El Gobierno planea dar más poder a las mutuas en las bajas médicas

 

Podrán dar altas en enfermedades comunes si un inspector no contesta en seis días

Los facultativos, los únicos autorizados, alertan del perjuicio al paciente

El paciente ya no deberá renovar su baja médica cada semana

Elena G. Sevillano Madrid 11 AGO 2013 - 22:00 CET18 

 

Las mutuas ganarán margen de maniobra para decidir cuándo hay que dar de alta a un trabajador enfermo. Si hasta ahora lo hacían en el caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el Gobierno tiene previsto darles esta potestad también cuando se trata de una enfermedad común o de un accidente no laboral —el 80% de las empresas ya tienen asegurados estos procesos con las mutuas—. Así lo recoge un proyecto de real decreto, fechado el 17 de julio pasado, que regula la gestión y el control de los procesos de incapacidad temporal. Uno de sus artículos faculta a las mutuas a facilitar el “alta médica presunta” al sexto día de la propuesta dirigida a la inspección médica del servicio público de salud. Si el inspector no responde en ese tiempo, el silencio administrativo se considerará aprobación, y la mutua podrá comunicar al paciente que está de alta y sin derecho a subsidio.

 

Las mutuas, que son asociaciones de empresarios formalmente sin ánimo de lucro, gestionan tanto las contingencias profesionales como las comunes. En los últimos años, la mayoría de las empresas han encomendado la gestión de sus bajas comunes a las mutuas, en lugar de hacerlo al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que ya solo se ocupa del 20%. Por primera vez, un borrador de texto legal las faculta para dar altas en caso de enfermedad común, algo que los médicos de familia y los inspectores sanitarios consideran un “gravísimo error” y un perjuicio para el paciente. La patronal de las mutuas, en cambio, cree que si ellas pudieran gestionar todas las altas ahorrarían a la Seguridad Social y a las empresas 6.600 millones de euros.

 

“Alta presunta”

El artículo 7 del proyecto de Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración establece que cuando las mutuas “consideren que el trabajador puede no estar impedido para el trabajo” podrán formular “propuestas motivadas de alta médica dirigidas a las unidades de la inspección médica del servicio público de salud”. El inspector podrá, en cinco días, confirmar la propuesta (y dar el alta) o desestimarla motivadamente. “En caso de que al sexto día de formulada la propuesta la mutua no hubiera recibido pronunciamiento expreso [...] entenderá que la propuesta ha sido estimada”.

 

El texto denomina “alta presunta” a la que dé la mutua por silencio administrativo, y asegura que “surtirá efectos el primer día siguiente al de su notificación al beneficiario” y se extinguirá el derecho al subsidio. El trabajador deberá incorporarse al trabajo “el día en que produzca sus efectos la extinción del subsidio”.

 “Es como poner a la zorra a cuidar al gallinero”, exclama el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS), José María Morán. “El alta la tiene que dar el médico o la inspección. La mutua, como financiadora de la prestación, tiene demasiado interés en reducir el tiempo de baja”, añade. Que las mutuas puedan dar de alta por silencio administrativo constituye, en opinión de Morán, “una grave inseguridad jurídica para los trabajadores y una perversión administrativa”. Además, cree que “se abusa de la falta de capacidad de respuesta de un sistema de salud muy recortado. Una propuesta de alta de una mutua puede llegar por fax a un administrativo y que el médico esté de viaje, a su vez de baja y sin sustituto, con lo que un paciente con cáncer terminal se puede encontrar al sexto día de alta y sin prestación”. “Se está abriendo la vía a la judicialización”, añade.

 

Los médicos de familia, que son los que ahora dan las bajas y las altas, también están en contra de la intención del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. “Las altas tienen que ser confirmadas. La decisión sobre cuándo una persona enferma está lista para volver a trabajar la debe tomar su médico o el inspector con criterio sanitario, nunca debe resultar de un silencio administrativo. Esto genera gran indefensión a los pacientes”, asegura Paulino Cubero, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc). También él alude a los recortes del sistema público de salud y la falta de suplentes cuando un médico se ausenta. “En seis días es muy fácil que un inspector no pueda ponerse en contacto con el médico de un paciente para revisar su situación. La mutua tiene intereses económicos que pueden primar sobre los clínicos y forzar altas de forma prematura”, añade.

