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Los intereses que hay detrás de las propuestas privatizadoras de la Sanidad

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Luisa Lores | Miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica

nuevatribuna.es | Actualizado 13 Diciembre 2011 - 14:31 h.

El Grupo Ribera Salud, constituido por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Bancaja (actualmente integrada en Bankia), gestionaba 28 hospitales y 100 centros de salud en España. La CAM, a pesar de haber recibido una gran inyección de dinero público (2800 millones de euros[1]) ha tenido que ser intervenida y actualmente ha sido vendida al Banco Sabadell por 1 euro.(leer más)

La crisis dispara en casi un 40 por ciento el gasto en el salario social desde 2008

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El Principado ha destinado en los últimos cuatro años más de 120 millones a la prestación básica, que ya reciben 7.700 asturianos

Foto: Paloma Menéndez.

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Román García: «Se vuelve a una concepción de la cooperación de hace sesenta años». 

Lne.es » Asturias   Oviedo, J. A. ARDURA

La crisis ha disparado en casi un 40 por ciento el gasto en el salario social desde 2008. La concertación social, firmada por el Gobierno regional y los agentes sociales, patronal y sindicatos, preveía una partida de 89 millones para el salario social para los cuatro años de vigencia del acuerdo, entre 2008 y 2011. La recesión económica ha dejado corta esa previsión y el salario social habrá consumido a finales de este ejercicio más de 120 millones de euros de los Presupuestos regionales en esos cuatro ejercicios. El número de solicitudes ha crecido en lo que va de año cerca de un 8 por ciento respecto a 2010, según los datos facilitados ayer por la Consejería de Bienestar Social, un día después de que la titular de ese departamento, Paloma Menéndez, admitiera que la reducción de la espera del salario social está costando más de lo previsto. El Ejecutivo regional se había comprometido a agilizar la tramitación del salario social para ajustar los tiempos de espera a los tres meses establecidos en la ley autonómica, plazo incumplido por los gobiernos precedentes.

 

La prolongación de la crisis económica ha tenido reflejo en las partidas presupuestarias consumidas por el salario social, la prestación que supone «la última red» o cobertura para más de 7.700 asturianos, que no disponen de los recursos necesarios para sus necesidades básicas y que ya no perciben prestaciones por desempleo. La previsión plurianual, fijada en la concertación social para 2011, era de 21,7 millones de euros pero el presupuesto regional, aprobado por la Junta General, ya reflejaba una cantidad de 32 millones de euros para ese gasto. Las necesidades de ese derecho subjetivo también dejaron corta esa cifra, hasta el punto de que el 31 de agosto el gasto de esa partida ya se situaba en 28,6 millones de euros y todavía quedaba por delante el último cuatrimestre del año. De mantenerse ese ritmo, el salario social habrá supuesto un desembolso de 38 millones de euros anuales para las arcas regionales a fin de año.

 

La Consejería de Bienestar Social informó ayer de que hasta el 30 de noviembre se habían presentado un total de 3.417 nuevas solicitudes para cobrar el salario social. Los titulares de esa prestación en esa misma fecha son 7.764, casi un diez por ciento más que un año atrás. En lo que va de este año se han valorado 4.782 expedientes, pero todavía están pendientes de evaluar 4.003, 624 de los cuales proceden todavía del ejercicio anterior, 2010. La titular de Bienestar Social, Paloma Menéndez, admitió el pasado lunes en el Parlamento regional que el proceso para resolver los expedientes tiene una duración de entre nueve y diez meses, espera que atribuyó al «atasco heredado» del Gobierno anterior y a la falta de medios suficientes en su departamento, un argumento que recordó el «tira y afloja» mantenido por los socios del bipartito regional, PSOE e IU, para reforzar los equipos de valoración que dependían de una de las consejerías gestionadas por la coalición. Bienestar Social reveló que valora 23 expedientes al día mientras que la media de nuevas solicitudes es de 15. Y la previsión del Gobierno regional es que la demanda «va a ir en aumento, dado el contexto de crisis económica».

