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Desde el día 30 las medidas están presentadas y aquí nadie sabe nada
El PSOE e IU instan al Gobierno en funciones de Cascos a explicar el nuevo plan de ajuste
Los dos grupos parlamentarios exigen conocer las nuevas medidas de recorte propuestas por el Principado ante el Ministerio de Hacienda
Foto: Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera dónde están representadas todas las CC.AA.
Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España
El PSOE e IU quieren poner fin al «mutis por el foro» del Gobierno en funciones de Francisco Álvarez-Cascos sobre el nuevo plan de ajuste entregado por el Principado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Ejecutivo asturiano tenía de plazo hasta el pasado lunes, 30 de abril, para entregar un plan de viabilidad económica a diez años vista, período en el que deberá devolver los 259 millones de euros que la Administración pretende financiar a través del mecanismo extraordinario para saldar la deuda con los proveedores.
El Gobierno en funciones de Foro no ha informado del contenido de ese nuevo plan de ajuste, que podría ascender a varios cientos de millones de euros, al resto de fuerzas políticas con representación en la Junta General del Principado, ni en el seno del Parlamento regional ni en otro tipo de reuniones. Otras autonomías como Valencia y Baleares ya han hecho públicos recortes de 2.260 millones de euros y de 770 millones, respectivamente.
La incertidumbre en el escenario político regional, con un gobierno en funciones y un pleito en el Tribunal Constitucional que debe resolver la adjudicación de un escaño que podría resultar decisivo para el futuro ejecutivo regional de Asturias, alcanza también al plan de ajuste hasta tal punto que tanto el PSOE como Izquierda Unida van a solicitar, o ya lo han hecho, explicaciones al Gobierno de Álvarez-Cascos. El portavoz del Grupo parlamentario Socialista, Fernando Lastra, presentó ayer un escrito en el registro del Parlamento asturiano, dirigido al nuevo presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, en el que requiere al Consejo de Gobierno documentación sobre el plan de ajuste presentado por el Gobierno en funciones ante el Ministerio de Hacienda para poder obtener financiación con la que pagar a los proveedores. El Grupo parlamentario Socialista invoca el artículo 14 del reglamento de la Junta General para solicitar dicha información. Sanjurjo dispondrá ahora de un máximo de tres días para trasladar esa petición al Consejo de Gobierno que, a su vez, tendrá 15 días de plazo o como máximo tres semanas para facilitar a la presidencia del Parlamento el citado plan de ajuste.
«El Gobierno no ha hecho público ese plan y no ha tenido la deferencia de informarnos sobre las medidas contenidas en ese documento, por eso hemos realizado una solicitud de información mediante el correspondiente procedimiento parlamentario», confirmó Lastra.
El diputado socialista considera «conveniente» que el Gobierno asturiano se adhiera al mecanismo extraordinario de financiación para los pagos pendientes «para beneficiar a los proveedores y puedan ser atendidos en un momento tan delicado». Al mismo tiempo, Lastra hizo hincapié en la necesidad de conocer con detalle las medidas contenidas en el plan de ajuste elaborado por el Principado. «La responsabilidad es de quien gobierna pero este plan trasciende el mandato de un gobierno que está en funciones. Estamos de acuerdo con que el Principado se haya sumado a ese mecanismo extraordinario de financiación pero queremos conocer las medidas incluidas en ese plan para pronunciarnos sobre su idoneidad y oportunidad», planteó el portavoz del PSOE en la Junta General del Principado. «No sería muy serio pronunciarnos sin conocer los detalles sobre una cuestión que interesa a todos los asturianos», valoró Lastra.
Izquierda Unida también tiene previsto presentar en los próximos días, vía registro de la Junta General, una petición de información al Gobierno regional ante su silencio sobre el citado plan de ajuste, según confirmaron a este periódico fuentes de la coalición. IU emplaza al presidente del Principado en funciones, Francisco Álvarez-Cascos, a que solicite una comparecencia para informar sobre las medidas incluidas en el nuevo plan de ajuste presentado el pasado lunes ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De momento, el resto de grupos parlamentarios, PP y UPyD, no tiene previsto «mover ficha» sobre esta cuestión, según aseguraron a este periódico fuentes parlamentarias.
