PRENSA

VI CONGRESO SOBRE SALUD MENTAL EN AVILES

Los psiquiatras de Avilés atendieron a 144 enfermos graves en sus casas en 10 años

 

La Nueva España M.Mancisidor

Pionero, novedoso... El tratamiento asertivo comunitario (TAC) consistente en la atención a enfermos mentales graves en su entorno más próximo y bautizado con el nombre «Modelo Avilés» por su implantación de forma pionera en el área sanitaria avilesina recibió ayer todo tipo de elogios por parte de los 175 especialistas de toda España que participan en el VI Congreso sobre salud mental que se celebra en la ciudad. El coordinador de salud mental de Avilés, Juan José Martínez Jambrina, especificó que desde su implantación hace ya una década 144 enfermos mentales se han beneficiado de los cuidados que supone el TAC.

«Como se trata de un proyecto pionero, el comienzo fue lento porque carecíamos de personal. Ahora estamos en un buen momento. Aun así nuestro objetivo es avanzar y reforzar la plantilla», explicó Jambrina, quien aprovechó además para pedir más dispositivos de rehabilitación laboral a través de trabajos protegidos para los enfermos mentales graves. «Con trabajo y con apoyo de los profesionales implicados, la situación de los enfermos mentales mejora mucho y cualquier persona puede lograr una integración social plenamente adecuada», subrayó.

El apoyo que prestan los psiquiatras avilesinos consiste básicamente en intervenciones domiciliarias que proveen al paciente de recursos que le permiten una autonomía, evitan una situación de desarraigo y largos períodos de ingreso.

 

«La estrategia en salud mental recoge que todo enfermo debe tener un plan de atención integral, y en esto Avilés es un referente nacional»

 La Voz de Avilés

Salud Mental reclama más medios para mejorar la atención a los enfermos graves

Cerca de 175 profesionales acuden al VI Simposium sobre el Tratamiento Asertivo Comunitario

 

 

El coordinador del Servicio de Salud Mental de Avilés, Juan José Martínez Jambrina, reclamó ayer más apoyo a los equipos de Tratamiento Asertivo Comunitario (TAC) para los enfermos mentales y más dispositivos de rehabilitación laboral, a través de trabajos protegidos. Martínez Jambrina realizó esta reflexión en el marco del VI Simposio Nacional de Tratamiento Asertivo Comunitario, que desde ayer se celebra en el Hotel Nh Palacio de Ferrera.

El planteamiento realizado por Martínez Jambrina fue rápidamente respondido por la directora gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Elena Arias, que por la tarde inauguró el congreso. Arias elogió el trabajo del TAC de Avilés, pionero en su puesta en marcha en España, y aseguró desconocer si existían planes para reforzar el dispositivo.

Por su parte, Pilar Varela destacó en el acto oficial de inauguración del simposium que el Ayuntamiento impulsaba la inclusión en todos sus contratos de las denominadas cláusulas sociales, con lo que se reforzará desde la administración pública la contratación de colectivos con dificultades especiales.

Atención a indomiciliados

Más allá del acto inaugural, la primera jornada centró sus contenidos en los avances en la atención a los enfermos mentales graves. Gran interés despertaron las ponencias que, por la tarde, explicaron los programas de aplicación del TAC a enfermos mentales indomiciliados.

Cataluña y País Vasco se benefician de estas primeras experiencias. En muchas ocasiones, la ausencia de estos recursos provoca que el enfermo mental viva en la indigencia, vagando de albergue en albergue con un total deterioro de su salud y bienestar.

«Estos equipos han elaborado una estrategia específica para lograr que esas personas sin hogar se vinculen a un centro de salud mental», destacó el psiquiatra Juan José Martínez Jambrina. Es una trabajo con la colaboración de diferentes servicios sociales. «Es una tarea lenta, requiere un gran esfuerzo pero los resultados son espectaculares», aseguró.

Durante la mañana, los participantes analizaron los diferentes métodos para vencer las reticencias de los enfermos mentales graves a medicarse. En el 72% de los pacientes se registraron dificultades para seguir el tratamiento y ayer se estudió cómo vencerlas.

