El ajuste que viene
Rechazo en el Principado a importar los planteamientos adoptados por Mas, que confía en ahorrar mil millones este año Rajoy podría seguir el mismo camino iniciado por el Gobierno catalán
12.12.2011 - J. A. GARCÍA, GIJÓN, en El Comercio.
El Gobierno catalán ha abierto la espita de los recortes después del 20-N. El Ejecutivo de CiU, presidido por Artur Mas, prevé rebajar el sueldo a los funcionarios, incrementar tasas y probar fórmulas de copago farmacéutico al objeto de conseguir ahorrar mil millones el próximo año. Este es un camino que bien podría seguir Mariano Rajoy una vez que tome posesión como presidente del Gobierno. El PP no oculta la necesidad de afrontar importantes recortes y no se descarta la adopción de medidas antipopulares como las que ya tuvo que adoptar el Ejecutivo saliente de Rodríguez Zapatero. Asturias no es ajena a esta situación. Los números tampoco cuadran en el Principado y el Gobierno de Álvarez-Cascos podría verse obligado a impulsar un nuevo ajuste antes incluso de que acabe el año, en función de los ingresos.
No sería descabellado pensar, a estas alturas en una traslación de los recortes catalanes a Asturias. Si bien los partidos que conforman la oposición han avisado de que se opondrán a este tipo de medidas, la delicada situación de las arcas públicas puede obligar al Ejecutivo de Foro a sacar de nuevo la tijera tras un ajuste inicial de 156,8 millones, aprobado en la primera semana de octubre. El Gobierno de Cascos ha repetido en varias ocasiones que cualquier medida de ahorro que se adopte no afectará a la prestación de los servicios públicos. Una tesis que rebaten ya desde la oposición, al considerar que el recorte ha empezado por los equipamientos, como las residencias de mayores o el propio Hospital Central.
En Cataluña, por el contrario, no existe duda alguna. El 'Govern' inició el tijeretazo con cierres de quirófanos ambulatorios o camas hospitalarias y despidos en el sector educativo. Hecha esta primera prospección en el gasto, la tijera vira hacia los funcionarios a los que se les bajará el sueldo otra vez, y al ciudadano medio que pagará más por algunos servicios públicos como el canon del agua, la gasolina, el transporte metropolitano y las tasas universitarias.
Cataluña cuenta en la actualidad con un total de 239.760 funcionarios, de los cuales 143.946 trabajan en organismos de la Generalitat. Mas prevé reducir entre un 1 y un 3% las retribuciones y, al mismo tiempo, eliminar una de las pagas extras y suprimir días de asuntos propios. La Administración catalana, hay que recordar, sólo puede tocar el complemento específico, que supone alrededor de un tercio del salario de los trabajadores públicos. El objetivo es ahorrar 600 millones en el próximo ejercicio.
Funcionarios en Asturias
En Asturias no se ha planteado llevar a cabo una iniciativa de este tipo todavía, aunque no se puede descartar una vez que Rajoy anuncie cuáles son sus planes para el conjunto del país. A día de hoy, hay unos 60.000 funcionarios, de los cuales casi 36.000 dependen de la Administración autonómica. Una décima parte de los trabajadores públicos están en situación de precariedad laboral, es decir, son trabajadores eventuales, y serían, a buen seguro, las primeras víctimas si se produjeran recortes en el capítulo de personal.
De todas maneras y teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de la plantilla pública en los últimos años, el Ejecutivo podría llegar a plantearse adoptar esta alternativa como una de las opciones para abordar el recorte del déficit. Los datos de que dispone el Principado constatan la abultada factura que para las arcas regionales suponen los gastos de personal, que se han multiplicado en la historia más reciente. Entre 2003 y 2009 la nómina anual creció un 51%. Sólo el abono de las nóminas de los funcionarios del Principado supuso en 2009 un desembolso de 1.566 millones, más de un tercio del presupuesto del ejercicio, que rozó los 4.400 millones. El Servicio de Salud (742 millones) y la educación (453 millones) absorbieron la mayor parte de esa notable cuantía.
