Adelantos de los recortes que vienen
Rajoy dice que hará "algo parecido" a Portugal
Se reúne con Passos Coelho, quien ha acometido drásticos recortes, y anuncia que el Gobierno va a tener que "tomar decisiones difíciles"
MARIA JESÚS GÜEMES, Madrid, en Público
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viajó este martes a Lisboa, su primera visita a un país de la Unión Europea, para reunirse con el primero ministro portugués, Pedro Passos Coelho. Tras el encuentro, comentó que en España “se hará algo parecido” a lo que se ha realizado en Portugal. “Vamos a tener que tomar decisiones difíciles para lograr un crecimiento sostenido y estable”, defendió.
Rajoy recordó que el Gobierno ya ha tomado medidas para reducir el déficit en cerca de 15.000 millones y anunció que el próximo viernes se aprobará en Consejo de Ministros la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria con la que se presentará en el Consejo del día 30.
“Estas decisiones y algunas más, bastantes más, que habremos de abordar en el futuro, son necesarias e imprescindibles”, repitió el jefe del Ejecutivo que cifra el ajuste total en más de 40.000 millones de euros. Este se acometerá por completo con la presentación del proyecto de Presupuestos en marzo.
Para él las malas previsiones del Fondo Monetario Internacional para España son “un estímulo para trabajar con intensidad y con coraje” y garantizó que cumplirá el objetivo de déficit que “hoy es del 4,4%”.
Reconoció que España atraviesa un momento “difícil” y que los efectos de las políticas adoptadas no se van a ver “ni en tres ni en seis meses”. En cualquier caso no es una situación similar a la de Portugal que tuvo que pedir a la UE que la rescatara en primavera del año pasado con una ayuda de 78.000 millones de euros.
Los dos dirigentes guardan cierto paralelismo. Ambos ganaron las elecciones anticipadas por mayoría absoluta, lideran partidos de centro derecha y llegaron al poder tras dos legislaturas consecutivas en manos de los socialistas.
Coelho se vio refrendado por las urnas para realizar ajustes y con ello ganó rápidamente una tremenda impopularidad. De hecho a los cinco meses tuvo que afrontar su primera huelga general. El transporte y otros servicios públicos se interrumpieron como señal de protesta por su política de austeridad. Este reconoció que sus iniciativas generaban “desesperación y frustración” entre los portugueses pero defendió la necesidad de adoptarlas para salir de la crisis.
Rajoy admite que seguirá el mismo camino. Después de subir los impuestos, confesó que sabía que a su electorado no debía haberle gustado nada. Aseguró que había tomado una decisión “dolorosa” porque la situación es “muy complicada”.
Un impuesto en la paga extra
Coelho comenzó recortando el sueldo a los funcionarios pero lo más polémico fue que aplicara un nuevo impuesto. Con los calificativos de “especial” y “extraordinario” gravó los ingresos de los portugueses. El primer ministro luso concretó que con este se rembolsara al erario público el “equivalente” al 50% de la paga extraordinaria de Navidad. Con ello, el Estado espera recaudar 800 millones de euros.
En los últimos meses ha anunciado otras medidas drásticas como el abaratamiento del despido (de 30 días a 12), la subida del IVA para productos como la luz y el agua (del 6% al 23%), el aumento del copago o el aumento de la jornada laboral en el sector privado.
Coelho mostró su sintonía con Rajoy con quien dijo compartía una “visión común” sobre la necesidad de impulsar la reactivación económica y la creación de empleo en Europa.
En el Partido Popular no descartan encontrarse en una situación dramática en los próximos meses. Y lo que dan por seguro es que se convocaran movilizaciones que reflejen el malestar social. Pero los que rodean a Rajoy aseguran que él lo asume y que duerme con la conciencia tranquila porque “hará lo que tenga que hacer”.
La agenda internacional de Rajoy está repleta. El jueves, se desplazará a Berlín para reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel. Todavía no puede presentarle la reforma laboral, que lleva con retraso.