 

La próxima será una semana de cambios para el Hospital San Agustín

 

El San Agustín implanta el nuevo servicio para agilizar las urgencias, ya previsto para 2004

 

El hospital comenzará a aplicar la próxima semana, además, el programa que desterrará el papel gracias a la digitalización de las historias clínicas

 

Amaya P. GIÓN

La próxima será una semana de cambios para el Hospital San Agustín. El centro no sólo comenzará a implantar el programa de la historia clínica digital, conocido como «Selene», a partir del próximo día 24, sino que pondrá en marcha el nuevo sistema para agilizar las urgencias, el denominado «triage», cuya puesta en marcha estaba inicialmente prevista para 2004. Su implantación se retrasó por diversos avatares, el primero de ellos por la ampliación del bloque donde estaba previsto implantar el servicio.

 

Según fuentes hospitalarias, hasta el momento se han contratado a tres enfermeras para la nueva unidad que están a punto de comenzar a formarse para aplicar el «triage» (palabra de origen francés que significa clasificación). Con este servicio se pretende, en líneas generales, optimizar los recursos asistenciales y el tiempo empleado en atender a los enfermos. La nueva forma de trabajo consistirá, explicado sucintamente, en que una vez que llega un paciente a urgencias sería objeto de una breve entrevista y una exploración rápida, de uno o tres minutos, para decidir a qué área se le deriva. Se tendría en cuenta su estado, si es grave o puede esperar así como la especialidad de la que necesita atención.

 

El personal consultado asegura que el nuevo servicio «genera confianza en el sistema sanitario y ayuda a la organización, asignando el mayor nivel de prioridad en las intervenciones de urgencia». «Permitirá», además, «la reordenación de recursos en el área de urgencias en función de la demanda», aseguran.

 

Por otra parte, las secciones sindicales de UGT y CC OO del Hospital San Agustín arremetieron ayer contra la gerencia del centro a la que acusan de no aportar ningún tipo de información a la junta de personal y a los sindicatos representativos en el área sanitaria III. Las centrales protestan, en relación con la aplicación del programa «Selene», porque «muchos profesionales del hospital están formándose en horas de su tiempo libre sin saber, a día de hoy, cómo se les compensará». «Quizá no sea el momento para poner en marcha el "Selene ". Los tiempos son muy precipitados, en poco tiempo se pretende formar a un gran número de trabajadores cuando muchos de ellos están de vacaciones y otros recién llegados de otros hospitales como consecuencia del proceso de movilidad del Servicio de Salud del Principado de Asturias», señalaron ambas centrales a través de un comunicado.

 

Criticaron, además, que la gerencia mantiene cerradas dos plantas del hospital, una tendencia que se repite cada año por estas fechas. «La dirección del San Agustín trata de ocultar lo que está pasando en el hospital», sostienen en UGT y CC OO.

 

 

ElPrincipado dejará de ingresarle a 14.000 trabajadores públicos los complementos a cuenta.

Asturias

El Principado dejará de abonar el plus de la carrera profesional y se ahorrará 21 millones

«Han ganado algunos sindicatos a costa de los trabajadores», dice Migoya

El Principado no recurrirá la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la carrera profesional, un sistema ideado por la Administración regional para aumentar los emolumentos de los empleados públicos en función de su productividad. Este régimen, que llevaba dos años funcionando, «carece de soporte legal», tal y como determinaron por unanimidad los once magistrados-juez de la sala de lo Contencioso-Administrativo. Pese al revés jurídico el Gobierno «lamenta los recursos, acata el fallo, y no va a recurrirlo, porque llevar ese proceso al Tribunal Supremo perjudicaría aún más a los trabajadores», según valoró ayer Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas.

Si el alto tribunal analizase el conflicto «nos arriesgamos a que termine obligando a devolver las cantidades que en estos dos años han ido recibiendo aproximadamente 14.000 trabajadores públicos», argumentó Migoya. Ese era ayer precisamente uno de los temores que recorría al funcionariado. Existen unos 4.000 profesores de instituto que, por ejemplo, llevan ingresados 6.250 euros gracias a complementos vinculados a la carrera profesional. La sentencia del TSJA establece la «anulabilidad» de esos pluses, «pero no dicen que sean nulos de pleno derecho», matizó Migoya. «Eso nos permite que lo cobrado hasta ahora no habrá de devolverse», aclaró.

