la comarca. Estreñimiento, dolores abdominales fuertes, diarreas y las alergias alimentarias, entre las que se encuentra la enfermedad celíaca, son las patologías más habituales. Así lo asegura el doctor David Pérez Solís, pediatra en el Hospital San Agustín.

«La mayor parte de los casos se resuelven en Atención Primaria, con lo que sólo una pequeña parte se derivan hacia el Hospital San Agustín», explica. El especialista lanza un mensaje de tranquilidad hacia los padres: «La mayor de las enfermedades son leves, aunque alguna vez encontramos algún caso más grave».

Una de las causas más frecuentes de consulta es el estreñimiento. «Los padres suelen inquietarse cuando las deposiciones son poco frecuentes o dolorosas y con dificultad», comenta David Pérez Solís, que aclara que «si las deposiciones son poco frecuentes, pero sin dolor, no existe un motivo para inquietarse. Si se debe consultar cuando existen molestias. Ahí puede haber un problema».

En los recién nacidos, el dolor suele ser el origen de la consulta. Aunque una de las causas más frecuentes es el denominado «estreñimiento funcional», que se produce cuando, a los dos años, comienza a quitarse los pañales. «El niño siente dolor, coge miedo y va entrando en un círculo vicioso del que le cuesta salir porque cada vez le duele más», comenta el pediatra.

Los tratamientos se aplican en función de las características de los menores. «En función de la edad puede ser una dieta, en casos más extremos podemos aplicar un laxante, depende mucho de la situación de cada niños», comenta el pediatra.

En el lado contrario, las diarreas también suelen ser un motivo frecuente de consulta. «No tenemos datos concretos del número de consultas. Las familias suelen venir cuando son muy frecuentes o muy líquidas. En muchos casos responden a infecciones como gastroenteritis», explica David Pérez Solís.

Un elemento que preocupa a los pediatras es la duración de la diarrea o si con ella se produce una pérdida de peso en el niño.

Otro motivo de consulta frecuente son los dolores abdominales. «Suelen producirse en niños a partir de los cinco años, se quejan con mucha frecuencia de dolor en la barriga y los padres acuden al médico. En la mayoría de los casos, son dolores que desaparecen por sí solos. Los padres deben aplicar el sentido común e ir al médico cuando los dolores se presentan con mucha frecuencia», explica.

El doctor Pérez Solís asegura que «lo más normal es que sea un dolor del que no se llega a conocer la causa».

En este grupo de enfermedades se encuentran los cólicos que sufren los recién nacidos, que traen de cabeza a muchas familias. «No es frecuente que lleguen al hospital, se suelen resolver en Atención Primaria, en los Centros de Salud», explica Pérez Solís.

El pediatra comenta que se trata «un trastorno funcional que sólo se soluciona con el tiempo. Las familias deben tener mucha paciencia cuando aparece».

Alergias alimentarias

En el último gran grupo de enfermedades que se tratan en Pediatría relacionadas con el aparato digestivo se encuentran las alergias e intolerancias alimentarias, entre la que figura la enfermedad celíaca. El doctor Solís considera que, en el conjunto de este tipo de patologías, pueden atender al año veinte casos diferentes.

«Las más graves son las que producen una reacción inmediata en el niño. Lo más frecuente es que sean al huevo, pescados o leche de vaca», explica. En los más pequeños, los productos que suelen provocar alergias son la leche de vaca y el huevo.

David Pérez Solís destaca la importancia de seguir los consejos que se dan en Atención Primaria para introducir los alimentos de forma progresiva para poder conocer la reacción del niño y poder actuar.

El caso más grave son las denominadas reacciones anafilácticas, donde la alergia se manifiesta al poco de ingerir el producto. El menor puede llegar a perder el conocimiento.

«Son casos que llegan rápidamente a Urgencias, las familias suelen reaccionar con rapidez. Solemos tener sólo entre tres y cuatro cada año», comenta.

Mejorable con estrategias de formación en prevención de situaciones posibles…

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Area III.

Los profesionales sanitarios reconocen sus carencias ante una emergencia industrial

Un estudio de la Universidad de Oviedo examina la situación de la comarca ante una catástrofe

Foto: Entrada a las Urgencias del Hospital San Agustín, una pieza fundamental en la respuesta ante cualquier emergencia.

FERNANDO DEL BUSTO, AVILÉS, en La Voz de Avilés.

Los profesionales sanitarios de la comarca, especialmente en Atención Primaria, reclaman la existencia de planes de formación específico ante emergencias industriales. Es una de las conclusiones de la investigación realizada por la doctora María Vázquez Suárez, especialista en Medicina de Familia y Comunitaria como trabajo final en el Máster Universitario en Análisis y Gestión de Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo. Tras realizar su formación en la comarca, María Vázquez optó por trabajar en Urgencias, en la base de Avilés. A partir de ahí, decidió realizar el máster universitario escogiendo la situación de la comarca como tema para el obligatorio trabajo de fin de curso.

Su tutor para la elaboración del estudio, el doctor Rafael Castro Delgado, es autor de una tesis doctoral sobre los riesgos industriales en la comarca de Avilés. Castro realizó el estudio en 2000, convirtiéndose en el referente para la nueva investigación que ha podido comprobar la evolución de los conocimientos.

Tras ese estudio, los cambios normativos obligaron a que las grandes empresas (ArcelorMittal, Saint-Gobain, DuPont, Asturiana de Zinc y Alcoa) elaborasen los Planes de Emergencia Exterior (PEE) para coordinar la respuesta ante posibles accidentes. Las medidas de prevención responden a esa realidad.

«En la comarca existen una serie de características que la diferencian», explica María Vázquez Suárez, «una gran concentración de industria con un riesgo por sus características. Además, la población se encuentra muy cercana. En caso de un hipotético accidente, siempre existe una posibilidad de efecto dominó por la cercanía de unas empresas a otras».

En este sentido, Rafael Castro recuerda que «más que el riesgo, lo importante es siempre la prevención».

Objetivo del estudio

A partir de ahí, la investigación de María Vázquez se centró en conocer la percepción que existía entre los profesionales sanitarios ante una posible situación de emergencia.

«No entramos a valorar los riesgos. Es muy difícil conseguir los planes internos de prevención, sólo conocemos los PEE. Así que el objetivo era saber si el personal sanitario, tanto médicos como enfermeras, se consideran preparados o no; la percepción que existe entre los propios profesionales», comenta Vázquez. En las conclusiones se incluyó una comparación con el trabajo de 2000.

El estudio abarcó a la red de Atención Primaria, además de los equipos del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y Emergencias. «El personal de SAMU tiene planes para reaccionar porque forma parte de su trabajo diario. En Atención Primaria no está asumido que forman parte del eslabón de respuesta ante una situación de este tipo. No lo tienen interiorizado y nos parecía interesante saber lo que pensaban», comenta el doctor Castro.

Así, las respuestas de los profesionales demuestran que conocen la realidad comarcal. La mayor parte de ellos, un 41,17%, califican de 3 el grado de riesgo industrial en la comarca en una escala que va de cero (ningún tipo de riesgo) a cuatro, un porcentaje que en diez años creció en un 2,32%.

El 77,64% de los encuestados considera que la catástrofe más probable es un accidente en la industria, siete puntos más que hace doce años. A continuación se encuentra un accidente de tráfico con múltiples víctimas, con un 64,70%, un porcentaje que se reduce en 14 puntos respecto a los datos de 2000.

A pesar de ello, los profesionales reconocen sus carencias ante una situación de emergencia. Así el 80% califica de «nulo o escaso» sus conocimientos sobre placas y símbolos peligrosos. El 83,53% califica de igual manera sus habilidades sobre las normas de descontaminación. Y un 85,88% define como nula o escasa su capacidad para tratar a víctimas de accidentes con sustancias peligrosas.

No sólo eso. Aunque se asumen los riesgos industriales de la comarca, apenas existe un conocimiento sobre los Planes de Emergencia Exterior. Así, el 30,58% responde con un «no o no lo hay» a la pregunta de si existen los PEE. Un 38,82% cree que existen, pero los desconocen. Y un 29,41% responden que sí.

Además, el 81,17% asegura que su conocimiento del papel de los sanitarios en los Planes de Emergencia es nulo o escaso. De igual manera, el 78,82% duda sobre su pertenencia a un PEE.

A pesar de ello, la mayor parte considera que podrían facilitar la información que les demande el Centro de Coordinación de Urgencias que se establece en una hipotética catástrofe.

Capacidad de reacción

Hasta aquí, la lectura del estudio puede resultar desalentadora, pero el trabajo también percibe la capacidad de los profesionales para reaccionar. Así, el 96,47% se muestra de acuerdo con que los profesionales deben adquirir conocimientos sobre actuación ante un desastre industrial.

El 97,64% opinó que los sanitarios deberían recibir información sobre el riesgo industrial. Así, María Vázquez destaca que «casi por unanimidad los encuestados responden que deberían recibir información y formación relativa a los riesgos industriales, así como de procedimientos básicos de actuación en accidentes en los que están implicadas sustancias peligrosas».

Los profesionales sanitarios son coherentes con esa inquietud y en los doce últimos años aumentó el número de personas que acudieron a un curso de emergencias donde se incluye la formación en catástrofe, apunta María Vázquez. Así, se evoluciona de un 19,42% en 2000 a un 35,29% en 2012.

Aunque menor, la encuesta también desvela un incremento de los trabajadores que realizaron más de un curso. En consecuencia, «el porcentaje de profesionales que no ha realizado ningún curso se reduce de un 67,62% a un 44,70%» escribe María Vázquez.

Rafael Vázquez comenta que «poner en marcha un plan de formación no supondría un gran gasto. No se trata de organizar acciones puntuales, sino de elaborar una estrategia integral durante varios años».

Además, la experiencia demuestra, al menos en Avilés, que establecer una línea de trabajo y mantenerla en el tiempo aporta unos resultados positivos. Es otra de las conclusiones en la investigación de María Vázquez, que demuestra que en los últimos años ha mejorado la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) además de los conocimientos para la aplicación del triaje en Urgencias.

Así, en 2000, el 10,07% calificaba de nulo o escaso su formación en RCP básica mientras que esta opción no tenía ninguna respuesta en la nueva investigación. El 46,76% respondía hace doce años que sus conocimientos eran suficientes, porcentaje que, en 2012, se reducía al 28,23%. En cambio, este año la respuesta en los rangos mayores (buenos o muy buenos) llegaban al 71,76% cuando hace doce años alcanzaba el 43,16%.

La evolución es igual de positiva cuando se habla de RCP avanzada. En doce años, el porcentaje de profesionales que asumía tener unos conocimientos nulos o escasos se redujo en 30 puntos, pasando del 43,88% en 2000 al 12,94% en 2012.

Esto se debe al aumento de las respuestas favorables. Así, en 2012, el 36,47% aseguraba tener conocimientos suficientes y un 71,76% respondía con un bueno o muy bueno. En 2010, las contestaciones eran del 33,09 y 21,58% respectivamente. Esta mejora es el resultado de la amplia oferta de cursos que se ha venido ofreciendo en los últimos años.

De igual manera, se produce un aumento de los conocimientos en el triaje, si bien la autora del estudio apunta que el resultado se debe a un sesgo estadístico a favor del personal de Urgencias del Hospital San Agustín, donde el triaje es una herramienta de trabajo básica para atender a los pacientes que llegan al centro

Con todo, la formación ante situaciones de Emergencias aún se encuentra en una fase inicial. «Hay mucho por hacer. Aún no se entra en temas como la formación de la población en general», concluye el doctor Castro.

Por ese motivo, la conclusión de la doctora María Váquez es clara. «La necesidad de reforzar estrategias de prevención es evidente, más aún cuando existen elementos que incrementan la peligrosidad. Esta preocupación se extiende a la de los profesionales sanitarios del Área Sanitaria III», escribe.

Los jueces no descartan convocar una huelga en otoño por el recorte salarial

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 HISTÓRICAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

En septiembre se celebrarán juntas de magistrados y fiscales en toda España para decidir qué medidas de presión se adoptan

12.08.12 - 18:42 -EFE | MADRID

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha anunciado que en septiembre se celebrarán juntas de jueces y fiscales en toda España para decidir qué medidas de presión se adoptan ante el recorte salarial en el sector público, entre las que no descartan la convocatoria de una huelga.

En una entrevistae, Bosch considera que las medidas emprendidas por el Gobierno para paliar el déficit suponen "el desmantelamiento del Estado social" y hacen que las consecuencias de la crisis financiera recaigan sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.

Un punto de vista compartido, según el portavoz de JpD -de corte progresista-, por todas las asociaciones de jueces y fiscales, que "de manera unitaria" han rechazado los recortes en el sector público y por lo que el próximo 21 de septiembre está previsto que se celebren juntas de forma simultánea en todo el país. "Es una medida no habitual que anuncia cierta presión", apunta Bosch, que indica que entre las opciones que se están valorando -aún no planteadas formalmente- estudian realizar concentraciones a las puertas de los sedes judiciales, la suspensión de señalamientos de juicios, paros parciales o la convocatoria de una huelga.

Considera que en el contexto actual se dan las circunstancias para ejercer esos derechos "con cierta firmeza", ya que "en muy pocos meses" el Ejecutivo ha puesto en marcha medidas que limitan los derechos fundamentales "con una gravedad que no tiene precedente en las últimas décadas". Y esto, a su juicio, supone estar pasando "de un sistema que refleja cierto igualitarismo a un modelo de enormes desigualdades sociales", en el que se rompe con criterios de protección social y se protegen los intereses de "determinadas minorías, como pueden ser las entidades bancarias y las grandes empresas".

Para Bosch, a estas minorías no se les exigen los mismos sacrificios que se están reclamando a otras capas de la población que ven recortados sus derechos reconocidos legalmente. "Ante esto solo caben dos alternativas: aceptar estos recortes de derechos de forma resignada o ejercer de forma crítica una serie de derechos como el de manifestación, libertad expresión y en última instancia el de huelga", defiende el portavoz de JpD, que también censura que el Gobierno "no aporte alternativas a esta situación".

Crítica a las reformas del Código Penal

Por otra parte, Bosch ha criticado también las reformas legislativas del Código Penal anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, como la cadena perpetua revisable, el endurecimiento del vandalismo callejero, la multirreincidencia o la modificación de la ley del aborto. "Se trata de reformas propias del populismo punitivo que no atajan los problemas reales y que lo que buscan realmente es distraer a la sociedad a través de golpes de efecto y de titulares", ha opinado.

El grado de dureza de la legislación penal española es "más que suficiente" y lo demuestra, según JpD, el hecho de que con una de las más bajas tasas de delincuencia de la Unión Europea, España tiene uno de los mayores porcentaje de población reclusa.

Como ejemplo, cita Bosch, los desórdenes públicos que se puedan cometer en actos de protesta, que "ya tienen respuesta" en el Código Penal, y cree que su endurecimiento y tipificar como delito medidas pacíficas de protesta, muestra la intención del Ejecutivo. "En vez de intentar convencer a la población sobre la hipotética bondad de las medidas anunciadas, el Gobierno pretende silenciar las formas críticas de protesta y endurecerlas para disuadir al ciudadano de que participen en determinadas manifestaciones", apunta.

Sin embargo, Bosch echa de menos que en casos como los de la delincuencia económica haya una "respuesta penal más clara" ya que generan graves daños a la sociedad, y en cambio sí se actúe sobre otras acciones que requerirían una intervención social para poder evitarlas, como los delitos contra la propiedad intelectual. "El modelo genérico del Gobierno en estos asuntos parece que es el paso del Estado social a un Estado penal de forma que se criminaliza la pobreza", ha concluido.