 

Tampoco a la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), a la que pertenecen, por ejemplo, Fremap, Ibermutuamur o Asepeyo, le gusta el proyecto de real decreto, pero por el motivo contrario. Considera que las mutuas deben estar facultadas para dar altas por contingencias comunes en todos los casos. Argumentan que, dado que legislación prevé que gestionan la prestación de baja con igual alcance que el INSS, si este tiene competencia para emitir altas, también las mutuas deberían tenerla. “Los profesionales médicos de las mutuas vienen emitiendo altas por contingencias profesionales sin ningún tipo de controversia, actuando siempre bajo el mismo código ético y deontológico que cualquier profesional sanitario de los servicios públicos de salud”, afirma por correo electrónico un portavoz de AMAT.

 

Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) discrepan: “Los médicos de las mutuas patronales están capacitados para tratar problemas de salud laboral, pero no son especialistas en medicina familiar y comunitaria”. “Este real decreto, que espero que se subsane, supone poner en manos de la patronal la salud de los trabajadores, convertirla en juez y parte”, asegura su vicepresidente, Isidoro Rivera. AMAT considera que “la mayor parte de las enfermedades comunes y accidentes no laborales tienen carácter traumatológico o solo requieren de conocimientos de medicina general para su valoración por lo que es lógico afirmar que los médicos pueden valorar, con el máximo acierto, la mayor parte de los procesos y expedir el alta a todos los efectos”.

 

El controvertido acceso a las historias clínicas

E. G. S.

 

Quién puede acceder, y para qué, a las historias clínicas de los pacientes es otro de los puntos controvertidos en el real decreto que regulará la incapacidad temporal. Tanto las sociedades de médicos de familia como los inspectores de servicios sanitarios denuncian que, con la excusa del control de la prestación económica de la incapacidad temporal, “se pretende liberar el acceso integral a la historia clínica electrónica” a todas las entidades que gestionan las bajas, entre ellas, las mutuas. “¿Qué sentido tiene que si estás de baja por un esguince la mutua pueda acceder a tu historia completa y vea si fumabas marihuana o tuviste un aborto, o si tienes VIH?”, se pregunta José María Morán, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS). “El nivel de acceso a las historias no está estructurado. Y no habrá intercambio de información. La mutua podrá ver la misma historia que el médico, pero este no podrá acceder a la información de la patología laboral de los pacientes para ver el posible origen profesional de muchas contingencias comunes”, añade.

 

“Las mutuas no son parte del sistema sanitario público”, asegura Paulino Cubero, de Semfyc. “El ministerio nos dijo en una reunión que solo se les iba a permitir acceder a la parte de la historia necesaria, pero no creemos que pueda hacerse”. A Isidoro Rivera, de Semergen, le preocupa que “no se salvaguarde el derecho a la intimidad”. “Actualmente, en los partes de baja que hacemos no se le facilita a la empresa el diagnóstico, y es porque se entiende que eso pertenece a la intimidad del paciente”, añade.

 

El proyecto de real decreto, que el Ministerio de Empleo no quiso comentar con EL PAÍS por estar aún “en elaboración”, incluye una petición histórica de médicos y pacientes: la eliminación de las renovaciones semanales (parte de confirmación) de las bajas largas en las que está claro que el paciente tardará meses en recuperarse. Según el texto, un paciente podrá estar hasta 35 días sin ir a consulta. Se estandarizarán los tiempos medios en los que se cura cada enfermedad para así poder alargar el lapso entre visitas al médico.

 

El San Agustín cierra dos plantas de hospitalización por la baja ocupación

La dirección del centro avilesino aprovecha para realizar obras de acondicionamiento en ambas unidades

12.08.2013 | 03:10

 

Fachada del Hospital San Agustín. ricardo solís

Myriam MANCISIDOR El Hospital San Agustín mantiene desde el inicio del verano dos plantas de hospitalización cerradas -la cuarta norte y la quinta centro- debido a la baja ocupación que presenta el complejo sanitario. La dirección del centro ha aprovechado esta circunstancia para realizar obras de acondicionamiento en ambas unidades pertenecientes a los servicios de Medicina Interna y Cirugía. A estas plantas, que suman 64 camas en total, hay que añadir el cierre permanente de la cuarta planta sur, destinada a posibles emergencias.