 

«La agilización del salario social necesita personal. Es una cuestión de voluntad política y está claro que el actual Gobierno regional se ha marcado como objetivo desmontar el nivel de prestaciones por la vía de los hechos. El Ejecutivo quiere recortar gastos y está retrasando, de forma intencionada, la gestión de esa prestación», afirmó Pablo Prieto, responsable de comunicación de Izquierda Unida de Asturias, quien cargó contra la consejera de Bienestar Social, por cuestionar el interés en buscar empleo de quienes reciben el salario social. «Hay que tener más respeto a un colectivo, formado en parte por viudas y madres separadas con hijos a su cargo. Las dificultades para encontrar empleo en Asturias afectan a 90.000 parados», afirmó Pablo Prieto.

Excelente, a mi juicio, artículo de Albert Recio…

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Sanidad pública, intereses mercantiles y cohesión social

Por Albert Recio – Consejo Científico de ATTAC España



Hace tiempo que la sanidad pública está en la mira del capital. No en vano el gasto sanitario constituye una importante partida económica, y por tanto fuente potencial de negocio. La prueba es que una parte del gasto sanitario llena las arcas de las empresas farmacéuticas y proveedoras de equipamiento sanitario, que suelen encontrarse entre los negocios más rentables del planeta. No en vano también allí donde la gestión sanitaria privada está más extendida, los EE.UU., el peso del negocio sanitario constituye la partida más importante del PIB, algo que tiene poco que ver con el nivel de eficiencia del modelo sanitario si se toman como referencia indicadores de esperanza de vida o de desigualdad en el acceso a la asistencia sanitaria.

Hace ya tiempo que algunas Comunidades Autónomas, especialmente Madrid y la Comunidad Valenciana, adoptaron un modelo de externalización de la gestión sanitaria cuyos efectos sobre el bienestar de la población y las condiciones de trabajo del personal merecen ser evaluados. Hace unos meses una evaluación de la calidad de los sistemas sanitarios en base a 19 indicadores sitúo a ambas comunidades en la categoría de “deficientes” (junto con Canarias y Galicia, siendo la Comunidad Valenciana la peor calificada. (El País, 2 septiembre 2010).

También en Catalunya ha existido desde siempre un sistema mixto de gestión sanitaria, en parte heredado del modelo sanitario anterior al establecimiento de la seguridad social. Un sistema sanitario donde se combinan hospitales públicos con una extensa red de centros semipúblicos, en manos de patronatos con presencia de instituciones locales, Iglesia Católica y grupos privados. CiU, en su largo mandato en la Comunidad, reforzó este modelo y le dio estructura, algo bastante parecido al doble circuito educativo. El Triparto fue incapaz de cambiarlo y aunque incrementó el gasto sanitario también llevó a cabo una reforma estatutaria del Institut Català de la Salut (el propietario de la parte pública del sistema) que apostaba por una gestión más liberal. La excusa siempre es el alto y creciente coste sanitario y la necesidad de modernizar la gestión. Un alto coste que es difícil de argumentar cuando se contrasta el gasto sanitario español con el de países de la UE (tanto en términos de PIB como de gasto per cápita), como el catalán respecto al resto de España (según el informe citado el gasto per cápita catalán solo está 4 euros por encima del gasto medio y se sitúa en la mitad de la tabla.

El nuevo gobierno de CiU, con el ínclito conseller Boi Ruiz a la cabeza, no ha dudado sin embargo en lanzar una auténtica cruzada en pos de la demolición del sector público sanitario. La política de ajuste presupuestario ha sido la excusa para ello. El cierre de camas y quirófanos hospitalarios, de urgencias en los ambulatorios (especialmente grave en zonas semirrurales donde los hospitales están distantes) han generado cabreo y sentimiento de deterioro, Tras las elecciones, CiU se siente con músculo para seguir su política privatizadora, ya visible en uno de los múltiples apartados de la “ley omnibus” donde se contempla la posibilidad que los hospitales públicos alquilen a operadores privados sus plantas cerradas y sus quirófanos, que han dejado de operar por la tarde. Un regalo al sector privado que podrá ofrecer a quien tenga dinero la alta calidad de la asistencia pública sin tener que pasar por las engorrosas (y al menos democráticas) listas de espera. Ahora se propone otra vuelta de tuerca, primero en forma de un nuevo copago por receta médica (como no se puede cambiar la realidad se crea el neolenguaje y se le llama ticket moderador) y después con la propuesta del siempre contundente Boi Ruiz a favor de crear un seguro privado obligatorio para la gente con recursos y dejar el servicio público para los pobres (aunque al paso que vamos con el paro y los recortes salariales la categoría “pobre” va camino de ser universal).