El 1 de junio será firme

Pero la reacción del Principado tiene otra consecuencia. Marca una posición que, presumiblemente, seguirán también los otros seis codemandados y cinco demandantes con derecho a recurrir el fallo del TSJA. Sin recursos en contra, el próximo 1 de junio la sentencia será firme. A partir de esa fecha, el Principado dejará de ingresarle a 14.000 trabajadores públicos los complementos a cuenta. ¿Cuánto dinero ahorrará esa medida a las arcas públicas? Según las cifras que ayer manejaba Ana Rosa Migoya, el monto ronda los 21 millones.

Para el Principado sólo hay un responsable de esta pérdida de poder adquisitivo. «Aquí es paradójico que la sentencia que han ganado algunos sindicatos la han perdido los trabajadores». Así lo valoró Migoya, quien advirtió contra «la confusión» que, en su opinión, tratan de extender ahora los sindicatos CSI, CSIF, Suatea y USO, promotores de la denuncia que ha terminado anulado la carrera profesional. « Dicen que pedían extender los complementos salariales a todos los trabajadores, a los fijos, a los interinos... Pero eso es confundir: en todos y cada uno de sus recursos que presentaron lo que se pide es la anulación de la carrera. Eso es lo que dicta el tribunal y la anulación significa dejar de recibir complementos».

Pagos «de buena fe»

Así, y para el Ejecutivo regional, «la sentencia no va sólo contra el Gobierno, los más perjudicados son los trabajadores».

Pero, ¿cómo llegó el Principado a promover una resolución «huérfana del desarrollo legal indispensable», según reprocha el fallo del TSJA? La versión que ayer defendió la consejera de Administraciones Públicas admite que «sabíamos que teníamos una cierta debilidad jurídica, pero también sabíamos que la resolución favorecía a nuestros empleados públicos».

La carrera profesional fue una manera de ser «sensible y acceder a una petición de los sindicatos mayoritarios», esgrimió Migoya, quien sacó conclusiones al recurso interpuesto luego por cuatro sindicatos y la consiguiente decisión de los magistrados-juez: «No se puede actuar sólo de buena fe, a partir de ahora iremos por el libro».

Ese «ir por el libro» supone que el Principado no recuperará la carrera profesional hasta que no cuente con las normas que lo respalden. Para alcanzar esa situación hacen falta la Ley de Función Pública del Principado de Asturias y el Estatuto Básico del Personal Docente. La primera depende del Principado, y dará cobertura a 6.000 funcionarios. La segunda influirá en 8.000 docentes, pero su desarrollo es misión de un Ministerio de Educación que de momento no ha convocado a los agentes sociales para negociarlo.

«Nosotros estamos en disposición de presentar la Ley de Función Pública en la Junta General», anunció Ana Rosa Migoya. Pero luego matizó que el Gobierno no dará ese paso. El motivo: su ley «arregla una parte del problema, la más pequeña; nuestra intención es que las dos normas vayan en paralelo para que no se produzcan disfunciones entre dos colectivos que pertenecen al Principado», informó Migoya. «Si dependiera de nosotros, el problema ya hubiera estado resuelto», abundó .

«Todos los recursos pedían anular la carrera, eso acaba con los complementos»

«Sabíamos que había una debilidad jurídica, pero beneficiaba a nuestros trabajadores»

 

 

Asturias

El TSJA anula la carrera profesional de 19.000 funcionarios del Principado

 

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso dicen por unanimidad que el sistema «carece de soporte legal»

La decisión revoca un modelo que incluía a 19.000 de los 35.000 trabajadores del sector público regional

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló ayer el modelo de carrera profesional que el Principado de Asturias venía aplicando desde 2007. Los once magistrados-jueces que componen la sala de lo Contencioso-Administrativo apoyaron por unanimidad una sentencia que entiende que «esa carrera profesional está todavía huérfana del desarrollo legal indispensable para su eficacia (...) Es disconforme a derecho y, por tanto, debe ser declarada anulable». De esta manera el tribunal echa por tierra un modelo que el Gobierno regional diseñó con la intención de gestionar a 19.000 de los 35.000 trabajadores del sector público. Sólo quedaban fuera de su alcance los 16.000 empleados de la Sanidad, que seguirán disfrutando de una carrera profesional a la que no afecta esta resolución judicial.

