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Publicado el IX dictamen de Junio de 2012…

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VER EL INFORME INTEGRO DEL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA

Asturias suspende en la aplicación de la Ley de Dependencia

RTPA

Castilla y León es la mejor comunidad autónoma en el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia, seguida de País Vasco y Andalucía, mientras que a la cola se sitúan Valencia, Canarias y Baleares, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia, en él Asturias suspende.

El observatorio, que analiza cada seis meses la aplicación de esta ley, destaca que en la mayoría de las Comunidades Autónomas baja la puntuación con respecto a dictámenes anteriores, sobre todo Aragón, Cantabria y Castilla-La Mancha.

Asturias, Murcia, Madrid, Galicia, Navarra y Cantabria suspenden en la evaluación que realizan profesionales de los centros de asuntos sociales, pero se sitúan por delante de Comunidad Valenciana y Canarias, que obtienen la peor nota.

A nivel general, continúa registrándose un empeoramiento en la implantación de la Ley, pasando de una puntuación media de 5 puntos (diciembre 2011) a 4,9 (junio 2012).

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha denunciado que "el Sistema de Atención a la Dependencia está paralizado" y ha lamentado que algunas CCAA no estén manteniendo la tasa de reposición, es decir, ni el número de dependientes atendidos ni los servicios prestados en el último año.

El observatorio destaca la existencia de "una insoportable disparidad de esfuerzos y de ejercicio efectivo de derechos en función de la Comunidad Autónoma en la que se resida" y recuerda que 270.000 dependientes se encuentran en lista de espera.

Además, según Ramírez, "han desaparecido 170.000 grandes dependientes de las estadísticas y algunas comunidades están revisando a la baja el grado de dependencia, para pagar menos".

Los responsables de los servicios sociales pronostican que la reducción de 283 millones en los presupuestos generales del Estado de 2012 impedirá que "las CCAA puedan cumplir las obligaciones contraídas con las personas dependientes y con sus familias".

En este sentido, Ramírez ha explicado que "la administración central ha pasado de pagar el 39 por ciento de la factura en 2009 al 25 por ciento en 2012".

Valencia, Canarias y Baleares suspenden ruidosamente en dependencia

Castilla y León, País Vasco y Andalucía aguantan el vendaval que está paralizando la implantación del sistema

Carmen Morán, JUN 2012, en El País.

Tres comunidades, la valenciana, Canarias y Baleares tienen la dependencia “a nivel del bono basura”. Su nota no llega ni al tres sobre 10, según las calificaciones que otorga cada semestre el Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En el otro extremo de la tabla, Castilla y León, País Vasco y Andalucía, con notables y sobresalientes, están conteniendo el desastre que se cierne sobre esta ley, ahora prácticamente paralizada, si nadie pone remedio.

“Nos preocupa el bajón de Cantabria, que ahora tiene un suspenso; el de Aragón, que ha pasado de notable a un 5,4; o Castilla-La Mancha, que también baja a 6,3 desde un notable. Algunos cambios de Gobierno regional no han venido bien a la dependencia”, ha dicho el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez. “Obviamente están siguiendo la línea del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, que los únicos cambios que ha hecho sobre la ley han sido para recortar derechos, porque han aplazado la protección de los dependientes leves, y para recortar dinero: se han perdido casi 300 millones en los presupuestos”, ha añadido Ramírez.

El Observatorio, que viene calificando la marcha de la protección a los dependientes en cada comunidad autónoma desde 2008, ha sustituido en esta ocasión dos criterios por otros dos nuevos, de los 12 que se utilizan para elaborar las notas. Este semestre se ha tenido en cuenta el incremento o decremento de dependientes graves atendidos del 1 de julio de 2011 al 1 de junio de 2012 y el incremento del total de personas atendidas en ese mismo periodo, “dada la deriva que está tomando la ley. Hemos pensado que las notas no serían justas si no recogieran de alguna manera lo que está ocurriendo”, ha declarado Ramírez.

Esto impide comparar con las notas obtenidas en el anterior dictamen, por eso en el Observatorio han hecho un ejercicio de simulación para ver qué nota hubieran obtenido en la pasada convocatoria si los criterios hubieran sido idénticos.

Por lo demás, se sigue teniendo en cuenta a la hora de calificar la lista de espera que soporta cada comunidad, es decir, la gente con el derecho reconocido que no percibe su ayuda; Los beneficiarios, las solicitudes y los dictámenes efectuados sobre el total de la población; el equilibrio entre las ayudas económicas y los servicios concedidos. Todos estos datos son oficiales, es decir, los remite cada comunidad al Gobierno y se publican mensualmente. Pero la asociación también valora la integración del sistema de dependencia en la red local de servicios sociales, la aportación de cada comunidad a esta ley por habitante y año, la información que reciben los ciudadanos sobre sus expedientes en curso, así como las buenas prácticas que se dan en las distintas regiones.