El cierre de las plantas coincide, según fuentes consultadas por este diario, con la «falta de ocupación» del hospital, dotado con 436 camas. La demanda sanitaria se reduce como cada verano en el San Agustín debido en gran medida a la disminución de las intervenciones quirúrgicas. La pasada semana el complejo registró hasta 75 camas sin uso, el equivalente a algo más de dos plantas cerradas, aunque en estos huecos están incluidos los de neonatos, pediatría o psiquiatría siempre disponibles para los enfermos. «Ante estas cifras hay que optimizar recursos y es una tontería mantener plantas abiertas si no hay actividad», señalaron fuentes hospitalarias.

Destacaron además que, a lo largo del año y salvo en fechas concretas, como el mes de febrero, cuando ingresan pacientes con patologías asociadas a la gripe, el centro «siempre tiene huecos». La falta de ocupación en el San Agustín tiene doble lectura: una posible mejoría de la salud de los avilesinos y una reducción del número de intervenciones quirúrgicas en los meses de estío.

Con Alfonso Flórez al frente de la gerencia del Hospital San Agustín y tras el cierre de cuatro plantas (108 camas), los sindicatos llegaron a proponer en 2011 la elaboración de un plan en el que estableciera la manera de proceder en caso de sucesivos cierres de plantas. Este plan debería incluir, a juicio de los sindicalistas, que el periodo máximo de clausura de cada planta fuera de dos meses y la apertura de habitaciones en cuanto el treinta por ciento de los boxes de urgencias estuvieran desdoblados por falta de camas libres en las unidades de hospitalización. Actualmente, el San Agustín registra numerosas camas libres.

La receta electrónica llega a más de 8.800 usuarios del área sanitaria en tres meses

Los centros del casco urbano de Avilés se incorporarán al nuevo sistema de dispensación en septiembre

12.08.2013 | 03:10

 

Enrique Caicoya recibe de su médico la primera receta electrónica de Asturias, prescrita en Luanco. ricardo solís

Myriam MANCISIDOR

Más de 8.800 usuarios del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) se han beneficiado en los meses de mayo, junio y julio del sistema de receta electrónica que funciona para una población de 62.109 habitantes en los municipios de Gozón, Corvera, Pravia, Castrillón y Cudillero, todos ellos pertenecientes al área sanitaria avilesina. Este nuevo modelo de dispensación ha permitido, además, que 954 de ellos no hayan tenido que adelantar el importe asociado al copago de los fármacos aprobado por el Gobierno de España por haber alcanzado su límite mensual, con el consiguiente ahorro de tiempo y recursos para los ciudadanos, que no deben esperar la devolución, y para la propia Administración. En septiembre se incorporarán al proyecto los centros del casco urbano de Avilés y en octubre comenzará su implantación en el área de Gijón.

En Avilés, el orden de despliegue de la receta electrónica tendrá en cuenta la cantidad de población asignada a los centros, con la salvedad de Villalegre-La Luz por su proximidad con Corvera, donde ya está funcionando receta electrónica. Tras la puesta en marcha del programa piloto en Gozón el pasado 16 de abril, y cumpliendo con el cronograma previsto, la receta se ha implantado ya sin apenas incidencias en los municipios de Corvera (23 de mayo), Pravia (29 de mayo), Castrillón (5 de junio) y Cudillero (19 de junio), según avanzó el director general de Innovación Sanitaria, Enrique González, en una intervención en la Feria de Muestras de Gijón.

El proyecto de receta electrónica tiene como objetivo crear un sistema que cierre el ciclo de prescripción y dispensación de medicamentos, desde que el profesional receta hasta que se entrega al paciente en la farmacia. Permite así prescindir de la habitual receta en papel, sustituyéndola por una única hoja de prescripción que incluye todos los medicamentos que se prescriben al paciente para un periodo de tiempo determinado, además de la dosis y de la pauta de administración de los fármacos.

También es objetivo del sistema construir y gestionar una base de datos de medicamentos y productos sanitarios centralizada, para mantener normalizadas y actualizadas las bases de datos de los sistemas de prescripción, tanto para pacientes ingresados como ambulatorios, que sirva como elemento nuclear sobre el que se construyan todos los sistemas de ayuda a la prescripción.