El fallo deja un interrogante en la nómina que este mes recibirán entre 15.000 y 16.000 trabajadores, según estimaciones de los propios sindicatos. Son los que hace dos años aceptaron adherirse a la carrera profesional a cambio de percibir sus complementos salariales. Los sindicatos temen que la Administración ejecute la resolución judicial anulando los pluses. Pese a la inquietud generada, la Consejería de Administraciones Públicas declinó ayer comentar el alcance del fallo.

El origen de la polémica se sitúa en el 18 de mayo de 2007. Ese día la entonces Consejería de Economía y Administraciones Públicas (hoy dividida en dos) dictó una resolución con la que convocaba a los funcionarios a incorporarse a la carrera profesional. Para quienes sumaran más de cinco años de antigüedad, aceptar ese cambio de formato suponía incorporar a la nómina unos pluses que oscilaban entre los 54,17 y los 208,33 euros al mes.

«Dimos la instrucción de que la gente no acogiese esa especie de 'cheque en blanco' detrás del que no se sabía qué había, pero hay que reconocer que más del 90% de los compañeros optaron por coger el dinero», recordaba ayer José Ángel Piquero, de la Federación de Enseñanza de CC OO.

Cuatro sindicatos (CSI, CSIF Suatea y USO) reaccionaron interponiendo un recurso contencioso-administrativo contra la decisión. «Entendemos que la carrera profesional, tal como estaba planteada, suponía incorporar al empleo público los peores comportamientos de la empresa privada», justificaba ayer Adrián Álvarez, letrado desde hace cinco años de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI).

Un agujero legal

Pese a esa argumentación, los magistrados-jueces eluden toda valoración sobre el contenido de la carrera profesional. En cambio, sí han analizado las formas que ha seguido el Principado para su aprobación, y ahí han encontrado un error.

Los magistrados-jueces admiten que existe una norma, la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, que contiene «el concepto y principios que regulan la carrera profesional». A ella es a la que se acogió el Principado para iniciar su aplicación. Sin embargo, los togados aclaran ahora a la Administración regional que esa norma estatal «no diseña una carrera profesional, sino que fija unos principios y modalidades, unas pautas generales que no permiten su inmediata efectividad».

Es decir, lo que el Congreso de los Diputados aprobó fueron unos principios generales, cuya aplicación deben después desarrollar las comunidades autónomas. «El legislador básico ha querido que sean los legisladores autonómicos (...) los que diseñen y perfilen la carrera profesional», expone la sentencia.

Para los abogados, «estamos ante la crónica de una sentencia anunciada». «Se sabía desde el principio que no había base legal para hacer esa carrera profesional, pero aquí es grave que hayan pasado dos años y el Principado no los haya aprovechado para desarrollar esa normativa», lamenta Adrián Álvarez.

La interpretación del TSJA obligará ahora al Principado a ir a la Junta General y negociar allí una ley asturiana que desarrolle la carrera profesional. ¿Por qué? Los magistrados recuerdan que es la propia Constitución la que defiende un régimen funcionarial dentro de las administraciones públicas. Cualquier cambio que se haga al respecto debe llegar negociado por los partidos políticos. «No se puede (...) hurtar a los representantes de la soberanía su potestad de efectuar ese desarrollo» de la carrera profesional, reprocha la sentencia.

Todos en el mismo saco

La sala del TSJA que preside Jesús María Chamorro aprovecha también la sentencia para dar un toque de atención de cara a esa futura norma asturiana. Según aclara la sentencia, «no es posible regular de manera idéntica, como hace la actuación impugnada, un régimen de carrera para funcionarios públicos y personal laboral». El Principado pretendía con su fallida carrera profesional incluir a todos los empleados con cinco años de antigüedad, pero los jueces advierten: para regular a los funcionarios hace falta una norma con rango de ley, un extremo que no es necesario con los empleados públicos.

