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El San Agustín se ajusta a la demanda

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Actividad asistencial en el área sanitaria avilesina

El Hospital adelanta el cierre de una planta de ingreso ante la disminución de pacientes, una medida que aprueban los sindicatos y cuyo objetivo es ahorrar costes

Lne. 30.04.2013 | 01:54 Myriam MANCISIDOR

La dirección del Hospital San Agustín ha adelantado el cierre de la cuarta planta norte, dedicada a pacientes de Medicina Interna, ante la disminución de pacientes y con el objetivo de ahorrar costes. Esta medida economicista lleva años aplicándose en el centro sanitario avilesino, siempre coincidiendo con el periodo estival, cuando hay una rebaja de la demanda asistencial y también de la actividad quirúrgica, lo que repercute en menos ingresos hospitalarios. Al cierre de la cuarta planta norte hay que sumar la clausura permanente de la cuarta sur, destinada únicamente a posibles emergencias.


El cierre de habitaciones que en su día enfadó a las centrales sindicales es ahora bien vista, siempre y cuando no repercuta en la actividad asistencial. Con Alfonso Flórez al frente de la gerencia del Hospital San Agustín y tras el cierre de cuatro plantas -108 camas-, los sindicatos llegaron a proponer en 2011 la elaboración de un plan en el que estableciera la manera de proceder en caso de sucesivos cierres de plantas. Este plan debería incluir, a juicio de los sindicalistas, que el periodo máximo de clausura de cada planta fuera de dos meses y la apertura de habitaciones en cuanto el treinta por ciento de los boxes de urgencias estuvieran desdoblados por falta de camas libres en las unidades de hospitalización. Actualmente, el San Agustín registra numerosas camas libres. En el recuento de habitaciones sin uso, los responsables sanitarios no tienen en cuenta las camas de psiquiatría ni de la lactancia, siempre disponibles para dar salida a cualquier posible emergencia.


Los pacientes ingresados en el Hospital San Agustín, en otro orden de cosas, se mostraron ayer molestos por la tardanza a la hora de recibir toallas. A preguntas de este diario, los profesionales negaron en cualquier caso la falta de este tipo de material. «Los lunes, según como sean los fines de semana, puede producirse una pequeña demora a la hora de entregar las toallas o cambiar sábanas pero eso no quiere decir que no haya este material en el centro», aclararon. Las tareas de lavado y planchado de la ropa que utiliza el centro sanitario avilesino se realizan desde hace un año en el Hospital de Cabueñes (Gijón), que asumió también las tareas del Álvarez Buylla de Mieres. Con esta medida se ahorran igualmente costes de gestión.

El centro de salud de La Luz comienza a dispensar Sintrom a los pacientes

T. C. El centro de salud de Villalegre-La Luz empezará a dispensar el Sintrom a los enfermos de corazón en los próximos días. La presidenta de la asociación de vecinos de La Luz, Alicia González, explicó ayer que a los pacientes que estos días están yendo al Hospital de San Agustín a recibir el anticoagulante ya les están advirtiendo que su próxima cita será en el centro de salud del barrio. «Es una buena noticia. Hemos peleado por ello y estamos muy contentos», aseguró la dirigente vecinal. IU calificó la pasada semana de «urgente e inaplazable» la implantación de un dispensario del anticoagulante Sintrom en el centro de salud de La Luz. Así se evitarían, precisaron, los continuos desplazamientos de alrededor de trescientos pacientes de esta zona al San Agustín.


No obstante, la alegría de los vecinos no es completa, ya que aún falta por abrir el departamento de rehabilitación en el centro de salud de Villalegre-La Luz. «La mayoría de los usuarios es gente mayor que ahora se tiene que desplazar al centro de salud de Las Vegas, que está muy mal comunicado. Hay gente que no hace rehabilitación porque nadie le puede llevar», argumentó González. Por ello, la presidenta de la asociación urgió a la administración regional que dote de los aparatos necesarios al consultorio.

Las analíticas de sintrom en La Luz se realizarán «de forma inminente»

listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, en turnos libre y de promoción interna, a plazas de personal estatutario de la categoría de ATS/DUE, reservadas a personas con discapacidad

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Boletín Nº 99 del martes 30 de abril de 2013

AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERÍA DE SANIDAD
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

Resolución de 23 de abril de 2013, del Director de Recursos Humanos del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de personal estatutario de la categoría de ATS/DUE del Servicio de Salud del Principado de Asturias, reservadas a personas con discapacidad, convocado por Resolución de la Dirección Gerencia de este Servicio de Salud de fecha 27 de febrero de 2013 (BOPA 08-03-2013).