Esta iniciativa es fruto de la colaboración entre la Administración central y el Principado y cuenta con una inversión de 570.000 euros, de los que la empresa pública Red.es aporta el 70 por ciento y el Ministerio de Sanidad, el 30 por ciento restante. Es un proyecto cofinanciado, además, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Prevención, también en el cáncer

 

 

El avilesino Rubén Martín Payo aprueba su tesis doctoral en la que investigó sobre la educación en salud en mujeres

11.08.13 - 01:44 -

FERNANDO DEL BUSTO | AVILÉS.

Las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama sufren el riesgo de tener otro tumor sin ninguna relación con el primero. Pero se puede evitar con una correcta intervención educativa. Es una de las conclusiones que aparecen en la tesis doctoral 'Descripción de los factores de riesgo conductuales de cáncer y evaluación de una intervención educativa en mujeres con cáncer de mama' del avilesino Rubén Martín Payo, dirigido por María Olivo del Valle, y que el pasado 29 de julio lograba el sobresaliente cum laude tras su defensa en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo.

En su trabajo, Rubén Martín Payo se acercó a dos realidades relacionadas. Por una parte, la calidad de vida en las mujeres con cáncer de mama y, por otra, los resultados reales de las intervenciones en educación para la salud. «En Europa, la supervivencia a los cinco años del diagnóstico del cáncer de mama oscila entre el 78 y el 80% de las mujeres, unos porcentajes que se cumplen en España», explicó Payo. Además, los datos demuestran que entre el 12 y el 18% de las mujeres tienen un riesgo de sufrir un nuevo cáncer.

«Sabemos que modificando algunas conductas se pueden reducir los riesgos de tipos concretos de cáncer. La idea de la investigación era determinar si una intervención educativa desarrollada y aplicada por profesionales de la enfermería podía lograr que esas mujeres asumiesen comportamientos más saludables», aseguró Martín Payo.

Para ello, se estudiaron dos intervenciones educativas desarrolladas en Asturias donde se aplicaron diferentes criterios validados internacionalmente.

Durante la investigación se estableció la validez de los métodos de educación para la salud aplicados. Otro aspecto importante fue asegurar la confidencialidad de los datos tratados. Así, después de aplicarse los dos sistemas educativos, se comprobó que los mejores datos se lograban en un colectivo donde los profesionales de Enfermería habían utilizado dos métodos para comunicarse con las mujeres: la llamada telefónica directa y la entrega de material impreso.

En concreto, aunque los consejos abarcaban diferentes aspectos, los cambios más positivos se refieren a una mejor protección contra la radiación solar y el cambio de hábitos alimentarios por costumbres más saludables.

«Cuando comenzamos la investigación», señala el nuevo doctor, «no localizamos en la literatura científica española ningún estudio de estas características». No es la única novedad de la investigación.

«En la investigación que hice en la literatura internacional sobre los consejos a las personas que superaban el cáncer, encontré que se daban uno, dos o tres consejos para conductas concretas. Nuestra novedad es que se aborda la multiconducta, de acuerdo con las recomendaciones actuales en la lucha contra el cáncer», resumió Payo.

Gibraltar, cortina de humo

La cercanía de las declaraciones de Cospedal, Arenas y Cascos por el ’caso Bárcenas’ hace sospechar que la tensión con el Peñón se está manteniendo intencionadamente mientras se perjudica a los trabajadores de la zona

BLANCA CAMBRONERO Madrid 11/08/2013 07:00 Actualizado: 11/08/2013 08:07

El conflicto surgido entre el Gobierno español y las autoridades de Gibraltar después de que el Peñón lanzara bloques de hormigón al mar está creciendo en intensidad día a día a pesar de que ambos ejecutivos aseguran querer negociar y acercar posturas. Y el anuncio de un mayor control fronterizo, el cobro de futuras tasas de paso o la restricción del espacio aéreo no parecen rebajar la tensión sino avivarla...(leer más)

Menos mal que alguien lo dice alto y claro este informe de la fundación BBVA es un “arrimando el ascua a su sardina” en el negocio en el que quieren convertir nuestra salud: la colaboración público-privada (la privatización).