Los funcionarios de Madrid y Euskadi cobrarán menos si están de baja
La reforma del mercado laboral
Los Gobiernos autonómicos de Madrid y País Vasco son los primeros que han decidido recortar el gasto que destinan cada año a sufragar los salarios de los empleados públicos que se encuentran de baja por incapacidad temporal (IT). Se trata de reducir el abultado absentismo y acabar con las bajas reiteradas de corta duración.
Raquel Díaz Guijarro - Madrid - 25/01/2012 - 07:00
Hasta ahora, los trabajadores del sector público de la mayor parte de las comunidades autónomas percibían un complemento equivalente al 100% de su salario cuando se encontraban de baja por enfermedad común o accidente no laboral. Eran los Gobiernos autonómicos o la Seguridad Social (según sea el régimen al que pertenezcan) los encargados de retribuirles ese dinero. Pues bien, en Madrid desde el pasado 1 de enero y en el País Vasco desde la segunda semana de este mes este sistema ha cambiado. Ambas Administraciones admiten que la medida se enmarca en los planes de ajuste que han puesto en marcha para contener el déficit, pero también justifican que se debe a las elevadas cifras de absentismo que existen entre los empleados públicos.(leer más)
Una primera lectura de los acuerdos CCOO, UGT y CEOE
nuevatribuna.es | Joan Coscubiela | Actualizado 25 Enero 2012 - 00:30 h.
Acaba de hacerse público un preacuerdo entre las organizaciones sindicales CCOO y UGT y empresariales CEOE y CEPYME y, aunque los medios de comunicación destacan los aspectos salariales –las cifras siempre son más fáciles de explicar- , a mi juicio el acuerdo contiene elementos mucho más importantes que pueden tener consecuencias, más allá de la negociación colectiva, en la acción de Gobierno y legislativa del Parlamento en relación a la reforma laboral.
Asumiendo los riesgos de verter una opinión rápida sobre un tema complejo, estos son los aspectos que me parecen más relevantes. Esta opinión, que es personal –como todas por cierto– la emito desde mi actual condición de diputado por ICV-EUiA en el Congreso de Diputados, pero sin duda marcada por mi experiencia como abogado laboralista y profesor de Derecho del Trabajo, además de por mis años de responsabilidad sindical en CCOO.
Raquel Díaz Guijarro - Madrid - 25/01/2012 - 07:00
Hasta ahora, los trabajadores del sector público de la mayor parte de las comunidades autónomas percibían un complemento equivalente al 100% de su salario cuando se encontraban de baja por enfermedad común o accidente no laboral. Eran los Gobiernos autonómicos o la Seguridad Social (según sea el régimen al que pertenezcan) los encargados de retribuirles ese dinero. Pues bien, en Madrid desde el pasado 1 de enero y en el País Vasco desde la segunda semana de este mes este sistema ha cambiado. Ambas Administraciones admiten que la medida se enmarca en los planes de ajuste que han puesto en marcha para contener el déficit, pero también justifican que se debe a las elevadas cifras de absentismo que existen entre los empleados públicos.(leer más)
La detección del cáncer de colon en mayores de 50 costaría un euro al año por asturiano
El jefe de Digestivo del San Agustín asegura que con un plan de sangre oculta en heces y colonoscopias se evitarán entre 60 y 140 muertes anuales en Asturias
El jefe de Digestivo del Hospital San Agustín, Laureano López Rivas. ricardo solís
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Myriam MANCISIDOR
Un euro por asturiano y año. Este es lo que costaría anualmente la puesta en marcha de un programa bienal en Asturias para la prevención del cáncer de colon a personas mayores de 50 años, según un informe elaborado recientemente por la Alianza para la prevención del Cáncer de Colon (APCC), entidad que en Asturias coordina el jefe de Digestivo del Hospital San Agustín, Laureano López Rivas. De acuerdo a los cálculos presentados a los distintos grupos políticos por la Alianza, dicho plan de prevención costaría, en total, entre 1.000.000 y 1.200.000 euros al año frente a los 25.000.000 que cuesta actualmente la atención a las 850 personas atendidas en Asturias por cáncer de colon. «Obviamente, lo más importante es el impacto en la calidad de vida y en la prevención de la mortalidad: se podrían evitar entre 60 y 140 muertes por cáncer de colon al año», sentenció Rivas.