No deja de ser insólito que en Catalunya se defienda la gestión de las mutuas privadas como una muestra de eficiencia y buen hacer cuando en el pasado la Generalitat dedicó importantes recursos al salvamento de gestiones fallidas y fraudulentas (Hospital General de Catalunya, Mutua l’Aliança) y otras importantes instituciones han entrado en barrena (Agrupació Mútua) o han estado salpicadas por importantes casos de corrupción (Mutua Universal). Si de algo puede presumir el sector privado catalán es de fracasos continuados de gestión.

La propuesta, de ir adelante, significa bastante más que una mera privatización. Significa la ruptura del propio concepto de ciudadanía y de solidaridad social por cuanto se rompe el continuo entre los que pueden pagar y los que no. Si el problema es meramente financiero, y se supone que hay una parte de la población con recursos, bastaría subir los impuestos a esta parte de la población para cubrir el aumento del gasto. Propugnar un doble circuito es sin embargo optar por un modelo dual, uno “de pago” (aunque todo el mundo sabe que al final las mutuas privadas practican todo tipo de discriminaciones para reducir sus costes) y otro para pobres. Una nueva oportunidad para fomentar una cultura de la insolidaridad e incultura fiscal de las clases medias y un desprecio frente a los pobres que se salvan del seguro privado. En un país con elevados índices de evasión fiscal, con un elevado porcentaje de población inmigrante pobre, este modelo es una verdadera invitación a la iniquidad y la xenofobia. Ruiz no es solo un privatizador sino un verdadero agente promotor de la fragmentación social. Algo en lo que se muestra tozudo, pues ya antes de hacer esta propuesta atribuyó los problemas de salud a la genética y los hábitos individuales (otra forma de mentalizar a la población de que la gente enferma lo es por culpa propia, de separar buenos y malos ciudadanos, aunque entre los factores de malos hábitos nunca suelan incluir el del uso intensivo de los vehículos que generan contaminación y accidentes, ni el de las malas condiciones de trabajo).

Boi Ruiz, lo que representa, no es solo un peligro para la sanidad sino también para el mismo sentido de sociedad. No solo promueve negocio sino también división social, clasismo. No es por desgracia el único. Ahí están también los responsables de la sanidad gallega y balear desactivando ilegalmente tarjetas sanitarias a gente desamparada. Hay que pararles los pies: está en juego nuestra salud y nuestro sentido de sociedad.

Artículo publicado en Mientras Tanto Electrónico.

Procedimientos sancionadores consecuencia de recortes … ¡¡lo que faltaba!!

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El comité de empresa del Hospital de Jove protesta contra cuatro sanciones

La Nueva España.
El comité de empresa del Hospital de Jove ha convocado para hoy, a las tres de la tarde, una protesta de los trabajadores contra las medidas disciplinarias adoptadas por la gerencia del centro contra cuatro empleados. Sanciones, todas ellas, que tienen que ver con supuestas desatenciones a pacientes ingresados en el centro y que los portavoces de la plantilla atribuyen a la carga de trabajo que se soporta en el Hospital de Jove y a las consecuencias que están teniendo los ajustes presupuestarios, que han derivado en menos contrataciones y están pasando factura al personal.

Los hechos que han acabado por generar la protesta de hoy tienen que ver con tres sanciones «graves» que pesan sobre otros tantos trabajadores que por diversas circunstancias de carga de trabajo no ofrecieron a tres pacientes ingresados en el hospital la posibilidad de elegir el menú del día, un servicio implantado en Jove desde hace algún tiempo para beneficiar a quienes no tienen que seguir una dieta determinada. La cuarta sanción tiene que ver con la negativa de un sanitario a levantar a un paciente de la cama, amparándose también en el poco personal y

BUSCAS 13/12/2011

BUSCAS  13/12/2011

 

 

 

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No hay acuerdo en el Niemeyer tras 13 horas de reunión

No hay acuerdo en el Niemeyer tras 13 horas de reunión

 

 

«He hecho todo el esfuerzo para llegar a un pacto», dice Varela, mientras Cultura guarda silencio

 

13.12.11 - 02:39 - JESÚS GONZÁLEZ jaizpurua@lavozdeaviles.es | AVILÉS.