Un estudio del sistema sanitario sesgado y poco riguroso

Por Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es

Acaba de hacerse público el estudio “El sistema sanitario público en España y sus comunidades autónomas: Sostenibilidad y reformas” financiado por la fundación BBVA y lo más sorprendente es la falta de rigor de  su metodología y de sus principales conclusiones.

El estudio asegura que “se prevé  que el gasto sanitario público crecerá a una tasa media anual del 4,4% de aquí a 2016”, contra toda evidencia y que por lo tanto “la economía debería de crecer un mínimo del 1,4% anual para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario”, y por ello, reclama “reformas para controlar el gasto”.

Es evidente que se parte de unas premisas falsas que parece mentira que sean sustentadas por economistas. Se utilizan series históricas que acaban en 2010 por lo que la tendencia no incluye el periodo de crisis económica (mejor dicho solo el último año de la serie donde empieza el decrecimiento del gasto sanitario (se pasa del 6,1% del PIB y de 1.376 euros per cápita en 2009 al 6% y 1.349 euros en 2010), por lo tanto la previsión que se hace esta sesgada y no se corresponde con la realidad (un error metodológico de bulto).

Es bien conocido que entre 2010 y 2013 los presupuestos sanitarios públicos de las CCAA per cápita han experimentado una disminución del 11,4%, con decrecimiento promedio anual del  3,91 %, es decir la previsión no solo no se está cumpliendo sino que sucede todo lo contrario, en lugar de un aumento del gasto sanitario público estamos ante una disminución del mismo

Incluso los últimos datos de la OCDE (junio 2013) ya señalan que el gasto sanitario español está en clara disminución. Así el gasto sanitario público per cápita se sitúa por debajo del promedio de la OCDE (2.224,2 dólares/poder partitario de compra –ppc– versus 2.436,7 dólares ppc) y ha disminuido desde 2009 (pasando de ser el 74,9% del gasto sanitario total en este año al 73% en 2011), con un crecimiento negativo de  -1,2% en 2010 y de -4,3% en 2011,mientras el gasto sanitario total en % sobre el PIB también disminuye 0,3 puntos en % en 2011 (situándose en el promedio de la OCDE). Por otro lado conviene recordar que el crecimiento del gasto sanitario en España nunca estuvo descontrolado (la OCDE en 2008 señalaba que el crecimiento del gasto sanitario anual en los últimos diez años era  en España del 2,7% frente al 4,1% del promedio de los países de la OCDE)

Es decir los datos conocidos demuestran que lejos de producirse este incremento continuo del gasto sanitario que señala el Informe, está ocurriendo justamente lo contrario, desde hace años, a partir de 2009, se ha entrado en una disminución del gasto sanitario público, que además es mayor que la contracción del PIB. Resulta llamativo que se publique en agosto de 2013 un Informe que ignore estos datos y dice muy poco del rigor del mismo.

Otro de los problemas del Informe es el sesgo ideológico que esta expresado en la Introducción y lógicamente aparece a lo largo del mismo. Los autores utilizando una referencia “moderna” (Aristóteles, siglo IV antes de  nuestra era) intentan colocarse en lo que ellos entienden como “justo medio”, creando de una manera artificial dos supuestos enemigos del SNS, caricaturizando sus posiciones con una notable ausencia de “moderación” que hubiese sorprendido a su supuesto mentor filosófico. 

En realidad estamos ante una de las posiciones ideológicas que fomentan la privatización que está presente en nuestro país hace mucho tiempo al menos desde el Informe Abril de 1991, una posición “blanda” si se compara con las más “duras” de Lasquetty y compañía, pero que a la postre pretenden justificar las mismas actuaciones y por lo tanto es complementaria. Amparándose en unas supuestas evidencias científicas, en algunos casos tan inexistentes como las que han señalado sobre tendencias de gasto sanitario, plantean soluciones inscritas en un paradigma nunca demostrado, las supuestas ventajas de la introducción de incentivos de mercado, de la competencia y de la participación del sector privado (lo que eufemísticamente se denomina colaboración público- privada)  en la provisión de los servicios sanitarios. Como siempre estos planteamientos se encubren en declaraciones genéricas como la búsqueda de “una mejora de la eficiencia” que todo el mundo desea pero que hay planteamientos, como los privatizadores, que la practica ha demostrado que avanzan en sentido opuesto. Un sesgo ideológico presente en todo el Informe.