El responsable de la sección de Digestivo del San Agustín destacó, a su vez, que la prevención del cáncer de colon es «muy inferior» a la prevención de otros tumores. ¿La razón? La colonoscopia es una prueba no solo diagnóstica sino terapéutica, con un coste inferior a los 300 euros (con polipectomia) frente a un coste de 27.000-30.000 euros por cada paciente tratado de cáncer de colon. Sólo en Avilés y gracias a las colonoscopias se extirpan entre 25 y 30 pólipos degenerados al año. De ahí que la propuesta de los especialistas se base en la realización de colonoscopias a personas a partir de los 40 años que tienen familiares con cáncer de colon y la práctica de sangre oculta en heces -y colonoscopia a los que sean positivo- a cualquier persona de más de 50 años sin antecedentes familiares. La población asturiana entre 50 y 69 años suma, según datos facilitados por la Alianza, 277.179 personas.
Gasto y coordinación
Para ejecutar estas medidas, los responsables del programa de prevención de cáncer de colon en Asturias presentaron a los grupos políticos regionales, en 2009 y antes de las elecciones del pasado mayo, un programa de racionalización del gasto en el que proponían una serie de medidas complementarias para mejorar la calidad, racionalizar costes y obtener recursos suficientes para poner en marcha estrategias de tipo preventivo en general y, en concreto, para el cáncer de colon. Estas se basan en medidas organizativas y de gestión clínica y la centralización de compras.
Así pues, los especialistas proponen que la coordinación de atención primaria y los hospitales sea como se hace en Avilés desde hace 20 años. En el área sanitaria avilesina, según López Rivas, los médicos de familia solicitan el 50 por ciento de las pruebas que realizan los especialistas de Digestivo, que tienen consulta en los centros de salud desde 1995. Reivindican también programas de formación y un control de peticiones de colonoscopias, el cribado de la población -que supondría un costo de un euro por asturiano y año- más la centralización de compras. Según López Rivas, sólo en Avilés se gastaron 196.000 euros en pinzas y prótesis en 2009. «En fármacos anticancerosos para el colon se gastaron, sólo en el San Agustín 492.000 euros, y en los tres hospitales asturianos donde se pone quimio más de cuatro millones», destacó.
López Rivas, como responsable de la Asociación Asturiana de Patología Digestiva, entidad que junto a otras 15 sociedades científicas, ONG, fundaciones y asociaciones de pacientes forma parte de la Alianza, solicitó en octubre al consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio (FAC), una reunión para «acordar aspectos en los que podamos trabajar conjuntamente». Rivas defiende que en la prevención está la cura.
Convocatorias del 30 de noviembre pasado
Adjudicadas 2 de las tres Jefaturas de Servicio convocadas en el HUCA
Consejería De Sanidad
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)
Resolución de 10 de enero de 2012, de la Subgerencia del Hospital Universitario Central de Asturias, por la que se adjudica nombramiento temporal de un puesto de Jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Resolución de 10 de enero de 2012, de la Subgerencia del Hospital Universitario Central de Asturias, por la que se adjudica nombramiento temporal de un puesto de Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia.
BUSCAS 24/01/2012
El cambio del reglamento de contratación del Sespa genera un aluvión de recursos
La plataforma de centros concertados, el personal del ERA y el Simpa advierten contra una normativa que pretendía acabar con la litigiosidad
Foto: Representantes de la plataforma de centros concertados, ante el registro del Sespa, con cientos de recursos. nacho orejas
Lne.es » Sociedad Gijón, P. R. / A. R.
La gerencia del Servicio de Salud del Principado (Sespa) firmó a finales de diciembre una resolución con la que enmendaba la plana al último reglamento de contratación de personal estatutario temporal firmado por la Administración socialista. En su resolución, la gerencia del Sespa dejó claro que se proponen diversas modificaciones en aspectos de la contratación temporal «para determinar criterios claros en la gestión de las listas de demandantes de empleo» con la pretensión de «poner fin al enorme índice de judicialización en la materia» que se sufría desde hace años.