Convocado por Resolución de 27 de febrero de 2013 de la Directora Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOPA 08-03-2013), concurso oposición para el acceso a 24 plazas de personal estatutario de la categoría de ATS/DUE del Servicio de Salud del Principado de Asturias, reservadas a personas con discapacidad, finalizado el plazo de presentación de solicitudes, de conformidad con lo dispuesto en la base sexta del anexo I de la convocatoria, y en uso de la delegación conferida por la Directora Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias en el artículo tercero de la citada Resolución de 27 de febrero de 2013, esta Dirección de Recursos Humanos

RESUELVE

Primero.—Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, en turnos libre y de promoción interna, a plazas de personal estatutario de la categoría de ATS/DUE, reservadas a personas con discapacidad, convocado por Resolución de la Dirección Gerencia de este Servicio de Salud de fecha 27 de febrero de 2013 (BOPA 08-03-2013).

Segundo.—Ordenar la exposición de las citadas listas, junto con el defecto motivador de la exclusión, en el Tablón de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio de Salud del Principado de Asturias, sito en la Plaza del Carbayón números 1 y 2, 33001 Oviedo, en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta baja, Oviedo) y, con efectos meramente informativos, a través de la página www.astursalud.es. Inicio > Profesionales > Recursos Humanos > Procesos Selectivos.

Tercero.—Abrir un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución, para que los aspirantes excluidos, así como los omitidos por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, puedan subsanar el defecto que haya motivado su exclusión, siempre que este sea subsanable, o su no inclusión expresa. A tal fin, podrán utilizar el modelo de subsanación que se incluye como anexo I de esta Resolución y que está disponible en la página www.astursalud.es. Inicio >Profesionales > Recursos Humanos >Procesos Selectivos. La presentación de estas solicitudes de subsanación, podrá realizarse en los mismos lugares indicados para la presentación de las solicitudes de participación. Trascurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho.

Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.

Cuarto.—Estudiadas las reclamaciones y efectuadas las rectificaciones que procedan, se publicarán las listas definitivas de admitidos y excluidos, en los mismos lugares citados en el punto segundo de esta Resolución, declarándose desestimadas las reclamaciones no recogidas en las mismas.

En Oviedo, a 23 de abril de 2013.—El Director de Recursos Humanos del Servicio de Salud del Principado de Asturias.—Cód. 2013-07942.

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El Constitucional mantiene la suspensión de la paga extra de Navidad de los funcionarios vascos

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la medida afecta a cerca de 70.000 TRABAJADORES PÚBLICOS
El Alto Tribunal considera que levantar esta medida "tendría efectos desfavorables" para la "necesaria coherencia de la política económica del Estado" que "exige un carácter unitario"
Foto:Varios funcionarios entran en la sede del Gobierno vasco en Lakua. / E. C.
El Comercio. 29.04.13 - 18:26 - EFE | VITORIA
POLÉMICA INTERMINABLE

El Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión de la paga extra de diciembre de 2012 a los funcionarios vascos al considerar que levantar esta medida "tendría efectos desfavorables" para la "necesaria coherencia de la política económica del Estado" que "exige un carácter unitario". Esta decisión ha sido acordada en un auto hecho público hoy en el que el Tribunal Constitucional no entra a analizar el fondo del conflicto de competencias entre los gobiernos central y vasco por esta cuestión, y tampoco prejuzga la constitucionalidad de la supresión de la citada paga.

El Gobierno de Mariano Rajoy acordó vía decreto en julio de 2012 eliminar la paga de la extra de Navidad a los empleados públicos dentro de un paquete de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. El anterior Ejecutivo socialista vasco ordenó en una de sus últimas decisiones pagar esta extra y el Ejecutivo central planteó entonces un conflicto de competencias ante el Constitucional. Cuando éste lo admitió a trámite, el abono de la extra quedó paralizado al decretarse su suspensión cautelar.

Ahora, en un auto fechado el pasado 23 de abril, el Constitucional se pronuncia sobre el levantamiento o no de la suspensión cautelar y opta por su mantenimiento recogiendo los argumentos que en su día trasladó el Abogado del Estado. Así, el Alto Tribunal considera que el levantamiento de la medida de suspensión "podría poner en peligro la efectividad de una medida de política económica general relacionada con el conjunto de la política estatal encaminada a lograr la contención del déficit y el endeudamiento".