El Informe por supuesto contiene muchos datos e información que es de  interés, y que pueden ser utilizados para comprender el funcionamiento y los problemas del SNS.

En conclusión estamos ante un Informe con sesgos metodológicos e ideológicos básicos que desnaturalizan su contenido supuestamente científico y que hace afirmaciones que la realidad demuestra que son totalmente erróneas, la utilidad del Informe queda así circunscrita a los fines de la entidad financiadora, que es de agradecer, aparece claramente explicitada. Estamos ante otro de los trabajos seudocientificos  que intentan recuperar el terreno ideológico en que se sustentan las políticas privatizadoras de la Sanidad Pública tan desprestigiadas por las movilizaciones sociales y profesionales.

Son datos de la administración central, pero los transferidos estaremos en situación similar

La falta de oferta pública de empleo merma drásticamente una plantilla de funcionarios muy envejecida

Un 10% de los funcionarios en activo tiene más de 60 años y se jubilará de forma inminente en los próximos años.

Con el ritmo actual, en diez años se habrían destruido 35.000 empleos públicos solo en los servicios centrales.

Los trabajadores que atienden al público, como los de oficinas de empleo o Agencia Tributaria, advierten de que se están quedando sin manos para atender el servicio.

El grueso de los empleados públicos supera ampliamente los 50 años y hay casi tantos funcionarios mayores de 65 años en activo como menores de 30 años.

Belén Carreño, en ElDiario.es

Por causas naturales. Así se está reduciendo de forma acelerada la plantilla de funcionarios españoles al haberse congelado la convocatoria de plazas públicas y por la limitación mínima de reposición de puestos en colectivos específicos. Desde 2009, el número de funcionarios ha descendido en España en un 2,2%, 60.000 empleados públicos menos, según el registro central de personal que publica semestralmente la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, pero la reducción se ha cebado especialmente con la Administración General del Estado (AGE). Así, en estos años de congelación de la oferta pública de empleo, la Administración Central se ha reducido en 11.000 funcionarios, un 4,6% menos.

Dentro de estos funcionarios están los empleados que atienden servicios como la Agencia Tributaria, las oficinas de empleo o la Seguridad Social. Así, mientras la crisis y el número de usuarios ha hecho estos servicios más necesarios que nunca, las sillas detrás de las famosas ventanillas se van quedando vacías. Y ni se espera que en los próximos años la pérdida de personal se pueda reponer. La tendencia además se va acelerando por la propia composición de la plantilla pública. Según el Boletín de Clases Pasivas -un régimen especial en el que estaban inscritos los funcionarios y que ya está en desuso- pidieron la jubilación en los primeros seis meses de 2013 casi 13.000 funcionarios.

"Mi servicio se está quedando pelado. Cada vez se jubilan más compañeros, la carga de trabajo es menor y somos menos manos", lamenta una funcionaria de Empleo de un departamento que trabaja en áreas de inclusión social. El secretario de Acción de Sindical de la Federación de Servicios Públicos de CCOO, Raúl Olmos, lo ve claro. "Empleo, Seguridad Social y la Agencia Tributaria es donde el impacto es más visual en la reducción de empleados a costa de la crisis".

Según las estadísticas centrales, algo más de un 10% de los funcionarios tienen más de 60 años y se jubilarán de forma inminente. La tasa de reposición será como mucho del 10% en el mejor de los casos (eso supone que de cada diez jubilados solo se repone uno), que se concentra en los llamados sectores prioritarios, como los hospitales, la policía y en algunos colectivos muy determinados como los inspectores de Hacienda o la Justicia. Pero con la previsión actual, a un lustro vista los servicios centrales se pueden reducir en algo más de un 15%. Alrededor de 35.000 empleos públicos perdidos por la crisis en menos de una década.