Pero no parece que las intenciones del Sespa vayan a verse cumplidas. La citada resolución ya es contestada desde múltiples frentes y lleva camino de convertirse en fuente de tanta o más litigiosidad que las precedentes, pese a que la administración sanitaria de Foro Asturias deja entrever en la resolución de diciembre que gran parte de las modificaciones estaba «amparada en el acuerdo de la totalidad de organizaciones sindicales que han tomado parte en la negociación».
A finales de la semana pasada más de medio millar de recursos de alzada, firmados por otros tantos afectados, todos ellos personal temporal de centros sanitarios concertados, se presentaban por registro ante las instancias del Sespa, como primer paso antes de llegar a los tribunales de justicia ordinarios. Otros cientos más de recursos los están firmando personal que ha trabajado o trabaja en el ERA (Establecimientos Residenciales de Ancianos) y desde el sindicato médico (SIMPA) también se anuncia que habrá oposición judicial si no se retira algún apartado de la nueva norma.
Este reglamento tiene su punto más conflictivo en la modificación de los baremos en lo referente al cómputo de los servicios prestados -una de las claves para tener un buen puesto en la bolsa de empleo-. Con ella se intenta poner fin a la decisión tomada en 2010 por los socialistas, que llevó a que computara de forma idéntica, con vistas a los servicios prestados, cada día de trabajo en la red sanitaria pública que en centros de carácter asistencial (ERA) del Principado, o incluso en los concertados. Ahora la normativa deshace esa igualdad y da a los trabajadores de Arriondas, Adaro y el ERA, la mitad de la puntuación que se otorga por día de trabajo a los empleados de la red pública; y aún menos -un cuarto de esa puntuación- a los que hubieran pasado por Jove, Cruz Roja, Hospital de Avilés o el Centro de Transfusiones del Principado. Esa decisión, que ha logrado aunar la protesta de las plantillas de los centros concertados y del ERA, ha sido acogida con enorme alivio por parte de los eventuales del Sespa, que se consideraban agraviados por la norma socialista.
Mientras la red concertada se ampara en sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que, reiteradamente, han confirmado que debe puntuar igual el trabajo realizado en todos los centros sanitarios, ya que a la postre es trabajo contratado y pagado por la Administración, desde el Sespa se quieren hacer valer ahora una sentencia del Supremo, obtenida en otra comunidad autónoma, que podría justificar el vuelco a la situación.
Mientras los tribunales no resuelvan, el Sespa podría llevar a cabo una nueva baremación de todos los trabajadores eventuales de las bolsas de empleo que, si como se temen en algunos colectivos, se lleva a cabo con carácter retroactivo, supondría dar un revolcón importante a las posibilidades de trabajo de muchos eventuales sanitarios.
El otro punto débil de la norma, que tiene cabreado al sindicato médico, sería la decisión de otorgar continuidad al personal eventual una vez finalizada la fecha de finalización del contrato cuando se mantiene la necesidad. Según portavoces del Simpa, esa norma afectaría sobre todo a Atención Primaria, donde siempre se ha respetado que a la finalización de un contrato eventual, aunque la necesidad siguiera, de nuevo hay que baremar por si pudiera optar a ese puesto alguien que estuviera disponible por algún motivo y con buena puntuación. «Se van a crear numerosos agravios, están dejando a gente con muchos más méritos y capacidad en la calle, con lo que se avecina una nueva oleada de demandas», asegura Nicolás Gonçálvez, médico y abogado del SIMPA.
El SIMPA, siempre según la misma fuente, ha tratado de reunirse con el director de recursos humanos del Sespa para tratar de resolver el asunto de la judicialización de los procesos, pero no ha obtenido respuesta. «No hay ningún dialogo», señala Gonçálvez. Y añade: «Se enfrentan, una vez más, a infinidad de recursos».