 

Se cumplen tres meses de un conflicto que augura un incierto futuro para el complejo cultural.El último intento de llegar a un acuerdo entre las partes en conflicto en torno a la gestión del Centro Niemeyer acabó ayer en fracaso, al menos por ahora. Ni Ayuntamiento ni Principado lograron cerrar un acuerdo tras 13 horas largas de reunión en la sede de la consejería de Cultura. Pero tanto debate no sirvió, aparentemente, para gran cosa.

«He sido la última en levantarme de la mesa», afirmaba la alcaldesa, Pilar Varela, cuando regresaba a Avilés tras un encuentro iniciado a las nueve y diez de la mañana, y que se decidió levantar a las diez y veinticinco de la noche. «He hecho todo el esfuerzo posible para llegar a un acuerdo», añadió la primer edil mientras desde la consejería de Cultura preferían guardar silencio y agarrarse a la última aparente posibilidad de que se cierre el conflicto. Al parecer, esa posibilidad no es sino la respuesta que el Principado dará previsiblemente hoy a la última propuesta de la alcaldesa: «Que siga la Fundación gestionando el Niemeyer», indicó Varela. En caso de que la respuesta «no sea positiva» por parte de la consejería de Cultura, «la Fundación finalizará su vínculo con la responsabilidad de gestionar el centro Niemeyer, que cerrará sus puertas», añadió.

Ese parece, pues, el más posible escenario que se planteará este mismo viernes para el equipamiento cultural avilesino, que en tal caso pasaría a ser gestionado directamente por el Gobierno del Principado. Se cerraría de ese modo, y al margen de que el enfrentamiento entre el ejecutivo autonómico y la Fundación tome otros derroteros de tipo judicial, un conflicto que ha mantenido la incertidumbre sobre el futuro del Niemeyer en los tres últimos meses.

La crisis estalló en el mes de septiembre, con una 'sui generis' convocatoria del Patronato de la Fundación, emitida por el consejero de Cultura, que no había tomado posesión de su puesto en dicho órgano, y dirigida tanto a patronos no reconocidos por su Gobierno, como a personas que aún no son parte del mismo.

Los representantes de Foro Asturias convocados fueron los únicos que respondieron a la frustrada convocatoria. Principado y Ayuntamiento decidieron entonces anunciar una negociación sobre el futuro del Niemeyer, pero esa misma tarde, desde la consejería se contribuiría a calentar el ambiente con un comunicado en el que se denunciaban «graves irregularidades» contables en la gestión del centro.

Acusaciones

Esas acusaciones serían el 10 de septiembre reforzadas con la publicación de un informe provisional de la Intervención del Principado en el que se señalaban algunos reparos a las cuentas de la Fundación. El Gobierno del Principado empieza a fraguar su discurso, que se centra en las dudas acerca de la transparencia en el gasto del dinero público que recibe el Centro Niemeyer. La alcaldesa, ese día, convoca un pleno extraordinario en apoyo a la labor de la entidad dirigida por Natalio Grueso.

El 11 de septiembre, reacciona la propia Fundación y su secretario, José Luis Rebollo, anuncia medidas legales contra el Principado. Al día siguiente los votos de PSOE y PP sacan adelante en el Pleno una resolución que reprueba al Gobierno autonómico. En internet, se iba fraguando la conformación del grupo 'Yo Apoyo Centro Niemeyer', posterior punta de lanza de las movilizaciones en defensa de la gestión desarrollada por la Fundación.