"Lo más conveniente para los intereses generales"

Recuerda que la adopción de decisiones unitarias en materia de política económica es "una consecuencia de la necesidad de dar un tratamiento uniforme a determinados problemas" en base al objetivo de "interés general" y de evitar a que se produzca un "resultado disfuncional y disgregador" en España. El Tribunal Constitucional dice que con el mantenimiento de la suspensión se "evitarían perjuicios para la eficacia de las medidas económicas generales adoptadas por el Estado en materia de contención del endeudamiento" y considera por ello que en la "ponderación de los intereses en juego" lo "más conveniente para los intereses generales" es mantener esa medida cautelar de suspensión.

Añade que no se puede calificar de "excesivo o desproporcionado" continuar con la suspensión aunque reconoce que se trata "de la imposición de un sacrificio desde el punto de vista retributivo a todos los empleados públicos". Además el Constitucional asegura que la "eficacia" de este "sacrificio", tanto en "el plano material de contribuir a la reducción del déficit público del año 2012 como en el de la credibilidad internacional de España como nación que cumple sus compromisos financieros", se "revela como de suficiente entidad como para justificar el mantenimiento de la medida hasta le decisión final del presente proceso". "El levantamiento de la medida de suspensión tendría efectos desfavorables desde el punto de vista de la necesaria coherencia política económica del Estado, que exige un carácter unitario y uniforme para la consecución de sus objetivos", resume el Tribunal Constitucional.

Finalmente añade que con su decisión se "evita la consecuencia extravagante de generar situaciones de desigualdad a favor" de los funcionarios vascos con respecto al resto de empleados públicos de las diferentes administraciones del Estado. El Constitucional concluye finalmente que los "posibles perjuicios a los intereses generales" que podría suponer el levantamiento de la suspensión "son suficientes" para que se "pronuncie, en fase cautelar, y aún sin anticipar la resolución de fondo" a favor del mantenimiento de la suspensión en su día acordada.

70.000 funcionarios vascos afectados

El conflicto por la paga extra de Navidad ha sido heredado por el actual Gobierno vasco del PNV, que el pasado 14 de abril recurrió ante el Tribunal Constitucional cinco artículos del citado decreto ley de estabilidad presupuestaria del Ejecutivo central al considerar que en él se invaden competencias propias. En su recurso, el Gabinete presidido por Íñigo Urkullu alegó que el decreto-ley de Rajoy invadía competencias propias de la autonomía vasca también en cuanto a los días libres de sus 70.000 empleados públicos y permisos sindicales.

¿Para qué disimular el negocio?... a estas alturas esas minucias ya no son necesarias.

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Madrid blinda la rentabilidad de los hospitales privatizados

Los contratos de cesión incorporan cláusulas de revisión automáticas y obligatorias de los precios que la Administración abona a las empresas a las que entrega la gestión sanitaria

Los últimos pliegos de la Comunidad de Madrid especifican que "si la empresa concesionaria no puede hacer frente a sus obligaciones los hospitales pueden ser intervenidos temporalmente por el Estado hasta que la empresa resuelva sus problemas".

Raúl Rejón, en eldiario.es

La Comunidad de Madrid protege la rentabilidad para las empresas que se quedan con la gestión de los hospitales que privatiza. Según ha ido adjudicando la dirección de centros a sociedades privadas, la Consejería de Sanidad ha incorporado en los contratos fórmulas automáticas para que el precio que paga a las contratas sea revisado.

En esta línea, el borrador de pliegos que prepara para privatizar seis hospitales hasta ahora de gestión sanitaria pública, ha incorporado un apartado que dice: "Para asegurar la correcta financiación de las prestaciones (...) con carácter anual el pago capitativo se actualizará automáticamente". El baremo que utilizará será el 85% de "el menor" Índice de Precios al Consumo, el español o el de la Comunidad de Madrid.

El precio total con el que parte el proceso privatizador es de 576 millones de euros, que sale de aplicar las cuotas por paciente y año publicadas por Sanidad para cada hospital. Al presentar este plan, el consejero Javier Fernández Lasquetty puso sobre la mesa un precio medio de 441 euros pero, al final, el más barato será 473 euros para el Hospital del Sureste y el más caro 518 para el Infanta Leonor. Lasquetty justificó este desfase en la obligación de las concesionarias de conservar la plantilla de sanitarios que a día de hoy atiende a la población.

