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Más de un centenar de profesionales de la Medicina y de la Enfermería del ámbito estatal participan en la I Jornada de Urgencias

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30/11/2011. El secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), Antonio Cabrera, subraya la necesidad, más aún ahora en este contexto convulso, de responder a algunos puntos críticos que presentan actualmente los diferentes servicios de urgencias en al ámbito estatal, y subraya que espera "enriquecer" la visión y propuestas de este sindicato con las conclusiones que se han desprendido de esta jornada, y que hará públicas una vez sean refrendadas por sus órganos de decisión

El Hotel Velada de Madrid ha acogido, durante el día de hoy, día 30 de noviembre de 2011, la I Jornada ‘Urgencias en el Sistema Nacional de Salud. Análisis y proyección de futuro’, organizada por la FSS-CCOO. En esta jornada, que ha representado todo un éxito de participación, más de un centenar de personas, entre gestores, profesionales de la Enfermería y de la Medicina, y de la administración de diferentes servicios de salud del ámbito estatal, han analizado y debatido las

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Dos nuevas denuncias vinculan muertes con recortes en Cataluña

Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Vall d’Hebron

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Un hombre fallece de hemorragia cerebral tras esperar seis días una resonancia - "El quirófano se quedó sin luz y perdimos al bebé", lamenta otro afectado

 

FERRAN BALSELLS - Barcelona - 01/12/2011

 

Arrecia el goteo de denuncias que vinculan muertes de pacientes con los recortes que la Generalitat ha aplicado este año en sanidad pública y especialmente en los hospitales, donde el cierre de camas y quirófanos ha colapsado las urgencias y disparado las listas de espera. Ginés M., de 51 años, falleció por una hemorragia cerebral en el hospital Vall d’Hebron de Barcelona tras esperar que le realizaran una resonancia magnética que solo se le practicó seis días después, cuando empezó a sangrar por la nariz minutos antes de morir; Cristina R. G., de 28 años, ingresó en el hospital de Sant Pau embarazada de 34 semanas con una infección abdominal que no pudo operarse de urgencia por problemas con el suministro eléctrico. El retraso, de unas 30 horas, provocó supuestamente la muerte fetal por la infección. Así consta en las dos denuncias presentadas ayer por la Asociación el Defensor del Paciente (Adepa) y que los afectados achacan directamente a los ajustes de la Generalitat, supuesto que deberá dilucidarse en los juzgados.

 

Salud replica que es "irresponsable" achacar las muertes al ahorro sanitario

"No se trata de negligencias, son recortes. Mi marido murió en el hospital porque no tenían camas libres", resumió la esposa del fallecido, Maria del Carmen M. Los hospitales afectados rechazaron realizar comentarios sobre sendos casos "por respeto a la confidencialidad de los pacientes". El departamento de Salud que dirige Boi Ruiz, por su parte, replicó a última hora que considera "irresponsable" atribuir estos casos a los recortes "sin datos que lo fundamenten". "De forma puntual pueden producirse disfunciones en los servicios sanitarios", justificó Salud. "Las actuaciones se basan siempre en criterios asistenciales", añadió un portavoz del Vall d’Hebron. Se trata del mismo centro que ya ha sido denunciado en una causa que se halla en fase de instrucción por la muerte de una mujer por una aneurisma tras haber retrasado la operación durante días por el colapso en los quirófanos. En este segundo caso de fallecimiento irregular de un paciente, causa que ha sido registrada ya ante los juzgados de instrucción de Barcelona, el centro demoró durante casi una semana la realización de una prueba para diagnosticar una patología que resultó mortal.