Los inspectores de Hacienda echan cuentas y no le salen. A día de hoy tienen menos gente que cuando se creó la Agencia Tributaria. "Resistimos por la informatización del trabajo", aclara Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización de los Inspectores de Hacienda del Estado. La persecución del fraude fiscal está en la lista de actividades prioritarias que los Presupuestos Generales autorizan a convocar empleo, pero el ritmo de las jubilaciones es muy superior al de las incorporaciones.

Así, en la actualidad la Agencia Tributaria tiene un personal de poco menos de 27.000 personas, cuando en 2009 (último año antes de que comenzaran a aplicarse las medidas de reducción de personal), superaba los 28.000. Y eso pese a ser uno de los cuerpos que han incorporado a un puñado de nuevos funcionarios. Según las estadísticas, en la Agencia Tributaria 2.000 trabajadores tienen más de 60 años y con una tasa de reposición del 10% en el próximo lustro se perderían 1.800 empleos.

Las estadísticas dicen también que desde 2009 hay casi 12.000 profesores no universitarios menos, y eso que los recortes en la reposición de plazas de docentes no se empezaron a notar hasta 2011. Prácticamente la mayoría se han jubilado en el último ejercicio cuando la tasa de reposición efectiva que se ha aplicado a la Enseñanza es del 10%. En Andalucía UPyD asegura que el año pasado se jubilaron 2.500 maestros.

Como resultado de estas medidas, la plantilla de funcionarios españoles adelgaza y envejece. La modernización de la Administración Pública con la que se ha comprometido el Gobierno la tendrán que hacer los trabajadores mayores de 50 años, que conforman el grueso de la actual plantilla del Estado. De hecho, la panza de la pirámide por edades del empleo público (ver gráfico), está entre los 50 y los 59 años.

En la AGE hay 23.000 trabajadores de más de 60 años y algo más de 31.000 por debajo de los 40 años. Afinando, hay casi tantos mayores de 65 años (2.555), como menores de 30 años (2.917).

A estas alturas se hace difícil dudar del “mantenimiento del empleo fijo y estructural” que ya todos deberíamos saber exactamente qué es.

LAS EVENTUALIDADES NO SON EMPLEO NI FIJO NI ESTRUCTURAL, EN TODO CASO SON EMPLEO COYUNTURAL…

El Principado asegura que el traslado del HUCA a La Cadellada no afectará al empleo

09.08.13 - J. F. | GIJÓN, en El Comercio.

«El compromiso del consejero es mantener el empleo fijo y estructural». El director general de Innovación Sanitaria, Enrique González Fernández (en la foto), quiso despejar ayer los temores de la Junta de Personal del HUCA, que sospecha que el traslado a La Cadellada y la cesión del mantenimiento la empresa pública Gispasa podría suponer un perjuicio para los 170 trabajadores -40 de ellos eventuales- que en estos momentos realizan el servicio.

«Pasamos de un complejo muy antiguo a uno moderno e integrado y eso supondrá cambios organizativos», destacó González, quien hizo hincapié en que se está formando a los empleados de mantenimiento para que se adapten a unas instalaciones «radicalmente diferentes». Como ejemplo, expuso que tras la mudanza tendrán que velar por más de 35.000 puntos de alerta electrónicos que necesitan de una vigilancia y una atención distintas a la que requieren los 17 edificios que componen el actual HUCA.

En estos momentos, resaltó el director general, «un grupo de expertos está trabajando para definir el nuevo modelo organizativo» y será a finales de septiembre cuando se presenten sus conclusiones a los agentes sociales con la intención de discutir el texto y alcanzar un acuerdo. Así, González hizo hincapié en que todo lo que se diga hasta entonces son «especulaciones» y recalcó la intención de la Consejería de mantener los puestos de trabajo.

A privatizar el mantenimiento del nuevo HUCA

09.08.2013, J. M. C., en La Nueva España.

El director general de Innovación Sanitaria afirmó ayer que carecen de fundamento las informaciones sobre la futura externalización de los servicios de mantenimiento del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y que, por el momento, lo que se está realizando en el departamento gubernamental que dirige Faustino Blanco es evaluar las necesidades y requerimientos que se precisan para atender el servicio en el nuevo equipamiento sanitario. Enrique González, a preguntas de los periodistas, insistió que hasta el próximo mes de septiembre no se ultimará el documento de trabajo, pero, de cualquier forma, el compromiso es «el mantenimiento del empleo».

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