El Gobierno central impuso una serie de condiciones a las autonomías interesadas en optar al mecanismo de financiación habilitado para pagar a los proveedores. El Ministerio de Hacienda impuso a las comunidades que participen de este fondo la limitación de salarios a los altos cargos del sector público regional y la reducción de los consejos de administración adscritos o dependientes de la Administración autonómica. El sector público asturiano cuenta con más de sesenta empresas públicas, fundaciones, organismos, entes y entidades que mueven alrededor de 450 millones anuales y dan empleo a dos mil personas, de las que unas setenta son altos cargos o directivos. Cascos se marcó como objetivo, ya en el primer programa electoral de Foro y al igual que otros partidos como, por ejemplo, el PP, reducir el sector público regional, pero su decisión de convocar elecciones anticipadas abrió un paréntesis en la intención de «suprimir o enajenar» organismos, entidades y empresas públicas.
El plan para pagar a los proveedores
Medidas para financiar 259 millones
-El Gobierno asturiano ha presentado ante el Ministerio de Hacienda más de 85.000 facturas, pendientes de pago a sus respectivos proveedores, por un importe superior a los 259 millones de euros. Todas esas facturas eran anteriores al 31 de diciembre de 2011. La mayoría, según el Principado, correspondían a gasto sanitario.
-El Gobierno central ha habilitado un nuevo mecanismo de financiación para que las administraciones autonómicas puedan abonar esas facturas, cuyo impago ahoga especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
-El Ejecutivo central ha impuesto una serie de condiciones a las autonomías para optar al plan.
-Algunas comunidades han declinado adherirse a este nuevo mecanismo de financiación, como es el caso de Galicia y el País Vasco.
-El resto de autonomías que han aceptado participar de esta financiación tenían que presentar un plan de ajuste a 10 años vista ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del 30 de abril.
-Entre las medidas de ajuste exigidas por la Administración central se incluían la limitación de salarios a los altos cargos del sector público regional y la reducción de los consejos de administración que dependen de las comunidades autónomas.
Nos pongan como nos pongan témome que seguirá sin pasar absolutamente nada
Unos funcionarios con mala salud de hierro
El plan del Gobierno de reducir el sueldo a los empleados públicos enfermos pone en duda su profesionalidad y la de los médicos.
Los expertos abogan por una mejor inspección
María R. Sahuquillo / Emilio de Benito, en El País.
Del tópico del cafetito a mediodía al de que los funcionarios se ponen enfermos mucho más que el resto de los ciudadanos. Estos y otros lugares comunes han servido a los sucesivos Gobiernos para añadir argumentos a varias iniciativas que penalizan a los trabajadores públicos: bajadas de sueldo, aumento de la jornada laboral, suplencias y contratos interinos sin cubrir. La última, la propuesta de que estos empleados no cobren su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por enfermedad, ataca una de las partes más sensibles y más incontrolables: la salud. Y además lo hace sin una base estadística que acredite que los funcionarios, en su conjunto, abusen del sistema. El plan presentado esta semana en el paquete enviado a Bruselas, y que ya funciona —aunque con matices— en algunas comunidades, como País Vasco, Galicia o Madrid, para su propio personal, no solo siembra la duda sobre los trabajadores públicos. También pone en la picota el criterio de los médicos, que son quienes otorgan las bajas por enfermedad.
La medida, pensada teóricamente para reducir el absentismo, es de gran calado, pero su justificación no está clara. Al menos, no se sustenta en datos. “Es muy difícil hallar cifras para comparar el absentismo entre los trabajadores públicos y los del sector privado”, explica Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. Ni siquiera Octavio Granado, quien fue secretario de Estado de Seguridad Social con el PSOE, tiene cifras globales. Afirma tajantemente que “es imposible” comparar si los funcionarios se cogen más bajas que el resto. De los cinco millones de incapacidades temporales (bajas) que la Seguridad Social registra al año, con una incidencia mensual de 23,60 por cada 1.000 trabajadores, no se especifica cuántas corresponden a los públicos. Y ello, a pesar de que la mayoría de los funcionarios se incluyen ya en el régimen general de la Seguridad Social.