En la anterior oleada de centros privatizados (los de las localidades de Torrejón de Ardoz y Móstoles) ya se siguió una fórmula similar según consta en los pliegos de concesión: el 85% que "con carácter anual los importes a abonar por la Administración (...) se actualizarán separada y automáticamente aplicando el Índice de Precios al Consumo de la Comunidad de Madrid, subgrupo servicios hospitalarios". Mejor parado salió el primer proyecto de hospital con gestión totalmente privada de la red hospitalaria madrileña con cargo a los presupuestos públicos: Valdemoro. Allí, la cuota por el funcionamiento del Infanta Elena se revisa con dos puntos sobre el IPC.

Estas cláusulas blindan de alguna manera los ingresos de las concesionarias. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública recuerda que los hospitales de gestión directa "han visto cómo sus recursos han ido disminuyendo en los últimos años mientras los privatizados los veían aumentados obligatoriamente porque estaba recogido en los contratos". Así, en 2011 la caída promedio del resto de centros fue de un 9,5%, el 1,5% en 2012 y un 16% en las cuentas de 2013.

Rescate si la cosa va mal

Aunque los contratos que se firman entre la Consejería de Sanidad y las empresas concesionarias siempre se rotulan bajo el epígrafe "riesgo y aventura" para las contratas (es decir, que se meten en el negocio a sabiendas de lo que es), en los últimos pliegos preparados la Comunidad de Madrid especifican que "si la empresa concesionaria no puede hacer frente a sus obligaciones los hospitales pueden ser intervenidos temporalmente por el Estado hasta que la empresa resuelva sus problemas". Además, tras dos años al frente del hospital, la empresa que gane el concurso ya podrá ceder servicios a terceros (en este caso serán siempre sanitarios porque es lo que se está adjudicando).

Defensores de la sanidad pública montan un escrache al presidente de Capio

La plataforma 'Gente al Rescate' protesta frente al domicilio de Víctor Madera, al que consideran "un especulador de la sanidad madrileña"

Su empresa es la mayor beneficiaria de la gestión de los hospitales externalizados

M.R.D., MADRID, en Público.

Los defensores de la sanidad pública también se suman a los escraches. Cerca de dos decenas de integrantes de platafora Gente al Rescate ha acudido al domicilio del médico presidente y consejero delegado de Capio Sanidad S.L., Víctor Madera al que los activistas considera un "especulador". 

Junto a Ribera Salud, Capio es la principal beneficiaria de gran parte de los procesos privatizadores de la gestión del sistema sanitario público. Durante el año 2011 esta empresa facturó más de 673 millone sde euros, de los cuales "en torno al 75% salieron de las arcas públicas", según Gente  al Rescate.  Actualmente, posee 28 clínicas en cuatro comunidades autónomas y más de 7.500 profesionales en nómina. Además de Madrid, Catalunya, Castilla-La Mancha y Extremadura son otras de las Comunidades Autónomas en las que está presente. 

Capio es, además, una corporación de capital riesgo y que, según denuncia la plataforma en un informe, la empresa que dirige Madera pretende comprar gran parte del accionariado de Ribera Salud para controlar así todo el sistema de salud. 

Ataviados con máscarillas de quirófano han extendido una pancarta frente al portal del domicilio del empresario situado en el barrio de Serrano. Tras extender una pancarta en la que se podía leer "¿Quién es Víctor Madera? Tu salud está en sus manos" han reiterado el mensaje que vienen repitiendo en todos los actos reivindicativos anteriores: "La sanidad, no se vende, se defiende". Los convocantes aseveran que emprenderán nuevas movilizaciones en contra de la privatización si la Comunidad de Madrid continúa adelante con la externalización de los hospitales y centros de salud a Capio.

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EE UU denuncia a Novartis por sobornar a médicos

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La demanda, presentada en el Tribunal federal de Distrito de Nueva York, alega que, para promover la venta de medicamentos de Novartis como Lotrel y Valturna, recetados para tratar la hipertensión, o Starlix, prescrito para la diabetes, la empresa pagó a médicos para dar conferencias en lo que denominaban "eventos sociales" y organizó lujosas cenas para los doctores. Este tipo de acciones "eran, en realidad, sobornos para los conferenciantes y asistentes con el fin de inducirlos a recetar los medicamentos de Novartis", afirmó el Departamento de Justicia.

Estas acciones violaron el estatuto anti-sobornos estadounidense e hicieron que el gobierno pagara "falsas peticiones" a través de sus programas de salud para pagar los productos farmacéuticos de Novartis. Este martes el gobierno estadounidense presentó una demanda contra Novartis por pagar sobornos a al menos una veintena de farmacias para que recomendaran el uso del Myfortic en lugar de otros medicamentos genéricos más baratos para tratar a los pacientes trasplantados, a cambio de obtener beneficios sobre las ventas.

También licitan a la vez la del HUCA en 3,7 millones de euros…

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El Principado licita en 901.240 euros la red informática del nuevo hospital de Mieres

Los pacientes podrán utilizar las instalaciones del complejo sanitario a partir del próximo mes de noviembre

Mieres del Camino, J. VIVAS, en La Nueva España.

El Gestor de Infraestructuras Sanitarias del Principado (Gispasa) acaba de licitar la red informática del nuevo Hospital Álvarez-Buylla de Mieres. Un suministro cuyo presupuesto de contratación alcanza los 901.240 euros y que engloba el suministro de equipos, así como la instalación, mantenimiento y gestión de una red informática y telemática interna que permita la transmisión de datos dentro del hospital mierense. Un proceso que, tal y como han manifestado desde el Principado, les permite mantener su previsión de iniciar la atención de pacientes a partir de noviembre. El contrato se oferta en un lote conjuntamente con los suministros para el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), aunque el pliego de condiciones separa ambos servicios. De hecho, el presupuesto de licitación para el HUCA supera los 3,7 millones de euros.

El proyecto supone la puesta en marcha de «complejas redes de datos» que conecten los equipos informáticos y telemáticos del nuevo hospital de Mieres. También se precisará a la empresa adjudicataria que configure y ponga en marcha los equipos, ocupándose más tarde de su explotación, mantenimiento y gestión. Para ello, el contrato ha establecido una serie de plazos, dos meses para la implantación y explotación en pruebas, y otros ocho meses ya para la explotación, que deberá iniciarse un mes antes de la apertura del centro. Las ofertas podrán presentarse hasta el 3 de junio, dados los ajustados plazos que tiene el Principado.

Esta licitación se suma a las que Gispasa ha realizado en los últimos meses, que superan los 3,8 millones de euros. Así, se abrió la licitación para adquirir equipamientos para el servicio de anatomía patológica (por un importe de 129.330 euros), mobiliario general (1,59 millones de euros), suministro e instalación de cámaras frigoríficas y congeladoras (89.685 euros) así como de equipamientos diversos para farmacia (2,06 millones de euros). Con estos contratos, Gispasa ha licitado, adjudicado o tiene en proceso de concurso más del 70 por ciento del hospital de Mieres.

Desde el Principado se ha llevado a cabo un duro proceso para mantener las previsiones de apertura del centro sanitario, dando cuenta de que tuvieron que relanzar la mayoría de los procesos de licitación, debido al atraso que acumuló el equipamiento del hospital durante el Gobierno de Foro, tal y como han manifestado desde el Ejecutivo en más de una ocasión.

Mientras se avanza en los procesos de licitación del diferente equipamiento del centro sanitario, Gispasa también ha procedido a solicitar al Ayuntamiento de Mieres la licencia de apertura del nuevo hospital, condición indispensable para ofrecer el servicio.

Los socios del Gobierno regional le exigen que anule el envío al paro de los interinos

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UPyD e Izquierda Unida piden a Educación que «rectifique» la decisión de dar «vacaciones salariales» a los casi 2.500 docentes contratados

Foto: cadena humana escolar. Vista aérea del IES Rosario Acuña, en Gijón, donde ayer cerca de quinientas personas (alumnos, padres y profesores) rodearon el edificio en defensa de la escuela pública.

 Lne. 27.04.2013 | 03:59 Ovedo, Eduardo GARCÍA

Hay coincidencias que no son casualidades. Y en política, menos. Los dos socios que apoyan el Gobierno regional del PSOE pidieron ayer, cada uno por su lado, que la Consejería de Educación revoque la medida de enviar al paro durante julio y agosto a los 2.500 profesores interinos que trabajan este curso en Asturias.

UPyD e Izquierda Unida (IU) exigen al Principado que «rectifique» una decisión que dejará sin sueldo veraniego a los interinos. Las dos fuerzas políticas sacan sus conclusiones del debate de anteayer en la Junta General del Principado sobre un asunto en el que el PSOE se está quedando definitivamente solo.

Es «una medida inadecuada que afectará a la calidad del sistema educativo asturiano y que precariza aún más la situación de los profesionales», aseguró ayer el diputado de UPyD, Ignacio Prendes.

Con esta medida «nos vamos a encontrar con un profesorado más preocupado, más precarizado, con mayores dificultades para hacer su trabajo y profundamente desmotivado», a juicio de la diputada de IU, Emilia Vázquez.