 

 

«NO ESTAMOS EN EL ÁMBITO DE LA CARRERA PROFESIONAL PREVISTO EN LA LEY 7/2007 (...) ESA CARRERA PROFESIONAL ESTÁ TODAVÍA HUÉRFANA DEL DESARROLLO LEGAL INDISPENSABLE PARA SU EFICACIA (...) EL ACUERDO IMPUGNADO ES DISCONFORME A DERECHO Y DEBE SER DECLARADO ANULABLE».

«LA LEY 7/2007 NO DISEÑA UNA CARRERA PROFESIONAL, SINO QUE FIJA UNOS PRINCIPIOS (...) UNAS PAUTAS GENERALES QUE NO PERMITEN SU INMEDIATA APLICACIÓN (...) EL LEGISLADOR BÁSICO HA QUERIDO QUE SEAN LOS LEGISLADORES AUTONÓMICOS (...) LOS QUE DISEÑEN Y PERFILEN LA CARRERA PROFESIONAL».

«NO SE PUEDE HURTAR A LOS REPRESENTANTES DE LA SOBERANÍA SU POTESTAD DE EFECTUAR ESE DESARROLLO, NO SIENDO LA VÍA CONVENCIONAL O REGLAMENTARIA SIN ESE SOPORTE PREVIO, CAUCES ADECUADOS PARA ESTABLECER LA CARRERA PROFESIONAL, NI SIQUIERA DE FORMA PROVISIONAL».

«EL PAGO A CUENTA QUE SE CONTIENE EN EL ACUERDO IMPUGNADO NO TIENE TODAVÍA RESPALDO EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 7/2007, NI TAMPOCO LO ENCONTRARÍAMOS EN EL SISTEMA ANTERIOR, POR LO QUE NO CUENTA CON COBERTURA LEGAL

 

EL AYUNTAMIENTO DESTINA 4,42 MILLONES DE EUROS PARA PAGAR LA CONCESION QUE DURARA DOS AÑOS

 

AVILES

Servicios Sociales destina 4,4 millones de euros a un nuevo contrato de la ayuda a domicilio

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento han iniciado los trámites para contratar a una nueva empresa que gestione el servicio de ayuda a domicilio. El Ayuntamiento destina 4,42 millones de euros para pagar los dos años que durará la concesión. Esta cantidad corresponde al pago de 13,30 euros la hora en días laborales y 16,05 en los festivos.

La empresa adjudicataria comenzará a operar el próximo mes de agosto. Como ya ha ocurrido en otros contratos promovidos desde la administración local, en este también se incluyen las denominadas ’cláusulas sociales’, que supone la empresa concesionaria tendrá que reservar un porcentaje de su plantilla para ser cubierto por personas con distintas dificultades para acceder al empleo.

 

 

EL TREINTA POR CIENTO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN AGUSTIN CON CANCER DE COLON YA SE SOMETEN A CIRUGIA LAPAROSCÓPICA

 

La cirugía poco invasiva beneficia ya al 30% de los enfermos de cáncer de colon del San Agustín

Los pacientes esperan hasta un mes para operarse y evitan largos períodos de hospitalización gracias a la laparoscopia

 

Myriam MANCISIDOR
El treinta por ciento de los pacientes del Hospital San Agustín que sufren cáncer de colon ya se someten a cirugía laparoscópica, que se caracteriza por ser mínimamente invasiva, inocua y eficaz. El centro avilesino cuenta con este servicio desde marzo de 2007 y el número de operaciones que se realizan sin bisturí ha aumentado considerablemente desde entonces. «La mayoría de las operaciones de cáncer de intestino grueso así como la cirugía de vesícula o hernia ya se realiza con esta técnica», explicó el jefe del servicio de cirugía del San Agustín, José Ignacio Jorge Barreiro, quien destacó que la nueva prestación ha permitido mejorar las estadísticas de actividad asistencial con la reducción de las listas de espera.

La demora media que sufren los pacientes que aguardan por una consulta es, según Jorge, de diez días y los que están a expensas de una operación, de un mes. El servicio de cirugía realiza alrededor de 1.800 operaciones al año entre operaciones con hospitalización y cirugía menor, que habitualmente se practica en el hospital de día. «En estos momentos el servicio está mejor que nunca», subrayó el especialista, satisfecho de los resultados obtenidos con la cirugía que se realiza por laparoscopia.