“Algunas comunidades entienden la ley como un gasto que tienden a recortar y eso les ha bajado la nota, puesto que tienen menos personas atendidas, más lista de espera, no sustituyen a los dependientes que causan baja; mientras que otras la consideran una inversión y promueven que el sistema se consolide, atendiendo a miles de ciudadanos y generando riqueza por los retornos económicos y por la creación de empleo”, señala Ramírez. “Esta ley, debe quedar claro, es sostenible, pero no lo es la ineptitud y la mediocridad de los responsables del Ministerio que la gestionan”, ha criticado Ramírez.

En este nuevo dictamen del Observatorio Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Andalucía destacan, por ejemplo, en el número de beneficiarios atendidos y las tres primeras están, además, entre las que menos lista de espera tienen. Por el contrario, la Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares aparecen en la cola con cualquier criterio que se tome.

Murcia, Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha y Navarra son las que más desequilibrio muestran en cuanto a la naturaleza de las ayudas prestadas. En estas regiones las ayudas económicas están disparadas respecto a la prestación de servicios, algo que la ley no contempla más que de forma excepcional, pero que en estos territorios parece haberse convertido en norma. El 68% de las ayudas son económicas en el caso de Navarra, una cifra que alcanza el 82% en Murcia.

El PSOE califica de «problema de Estado» la situación industrial, que equipara a la financiera

 
El presidente Javier Fernández se compromete a negociar con el Gobierno de España la tarifa eléctrica

 

Saúl FERNÁNDEZ
El próximo 31 de diciembre ya no habrá tarifa eléctrica bonificada para los grandes consumidores. Tres de ellos (Asturiana de Zinc, Alcoa y Arcelor) operan en Asturias y los dos primeros cuantifican sus gastos energéticos en un 40 por ciento en la producción. Por eso amenazan con el cierre de sus factorías. Por eso y porque no consiguen acordar con las expendedoras de electricidad un precio que consideren asumible. «Este es un problema nacional, igual que el de la situación financiera. Debe ser dirimido en el parlamento», apuntó Hugo Morán, secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE y diputado nacional. «Tienen que ser políticas de Estado porque contaminan otros campos económicos», añadió.

Por otra parte, Javier Fernández, el presidente del Principado, mantuvo ayer una entrevista con José Ramón Camino, el primer ejecutivo de la multinacional Alcoa en España. Camino aseguró este pasado jueves en una entrevista publicada en LA NUEVA ESPAÑA que cerrará sus factorías si no lograba una tarifa eléctrica competitiva. A la salida del encuentro, Fernández «se comprometió a abordar con el ministro de Industria la aplicación de contratos a largo plazo adaptados a las condiciones de las empresas que son grandes consumidoras de electricidad», según una nota de prensa emitida por Presidencia. Fernández ya ha solicitado una entrevista con José Manuel Soria, el responsable de la política industrial del gobierno de España.

Hugo Morán, en este sentido, reclamó un «repuesta del gobierno a las necesidades del sistema energético nacional: ya no vale tirar de Reales Decretos, las decisiones que se tomen tienen que ir a más largo plazo, superar la duración de las legislaturas». El dirigente socialista señaló: «Las empresas tienen que tener una seguridad a largo plazo y el acuerdo tiene estar blindado a la alternancia de los gobiernos».

Para el diputado nacional, la situación que plantea la tarifa eléctrica «sin duda tiene la misma complejidad que la que viene del sistema financiero». Morán reclamó «un pacto de Estado que defina la competitividad y atraiga las inversiones, no sólo tiene que conservarlas».

Alcoa y Asturiana de Zinc consumen electricidad en el proceso electrolítico y Arcelor, por su parte, en el enganche de los altos hornos. Las tres industrias dan empleo en Avilés a 10.000 personas.

La siderurgia calienta motores

Los trabajadores de la siderurgia de la región iniciarán en los próximos días encuentros con los representantes políticos regionales y con los alcades de la comarca con el fin de informar sobre la grave crisis industrial que se cierne sobre las plantas asturianas de empresas como Asturiana de Zinc, Alcoa y, en menor medida, Arcelor. Estas entrevistas serán el paso previo de las movilizaciones en la calle. En la imagen, la manifestación en favor de la industria aluminera en Avilés el pasado febrero.