 

Ginés M., que padecía espasmos y movimientos incontrolados en un brazo, ingresó en el hospital el pasado 24 de octubre sobre las 22 horas. Al día siguiente le realizaron varias pruebas, entre ellas un TAC. En él se apreciaron varias lesiones, pero los médicos señalaron que requerían una resonancia para calibrar el diagnóstico, según relata la denuncia. La urgencia, prosigue la sentencia, no podía realizarse en urgencias por lo que el paciente tuvo que esperar al día 27, jueves, para ser ingresado en una habitación convencional. "No tenían camas porque muchas estaban cerradas por los recortes de la Generalitat", aseguró entre sollozos la esposa del fallecido. Aún así, la resonancia se dejó para pasado aquel fin de semana. A la mañana del domingo día 30, sin embargo, el estado de Ginés M. se agravó con vómitos y hemorragias nasales. A las 11 de la mañana los médicos señalaron que realizaban "un escáner", detalla la denuncia. El resultado evidenció una hemorragia cerebral y que ya era demasiado tarde. "No se puede hacer nada", detalla que dijeron los médicos el texto de la denuncia. "¿Toda la vida pagando por la sanidad pública y cuando la necesitas pasa esto?", lamentó ayer Maria del Carmen acompañada de su hija.

 

"Nosotros hemos tenido suerte, ella está viva...", detalló Andrés P., esposo de la mujer que sufrió un abortó tras una infección. "Pero nos hemos quedado sin el bebé", remató. Cristina R. padeció una infección abdominal estando embarazada de más de ocho meses. Ingresó en el hospital Sant Pau en el momento más drástico de los recortes: en la madrugada del pasado viernes 1 de julio. Ningún cirujano pudo visitarla porque "estaban en el quirófano", señaló Andrés. Al día siguiente, minutos después de que ingresara en el quirófano, un empleado advirtió que no podrían operar por cortes de luz en la sala. "Por incidencia técnica en quirófano (fallo del sistema de iluminación de los quirófanos)", detalla el parte médico del hospital. Este centro no empleó el equipo de emergencia sin más explicaciones. La noche del 3 de julio, tras otro día con dolores y vómitos, se le realizó una cesárea y se le extrajo el bebé con parada cardiorrespiratoria. El pequeño falleció a las 4.46 del 4 de julio. "Al menos doy las gracias porque mi mujer ha salvado la vida", se consoló Andrés. El afectado está a la espera de pruebas periciales para presentar una querella penal.

 

"Deberían imputar a los que gestionan solo pensando en los recortes sin pensar en las personas", señaló la presidenta de Adepa, Carmen Flores.

 

El Gobierno se compromete a no restringir el gasto social, «dentro de las posibilidades»

El Gobierno se compromete a no restringir el gasto social, «dentro de las posibilidades»

 

 

IU da por hecho que «el año comenzará con prórroga presupuestaria» e insta al Ejecutivo a negociar «con la otra fuerza de la derecha»

 

01.12.11 - 02:37 - AIDA COLLADO AIDA COLLADO | OVIEDO.

 

El Gobierno se comprometió ayer a hacer «el mayor de los esfuerzos», para que «el gasto social no sea objeto de ningún tipo de restricción, dentro de las posibilidades financieras». Un gasto social que en el presupuesto todavía vigente está estimado en más de 2.800 millones, esto es, el 68% del total.

La intención de no tocar el gasto social el próximo año fue enunciada por el Ejecutivo regional ayer, tras la reunión mantenida con los responsables de Izquierda Unida. Fue el primer encuentro de la ronda de negociaciones que el equipo de Francisco Álvarez-Cascos mantendrá con el resto de formaciones políticas, con la intención de consensuar el presupuesto de 2012, del que, según informó el consejero de Presidencia, Florentino Alonso Piñón, ya se está elaborando «un primer borrador». El objetivo es llevar el proyecto a la Junta «lo antes posible», en un intento de evitar la prórroga presupuestaria, aunque ésta, reconoció, «es un escenario que está sobre la mesa»

IU es el único partido que, a día de hoy, ha respondido a la invitación del Alonso Piñón, quien ayer explicó que el PSOE aún «no ha contestado» a la misiva y el PP ha exigido «que se le envíe el documento base» de las cuentas, «antes de sentarse a hablar». El consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, avanzó que este documento básico estará listo «en unos pocos días» y, con toda seguridad, «será antes de final de año».

Resaltó que el techo de gasto de 4.069 millones anunciado por el Gobierno para 2012 puede sufrir variaciones «a la baja o al alza», en función de los escenarios macroeconómicos de la región y de España. Por eso, volvió a resaltar la importancia de contar con la «colaboración y cooperación» de la Administración general del Estado.

Recordó que el Ejecutivo regional ya ha solicitado en dos ocasiones al Gobierno central que se le abonen las partidas «pendientes de transferir» al Principado, que según sus cálculos ascienden a unos 1.640 millones. El titular de Hacienda busca así elaborar un presupuesto de «calidad», que cumpla con los objetivos de estabilidad para gestionar de manera responsable los fondos públicos, «tratando de que ningún asturiano pueda resultar afectado desde la gestión de lo público por la crisis financiera».

La reunión entre Ejecutivo e IU fue valorada de forma positiva por ambas partes. No obstante, el coordinador de Izquierda Unida en Asturias, Jesús Iglesias, dio por hecho que «el año comenzará con prórroga presupuestaria». En su opinión, tras el encuentro se puede asegurar que aprobar las cuentas de 2012 antes de fin de año es «prácticamente imposible». Y quiso aclarar que de momento el Gobierno sólo cuenta con «un escenario presupuestario y una serie de datos sobre la realidad económica» de la región y «no con un documento cerrado».

Iglesias transmitió a los consejeros de Presidencia y Hacienda que su partido está dispuesto a respaldar al Gobierno en las «exigencias para que Rajoy incremente los recursos a transferir a esta comunidad autónoma», así como para que «el sistema de financiación autonómica se cumpla rigurosamente». Aunque dejó bien claro que no apoyará ninguna reducción fiscal, porque sería «una medida suicida en un momento en que la recaudación está cayendo».

Pidió que «los presupuestos de 2012 reflejen lo que se derive de la concertación social que está en marcha», que no asuman «ningún recorte en la financiación de servicios públicos esenciales» y que no supongan «ninguna rebaja en el gasto social».

Asimismo, Iglesias descartó una hipotética moción de censura. «Creo que no es el escenario donde hay que colocarse ahora», aclaró antes de invitar a «las dos derechas» a que «se entiendan». Porque fueron los ciudadanos, aseveró, quienes con sus votos les emplazaron a ello. Y un primer paso sería acordar los presupuestos. De no ser así, la responsabilidad recaería sobre el presidente del Principado, quien debería analizar «hasta dónde puede llegar con sus fuerzas y tomar decisiones más oportunas». Una de ellas, disolver el Parlamento por propia iniciativa.

BUSCAS 1/12/2011

BUSCAS  1/12/2011

 

 

 

ENLACE CON LA BOLSA DE EMPLEO DEL HSA

http://www.hsa.es/enviar/uploads/docs/bepe.pdf

IU y el PP rechazan la nueva organización de los médicos de La Lila que estudia Sanidad

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«Parece esconder otros intereses», afirma Galcerán

Martín: «No es lógico cobrar 7.000 euros al mes por dos horas y media de trabajo diarias»

Foto: Fachada del Ambulatorio de La Lila. lne

Lne.es » Sociedad Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

 

El Partido Popular e Izquierda Unida manifestaron ayer su rechazo a la medida que estudia la Consejería de Sanidad de anular una reorganización que afecta a 40 especialistas del ambulatorio ovetense de La Lila, a quienes la pasada primavera se les redujo el cupo de pacientes y el salario.

 

Las dos formaciones consideran que en el actual contexto de crisis «no es sostenible» el proyecto de echar atrás una reforma con la que el anterior Gobierno aspiraba a ahorrar unos 300.000 euros anuales: Con una parte de este dinero se contrataron médicos para el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

 

Según Carlos Galcerán, diputado autonómico del PP, la nueva idea de la Consejería de Sanidad «parece esconder otros intereses» ajenos a los criterios de gestión. El PSOE ya había expresado su oposición al cambio, al tiempo que anunciaba su intención de solicitar la comparecencia del consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio, en la Junta General del Principado para exponer su postura.

 

La reordenación aplicada por el Ejecutivo de Areces había supuesto para los 40 facultativos una merma retributiva media de unos 600 euros mensuales. Tal y como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA, algunos de estos médicos -denominados «de cupo»- perciben más de 5.000 euros mensuales brutos. Uno de ellos superaba los 7.500. Por norma general, su jornada de trabajo es de dos horas y media diarias, o sea, doce horas y media semanales. El anterior equipo de la Consejería de Sanidad argumentó que los cupos de los especialistas afectados por el cambio estaban por encima de lo que establece la ley.

 

«La desaparición de los especialistas de cupo es una evolución natural. No deseamos que nadie salga perjudicado, pero no parecen de recibo, y más en estos momentos de crisis, las cifras que se barajan de sueldos y los tiempos de atención semanal», explicó Carlos Galcerán.

 

El diputado popular señaló que «la decisión de ir extinguiendo la figura del especialista de cupo ha sido tomada por todas las comunidades autónomas». A su juicio, si Foro Asturias -partido que sustenta al Gobierno regional- «propone potenciar a los especialistas de cupo, debería hacerlo público, como parte de su programa de gobierno, y debería explicar en la Junta General su nueva política sanitaria». Según Galcerán, antes de pensar en volver a la situación precedente «el Consejero debería haber esperado a la resolución de los recursos administrativos, primero, y a los judiciales, si los hubiera, después».

 

El portavoz sanitario del PP indicó que en la coyuntura actual, «con los importantes retos a los que se enfrenta este Gobierno en materia sanitaria, con un hospital sin terminar y sin pagar, con desviaciones millonarias del presupuesto, con listas de espera incontroladas, con facturas en los cajones, que el Consejero tenga tanta preocupación por este asunto, hasta el punto de reorganizar el Ambulatorio, y muestre desidia en otros muchos, llama la atención y parece esconder otros intereses». «No quisiéramos pensar que esta actuación del Consejero tenga que ver con el hecho de que una de las especialistas de cupo sea su mujer, según se comenta estos días en el entorno del Sespa», apostilló Carlos Galcerán.

 

Según Noemí Martín, de IU, «el Gobierno anterior reordenó una situación anómala e hizo bien interviniendo». La diputada de la coalición sostiene que «en el actual contexto de crisis, e incluso en una situación normal, sería insostenible que el actual Gobierno diera marcha atrás». «No es nada lógico que un profesional cobre más de 7.000 euros al mes por dos horas y media de trabajo al día», señaló la ex consejera de Bienestar Social, quien agregó que «esperamos las explicaciones del consejero en el Parlamento».

 

Por otra parte, el consejero de Sanidad del Principado, José María Navia-Osorio, será interpelado esta tarde en el Pleno de la Junta General del Principado sobre varios aspectos relativos al nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que se está construyendo en los terrenos ovetenses de La Cadellada. Galcerán le pedirá la máxima concreción en epígrafes tales como los plazos, el equipamiento, el coste y el contenido del nuevo HUCA. Mañana, también en el Pleno del Parlamento, se votará una moción del Grupo Socialista sobre un asunto similar. La semana pasada, a preguntas de la diputada socialista Pilar Alonso, Navia-Osorio indicó en la Junta que su departamento heredó del anterior Gobierno un coste final del nuevo recinto sanitario de 1.700 millones de euros que, gracias a una maniobra de refinanciación de los nuevos responsables sanitarios, se han visto reducidos en 400 millones, hasta situarse en el entorno de los 1.300 millones.

 

De otro lado, el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA) publicó ayer la convocatoria de las plazas de jefes de los servicios de cirugía general, hematología y radiodiagnóstico del actual Hospital Central de Asturias.

Los colectivos de discapacidad asumen que el retraso de las ayudas cerrará programas

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Las asociaciones esperaron ayer en vano la publicación en el BOPA de la resolución de Bienestar Social l FEAPS vaticina un «año terrible»

Foto: José Luis Crespo. lne

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Los datos de la discapacidad

La patronal de las residencias geriátricas decide hoy si demanda al Principado

Lne.es » Sociedad  Oviedo, E. G.

 Abocados a cerrar programas en favor de los discapacitados. Ésa es la sensación general de las asociaciones ligadas al movimiento de la discapacidad en Asturias, que agrupa a unos 25.000 asociados y a decenas de entidades.

 

Sus responsables estuvieron ayer muy pendientes de la edición digital del «Boletín Oficial del Principado de Asturias», el BOPA, a la espera de la resolución de la Consejería de Bienestar Social en la que se especificaran las subvenciones para las asociaciones de la discapacidad. Se quedaron con las ganas a pesar de que la consejera Paloma Menéndez había asegurado que esa resolución sería publicada antes de diciembre. ¿Será esta semana?

 

José Luis Crespo, presidente de FEAPS, entidad que incluye 19 asociaciones y que es una de las principales referencias del sector en Asturias, recordó ayer que «hay casos muy graves. Nosotros, por fortuna, tenemos otras fuentes de financiación, estamos intranquilos, pero no desesperados como otros». Crespo suscribe las palabras de anteayer de Mónica Oviedo, presidenta del CERMI, el comité que agrupa en el Principado a todas las asociaciones de discapacitados.

 

Crespo se hace eco de la casuística generada por los retrasos: «Hay asociaciones que han pedido créditos, que deben sueldos a sus trabajadores o que los directivos han puesto dinero o avales para seguir funcionando». La gerente de FEAPS, Casilda Sabín, va más lejos: «Aquí llevamos todo el año sin cobrar absolutamente nada. Habíamos avanzado mucho en los últimos años en el compromiso con la discapacidad, pero estos silencios yo los entiendo como una falta de respeto al sector. Nos creen vulnerables, nos ignoran a ver cuánto aguantamos».

 

Desde la Consejería de Bienestar Social se recuerda a las asociaciones que el año pasado, con la Administración socialista, cobraron el 20 de diciembre. El presidente de FEAPS, de cuyas asociaciones dependen unas 2.500 personas con discapacidad intelectual, matiza que «en octubre de 2011 ya se sabía lo que íbamos a cobrar» porque fue en ese mes cuando se publicó en el BOPA la resolución correspondiente. Las cantidades se cobraron a los sesenta días tras esa publicación oficial. Ahora las asociaciones temen que se cobre a 90 días, es decir, para el próximo mes de marzo si el Principado no rompe la dinámica y agiliza el trámite. «Vamos a tener que justificar un dinero que no pudimos gastar porque no te lo han dado en este año», señala Crespo. FEAPS cuenta con 140 trabajadores. Las ayudas oficiales a sus residencias y centros asistenciales también llegan con retraso, pero menos. Según fuentes del colectivo el último mes cobrado fue septiembre.

 

FEAPS tiene unos veinte programas en marcha, y alguno corre serio peligro. Las asociaciones saben extraoficialmente las cantidades que les corresponden por las subvenciones del Principado. Hace más de un mes les llegó un correo electrónico concretando ese dinero aún no recibido, que es básicamente el mismo que el cobrado en 2010. No es la peor de las noticias con la galopante falta de fondos de la Administración. «El año 2012 va a ser terrible para el sector», vaticina Casilda Sabín.

http://www.lavozdeasturias.es/asturias/tijeretazo-gasto-social-factura-pacientes_0_601139889.html

La reforma de la reforma laboral

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Rajoy pretende ir más allá de los cambios de la pasada legislatura

La Voz de Asturias. 01/12/2011  / ANA REQUENA AGUILAR / MADRID

Rajoy pide a sindicatos y patronal que pacten ya la reforma laboral

La foto más perseguida ayer era la del futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y el presidente de la patronal, Juan Rosell. Eso sí, todos por separado. La expectación generada ante el encuentro de Rajoy con los agentes sociales fue similar a la suscitada en otras ocasiones durante los últimos dos años, un periodo en el que la legislación laboral y el mercado de trabajo han estado sin cesar en el ojo del huracán.