Izquierda Unida no se cree que el día 2 de septiembre todos los interinos contratados para el curso 2013-14 vayan a estar en sus puestos tal como prometió la consejera Ana González en sede parlamentaria. «Dudamos de que eso pueda ser verdad porque no ocurrió así en años anteriores».


UPyD es de la misma opinión. «Los argumentos que utiliza la Consejería para defender esta medida no son muy rigurosos y la propia consejera sabe que no podrá cumplir parte de los compromisos. Ahora menos que nunca nos podemos permitir una medida que puede afectar a la calidad educativa».


El propio Ignacio Prendes anunció que su grupo valorará la presentación de una iniciativa parlamentaria encaminada a parar esta medida, por la que el Gobierno regional espera ahorrar unos 10,2 millones de euros. Prendes dice que ese ahorro se podría lograr, como alternativa, con una «visión más global del sector público», frase guapa pero que seguro que no saca de dudas a la Consejera


Los dos grupos que sustentan al Gobierno están, por tanto, de acuerdo, con las dos formaciones de la derecha parlamentaria asturiana y, de paso, con los cinco sindicatos que componen la junta de personal docente. Las reivindicaciones de los interinos para mantener el contrato y, por tanto, el sueldo veraniego (así era hasta ahora desde hace un cuarto de siglo) se han colado estos días en las movilizaciones en defensa de la escuela pública y que van a culminar con la jornada de huelga del próximo 9 de mayo.


Será el último grito conjunto de protesta al anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad educativa, la polémica LOMCE, que el Gobierno central quiere aprobar en el Consejo de Ministros que se celebrará un día después, el 10 de mayo, a pesar de la falta de consenso alrededor del proyecto y del significativo tirón de orejas del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del país, a la reforma.


La convocatoria motivó un cambio de calendario en las pruebas de evaluación diagnóstica para los aproximadamente siete mil niños de 4.º de Primaria en los colegios asturianos. Ahora quedan establecidos los días 8, 10 y 13 de mayo.


Izquierda Unida se lo había planteado al Gobierno en el Parlamento e insiste en esa petición de «retirar» la medida, contenida en el plan de estabilidad del Principado. La diputada Emilia Vázquez hace hincapié en que «muchas comunidades autónomas no han adoptado esta decisión porque, además, incide en derechos adquiridos».


IU da por hecho que en septiembre «muchos alumnos no van a ser evaluados por quienes conocen sus dificultades y rendimientos». Para Vázquez, enviando a los interinos al paro, «se resentirán la planificación y la motivación».

La educación pública asturiana se encierra contra la Ley Wert

La educación pública asturiana se encierra contra la Ley Wert
 
 
Organizaciones del Principado convocan una jornada de protesta, previa a la huelga del 9 de mayo, que incluye manifestaciones o pasar la noche en centros

24.04.13 - 21:03 -

Hoy no es un día normal en los centros educativos públicos asturianos. Muchos de ellos han sido tomados por sus alumnos y profesores en encierros que preceden a la huelga convocada en toda España el 9 de mayo en contra de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Los convocantes asturianos, Suatea, CCOO, Fapa Miguel Virgós, UGT y el Sindicato de Estudiantes, que forman parte de la Plataforma Estatal en Defensa de la Enseñanza Pública, han promovido esta jornada previa de protesta. Los participantes contemplan la posibilidad de pasar la noche en los colegios e institutos en los que los directores lo permitan, pero también otras actividades como cadenas humanas, manifestaciones, concentraciones o un 'flashmob'. Como reconocen sus precursores, se trata de “calentar motores” de cara a la huelga de dentro de dos semanas, la primera de la democracia en la que se unen docentes, estudiantes y familiares de todas las etapas educativas, desde Infantil hasta la Universidad.

Según el comunicado consensuado entre los convocantes, la ley Wert “pone en estado de alarma a quienes pensamos que la educación pública es un derecho fundamental”. Además, aseguran que los cambios legislativos persiguen que la educación pública sea “la que pague los platos rotos de la crisis”.

La plataforma cree que el nuevo proyecto de ley no ha venido precedido de un debate social y pide que la educación siga estando considerada como un derecho fundamental. Por ello, los responsables de las organizaciones cargan duramente contra la LOMCE a la que acusan de demonizar a la educación pública y debilitarla “para volver a los años 70” o de “crear una red de centros de elite para la clase privilegiada y otra subsidiaria para los demás”.