El TSJA exige al Principado que cumpla el fallo que anula 161 nombramientos «a dedo»

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El tribunal ratifica la invalidez del método para designar altos funcionarios y emplaza a Javier Fernández a corregir la actitud dilatoria de Areces y Cascos
 
 

Oviedo, Marcos PALICIO

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha emitido una sentencia para exigir al Gobierno del Principado que cumpla la sentencia firme dictada en abril de 2009 en la que se declara nulo el nombramiento «a dedo» de 161 altos funcionarios. El requerimiento de la Sala de lo contencioso-administrativo reclama al Ejecutivo de Javier Fernández el acatamiento de la resolución, ratificada por el Supremo en julio de 2011, ante la actitud dilatoria manifestada sucesivamente por los gobiernos de Vicente Álvarez Areces y Francisco Álvarez-Cascos. Esa resolución declaraba nulo el empleo de la libre designación -sistema excepcional- en el nombramiento de 161 jefes de servicio y de área, en lugar del preferible del concurso de mérito.


El fallo cuestiona la generalización del recurso a la provisión de cargos de alto funcionario «a dedo» y asegura que este método debe ser excepcional, justificado puesto a puesto y sólo admisible en casos puntuales. Por este motivo, el requerimiento del TSJA, que tiene fecha del pasado 12 de junio y fue notificado ayer, exige al Principado que sustituya el modelo de designaciones o «motive de forma justificada la concurrencia en las funciones de especial responsabilidad y confianza que justifican su uso».


La sentencia asiente a los argumentos del Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies, que impugnó en su día los nombramientos y entiende ahora que la pelota queda en el alero del nuevo Gobierno del Principado, una vez que los dos anteriores eludieron el acatamiento de la sentencia. Según el colectivo de funcionarios, la providencia del TSJA es una buena oportunidad para que el PSOE acate uno de los compromisos de su acuerdo de legislatura con Unión, Progreso y Democracia, y que promete «la reducción al mínimo imprescindible del personal de libre designación».


«Toca ahora», afirma el Conceyu, «exigirles el cumplimiento de lo pactado, sin medidas dilatorias extravagantes» como las que emplearon sus antecesores. Se refieren, en primer lugar, a la ley «aprobada in extremis por la coalición PSOE-IU» al final de la última legislatura de Vicente Álvarez Areces para ampliar los supuestos en los que se admitía la libre designación. Según el colectivo, el texto tenía «el objeto de bloquear el cumplimiento de las sentencias judiciales que anulaban el uso generalizado y abusivo de dicho sistema», y esta última decisión del TSJA demuestra que la citada ley «debía ser interpretada de conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público y con la jurisprudencia del Tribunal Supremo».


A su juicio, además, el requerimiento del tribunal supone la constatación de que el Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos «utilizó» la ley de Areces «como excusa para no cumplir sus promesas electorales», que también garantizaban «el concurso de méritos como procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo, limitando la libre designación a supuestos excepcionales debidamente justificados».

Los sindicatos lllaman a movilizarse contra la reforma y los recortes ,en el estado de bienestar; miércoles en Oviedo

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Está convocada para el próximo día 20 en Oviedo bajo el lema 'No te calles! Defiende tus derechos'

UGT, CC OO y USO convocan una manifestación con el lema 'No te calles. Defiende tus derechos'

El Comercio. 16.06.12 - 01:00 -E. P. | OVIEDO.

Foto: Baragaño, Rodríguez Braga y Pino, ayer. :: MARIO ROJAS

Los sindicatos UGT, CC OO y USO confían en que la manifestación que está convocada para el próximo día 20 en Oviedo bajo el lema 'No te calles! Defiende tus derechos' sea un éxito de participación. Las tres organizaciones han animado públicamente a la población a participar en la movilización contra la reforma laboral, que también se celebra en el resto de capitales de provincia del país.

Los secretarios Generales de UGT , CC OO y USO, Justo Rodríguez Braga, Antonio Pino y Francisco Baragaño, respectivamente, han recordado que la manifestación comenzará a las 19.00 horas en la Avenida de Galicia.

Justo Rodríguez Braga aseguró que son muchos los motivos para ir a la movilización, con la reforma laboral aprobada por el Gobierno, la pérdida de derechos laborales y el debilitamiento de la negociación colectiva. Los recortes, ha insistido, afectan a la economía y al empleo. Añadió que la tasa de pobreza de Asturias es del 16,8% y que un tercio de los parados de la comunidad autónoma no tienen cobertura por desempleo.

Braga sostuvo que, a tenor de la evolución de la economía, queda claro que «la reforma laboral no era prioritaria» y que lo verdaderamente urgente era acabar con los efectos de la burbuja inmobiliaria y la reforma del sistema financiero español». En este sentido, se lamentó de que «los cien mil millones del rescate a la banca, acabaremos pagándolos los trabajadores y los ciudadanos en general».

Por su parte, el secretario general de CC OO Asturias, Antonio Pino, ha dicho que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha cesado de recortar derechos y que es un Ejecutivo «mentiroso». «No vale ni el miedo ni la resignación», añadió.