Los funcionarios no serán los únicos afectados por los recortes, aunque sí los que más lo sufrirán. El resto de ciudadanos tampoco se libra y tendrán que pagar más impuestos. Cataluña proyecta, por ejemplo, una subida tributaria que afectará a los hidrocarburos que, céntimo a céntimo, recaudan millones de euros para las arcas públicas. Mas ha prometido que no afectará a pescadores, agricultores o transportistas, pero las críticas no han parado de sucederse desde que el Govern anunció esta medida. Su planteamiento llega casi al mismo tiempo en el que Asturias busca fórmulas para eliminar precisamente el impuesto de las gasolinas, conocido como el 'céntimo sanitario'. Cascos afirmó en varias ocasiones que ésta sería una de las primeras medidas de su Ejecutivo, aunque la delicada situación de las arcas regionales ha dejado en el alero el cumplimiento de esta promesa. Las arcas públicas ingresan en torno a 2,4 céntimos por litro sobre la venta minorista de gasolina, lo que supone al final de año para una comunidad como Cataluña, que ya lo aplica, 150 millones de euros.
Entre las medidas que plantea el Gobierno de Mas está subir las tasas públicas en la Universidad, donde ya subieron este mismo año un 7,5%. Llama la atención que Cataluña y Asturias tengan las universidades más caras de España, lo cual agrava la magnitud de esta medida que a buen seguro no será bien digerida por los estudiantes. Estudiar los cinco años de una carrera como Derecho en el Principado cuesta casi dos mil euros más que hacerlo en Andalucía o Extremadura.
El agua será también más cara a partir de ahora en Cataluña. Una medida similar a la adoptó el Gobierno de Areces y que incluyó en sus últimos presupuestos. El Ejecutivo que formaban socialistas e IU decidió incrementar el denominado canon de saneamiento al objeto, según explicaron en su día, de financiar las obras pendientes. Lo cierto es que una familia media ha visto incrementada la factura en cerca de 70 euros anuales.
Ticket moderador
Sin embargo, la medida más controvertida de todas las que plantea el Ejecutivo catalán tiene que ver con el denominado 'ticket moderador' que no es más que una fórmula de copago farmacéutico. A través de esta vía, la Generalitat pretende moderar el consumo de medicamentos mediante el cobro de una tasa o peaje por cada receta farmacéutica dispensada en la sanidad pública. La propuesta no es nueva, ya en el pasado se habló de cobrar una cantidad simbólica, en torno a un euro, por receta y aún está en fase de estudio y pendiente de aprobación. En Europa hay muchas versiones de esta modalidad, ya sea por visitas, por recetas o por cada una de las veces que se va a urgencias. En cualquier caso, marca una tendencia para «evitar abusos» en la compra de medicamentos, según Mas, que descartó que la Sanidad pública catalana vaya a cobrar por ir a un hospital, a un ambulatorio o a un especialista.
En Asturias todas las voces se han manifestado en contra de adoptar fórmulas de este tipo. Todos los partidos, incluido el PP, coinciden en que el copago no resuelve el problema de la sanidad. Lo cierto es que el Principado tiene un problema que se agrava aún más por las peculiaridades de su población, la más envejecida de España. A pesar de que en el último año, Asturias acumula una bajada del 8,76% en el gasto en medicinas, la región sigue siendo, con 12,89 euros, la comunidad con mayor gasto medio por receta. Esto significa que en el Principado se sigue consumiendo un importante volumen de medicinas. El pasado mes de julio, por ejemplo, se tramitaron más de dos millones de recetas.
El Gobierno regional insiste en que no habrá recortes en este campo y consideran que la centralización de las compras de productos sanitarios abaratará los costes. No obstante, desde el Ejecutivo reconocen que existe un problema y por ese motivo han propuesto ya un fondo para refinanciar la deuda de la sanidad.
VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA
