Noemí Martín rechaza que la consejera fuerce a devolver «100.000 euros que ya gastaron» y le recuerda que «sólo tiene usted 17 diputados»
Foto: Esther Díaz. :: JESÚS DÍAZ
El Comercio. 03.05.13 - 00:10 - CHELO TUYA | GIJÓN.
No fue el primer rifirrafe entre ambas, pero sí el más contundente. Desde el inicio de la legislatura, la diferentes visiones que de las políticas sociales tienen la actual consejera de Bienestar, la socialista Esther Díaz, y una de sus antecesoras, la ahora diputada de IU Noemí Martín, ha sido evidente. Sin embargo, ayer, en la Junta General del Principado, el choque entre ambas dio un paso más allá. Martín le recordó a Díaz no sólo que el Gobierno regional del que forma parte depende de su apoyo parlamentario al decirle que «sólo tiene usted 17 diputados», y del UPyD, «con los cuales firmaron un acuerdo que no cumplen», sino que le espetó que «si sigue por ese camino no nos van a encontrar».
El origen de la disputa está en la revocación parcial que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda está aplicando a las subvenciones concedidas por el mismo departamento, pero durante el mandato de Foro, a 81 ONG. De acuerdo a los datos que maneja la portavoz de IU, «les están pidiendo ahora que devuelvan parte del dinero que ya gastaron». En total, la reclamación del Principado suma «100.000 euros de un montante total de 400.000 en subvenciones».
Bienestar reclama esa devolución parcial de las ayudas al entender que las entidades sociales que las recibieron no ajustaron la cantidad solicitada como subvención a la verdaderamente gastada. Pero, como argumentó Martín, «esa ha sido la práctica habitual de subvenciones en esta región en los últimos diez años. Las entidades sociales ajustan el gasto a las subvención realmente recibida, no a la solicitada, ya que ellos no tienen más recursos».
Además, se trata de dinero invertido, según explicó Noemí Martín, «en proyectos sociales. A la Fundación Don Orione -que ofrece residencia y centro ocupacional a personas con discapacidad- les piden que devuelva 1.311 euros de una subvención total de 10.978 que le concedieron para comprar una furgoneta adaptada. Un vehículo que le costó 18.490. Ustedes no sólo les piden que devuelvan parte del dinero, al entender que lo compraron más barato que la subvención solicitada, 21.000 euros, sino que les acusan de enriquecimiento ilícito».
Ante los gestos que, desde su sillón en la bancada del Gobierno, realizaba la consejera de Bienestar, la diputada rompió su habitual tono tranquilo para evitar la voz, hasta casi quebrársele, «¿cree, de verdad, que esto es enriquecimiento ilícito?», le preguntó, «¿o adaptar un baño, como le ha pasado al Patronato San José -entidad que ofrece residencia y formación a jóvenes que tutela el Principado-, al que le reclaman 787 euros de una subvención de 11.856 para adaptar un baño. Consejera, por ese camino no nos van a encontrar, se lo advierto».
«No hay libre albedrío»
Mientras todavía sonaban otros ejemplos reprochados por Noemí Martín otros ejemplos, «como los 468 euros que le reclaman a la Fundación ELA -de ayuda a personas con esclerosis- o los 272 a la Fundación Edes -centro para discapacidad en el Occidente-», la consejera de Bienestar tomó la palabra para defender que su actuación «se ajusta al cumplimiento de la ley. Ustedes me piden siempre rigor y, cuando lo aplico, me critican. Las entidades sociales no están al margen de la ley. Deberían tener un tratamiento diferente, cierto, pero no lo tienen, y aquí no hay libre albedrío».
Esther Díaz quiso minimizar las acusaciones enumerando que «de los 400 expedientes de ayudas, sólo abrimos 108. A usted le pueden parecer muchos - «sí, claro que lo son», le gritó Martín desde su escaño-, pero de esos desestimamos 26 y sólo 33 están en fase de recurso».
Sus palabras, sin embargo, no convencieron al resto de grupos de la oposición. Ni siquiera a la otra pata en la que se apoya el PSOE, el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, quien comenzó aconsejándole que «consejera, legalidad y sensibilidad no deben estar reñidas», para pasar a dejarle claro que «hay que buscar una solución». Porque, para Prendes, letrado de profesión como la consejera, «la legalidad está clara, pero hay formas de aplicarla». Y en esas formas cree el portavoz del Grupo Mixto que «las entidades del tercer sector deben ser consideradas como un servicio público. Llegan a donde no lo hace la Administración, por lo que deben tener un trato especial».
Una línea argumental que compartió «por completo», la portavoz del Partido Popular. Según Victoria Delgado, «no puedo estar más de acuerdo con lo dicho por los otros dos grupos, pero, el problema está en que usted no escucha». Delgado recordó que su grupo ha presentado una proposición no de ley para reprobar a la consejera, una moción que, visto lo sucedido ayer, podría más contar con más apoyo que el ya garantizado por Foro. «Estamos ante un nuevo golpe al sector de la discapacidad, consejera. Tiene usted fobia al diálogo», aseguró la diputada de este grupo, Esther Landa.
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