En esa misma línea, el secretario general de USO Asturias , Francisco Baragaño, ha dicho que los asturianos se juegan «más» que el resto de los territorios, al tener ese peligro de deslocalización de sus grandes empresas.

El Gobierno autoriza el endeudamiento de Asturias

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Lne.es » Economía

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy operaciones de endeudamiento a las catorce comunidades autónomas que se han acogido al plan de pago a proveedores

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy operaciones de endeudamiento a las catorce comunidades autónomas que se han acogido al plan de pago a proveedores por un importe de 17.718 millones de euros, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

 

Se trata de las catorce autonomías que se han adherido al mecanismo de ese plan de pago a proveedores, al que no se han sumado Galicia y las forales del País Vasco y Navarra.

 

Como ya había adelantado esta semana el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, Sáenz de Santamaría ha dicho hoy, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, que se abonarán más de 3.700.000 facturas pendientes a un total de 29.107 proveedores.

 

De ellos, ha precisado, un total de 7.598 son personas físicas, 20.954 son pymes y 555 grandes empresas.

 

Los proveedores con facturas pendientes de comunidades autónomas comenzarán a cobrar la última semana de junio.

 

Según la referencia del Consejo de Ministros, se autoriza a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Comunidad Valencia a tomar préstamos a largo plazo, por un importe agregado de 17.718,55 millones de euros.

 

Se dedicará al pago de las obligaciones con sus proveedores incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del 6 y 22 de marzo de 2012, respectivamente.

Tras esta autorización, todas las autonomías, salvo Galicia, País Vasco y Navarra, que decidieron quedarse fuera de la operación, firmarán a partir de la próxima semana el contrato de préstamo con las entidades colaboradoras.

 

Estos dos pasos previos permitirán que el Fondo comience a pagar directamente a los proveedores de comunidades la última semana de junio a las cuentas corrientes facilitadas por los proveedores.

 

Por importe, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña son las que tienen mayor cantidad pendiente de pago.

En cuanto al número de proveedores que se beneficiarán, se sitúan en primer lugar Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña.

 

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el importe total del préstamo en miles de euros, así como el número de proveedores y de facturas:

 

CC.AA. Importe en miles ? Proveedores Facturas

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Andalucía 2.699.650 2.430 744.592

Aragón 428.950 926 167.678

Asturias 243.475 824 81.880

Baleares 842.508 3.859 245.339

Canarias 231.310 768 51.498

Cantabria 326.616 1.480 91.424

C. y León 1.052.738 2.137 287.482

C-La Mancha 2.918.315 9.190 593.906

Cataluña 2.020.226 5.693 263.113

Extremadura 227.917 534 1.701

Madrid 1.263.449 2.121 414.462

Murcia 1.037.732 3.362 260.152

La Rioja 70.864 470 19.590

C.Valenciana 4.354.796 6.358 571.715

------------------------------------------------------------

TOTAL 17.718.553 (+) 29.107 3.794.532

Decreto 76/2012, de 14 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Sanidad.

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Boletín Nº 138 del viernes 15 de junio de 2012

DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE SANIDAD

El Decreto 4/2012, de 26 de mayo, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, viene a configurar la Consejería de Sanidad como el órgano encargado del ejercicio de las acciones que en materia de salud, de planificación, ordenación y asistencia sanitaria, y de consumo, se atribuyen al Principado de Asturias.

PDF de la disposición

Que nadie lo tome como una recomendación o una amenaza, es mucho más que eso aunque lo aderecemos con la viñeta de cómo lo ve Forges: “Son Insacieibols”...

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El FMI pide a Rajoy que suba ya el IVA y baje los sueldos a los funcionarios

El organismo presidido por Christine Lagarde desaconseja más amnistías fiscales

Advierte de que el déficit público superará "significativamente" los objetivos marcados

Recomienda quitar la deducción a la vivienda y eliminar beneficios fiscales a las empresas

Sandro Pozzi, Nueva York, en El País.

El Fondo Monetario Internacional pide al Gobierno español que suba ya el IVA en lugar de esperar a 2013 y apruebe lo antes posible una nueva bajada en el sueldo de los funcionarios para reducir el déficit. De otro modo, advierte, España sobrepasará "significativamente los objetivos" marcados en su plan de estabilidad y que el Ejecutivo se ha comprometido a cumplir. En opinión del organismo dirigido por Christine Lagarde, es mejor actuar del lado de los ingresos ante la consolidación fiscal sin precedentes que afronta el país.

Con los mercados pendientes de cualquier detalle relacionado con España, y en la víspera de otro fin de semana crucial para el euro, el FMI publica su análisis sobre la situación económica española. E insiste en los evidente: “las perspectivas son muy difíciles”. “La economía se encuentra en medio de una recesión con recaída sin precedentes, con el desempleo a niveles ya inaceptables, la deuda pública creciendo rápidamente y segmentos del sector financiero con necesidades de recapitalización”.