Un periodo también cuajado de negociaciones rotas y reto-madas en varias ocasiones entre sindicatos y patronal. En ocasiones, las menos, ha dado frutos, el más importante el Acuerdo Económico y Social de febrero de 2010 en el que todas las partes pactaron cambios en el sistema de pensiones. Ahora, meses después de una reforma de la negociación colectiva y cuando la nueva reforma laboral no ha cumplido aún un año y medio, Rajoy plantea como una de sus prioridades aprobar nuevos cambios en el mercado de trabajo.

1. Reforma laboral

Contratos de fomento

Rajoy les pidió que aceleren su acuerdo sobre la resolución de conflictos

El primer ultimátum que dio el Gobierno de Zapatero a sindicatos y patronal acabó en fracaso. La presión no consiguió que ambas partes pactaran una reforma del mercado de trabajo y el Ejecutivo aprobó unilateralmente la suya en junio de 2010. La reacción sindical fue la convocatoria de una huelga general. El contenido de la reforma ya tocaba aspectos que Rajoy ha vuelto a señalar, como las modalidades de contratación: aunque no reducía los tipos de contratos, como ha pedido en varias ocasiones la patronal, sí fomentaba el uso del contrato indefinido de fomento del empleo, con una indemnización por despido menor que el contrato ordinario. La reforma también permite despedir por causas objetivas (con 20 días de indemnización) por pérdidas y, en su desarrollo posterior, se aprobó suspender durante dos años los límites para encadenar contratos temporales. En el comunicado que envió ayer el PP tan sólo se mencionaba "las modalidades de contratación" como uno de los asuntos a abordar.

2. Convenios

Las agencias de colocación ya pueden ejercer labor de intermediación

Más flexibilidad

Otro de los objetivos de Mariano Rajoy es aprobar una nueva reforma de la negociación colectiva, a pesar de que el pasado junio el Gobierno ya dio luz verde a otra (también sin el acuerdo de patronal y sindicatos). La reforma vigente ya prioriza el convenio de empresa sobre el convenio provincial, un asunto del que se ha hablado mucho. Es el convenio de empresa el que puede fijar aspectos como el salario sus complementos, el horario y la distribución del tiempo de trabajo, con la intención precisamente de fomentar la flexibilidad y adaptación interna de las empresas.

3. Mediación

Acuerdo pendiente

La reforma de la negociación colectiva también introdujo un cambio importante: el refuerzo de los mecanismos de solución de conflictos. La nueva regulación del Gobierno estableció unos plazos máximos en los que sindicatos y patronal tenían que acordar la aprobación o renovación de un convenio. De no producirse el pacto es obligatorio que las partes acudan a un árbitro que dicte un laudo de obligado cumplimiento. Precisamente, UGT, CCOO y la CEOE negocian actualmente cómo trasladar este nuevo precepto a un acuerdo interconfederal para darle aplicación efectiva. Según las tres partes, Rajoy les instó ayer a acelerar este pacto.

4. Absentismo

Reforma de las mutuas

Cuando patronal y sindicatos negociaban una reforma de la negociación colectiva, decidieron por petición de la CEOE incluir en la mesa de diálogo otros asuntos, como el absentismo laboral y la reforma de las mutuas. Aunque las partes alcanzaron un principio de acuerdo, cuyo contenido se desconoce, nunca se llegó a firmar, ya que buscaban un pacto global que no se pudo consumar al fracasar las negociaciones sobre los convenios. Ahora, el futuro Gobierno del PP ha vuelto a poner sobre la mesa el absentismo y las mutuas. Y el secretario general de UGT, Cándido Méndez, dijo ayer que ve posible recuperar ese principio de acuerdo.

Es el convenio de empresa el que puede fijar el salario o el horario 

5. Agencias privadas

Nueva regulación

Otro de los puntos que, a juicio del nuevo Gobierno, debe incluir el nuevo paquete de reformas laborales son las empresas de trabajo temporal, sin más concreciones. La reforma laboral del Ejecutivo de Zapatero ya aprobó que las agencias privadas de colocación ejercieran labores de intermediación en colaboración con los servicios públicos de empleo

6. Formación

En el aire

Acercarse a un nuevo modelo de formación combinado con trabajo ha sido uno de los objetivos del Gobierno saliente, que sin embargo se quedó en meros cambios contractuales. Ahora, la intención de Rajoy es entrar también en esta materia, aunque sin detalles.