Tampoco se puede llegar a conclusiones a través de las cifras de las mutuas que dan prestaciones a algunos trabajadores públicos y sus familias —como los militares, personal docente o de justicia. Según la memoria de 2010 de Muface —una de esas entidades—, ese año tuvo 12.083 notificaciones de incapacidad temporal, riesgo en el embarazo y riesgo de lactancia. Teniendo en cuenta que tenía 971.540 afiliados titulares, esto quiere decir que registró 12,48 bajas por cada 1.000 personas, la mitad que la media mensual de la Seguridad Social. Es decir, que los funcionarios tienen una salud de hierro.
¿Es eso verdad? Granado lo desmiente: “Lo que sucede es que los funcionarios con ese sistema cobran lo mismo estén de baja o no; y para eso no hace falta darlos de baja. Solo se hace en los casos en que hay que contratar un sustituto”. La diferencia con el resto de los trabajadores es que estos, al menos en teoría, no cobran los tres primeros días de baja, “aunque la inmensa mayoría de los convenios establecen que les pague la empresa, por lo que no lo notan”, aclara. Este periódico ha intentado sin éxito recabar la opinión del Ministerio de Administraciones Públicas.
Fernando García Benavides, director del Centro de Investigación en Salud Laboral en la Universidad Pompeu Fabra, explica que los únicos datos que hay son indirectos. “De los casos de baja que son revisados por la inspección médica, que suelen ser ya de larga duración, se confirman aproximadamente un 75%. De lo que se deduce que tres de cada cuatro casos están justificados”, explica, independientemente de quién contrate.
En el sector privado, explica Cruz Villalón, es la empresa la que paga al trabajador durante los 15 primeros días de baja (por una enfermedad no laboral) y solo tiene obligación legal de cubrir el 60% del sueldo; tras este tiempo empieza a ser la Seguridad Social quien paga al empleado (también solo debe pagarle el 60% del sueldo). A partir del día 20 la obligación es que la Seguridad Social pague al trabajador el 75% del salario. ¿Qué pasa con el resto del salario? Que suele compensarse, explica Benavides, a través de acuerdos y mejoras voluntarias que en algunas empresas suelen cubrir hasta el 100%. Algo que, sin embargo, están empezando a dejar de hacer. Y con el plan del Gobierno, que se acerca más al modelo del sector privado, las empresas pueden encontrar un argumento comparativo para retirar esos beneficios de sus convenios.
Puesto en cuarentena el argumento de que hay un abuso generalizado de los funcionarios, queda acudir a quienes les dan —o no— las bajas: los médicos de primaria. Y en ellos tampoco se encuentran argumentos que avalen la medida. El presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora, tiene una opinión contundente: “Mi percepción es que los funcionarios tienen las mismas bajas que el resto de los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, y no existen estadísticas que digan lo contrario”. Además, “en época de crisis las bajas se cogen con menos frecuencia. En eso han cambiado mucho las actitudes”, afirma el médico. Un hecho cierto. Benavides muestra como ejemplo el caso de Cataluña, donde existe un sistema de información exhaustivo. Ahí, la incidencia por cada 100 afiliados ha disminuido un 10% entre 2008 (33,8) y 2010.
Para Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, el plan del Ejecutivo de Mariano Rajoy es sencillamente “un disparate”. “Puede ser que haya colectivos de funcionarios con mayor porcentaje de bajas, que además habría que estudiarlo, pero no se pueden hacer medidas generales que afecten a todos por igual y penalizar de igual forma a quien se comporta bien que a quien no lo hace. Tampoco comparar patologías. Qué pasa con una enfermedad crónica, como un cáncer, o una indiscutible, como la rotura de un hueso. Es una propuesta injusta”, opina. El presidente de los médicos españoles recuerda que no se puede penalizar ni discriminar al enfermo. Cree, además, que hay otros mecanismos para ver de manera inequívoca si hay abuso, como poner más mecanismos de inspección. “Nos parece bien que se limite el absentismo, pero no así”, añade.
Si se pregunta a los afectados, la respuesta es igual de rotunda. Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la mayoritaria entre los trabajadores públicos, cree que, igual que ha pasado con los inmigrantes en situación irregular, a los que se va a retirar la prestación por el abuso de alguno, se pretende hacer lo mismo con los funcionarios. “Parece que lo único que le interesa a los Gobiernos, este o el anterior, es resaltar esos casos”, dice Borra, “cuando las bajas tienen la misma ratio que las del resto”. “Si hubiera un abuso, habría estudios que lo demostrarían. Cuando no los hay es que no se han producido”, añade.
La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, cree que todo el plan está basado en la idea de que los funcionarios son unos corruptos a los que hay que amonestar. “Es lamentable que ponga en la palestra a los trabajadores públicos y a los médicos que les están dando la baja”, dice. López afirma que esto puede tener varias consecuencias. La económica para los propios afectados y la implicación en la salud de estos trabajadores y los ciudadanos que les rodean. Es decir, la medida puede fomentar lo que se conoce como presentismo: que el trabajador, por miedo a perder su empleo o a que le descuenten de su salario, acuda a su puesto enfermo. “Esto puede suponer un problema para muchas personas porque los funcionarios cubren gran parte de los servicios fundamentales, como educadores, trabajadores sanitarios, bomberos. Lo que puede llevar a poner en riesgo a aquellos a quien cuidan”.
López recuerda que el plan del Gobierno ya funciona en comunidades como la madrileña, donde los empleados de baja pueden perder hasta el 40% de su sueldo. “La propuesta presentada por el Gobierno de Rajoy a Bruselas lo que hace es generalizarlo y que se pueda aplicar no solo al personal laboral, como en esas regiones, sino también al estatutario”, explica. No obstante, el plan presentado en la UE es todavía algo opaco. No queda claro si afectará a todos los trabajadores públicos ni si será distinto en función de las enfermedades. Como ocurre, por ejemplo en el País Vasco, donde la regulación, aplicada a 67.000 trabajadores, incluyó muchas excepciones: “Crónicos, graves, accidentes de tráfico, laborales... Al final quedaron solo las enfermedades leves, como las gripes”, explica el exresponsable de Seguridad Social Octavio Granado. A pesar de esto parece que no ha ido del todo mal: el absentismo se ha reducido un 22%.
Ese resultado, sin embargo, no convence a los propios afectados. Como Choni G., técnica especialista en Educación de la Comunidad de Madrid y por tanto personal laboral a quien ya afectó la medida. Esta profesional de 52 años que estuvo de baja 15 días por una neumonía vírica recibió el mes pasado 200 euros menos como consecuencia de esa incapacidad temporal. De los 1.300 que suele cobrar al mes pasó a cobrar 1.100. “¿Quieren que vaya a trabajar enferma? Eso repercute en mi salud y en la de los niños que están en contacto conmigo”, se queja. Pero como este caso hay muchos más. En Madrid, una trabajadora que esté de baja dos semanas puede llegar a perder 500 euros.
Estos argumentos contribuyen a alimentar las dudas que siembra la medida entre los expertos, que sin embargo sí coinciden en una cosa: la necesidad de mejorar el sistema de bajas. “Primero habría que ver los datos de absentismo y después discutir con más calma las medidas para abordarlo, saber si no funcionan los controles para frenarlo en la Administración pública y por qué. Puede que no se tengan esos instrumentos”, analiza el catedrático de la Universidad de Sevilla Cruz Villalón.
Esa es una de las partes fundamentales y más desatendidas. Lo asume José María Morán, médico inspector y vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (Faiss). Morán afirma, por ejemplo, que el sistema que utiliza Muface necesita mucho más control, y que los mecanismos de vigilancia de las bajas del régimen general también es mejorable. “Si tienen indicios de fraude lo que deberían hacer es potenciar la inspección. Pero hay pocos inspectores”, opina.