El FMI arranca sus conclusiones calificando de “relevantes” las medidas adoptadas durante los últimos meses por España. Pero eso no ha permitido recuperar la confianza de los mercados, que sigue “débil”. Por eso, para hacer frente a los retos que afronta pide una respuesta “ambiciosa” que mire a la vez a la consolidación fiscal y a la reestructuración del sector financiero sin olvidar que tiene que potenciar el crecimiento a través de las reformas estructurales.

En opinión del FMI, el objetivo de reducción de déficit marcado de “muy ambicioso” —pasar del 8,9% de 2011 al 5,3% a final de año y, por ahora, volver a bajarlo al 3% en 2013— y por eso cree que será difícil de alcanzar, sobre todo porque los ingresos serán más débiles de lo esperado y no se puede fiar el ajuste solo a recortes de gasto que tardan en tener efecto. Por eso, los expertos del organismo insisten en que deben tomarse más medidas del lado de los ingresos y advierte de que “ninguna opción debe ser descartada”. Como ya reclamara el año pasado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pide que se suban tanto el IVA como los impuestos especiales. Pero introduce una novedad al incorporar un tono de urgencia: “Estas medidas deberían tomarse ahora”.

Además, frente a la situación de 2011, el país está ahora bajo un programa de rescate de sus socios, que aunque sea reducido a la banca, sitúa a España bajo una estricta vigilancia por parte de la troika (la UE, el BCE y el propio FMI, que pese a no dar ayuda financiera supervisará el proceso). Junto a ello, el Gobierno estará más presionado para adoptar las recomendaciones que lleguen desde las autoridades internacionales ante la más "mínimo desviación" de las metas de déficit, tal y como indicó el Eurogrupo al anunciar la ayuda.

Siguiendo con los impuestos, el FMI califica como “deseable” una reducción de las cotizaciones de la Seguridad Social, pero solo cuando se alcancen unos objetivos en la reducción del déficit. En concreto, cuando el desfase presupuestario se sitúe por debajo del 3%. Dentro de este paquete, pide que se suprima la deducción fiscal por vivienda que el Gobierno reintrodujo tras llegar al poder en diciembre y considera “fundamental” que no haya más amnistías fiscales o aumentos transitorios de tipos ya que las medidas deben ofrecer "ganancias permanentes". En paralelo, señala que “debería protegerse el gasto en los más vulnerables”.

En cuanto al gasto público, los funcionarios del fondo creen que los recortes están previstos “en las áreas adecuadas”. Pero no es capaz de valorar sus resultados y apunta que serán difíciles de implementar. Para lograr ese ahorro, vuelve a insistir en la necesidad de que se apruebe “ahora” un recorte de los sueldos públicos, aunque matiza que podría cancelarse si realmente se cumple el objetivo de reducción del déficit. También se habla de dar “mayor énfasis a las privatizaciones”.

Las conclusiones del equipo de FMI que durante los últimos días estuvo visitando España en el marco de las consultas de Artículo IV se publica una semana después de que el consejo ejecutivo del organismo aprobara el informe de supervisión del sistema financiera español. En él que se identificó una necesidad de capital para la banca de 37.000 millones de euros, solo para cubrir las pérdidas futuras en un escenario económico adverso.

Cantidad que podría doblarse si en la ecuación se tienen en cuenta las necesidades de reestructuración de las entidades en apuros. “Los bancos siguen sin capacidad para obtener financiación privada no avalada”, comentan ahora los expertos del FMI en sus análisis. Y señalan, además, que “a pesar del anuncio de apoyo financiero europeo, las condiciones de mercado siguen siendo débiles”. La esperanza es que el apoyo financiero europeo contribuya a paliarlos riesgos a corto plazo.

Pero a reglón seguido indican que las tensiones podrían intensificarse “si las políticas económicas no logran frenar las salidas de capital o como consecuencia de mayores tensiones en otras áreas de la Eurozona”. Desde el organismo en Washington se vuelve a insistir en la importancia de que el plan de reformas estructurales se siga ejecutando en paralelo al proceso de saneamiento de los bancos.

En este sentido, los encargados de la misión del FMI consideran que “el futuro apoyo financiero de la Eurozona es una oportunidad importante” para avanzar en esa estrategia de tres puntos antes citada. “Mayor progreso a nivel europeo ayudará a las perspectivas de la economía española”, reiteran, en línea a lo ya expresado la semana pasada por la director gerente del FMI, Christine Lagarde. España será uno de los puntos a debate en el G20.

Junto al riesgo financiero, el otro motivo de preocupación es doble, derivado de un desapalancamiento más rápido del previsto en el sector privado y por el efecto de la consolidación fiscal. Las presiones negativas del ajuste, afirman los expertos, “probablemente se traduzcan en contracciones de la producción este año y el que viene", aunque se espera que las exportaciones netas sigan contribuyendo fuertemente al crecimiento.