La tensión se mantuvo hasta que alcanzó un nuevo 'pico' el 26 de septiembre. Tras una reunión entre la alcaldesa y el presidente del Principado, en la que Álvarez-Cascos insistiría en reclamar «transparencia», se produjo una muy comentada intervención del consejero de Cultura. La persona a la que el presidente autonómico remitía como interlocutor en el conflicto, se despachaba con una serie de críticas a la programación del equipamiento que levantaron ampollas. Su consideración de la obra escultórica de Gabarrón o el excesivo peso que, a su entender, tendría «la cultura del espectáculo» en el Niemeyer, fueron afirmaciones que no contribuyeron a calmar las aguas.

La crispación alcanza entonces su máximo nivel y a los dos días se improvisa una primera protesta de 'Yo Apoyo Centro Niemeyer' en El Parche que congrega a unos pocos cientos de personas. Al domingo siguiente, dos de octubre, el grupo convoca una protesta entre la plaza de Santiago López y el propio centro cultural, ya con el respaldo de la Unión de Comerciantes Ucayc y los sindicatos, que logra reunir a cerca de cuatro mil personas. La cifra se incrementaría quince días después hasta las cinco mil personas, entre las que no faltó una nutrida representación de dirigentes y candidatos del PSOE, del PP y de IU para las elecciones que tendrían lugar en un mes.

El 18 de octubre, se produce una nueva comparecencia de Vallaure en la que reitera sus planteamientos sobre la gestión desarrollada por el Niemeyer y no descarta un cierre temporal del complejo si tras ese periodo «sale reforzado». El consejero insiste en rechazar los cambios estatutarios que, incluso con el anterior Gobierno autonómico ya en funciones, impedían el control público del patronato y designaba como patrono vitalicio al ahora expresidente del Principado y senador socialista, Vicente Álvarez Areces.

El ambiente siguió calentándose en las semanas siguientes, en plena campaña electoral, con cruces de declaraciones y en medio de unas movilizaciones que, poco a poco, van perdiendo concurrencia y reorientándose hacia acciones que buscan la originalidad y desmarcarse de acusaciones de partidismo.

Pasadas las elecciones, los pasos se suceden. El 22 de noviembre, el Principado reclama a la Fundación que devuelva la subvención recibida en 2007, que al parecer no se gastó debidamente. Ese mismo día, el secretario de la entidad pide amparo a la Fiscalía de Asturias, que al día siguiente anuncia la admisión a trámite de esa denuncia. Días después, en vísperas de la reversión de los edificios al Principado, la consejería reclama también la devolución de la subvención correspondiente a 2008, hasta un millón de euros.

Así, las posturas llegaban a la reunión de ayer con trazas de ser irreconciliables. De no haber acuerdo, los tribunales tendrán la última palabra sobre el Niemeyer.

Posición más que obvia en consonancia con la Confederación Europea de Sindicatos (CES)…

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CCOO y UGT manifiestan su profundo desacuerdo con las conclusiones del Consejo y del Eurogrupo

Tras analizar los documentos que recogen las conclusiones de las cumbres del Eurogrupo y del Consejo Europeo, del pasado 9 de diciembre, CC OO y UGT manifiestan su profundo desacuerdo con las mismas por las siguientes razones

En primer lugar porque, a pesar del riesgo inminente de recaída en la recesión y cuando la cifra de desempleados en Europa se acerca a los 25 millones, no se adoptó ninguna medida que pueda favorecer el crecimiento de la economía y el empleo. Por el contrario, las propuestas sobre el gobierno económico de la Zona Euro y la UE, no son sino la consagración jurídico-política de las políticas de austeridad y ajuste presupuestario que están llevando a Europa a la recesión.

El acuerdo del Eurogrupo, al que se sumarán entre seis y nueve países que no tienen el euro pero no el Reino Unido, afirma que se avanza hacia la "unión de estabilidad presupuestaria". Toda una declaración de intenciones sobre lo limitado de sus propósitos. El acuerdo sólo habla de los procedimientos -vigilancia, intervención y castigo- para imponer el equilibrio presupuestario a todas las naciones, para siempre y sin mención alguna a las situaciones de excepción. No dice nada de fiscalidad y sólo expresa un compromiso genérico para reforzar la coordinación de la política económica.