Este tipo de operaciones, explicó el facultativo, permiten penetrar en la cavidad abdominal a través de pequeñas incisiones por las que se introducen unos tubos llamados «trócares». Como el interior del abdomen es oscuro, se tiene que agregar luz a través del mismo laparoscopio, utilizando una fuente de luz fría, transmitida a través de fibra óptica. A la par, los profesionales sanitarios insuflan CO2 en el vientre para que se forme una burbuja y así poder trabajar con comodidad en el intestino grueso. «El cáncer se extrae por una pequeña incisión de unos cinco centímetros que hacemos en la zona más inferior del abdomen», apuntó el doctor.

Con la cirugía por laparoscopia las grandes cicatrices son cosas del pasado. Esta es, precisamente, una de las ventajas de las intervenciones mínimamente invasivas de cáncer de colon. Los enfermos que entran al quirófano con cáncer de colon y se someten a cirugía por laparoscopia sufren menos traumatismo, presenta mejores resultados clínicos y estéticos y, además, su recuperación es más rápida.

Los especialistas, sin embargo, deben dedicar más tiempo a cada enfermo ya en el quirófano. Las operaciones son mucho más largas, unas cuatro horas, y más laboriosas. En cada operación de cáncer de colon que se practica en el San Agustín participan tres cirujanos.

«Esta cirugía es mucho más grave que la de cáncer de mama, tiene más complicaciones, mayor mortalidad y morbilidad», añadió el jefe de cirugía, uno de los especialistas con más renombre en el panorama médico nacional, en alusión al cáncer de intestino. A escala mundial se realizan más de 2.000.000 de procedimientos para tratar patologías de colon.

 

Un trabajador boliviano pierde una extremidad en una panificadora y su jefe le abandona camino del hospital tras tirar el miembro a la basura

 

Sin brazo y sin papeles

 

Un trabajador boliviano pierde una extremidad en una panificadora y su jefe le abandona camino del hospital tras tirar el miembro a la basura

      Valencia / Oviedo                                                            

Agencias / Ch. N.

Su hermana Silvia lo resumió con una crudeza tan esencial que asusta: «Venimos desde Bolivia dejando a la familia para buscar una vida mejor, pero esto no es una vida mejor, mi hermano ha perdido un brazo, que es su herramienta de trabajo». Franss Melgar Vargas, boliviano, de 33 años, trabajaba el paso 28 de mayo, como todos los días, en una panificadora de Gandía, en Valencia, amasando cuarenta kilos de harina cuando una bolsa se le cayó, la máquina le enganchó el brazo y se lo seccionó. Franss pudo parar a tiempo el equipo y evitar morir enganchado en el mecanismo. Su jefe, que no lo había dado de alta en la Seguridad Social ni le había hecho ningún contrato, también quiso evitar problemas. Se llevó a Franss al Hospital de Gandía, le dijo que al llegar a urgencias dijera que simplemente «había sido un accidente y nada más» y acabó abandonándolo en mitad de la calle, a un centenar de metros del hospital. Regresó a la fábrica, limpió como pudo la maquinaria y tiró el brazo a un contenedor de basura.

Un viandante fue el que ayudó a Franss a llegar al servicio de Urgencias, donde los médicos se pusieron en contacto con el cirujano Pedro Cavadas y su equipo para ver si le podían reimplantar el brazo. Por este motivo, lo trasladaron hasta el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia, donde nada se pudo hacer. La Guardia Civil, alertada por los médicos, se había presentado en la fábrica y había rescatado el brazo de un contenedor, en dos bolsas de plástico y con restos de masa de pan. Estaba tan deteriorado que el reimplante fue imposible.

Denuncia de CC OO

Franss se quedó en el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia, en la Unidad de Vigilancia Intensiva (uvi) del centro. Ahora, todavía en planta, dice que se encuentra bien y sin miedo a su jefe. Tendido en la cama del hospital, con un muñón en su brazo izquierdo, todavía no sabe si aparecerá algún donante compatible y podrán hacerle un trasplante.

El sindicato CC OO ya ha anunciado que se personará contra los propietarios de la panadería industrial por un delito contra el derecho de los trabajadores y otro de omisión de ayuda.