A modo de conclusión, el FMI califica otra vez de urgente que España concentre sus políticas a mejorar la productividad y la competitividad de su economía. “Éstas son reformas inherentemente complejas y difíciles, pero críticas si el crecimiento ha de ser inclusivo y altamente generador de empleo”, remachan los expertos del organismo. El objetivo, creen, debe ser colocar al país entre el "Top 10" en las listas de índices globales de competitividad y clima de negocios. La reforma laboral es un paso positivo en este sentido, “ya que tiene el potencial de mejorar sustancialmente el funcionamiento del mercado de trabajo”.

El FMI publicó también el sexto informe de supervisión de Irlanda en el marco del programa de asistencia, necesario para liberar el próximo tramo de ayuda de 1.400 millones. Considera que Dublín sigue comprometido con las reformas, a pesar de los retos y de las tensiones en la zona euro. “Todos los objetivos cuantitativos de la revisión se cumplieron”, concluyen los expertos. El crecimiento sigue siendo débil y la tasa de paro alta.

Ellos (la famosa troika) perfectamente lo saben, pero a nosotros (los ciudadanos) nos deja como “paralizados” aunque aprieten y aprieten más … ¿hasta dónde aguantaremos?

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El rescate traerá más recortes y no sirve para salir de la crisis

Vicenç Navarro/Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España…

Desde que la crisis se inició en 2007, la población española ha estado sometida a toda una serie de políticas públicas que han significado un gran recorte de sus derechos laborales y sociales, que han afectado de una manera muy notable al bienestar social y a la calidad de vida de las clases populares. Hemos visto durante estos años de crisis la congelación y pérdida de la capacidad adquisitiva de las pensiones, el retraso de la edad de jubilación, la reducción del gasto público en las transferencias y servicios del Estado del bienestar (con recortes muy acentuados de la sanidad pública, de la educación pública, de los fondos y servicios a las personas con dependencia, de las escuelas de infancia -erróneamente definidas como guarderías-, de los fondos para la prevención de la pobreza y de la exclusión social, de los servicios sociales, de las viviendas sociales, del nivel de cobertura de los seguros de desempleo y de las ayudas a la integración de los inmigrantes). Y hemos sufrido las reformas del mercado laboral, que se han llevado a cabo con el objetivo de reducir los salarios y la capacidad de negociación de los trabajadores. Y a todas esas medidas se han añadido la reducción del empleo público y de los salarios a tales empleados públicos.

Pues bien, hoy día sabemos a ciencia cierta que todas estas intervenciones han empobrecido todavía más al conjunto de la clases trabajadoras y que, lejos de haber hecho germinar los “brotes verdes” que las justificaron, han llevado a nuestra economía a una situación mucho peor y más cercana a la depresión.

El rescate no es una ayuda, es una imposición para realizar más recortes

Tales recortes se han justificado siempre como imprescindibles para reducir el déficit del Estado y el tamaño de su deuda pública, algo necesario, según se ha dicho siempre, para ganar la confianza de los mercados financieros y de esta manera poder conseguir dinero prestado para pagar los gastos del Estado.

Tanto el gobierno de Zapatero primero y ahora el de Rajoy han insistido constantemente en realizar esos recortes por encima de todo por el miedo a que no pudiéramos recuperar la famosa confianza de los mercados financieros y entonces fuésemos intervenidos por la llamada Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero ahora resulta que a pesar de que se han llevado a cabo todos esos recortes, a pesar de que se han ejecutado una tras otra las imposiciones de los mercados, expresadas a cada momento muy claramente por esa Troika, España ha sido intervenida por esas tres instituciones

Digan lo que digan, lo cierto es que todos estos enormes sacrificios y recortes han sido en balde y cuando se ha producido su fracaso estrepitoso en forma de rescate, la respuesta del gobierno y del establishment político y mediático es la de negar que haya sido tal y que vaya a llevar consigo una intervención de nuestra economía.

El artículo de Guillermo de la Dehesa Precisiones sobre el rescate bancario, (El País 09.06.12), en el que trata de disimular la verdadera naturaleza del rescate, y las manifestaciones del Ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa en la que lo anunciaba como un triunfo, son representativos de esta postura.