UGT y CCOO al igual que la Confederación Europea de Sindicatos (CES), manifiestan su rechazo más absoluto al procedimiento antidemocrático de elaboración del Tratado internacional que contendrá el desarrollo de las propuestas acordadas, y cuya articulación con los Tratados de la UE es una incógnita. La declaración del Eurogrupo recoge la aspiración de Suecia y la República Checa de poder consultar a sus parlamentos nacionales sobre los contenidos del acuerdo. Lo que presupone que los demás no tendrán la oportunidad de hacerlo y, en pura lógica, el que también se excluirá a los interlocutores sociales europeos y las organizaciones de la sociedad civil de cualquier participación real en una reforma que afectará profundamente a las políticas económicas, al empleo y a los servicios y prestaciones básicos del Modelo Social Europeo.

Esta forma de proceder es un paso más en la ampliación de los espacios de toma de decisiones al margen de los procedimientos vigentes en cualquier tipo de democracia parlamentaria. Contribuye, junto con la imposición de políticas equivocadas e injustas, al progresivo alejamiento de la ciudadanía de las instituciones europeas. La imposición de todas las decisiones por parte del gobierno conservador alemán, con la ayuda del francés, marginando permanentemente a las instituciones europeas, es otro factor de degradación de la democracia europea que pone en peligro el propio proyecto de la UE.

Para resolver la crisis de las deudas soberanas -el problema más acuciante que está desangrando los recursos de numerosos Estados, entre ellos España- no hay apenas novedades. Ni eurobonos, que sí estaban en la propuesta de Van Rompuy, ni un papel más activo del BCE. Sólo una rectificación de los acuerdos del Consejo de octubre: no habrá más quitas de las deudas públicas más allá de la griega. Se repara así un error monumental aprobado en la Cumbre del Consejo del pasado mes de octubre. Y los Estados europeos prestarán 200.000 millones de euros al FMI para que este organismo pueda, a su vez, prestarlos a los países más necesitados. Es  dudoso que estas decisiones sirvan para evitar que los especuladores vuelvan a la carga en los mercados de la deuda.

CC OO y UGT reiteran las exigencias que la CES ha comunicado a todos los miembros del Consejo Europeo: los cambios en los Tratados deben seguir un proceso enteramente democrático y permitir la participación efectiva de la Confederación Europea de Sindicatos, como organización unitaria de los trabajadores europeos; deben incluir una cláusula de progreso social que garantice el acervo social de la UE y el respeto a los derechos fundamentales, en particular el de negociación colectiva hoy seriamente amenazado; hay que promover con urgencia un plan europeo de inversiones para un crecimiento sostenible; el BCE tiene que sostenerlo al tiempo que actúa en los mercados de la deuda; la UE tiene que dar ya los pasos para emitir eurobonos, establecer un impuesto a las transacciones financieras, aplicar una política fiscal justa y desarrollar una fuerte acción concertada contra la evasión y el fraude fiscales y la abolición de los paraísos fiscales.

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Designación de tribunales calificadores, listas de admitidos y fecha de las pruebas…

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OPE Geriatras y Cirujanos Plásticos.

Primer ejercicio el día 17 de febrero de 2012

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 'ADOLFO POSADA'

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, la acumulación provisional de plazas resultantes del concurso de traslados, declarar provisionalmente desiertas las plazas convocadas por el turno de promoción interna y acordar su acumulación provisional a las plazas convocadas por el turno libre, la designación del tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de cuatro plazas, por turno libre de la categoría de Facultativos Especialistas de Área, Especialidad de: Geriatría, Grupo A, Subgrupo A1, y en régimen de personal Estatutario fijo (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 31 de diciembre de 2008). 

PDF de la disposición

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, la acumulación provisional de plazas resultante del concurso de traslados, la declaración provisional de desiertas de las plazas convocadas por el turno de promoción interna y su acumulación provisional a las plazas convocadas por el turno libre, la designación del tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de cuatro plazas, por el turno libre de la categoría de Facultativos Especialistas de Área, Especialidad: Cirugía Plástica y Reparadora Grupo A, Subgrupo A1 y en régimen de personal estatutario fijo (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 31 de diciembre de 2008). 

PDF de la disposición