Según ha denunciado el secretario comarcal de CC OO en la Ribera-Safor, Josep Antoni Carrascosa, Franss trabajaba en la empresa desde hacía dos años «con jornadas de 12 horas diarias, sin contrato, y por un sueldo de 23 euros al día».

La Guardia Civil del cuartel de Oliva, que, alertada del suceso por los médicos del hospital, acudió a la fábrica para recuperar el brazo seccionado, se ha personado también de oficio en la causa, según las mismas fuentes.

El sindicato CC OO ha ofrecido de forma gratuita a la familia del joven boliviano sus servicios jurídicos para su defensa en la causa.

Aunque no han trascendido más detalles de la investigación, sí se sabe que La Guardia Civil de Gandía dejó en libertad a los dos jefes de Franss tras tomarles declaración.

Los agentes detuvieron a los dos jefes, hermanos propietarios de un horno, el pasado martes, por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que, supuestamente, tenían trabajando a su cargo a personas sin ningún tipo de contrato.

Respecto a la denuncia de que uno de los jefes le abandonó metros antes de llegar al hospital porque carecía de contrato y no estaba dado de alta en la Seguridad Social, la Guardia Civil está investigando los hechos por si adopta cualquier otra medida, indicaron fuentes próximas a la investigación. La Guardia Civil dio parte al juzgado de lo sucedido, aunque por el momento el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana no ha abierto ninguna causa al respecto.

Silvia, la hermana de Franss, insistió en que el empresario abandonó a su hermano porque «no tenía permisos ni licencias» y, además, «tenía a sus trabajadores sin contrato, sin papeles».

Al mismo tiempo, ha pedido ayuda «a personas y sindicatos», para que este caso no se quede «así» y lo sucedido a su hermano pueda «tener consecuencias».

Por su parte, los responsables de la empresa en la que trabajaba Franns prácticamente no han realizado declaraciones. Tan sólo han reconocido que el joven boliviano no tenía contrato de trabajo pero han sostenido que sí le prestaron la ayuda necesaria cuando sufrió el accidente

 

ARCELOR INICIA SU AJUSTE POR LOS DIRECTIVOS

 

Arcelor inicia su ajuste por los directivos

 

• La compañía regula de empleo a 38 empleados de asesoría jurídica, financiera, recursos humanos, patrimonio y relaciones externas

• Industriales y sindicatos creen que el plan elaborado en Asturias se «endureció» al analizarse en Luxemburgo

• La multinacional enviará al paro los días 23 y 24 al personal del tren de bandas en caliente al fracasar la negociación para modificar los turnos

 

 

 

 Oviedo,
Marián MARTÍNEZ
marcos león
Oviedo / Gijón,
M. M. / M. C.
Arcelor-Mittal ha empezado a aplicar el expediente de regulación de empleo (ERE) en Asturias. Y ha comenzado por 38 directivos, que irán al paro dos días a la semana mientras la empresa lo considere necesario y con fecha tope hasta el 31 de diciembre, tal y como se acordó con los sindicatos. En producción también se aplicará la regulación de empleo en el tren de bandas en caliente (TBC), los días 23 y 24 de este mes, al no haberse conseguido llegar a un acuerdo sobre la adaptación de turnos y jornadas, como sí ocurrió en el resto de instalaciones de las plantas asturianas. La dirección de la compañía anunció ayer su decisión a los sindicatos, que se mostraron confiados en que no sea necesaria una aplicación del ERE que afecte a más personas.

La cúpula de Arcelor-Mittal no hizo distinciones al incluir en su ERE a los casi 12.000 trabajadores de la compañía en España, en los que incluyó a sus directivos. Y tampoco las hace a la hora de aplicarlo y comenzar por los puestos de «cuello blanco». Sin embargo, la dirección de la multinacional siderúrgica no considera que en realidad se aplique el ERE a personal del «staff» en Asturias, ya que los 38 afectados están adscritos a la filial Arcelor-Mittal Spain Holding, cuya sede está en Madrid. Pero en la práctica afecta a directivos y personal de fuera de convenio en la región. Se adscriben a la asesoría fiscal, la jurídica, recursos humanos, patrimonio y comunicación externa. Algunos de ellos ocupan cargos de dirección. La aplicación del ERE supone que estas personas irán al paro los lunes y viernes de cada semana, aunque el que lo desee podrá coger esos días de vacaciones o de descanso. De hecho, el personal «de estructura», como se les denomina habitualmente, ya lleva varias semanas cogiendo uno o dos días de vacaciones y de descanso por «invitación» de la empresa.