Según esas manifestaciones, a las que hay que añadir la del propio presidente Rajoy afirmando que lo ocurrido es algo que “ha conquistado” España, los 100.000 millones de euros no son un rescate, sino una ayuda a la banca que tiene por objetivo reestructurar el sector bancario y sin implicaciones macroeconómicas. Unas interpretaciones que caen por su propio peso cuando se lee el documento del Eurogrupo donde se manifiesta textualmente:

“El Eurogrupo considera que España ya ha implementado importantes reformas fiscales y del mercado de trabajo y medidas para reforzar el activo de los bancos españoles. El Eurogrupo confía en que España cumplirá sus compromisos en virtud del procedimiento de déficit recesivo y con respecto a las reformas estructurales, con el fin de corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco de la Unión Europea. Los progresos en estas áreas serán revisados de cerca y con regularidad, también paralelamente con la ayuda financiera” (el subrayado es nuestro).

¿Puede decirse de manera más clara que se trata de una intervención en toda regla?

El texto del acuerdo del Eurogrupo señala sin lugar a duda alguna que paralelamente a la supervisión financiera se hará la de las políticas fiscales y macroeconómicas. Y el significado y el objetivo con el que se llevará cabo esta supervisión también aparece bien claro en los últimos documentos del FMI y en las declaraciones de sus responsables que constantemente insisten en que habrá que llevar a cabo más reformas del mercado laboral -para conseguir más bajadas salariales-, más reducción de las pensiones, y una reducción más acentuada del déficit, centrándose en el Estado del Bienestar que en España está gestionado por las comunidades autónomas.

Lo que ahora se busca con la excusa de eliminación del déficit de las éstas última no es otra cosa, en la práctica, que nuevos mayores recortes de las transferencias y servicios del Estado del Bienestar que gestionan, principalmente, en materia educativa, sanitaria y de cuidados a las personas.

El rescate no aumentará la confianza de los mercados sino todo lo contrario

Puesto que conocemos perfectamente lo que ha ocurrido en otros países y en situaciones semejantes cuando se toman este tipo de medidas, podemos afirmar ahora con seguridad lo que con toda probabilidad va a ocurrir en España, en contra de lo que vienen diciendo las autoridades sin ningún tipo de fundamento ni base científica ni empírica.

En concreto, es importante que la ciudadanía sepa que, aunque en teoría estas reformas se hacen para recuperar la famosa “confianza de los mercados”, toda la evidencia muestra que los resultados serán precisamente opuestos a este objetivo.

El resultado de los rescates en los otros países supuestamente rescatados es que la prima de riesgo de su deuda pública no ha disminuido. Antes al contrario, ha subido. Y eso ocurrirá igualmente en España porque los recortes adicionales que van a acompañar al rescate van a ralentizar todavía más, y sin ningún lugar a dudas, la marcha de la economía española, acentuando así la recesión.

Además, y en contra de lo que se está diciendo, el rescate aumentará la deuda pública, pues el Estado –el receptor de la supuesta ayuda- tendrá que pagar por las pérdidas de las bancas fallidas en el rescate y asumir sus intereses y el principal.

Y, finalmente, el rescate tampoco garantiza ni que el sector bancario pase a ser solvente ni, por supuesto, que el crédito vuelva fluir a la economía.

La estimación del Fondo Monetario Internacional de las necesidades de capital del sector están hechas ad hoc, para justificar la cantidad con la que se pensaba jugar de antemano. Las cifras que proporcionen las auditorías solicitadas por el gobierno serán otras: las que se desee, porque la experiencia demuestra (como en caso de los bancos que fueron calificados de plenamente solventes meses o semanas antes de que fuesen rescatados en otros países) que dependen de la valoración que se quiera dar a activos que han perdido prácticamente todo su valor. La deuda inmobiliaria con los bancos no es menor de 400.000 millones de euros, así que 100.000 millones (el techo más alto del rescate) serán insuficiente incluso en los escenarios más optimistas de su recuperación.

Y tampoco se garantiza que vuelva a generar crédito a la actividad productiva no solo porque la capitalización será insuficiente sino porque, mientras que las políticas que se vienen aplicando y que acompañarán al rescate sean recesivas, ni habrá demanda suficiente solvente ni compensará a la banca dejar de dedicar los recursos a donde obtiene mayor rentabilidad.

La realidad que el gobierno y los apologistas del rescate quieren ocultar es que éste no es sino únicamente el instrumento mediante el cual la troika gobernará la política fiscal y macroeconómica española para seguir imponiendo reformas y recortes y para asegurar la prioridad de cobro de la deuda que los bancos españoles tienen con la banca europea, y principalmente alemana.

Por tanto, hay que decirlo claramente: el rescate constituye un auténtico golpe de Estado bajo la apariencia de ayuda a la banca. A partir de ahora, el gobierno Rajoy hará lo que digan la Troika y el gobierno alemán. El federalismo de Merkel (“queremos más Europa… y los Estados tendrán que ceder soberanía”) es una manera amable de definir una relación colonial en la que a España le toca ahora ser la colonia.

¿Por qué el rescate ahora?