La función de profesionales como Morán es analizar las bajas. “Tenemos un sistema informático en el que vemos las bajas que dan los médicos y el tiempo de duración de los procesos. Una baja de dos meses por una gripe, por ejemplo, chirría. Es cierto que hay médicos que dan muchas bajas, igual que los hay que recetan muchos genéricos. Así que lo suyo es establecer mecanismos de control para ver qué hacen estas profesionales y también conocer los procesos que duran más de la cuenta”, explica. Para él es “poco científico” decir que de forma general los funcionarios abusan. Su asociación ha elaborado un informe con datos de la Comunidad de Madrid del que se desprende, por ejemplo, que las bajas médicas del personal público duran menos, de media, que las del resto de trabajadores (16,5 frente a 28 días).
También el presidente de la Semfyc opina que los sistemas de control son anacrónicos. “El que tenemos es del siglo pasado. Está excesivamente burocratizado. El método de partes semanales [que el empleado debe entregar en su lugar de trabajo] no se sostiene”, afirma Basora, quien cree que hay que dejar margen a la confianza en los profesionales y la concienciación de los trabajadores. “Donde se ha dado mayor capacidad al clínico, como País Vasco y Navarra, se han conseguido mejoras económicas”, dice el médico. El presidente de CSIF también admite que puede haber mayores controles, aunque sean para todos.
El tema tiene muchas aristas. Tanto que no parece lo más correcto abordarlo de forma unilateral. “Una cosa es reducir el absentismo injustificado, y otra es que se haga de manera universal a todo el que se encuentre enfermo. Es un asunto suficientemente delicado como para que se haga un proceso previo de consultas y con evidencias científicas”, opina Cruz Villalón.
Una visión que también comparte el exresponsable de Seguridad Social, Octavio Granado, que cree que este tipo de cambios legislativos deben hacerse con mucho más cuidado. “Al final podría pasar que mandáramos un soldado a Afganistán, le explote una mina, pierda una pierna, y, encima, le vayamos a rebajar el sueldo”, ironiza.
Un sector en permanente sospecha
■ Datos del sector. Los funcionarios son, aproximadamente, 2,7 millones.
■ Control de bajas. La última propuesta del Gobierno es aprobar este año un plan contra el absentismo de los funcionarios que incluye, según las líneas iniciales de planteamiento, que estos no cobren su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por incapacidad temporal.
■ Política de personal. El anterior Gobierno decretó una rebaja de los sueldos del 5% para los funcionarios. Este año, las retribuciones han sido congeladas, pese a la subida del IPC y del IRPF.
■ Sectores en dificultades. Sanidad. Se estudia que un 25% del sueldo corresponda a incentivos por productividad (parte variable). Educación. Se amplía la parte lectiva (para dar clases) en Secundaria de 18 a 20 horas.
■ Aumento de jornada. Los empleados públicos han aumentado en 2,5 horas la jornada semanal.
■ Políticas de empleo. Se suspende la contratación de interinos para cubrir bajas o dar servicios de apoyo (clases de refuerzo, guardias). La tasa de reposición (plazas nuevas que se convocan) será entre el 0% y el 10%. Es decir, por cada 10 trabajadores que se jubilen se incorporará uno como mucho.
■ Comentarios despectivos. Lo peor, para muchos de los afectados, han sido algunos comentarios de representantes políticos. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, llamó “vagos” a los profesores públicos. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, les dijo que se olvidaran “del cafelito y de leer el periódico”.
BUSCAS 03/05/2012
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Quince mil asturianos piden atención sanitaria en las escuelas para los niños con diabetes
De izquierda a derecha, Covadonga García, Teresa Sánchez, María Álvarez, Juan A. Martínez y el Mago Nacho. marcos león
ASDICO, que entregará las firmas en la Junta, subraya que los educadores rechazan hacer los tests de glucemia
J. L. A.
La población infantil con elevados índices de azúcar en su sangre va en aumento. La alarma suena desde hace tiempo, como señaló ayer la presidenta de la Asociación Asturiana de Diabéticos (ASDICO), Covadonga García, quien pidió además al Gobierno del Principado, respaldada por la rúbrica de quince mil personas, atención sanitaria en las escuelas para los niños menores de cinco años que necesitan, debido a su enfermedad crónica, hacer los periódicos tests de control de su glucemia.