El caso de la aplicación del ERE en el tren de bandas en caliente es diferente. La producción se ha reducido al 50 por ciento, y desde hace varios meses se intenta negociar sin éxito un cambio en el régimen de turnos, jornadas, vacaciones y descansos. Sindicatos y empresa no quieren echarse la culpa mutuamente, pero la empresa ya anunció ayer que va a cumplir su amenaza y le puso fecha: los días 23 y 24 de junio. Fuentes sindicales coincidieron en que todavía «se van a hacer esfuerzos para intentar un acuerdo y evitar la aplicación del ERE, igual que en el resto de las instalaciones».

También insistieron en que «de momento no hay necesidad de aplicar el ERE en más instalaciones ni departamentos de estructura, teniendo en cuenta que ahora son meses de vacaciones en los que, al no haberse contratado a personal y realizar prejubilaciones, no sobra nadie para cubrir las vacantes». Otra cosa será si llega el mes de septiembre y no aumenta la producción, cuando ya la plantilla haya acabado vacaciones y descansos.

La dirección de Arcelor-Mittal en Asturias presentará el plan de reordenación de su industria auxiliar mañana, pero en dos tandas. Por un lado, a los empresarios del ramo afectados, quienes le habían echado en cara a la multinacional que no les tenía en cuenta y que negociaba y pactaba con los sindicatos dejándoles al margen. Y por otro, a los sindicatos de las empresas auxiliares, que aguardan desde hace días la propuesta de la empresa matriz.

El plan inicial establecía que 300 trabajadores de las empresas auxiliares se integrarían en la plantilla de Arcelor-Mittal, otros 300 se prejubilarían y 200 más pasarían a engrosar una bolsa de trabajo que sería la que se utilizaría para seleccionar al personal que sustituyera en el futuro a los siderúrgicos que se prejubilasen.

Un programa que, sin embargo, sindicatos y empresarios consideran que «seguro se endureció» durante su análisis en Luxemburgo por parte de la cúpula de la multinacional.

El consejero de Industria del Principado, Graciano Torre, señaló ayer respecto a la negociación de las auxiliares de Arcelor que «nunca es bueno que haya una situación de conflicto», por lo que animó a que «las partes se sienten, negocien el tiempo que haga falta y alcancen un acuerdo».

Torre realizó estas declaraciones en la Laboral de Gijón, donde se presentaron los resultados del observatorio industrial de bienes de equipo. Un acto al que asistió Manuel Fernández, Lito, secretario nacional de MCA-UGT, quien defendió un modelo económico y productivo basado en la industria. Afirmó que la crisis en España tiene un componente internacional, pero también es producto del pinchazo de la burbuja inmobiliaria del que en MCA llevamos hablando hace ocho años y nadie hizo nada». Aun así, pidió que no se «demonice» a este sector.

Plantilla

El plan elaborado en Asturias contemplaba el ingreso en la plantilla de Arcelor de 300 trabajadores de subcontratas, otras 300 prejubilaciones, y una bolsa de trabajo de 200 empleados más. Quedaba en el aire el futuro de otros 600 profesionales.

Empresas

Las subcontratas se reorganizarán en bloques, con uno grande para los trabajos auxiliares en Avilés, otro en Gijón, y otros tres o cuatro especializados en distintas tareas.

El director general de la asociación que agrupa a las empresas de bienes de equipo en España (Sercobe), José Luis Castañeda, apuntó ayer en Gijón que la crisis en el sector, con 4.000 empleados en Asturias, se notará este año y en 2010, debido a la caída de la contratación. Las dificultades de los clientes para acceder a la financiación han reducido las inversiones, abundó. En 2008 ya se produjo un ligero descenso de la producción a nivel nacional, en torno al 4,5%, explicó el director general de Industria del Ministerio de Industria, Jesús Candil. Ambos participaron en la presentación del observatorio industrial de fabricantes de bienes de equipo, un acto celebrado en la Universidad Laboral de Gijón, como aparece en la imagen de la izquierda.