La respuesta que las autoridades dan cuando se pregunta por qué se da justo ahora el rescate es que los intereses de la deuda pública estaban alcanzando un nivel prohibitivo y que, por tanto, había que hacer algo. Pero tal argumento también cae por su base porque significa ignorar que, como hemos demostrado en varias ocasiones, no son los mercados financieros sino el Banco Central Europeo el que realmente define los intereses de la deuda pública.

El hecho de que los intereses que está siendo obligada a pagar España sean altos se debe a que el BCE no ha comprado deuda pública española durante tres meses, lo que se podría considerar como una auténtica provocación de la situación final a la que se ha llegado que el BCE lleva a cabo habitualmente.

Así lo ha demostrado recientemente con datos indiscutibles la periodista Ana Tudela (BCE, la mano que mece la prima, Más Público, 11/05/12):

“¿Y si la prima (rentabilidad exigida a la deuda de un país respecto a la de Alemania) respondiese a algo más que a un mercado desquiciado? Hay algo más. El Banco Central Europeo (BCE) ha mecido al alza las primas en fechas concretas: las de las cumbres europeas y las semanas en que gobiernos y parlamentos decidían ajustes.

Como demuestra su propio calendario de actuaciones, el BCE dejó, en esas citas clave, de comprar deuda pública. Dejó solos a los Estados cuando más falta hacía. No una ni dos veces sino de forma sistemática desde hace ya dos años, el tiempo suficiente para cambiar Europa. Las peticiones de ayuda por gobiernos como el español, ante periodos de absoluta inactividad del BCE como el actual, caen en saco roto porque la autoridad monetaria, que se empeña en defender su independencia, tiene un objetivo.

Aunque desde Frankfurt se niegan a explicar el patrón de sus actuaciones, a concretar por qué han actuado en semanas con las primas relativamente relajadas y desaparecido cuando la tensión se disparaba, su intención no puede ser otra que propiciar reformas en línea con las tesis de la canciller alemana, Angela Merkel, y del Bundesbank”.

Y también se oculta que España podría seguir pagando la deuda pública a este nivel (y mucho más si el Banco Central Europeo ayudara a abaratar en lugar de encarecer su factura). De hecho, incluso ahora la deuda pública española es más baja que el promedio de la UE-15. Y según los cálculos del FMI, España pagaría el 3,5% del PIB en intereses en 2017, lo cual es una cifra asumible, semejante a la que pagan otros países como Alemania o Gran Bretaña.

La razón, entonces, de que haya sido justamente ahora cuando se ha producido el rescate es otra, y como siempre, no aparece en los medios. Es el temor de la Troika a que en las próximas elecciones griegas gane la izquierda, y se cuestionen con mucha más fuerza las políticas de austeridad que han llevado a Grecia (y a España) al desastre. Es por eso que la Troika quiere tener la sartén por el mango y forzar la continuación de tales políticas, porque sabe que es muy probable que tras las elecciones del próximo fin de semana (y a pesar de las injerencias constantes que están realizando para influir sobre la libre voluntad de los electores griegos) sea mucho más difícil defenderlas. Así de claro.

En definitiva, hay que denunciar el intento de ocultar la verdadera naturaleza del rescate, que está bien clara en el comunicado del Eurogrupo y en los informes del FMI:

- quieren rescatar a los banqueros despreciando y por encima del bienestar de la inmensa mayoría de las personas.

- se ha acordado ya, y se va a producir materialmente cuando se selle la letra pequeña del acuerdo, un auténtico golpe de Estado, porque a partir de ese momento España ya no estará implícitamente intervenida, como hasta ahora, sino expresa y visiblemente por funcionarios extranjeros que impondrán las líneas de gobierno a las que se habrán de ajustar las políticas económicas: nuevos recortes, privatizaciones y reformas institucionales encaminadas a desarmar de derechos políticos y mecanismos de representación a la ciudadanía.

Y se puede adelantar que nada de eso servirá para recuperar la actividad económica:

- volverá a perderse empleo y cerrarán nuevas empresas.

- nada garantiza que vuelva a generarse crédito para la economía.

- no bajará la prima de riesgo y ni siquiera el montante de nuestra deuda, sino todo lo contrario, cabe esperar que siga subiendo porque nada se ha hecho para frenar el impacto de la especulación generalizada en los mercados.

El rescate es un auténtico desastre para nuestra economía y para nuestra sociedad. Es una verdadera perversión política que el presidente del gobierno se alegre de que se haya producido y que el propio Rey Juan Carlos lo haya felicitado por haberlo reclamado a Europa. Los ciudadanos deben informarse bien, explicar con claridad a quienes tengan a su lado lo que de verdad ha ocurrido y exigir respuestas políticas que den la vuelta a la situación para poner en marcha medidas alternativas, que las hay sobradamente, como venimos poniendo de manifiesto en nuestros escritos y libros.

Publicado en Público.es