El trozo de la tarta sanitaria que quiere la privada y que destapó el conseller catalán…

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Un tercio del gasto sanitario es privado

Madrid, Illes Balears y Catalunya son las autonomías con un mayor porcentaje de ciudadanos que pagan una póliza de salud

Foto: El Hospital de la Ribera de Alzira, ejemplo de gestión privada rentable porque cuando tuvo pérdidas lo saneamos con dinero público (25 millones de euros) y se lo volvimos a dar a la misma empresa para que siga con la explotación.
30/11/2011, VANESSA PI / MADRID, en La Voz de Asturias
En tiempos de crisis, mientras la sostenibilidad del sistema público se debate entre recortes y propuestas de copagos, el sector privado ve la oportunidad de ampliar su número de clientes. La propuesta del conseller de Salut catalán, Boi Ruiz, parece responder a las pretensiones de un sector que, hasta 2008, vio crecer sensiblemente el número de primas hasta suponer un montante de 4.148 millones de euros, entre seguros individuales y colectivos. Al no haber especificado qué cantidad de ingresos se debería superar para verse obligado a contratar una póliza privada, no se puede calcular el número de ciudadanos afectados, pero sin duda superarían con creces los poco más de cuatro millones de españoles que ya tienen una póliza individual.
En total, sumando las pólizas individuales y las colectivas, la sanidad privada cuenta en España con 6,8 millones de asegurados, según los últimos datos del sector, de 2008. El gasto sanitario privado fue ese mismo año de 27.669 millones de euros, un 29% del gasto total en sanidad, que ascendió a 94.290 millones. En relación al Producto Interior Bruto (PIB), el gasto de la sanidad privada supuso el 2,42% y el de la pública el 6,25%.
Unos cuatro millones de españoles pagan a una mutua
Una tradición catalana
Tradicionalmente, Catalunya ha sido una de las autonomías con mayor implantación de la sanidad privada. Hoy, un 24% de su población tiene contratada una póliza, lo que la sitúa en el tercer puesto en cuanto a autonomías con más porcentaje de población asegurada, por detrás de Madrid (30%) y Balears (25%).
El asentamiento de la sanidad privada en Catalunya tiene su origen en las mutuas patronales que crearon las empresas durante la industrialización. Cuando estas se dividieron en mutuas de trabajo y de previsión social, aunque sólo las primeras fueron obligatorias, la costumbre llevó a los catalanes a seguir pagando sus pólizas para recibir asistencia sanitaria privada. Euskadi es otra de las autonomías que mantiene una implantación de los seguros privados con mayor arraigo. El 18% de sus ciudadanos pagan una póliza, como en Aragón y Castilla y León. La tradición vasca arranca en 1934, cuando no existía un sistema sanitario público universal. Entonces, un centenar de médicos de Bilbao constituyó la Asociación del Igualatorio Quirúrgico y de Especialidades (IMQ), la primera aseguradora médica privada de España, que aún hoy funciona.
Madrid y Valencia han cedido la gestión hospitalaria a empresas
Al margen del ámbito de las mutuas, la línea entre la sanidad pública y la privada se ha difuminado en las últimas dos décadas. Con la inauguración del Hospital de La Ribera en Alzira (Valencia), en 1999, arrancó en España el modelo de gestión privada de los hospitales públicos. La fórmula se extendió a otros centros valencianos y Madrid la hizo suya en los ocho hospitales que inauguró en 2008. A cambio, la Administración paga una especie de alquiler durante unos 30 años, lo que a la larga, sale más caro.
Por otra parte, Catalunya, desde los orígenes del sistema sanitario público, ha sido la autonomía con más hospitales públicos que no gestiona directamente la Administración. Además de mantener muchos conciertos con centros privados, la mayoría de hospitales públicos son gestionados por entidades religiosas sin ánimo de lucro.