«El personal educativo de las escuelas se niega a hacer esos tests porque no están obligados», explicó la presidenta, después de anunciar que la petición con esas quince mil firmas se entregará próximamente en la Junta General del Principado para que se tramite y ofrezca respuesta. Según las explicaciones de Covadonga García, los niños menores de cinco años no saben, normalmente, realizar por sí mismos la prueba para medir los valores glucémicos.
Para hacer esos tests, que indican la cantidad de azúcar en sangre, es necesario efectuar un ligero pinchazo en un dedo y dejar la gota de sangre en una tira para que el aparato medidor establezca la cantidad de azúcar en la sangre. Una hipoglucemia, es decir, una bajada de azúcar por debajo de lo normal, puede ser mortal. Hay algún niño, como relató la presidenta de ASDICO, que acude a las clases con su bomba de insulina.
La Asociación Asturiana de Diabéticos presentó ayer el festival solidario en favor de la entidad que se celebrará el próximo día 18 de mayo, en el teatro Jovellanos (20.00 horas). El objetivo es recaudar fondos parta el proyecto «La princesa de azúcar», que ASDICO tiene en marcha con el objetivo de concienciar a la sociedad de una enfermedad insidiosa, crónica, que va en aumento debido a ciertos hábitos sociales, entre ellos una mala alimentación.
En este festival, que fue presentado por la directora del Jovellanos, Teresa Sánchez, colaboran desinteresadamente Mares Danza, el Mago Nacho y Gigia Sax Band. María Álvarez, de la escuela de danza gijonesa, Nacho y Juan Antonio Martínez, de la formación musical de la Escuela de Viesques, mostraron su solidaridad con el trabajo de ASDICO y garantizaron un espectáculo, completo y muy variado, a la altura de la invitación.
Lo que iba a ser el FINBA acaba siendo el IdiHUCA
Un científico de «consenso» dirigirá el Instituto de Investigación del HUCA
Sanidad busca un profesional que actúe de «referente», a la vez que abre el plazo para que los investigadores se incorporen al centro
03.05.12 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.
Se llamará IdiHUCA y será el Instituto de Investigación Sanitaria vinculado al nuevo Hospital Universitario Central de Asturias. El Principado ya ha firmado el convenio de colaboración con la Universidad de Oviedo, que participará de forma activa en la gestión de esta nueva entidad. Lo hizo el pasado día 25 de abril, en un acto al que no se le dio publicidad y que contó con la presencia del consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio y del rector, Vicente Gotor. Según ha podido saber EL COMERCIO, el Principado acaba de abrir el plazo para la incorporación de investigadores asturianos al IdiHUCA, que comienza así a dar sus primeros pasos.
El instituto nace con la vocación de congregar y acoger a todos los grupos científicos que trabajen en el Hospital Central, así como en otros ámbitos sanitarios de la región, incluida, la Atención Primaria. Así lo precisó el director general en funciones de Innovación Sanitaria de la Consejería de Sanidad, quien señaló que la pretensión es que el IdiHUCA sea el referente para los investigadores de toda Asturias. José Antonio Álvarez Riesgo, que ayer participó en Oviedo en los actos de conmemoración del Año de la Neurociencia, indicó que el modelo elegido es similar al de otros 16 institutos de investigación ya existentes en España.
El del nuevo HUCA dispondrá de un Consejo Rector y de una Comisión Ejecutiva, que serán sus órganos de gobierno. El Consejo Rector estará presidido por el consejero de Sanidad. La vicepresidencia la ostentará el rector. En dichos órganos también estará presente el gerente del HUCA o quien designe el hospital en cada caso. Asimismo, el instituto dispondrá de un director científico. El Principado iniciará una ronda de contactos con los diferentes investigadores de la región con el objetivo de buscar «un científico de consenso y de referencia en Asturias».
Cinco áreas temáticas
Según recoge el convenio de colaboración Principado/Universidad al que ha tenido acceso este periódico, el Instituto de Investigación se centrará fundamentalmente en cinco áreas temáticas: la de neurociencias y envejecimiento; el cáncer; las enfermedades crónicas y patología de sistemas; las patologías infecciosas, víricas e inmunología, y, por último, el área de salud pública, tecnologías sanitarias y evaluación de servicios. Estas serán las líneas fundamentales, pero no excluyentes. Habrá un comité científico externo, compuesto por «siete profesionales de alta cualificación y experiencia reconocida en el ámbito de la investigación», que se encargarán de revisar periódicamente el contenido y las áreas temáticas del IdiHUCA.
Los grupos de investigación ya pueden solicitar su incorporación a la entidad. Las peticiones serán evaluadas por los órganos de gobierno del instituto. En las próximas semanas, la Consejería de Sanidad y la Universidad acordarán los equipamientos y aparatajes que cederán cada una de las partes. El centro deberá «favorecer y desarrollar programas y proyectos de investigación». También tendrá que «promover la formación científica» y buscar «la excelencia» en materia investigadora.
Las personas que ostenten cargos de responsabilidad en el Instituto de Investigación del HUCA (a excepción del consejero y el rector, que serán cesados cuando dejen de desempeñar dicha función) desempeñarán las funciones de su cargo durante 5 años.
«La gestión será pública»
Aunque podrá disponer de financiación privada, la gestión de la nueva entidad «será pública». Según explicó el director de Innovación Sanitaria, la fórmula escogida «apuesta por lo público», aunque el IdiHUCA podrá firmar convenios con compañías privadas vinculadas a proyectos de investigación. Eso sí, el centro tendrá una contabilidad independiente. No podrá, por tanto, ser un apéndice ni de la Consejería de Sanidad ni tampoco del Servicio de Salud del Principado (Sespa). La intención es que funcione con los ingresos que pueda generar externamente, además de los que aporte cada grupo de investigación a través de la entidad de la que provengan (generalmente, hospitales públicos). En materia de patentes, el Instituto hará de mediador, pero la titularidad de las mismas recaerá en el grupo firmante de la investigación.
Tendrá 3.000 metros cuadrados y estará dentro del hospital
La sede del Instituto de Investigación estará dentro del propio hospital. La Consejería de Sanidad reservará 3.000 metros cuadrados del complejo sanitario de La Cadellada para el IdiHUCA. Álvarez Riesgo asegura que «hay espacio de sobra» para estas instalaciones que serán el referente para la investigación en Asturias. Cada una de las áreas temáticas del instituto contará con un responsable, que será elegido entre los propios profesionales. Esa es, al menos, la intención inicial. Al instituto se incorporará el personal docente e investigador del propio HUCA y de la Universidad de Oviedo. También se integrarán los grupos de investigación de Atención Primaria dependientes de la Consejería de Sanidad.
"Esta es tu hija muerta"
Una monja del Hospital de la Caridad entregó a una madre la foto de un bebé en un féretro en 1956.
Su familia busca ahora a personas que hayan vivido una situación similar
Foto: E.S.G. muestra la fotografía que le entregaron a su madre en el hospital, con el bebé muerto depositado en el féretro. :: Marieta
El Comercio. 03.05.12 - 00:33 - JOSÉ MARÍA URBANO | AVILÉS.
Un nuevo caso en Avilés se ha sumado, en las últimas horas, a las denuncias presentadas en el Juzgado por varias familias para tratar de desvelar si la muerte de algunos bebés que nacieron en el Hospital de Caridad guarda relación o no con lo que en nuestro país se conoce ya como el sumario de los ’niños robados’.Tras la publicación por parte de LA VOZ DE AVILÉS de los primeros casos, en concreto el de un matrimonio y su hija que tratan de encontrar a una niña nacida en el Hospital de Caridad el 13 de noviembre de 1965, son varios los testimonios que siguen llegando a la Redacción del periódico, bien para relatar su experiencia personal o simplemente para tratar de contactar con estas primeras familias que han dado el paso de denunciar y buscar su apoyo.
El último caso es el de E. S. G., una avilesina, hija de un matrimonio ya fallecido -C. G. M. y R. S. G.-, que inició hace meses las primeras investigaciones y que se ha animado ahora a contar públicamente su caso por si otras familias pudieran ayudarla.
E. S. G. relata que su madre dio a luz en el Hospital de Caridad el 14 de abril de 1956 a la que iba a ser su primera hija, un bebé que tuvo en sus brazos, que pesó unos cinco kilos aproximadamente, tras un parto difícil, lo mismo que los otros tres que tuvo posteriormente. El bebé falleció horas después y al padre se le entregó un féretro cerrado, que él mismo trasladó al cementerio de La Carriona, en donde se procedería al enterramiento en la fosa común. Se trata del mismo procedimiento seguido en los dos casos denunciados a este periódico por M. L. y C. M. (Ver LA VOZ del día 29 y 30 de abril)
En el registro del cementerio consta que, efectivamente, R. S. G. entregó un féretro con «un feto», algo que llama la atención de E. S. G., «pues entiendo que lo que se entrega es el cadáver de un bebé, no un feto, ya que mi madre dio a luz en el tiempo que le correspondía».
En el certificado de defunción pedido por esta mujer en el Juzgado se hace mención de nuevo a un «parte de aborto», en el que consta que el nacimiento se produjo a las 7 de la mañana del día 14 y el fallecimiento tuvo lugar a las 4 horas del día 15, «a consecuencia de un asunto del corazón».
Con todo, el principal argumento de la denuncia que hace E. S. G. tiene que ver con una fotografía, supuestamente la del bebé fallecido. «Cuando mi madre se va del hospital, según nos comentó ella siempre a mí y a mis hermanos, una monja le entregó la fotografía de un bebé depositado en un féretro y cubierto de flores, y le dijo: ’Ésta es tu hija’. Mi madre nunca llegó a superar aquello, aunque tanto ella como mi padre nunca fueron muy explícitos con nosotros».
La fotografía, una vez fallecida su madre, la guarda ella. «Siempre la llevo conmigo». Efectivamente, E. S. G., en su visita a la Redacción de LA VOZ, sacó la fotografía de su cartera y no tuvo ningún inconveniente en que se le hiciera una copia, incluso a fotografiarse con ella, como se puede observar.
Busca a otras familias
«Yo no sé», prosigue, «si aquello era algo usual. Yo tengo dudas y por eso cuando leí en el periódico el caso de las familias que han denunciado, me revolvió y he decidido contarlo. Yo lo que pido es que si alguna familia ha pasado por lo mismo, si en su día les entregaron una fotografía con el bebé muerto, que nos pudiéramos poner en contacto para cotejar las fotos».
Esta avilesina no quiere pensar en el resultado de esa experiencia. «Si resulta que las fotografías son iguales y que a las familias les entregaban la misma, entonces sí que podíamos asegurar que aquí ha habido casos de niños robados, no me cabe la menor duda».
Mientras tanto, E. S. G. se ha interesado por los datos de las otras familias que han decidido denunciar sus casos para contactar con ellas. «Nosotros hemos ido a por el certificado del cementerio y el del Juzgado, pero a partir de ahí ya no sabemos qué pasos debemos seguir, sobre todo cuando han dicho ya que en el Hospital Avilés no se guardan los archivos».
De momento cuenta ya con el teléfono de M. L., que hasta ahora es la que más pasos ha dado en sus investigaciones. El caso de su hermana está en el Juzgado y tras las investigaciones policiales correspondientes, sigue abierto. Aún así, ninguna de las familias es optimista. «Lo lógico es que todos estos casos queden archivados por falta de pruebas», relataba M. L. a este periódico, dispuesta a seguir por su cuenta, al estar convencida de que en Asturias pudo existir una trama organizada para el robo de niños, con el Hospital Materno Infantil de Oviedo en el punto de mira.